La oligarquía festeja por anticipado el referéndum que le dará la legitimidad popular para preservar todos sus privilegios. Abrumado, Evo pide diálogo para concertar con los sediciosos, mientras los trabajadores no aceptan la derrota y se movilizan para expropiar a los latifundistas y a las transnacionales
Los jóvenes fascistas que respaldan el ilegal e inconstitucional referéndum separatista del 4 de mayo están eufóricos. Ayer han movilizado una multitud por las calles de Santa Cruz y hoy, a la cabeza de los universitarios y estudiantes de secundaria, han comenzado a organizar a más de 20 mil jóvenes para defender el referéndum autonómico y sus resultados que darán carta blanca para que 100 poderosos clanes familiares se mantengan como dueños de la economía, las tierras y la vida en el oriente boliviano.
Los grandes diarios, la radio y la televisión aseguran que más del 70 por ciento de los cruceños darán este domingo su voto en favor de la autonomía y en contra de Evo Morales, legitimando al gobierno paralelo que ya de facto ejerce el poder en Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia.
Hay euforia también en los 100 clanes, que son dueños de 25 millones de hectáreas, cinco veces más que la que tienen en conjunto dos millones de campesinos pobres. Favorecidos por la defección del presidente Morales, que ha levantado las manos ante el poder de la oligarquía y ha instruido a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a las organizaciones sociales de campesinos e indígenas para que no hagan frente a la ilegal consulta, los prefectos (gobernadores) y dirigentes de las organizaciones cívicas y empresariales ya cantan victoria.
«Hay un cruceñismo enfervorizado, hay mucho racismo y mucho fascismo», dice desde Santa Cruz una periodista de la red radial Erbol que da cuenta de la exacerbación del odio racial contra los altiplánicos, de la persecución política e ideológica contra los que piensan diferente y de las palizas y amedrentamiento contra los que se oponen a las logias y a los 100 clanes de los burgueses latifundistas.
Los dueños de Santa Cruz
Al frente de la conjura, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, la cabeza visible de los poderosos 100 clanes familiares que virtualmente son dueños de los valles y el oriente del país, cuentan las horas que restan para el domingo, fecha en la que el «soberano» aprobará los estatutos autonómicos que los facultan para construir su propio Parlamento, su propia Policía, definir el destino de las tierras y los recursos naturales.
En las últimas horas, Costas y Marinkovic han rechazado por enésima vez las gestiones de la OEA y de los gobiernos extranjeros para detener el referéndum autonómico, que en los hechos constituye la peor derrota para el gobierno de Evo Morales, que ahora ya sólo atina a esperar los resultados de la consulta para intentar negociar con los sediciosos.
Sin embargo, envalentonados cada vez más con la capitulación del «indio presidente», los clanes más radicalizados y racistas, constituidos por terratenientes y especuladores de tierras, quieren comenzar aplicar los estatutos separatistas a votarse el domingo, una vez que se realicen similares referéndums en Beni, Pando, Tarija y posiblemente Chuquisaca y Cochabamba hasta mediados de junio. Con ello, los oligarcas separatistas habrían obtenido el apoyo de seis de las nueve regiones de Bolivia, dejando a Morales encerrado en las montañas de La Paz, Oruro y Potosí.
Los otros clanes, más vinculados al comercio exterior, a la banca y a los agronegocios, postulan en cambio iniciar negociaciones con Morales, para legalizar el poder que ejerce ya de facto la oligarquía en el oriente y los valles, dejando gobernar a Evo en el altiplano.
Poder oligárquico
Unos y otros creen que, con el voto popular y el poder que tienen en la calle, ya han derrotado todas las pretensiones de Morales sobre las tierras, los recursos naturales y el funcionamiento de la economía, creen que ya han frenado y enterrado la rebelión de los pobres que echó abajo a los gobiernos neoliberales en el 2003 y 2005 y que amenazó el poder de las transnacionales y la vigencia del neoliberalismo, por lo que debaten cómo prolongar el desgaste político de Morales, para propiciar su posterior caída.
En el oriente y los valles la población urbana respalda masivamente a los prefectos y comités cívicos derechistas porque ellos han levantado la bandera de la autonomía, que demagógicamente muestran como la única vía para mejorar la calidad de vida de la gente, sumida en la pobreza y siempre olvidada por los gobiernos nacionales.
El masivo apoyo a los oligarcas se da en la misma medida en que se repudia la política de Evo que rechaza la autonomía, recorta los recursos a las regiones y no mejora en nada la economía ni la vida de los trabajadores y las empobrecidas clases medias. En rigor, todos ellos, los de abajo, están peor que antes como resultado del alza del costo de vida y los salarios miserables que pagan el Estado y los empresarios, a pesar de que estos últimos están logrando millonarios ingresos adicionales por el alza del precio de las materias primas exportadas.
Evo sólo quiere concertar
Mientras tanto, en La Paz, el presidente Morales convoca a la movilización popular de indígenas, campesinos y trabajadores para que lo ayuden a presionar a la rebelde burguesía agrofinanciera a sentarse a la mesa de negociaciones para intentar lograr un gran pacto nacional, con el objetivo de que Bolivia sea gobernada por la izquierda indigenista y la rancia oligarquía derechista, cristalizando el sueño trazado hace más de dos años por el vicepresidente Alvaro García Linera.
La estrategia de Evo de buscar «socios y no patrones» entre las transnacionales y la burguesía criolla ha sido graficada públicamente por García Linera como la lucha para que las élites indígenas y blancoides compartan el poder.
Hace un año, el vicepresidente admitía que «los indígenas no quieren arrebatarle el poder a la oligarquía, no quieren desplazarla, y lo que intentan es compartir el poder, quieren manejar Bolivia con los que hasta ahora siguen siendo los dueños de vidas, haciendas y las mayores riquezas del país».
«Desde que llegamos al Gobierno hemos definido una estrategia de distribución pactada del poder. Lo que Bolivia está atravesando hoy es, en esencia, un proceso de amplia y generalizada lucha y redistribución del poder. Es algo que va más allá de un gobierno. Y la historia nos enseña que la lucha por el poder puede tener tres desenlaces clásicos».
«1) Que el sector emergente (indígena-campesino) desplace directamente, mediante cualquier medio posible, al bloque anterior (oligarquía). 2) Que este bloque de poder antiguo logre derrotar, contener, cooptar o aplastar al bloque emergente. 3) O que entre ambos se logre redistribuir el poder. Como Gobierno hemos optado por la tercera opción. Apostamos a un proceso de redistribución pactada del poder con un nuevo núcleo articulador: el movimiento indígena».
Dicho en estos términos, el Gobierno de Morales apostó hasta ahora por la tercera vía, logrando sin embargo como resultado que se imponga, en los hechos, la segunda alternativa.
La estrategia de los ricos
En respuesta a esta estrategia, la rancia oligarquía boliviana, que tiene un visceral y profundo odio contra los indios, contra los pobres, dejó hacer a Morales durante gran parte del 2006 para que hiciera lo que ella no podía hacer: desvirtuar las luchas populares por la nacionalización del gas y el petróleo, legalizar los contratos con todas las transnacionales que el pueblo quería expulsar del país y armar una Asamblea Constituyente entre los representantes del MAS y los de la oligarquía, sin la participación directa de las organizaciones que derrocaron a los ex presidentes neoliberales Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.
De ahí en más, oleados y sacramentados los contratos petroleros, puestas a salvo y acrecentadas las millonarias ganancias de los pulpos transnacionales del gas y el petróleo, la oligarquía, con el apoyo y cobertura de la Embajada de Estados Unidos, frenó, bloqueó y ganó las calles, enarbolando la bandera de la autonomía, fortaleciéndose con cada error de Morales, ganando fuerza con cada concesión de Morales.
Ahora, a horas del referéndum autonómico, la derecha está lista para asestar un duro golpe a la administración gubernamental, frenando el proceso de cambio iniciado en las jornadas del 2003 y 2005, cuando el pueblo derrocó a dos regímenes neoliberales.
Evo deja hacer, deja pasar
En el último año a Evo todo le ha salido mal y no ha podido frenar la consulta ni con amenazas ni con auxilio de la OEA, de la Iglesia y gobiernos de los países vecinos ni con el apoyo del Congreso y de la Corte Nacional Electoral que la han declarado fuera de la ley.
Evo ha instruido al Ejército y a la Policía para que no intervengan contra los separatistas y los ha obligado a hacerse de la «vista gorda» ante la fragante violación de las leyes y de la propia Constitución y para que no cumplan su misión constitucional de defender la integridad y unidad nacional. También ha persuadido para que los cocaleros, campesinos, indígenas, mineros y estudiantes no activen ni enfrenten la sedición oligárquica y ha ordenado la rendición política y social ante el referéndum.
Tendencias en el campo popular
En el campo popular son visibles dos tendencias: una, la seguida por indígenas y campesinos que respaldan al presidente Morales y que apoyan con movilizaciones y marchas la decisión gubernamental de dialogar con los oligarcas sediciosos en busca de un acuerdo orientado a atenuar los resultados del referéndum autonómico, aunque a costa de ceder en sus demandas de acceso a las tierras de los latifundistas y postergando las reformas sociales y económicas.
La otra, impulsada por los sindicatos de obreros y proletarios que han comenzado a zafarse del control gubernamental, plantea una lucha frontal contra la oligarquía, a los que se les expropiaría sus tierras, con movilización popular, la acción directa de masas y la fuerza del Estado y la ley (la mayor parte de los gigantescos latifundios ha sido entregada de forma dolosa por los gobiernos militares y neoliberales desde hace 30 años).
Los dirigentes campesinos e indígenas que apoyan a Evo apuntan a lograr un gran acuerdo nacional con la oligarquía latifundista, los dirigentes proletarios no quieren ningún pacto con ella y creen, por el contrario, que la política de conciliación y diálogo sólo fortalece y potencia a la oligarquía y el fascismo, tal como ocurrió en los dos últimos años.
Estas dos tendencias ganarán las calles este primero de mayo, unidos contra la oligarquía, pero divididos entre quienes quieren conciliar con ella y los que quieren destruirla, entre los que quieren olvidarse de las reformas y los que quieren ir hacia la revolución.