Santa Cruz, octubre 1, 2004.- Dirigentes del Movimiento Sin Tierra de Santa Cruz denunciaron hoy como inminente la incursión de grupos de sicarios armados por latifundistas para desalojarlos de tierras en disputa en el oriente del país. Temerosos de que ocurra un «baño de sangre», los campesinos demandaron a las autoridades desmantelar los grupos armados […]
Santa Cruz, octubre 1, 2004.- Dirigentes del Movimiento Sin Tierra de Santa Cruz denunciaron hoy como inminente la incursión de grupos de sicarios armados por latifundistas para desalojarlos de tierras en disputa en el oriente del país.
Temerosos de que ocurra un «baño de sangre», los campesinos demandaron a las autoridades desmantelar los grupos armados irregulares de civiles y detener todas las acciones punitivas contra las familias que se asentaron en el latifundio de «Los Yuquises».
Solicitamos «suspender de forma inmediata cualquier acción de fuerza que pretenda desalojar a las más de cuatrocientas familias campesinas sin tierra que se encuentran en el fundo «Los Yuquises», tomando todos los recaudos para necesarios para cautelar las vidas, integridad personal y libertades fundamentales de las familias campesinas asentadas en el fundo «Los Yuquises» y la dirigencia del MST-SC», dicen los Sin Tierra.
Este es su documento de denuncia de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), el Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B) y el Movimiento Sin Tierra de Santa Cruz (MST-SC):
Más de cuatrocientas (400) familias campesinas pertenecientes al Movimiento Sin Tierra de Santa Cruz de la Sierra – MST-SC – Bolivia (Sudamérica), serán desalojadas violentamente del latifundio «Los Yuquises», supuestamente de propiedad de RAFAEL ENRIQUE Y RONALD ERNESTO PAZ HURTADO, en la provincia Obispo Santistevan, al Norte del Departamento de Santa Cruz, por Fuerzas de Seguridad policial-militar, este desalojo se hará por orden del Prefecto de Santa Cruz, CARLOS HUGO MOLINA SAUCEDO. Se prevé que puedan actuar en forma clandestina paramilitares contratados por la familia Paz Hurtado.
LOS HECHOS
1.- El 8 de agosto de este año, varias familias del MST-SC ingresaron pacíficamente al fundo «Los Yuquises» zona Peta Grande, situado a 260 kms de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, constatando que se hallaba en estado de abandono y para su sorpresa, encontraron armas de guerra tales como fusiles, carabinas, ametralladoras, granadas de guerra tipo limón, etc. El MST-SC presentó denuncia formal y entregó voluntariamente y bajo inventario a las autoridades competentes las armas y al grupo de 5 paramilitares que las custodiaban. El 14 de agosto los paramilitares fueron liberados bajo medidas sustitutivas ordenadas por el Juez Cautelar de la localidad de Montero.
2.- El 11 de agosto la familia Paz Hurtado presentó una denuncia formal por usurpación de tierras ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), presentándose como los supuestos legítimos dueños del fundo. En la denuncia niegan la presencia de sicarios y la existencia de las armas encontradas. Piden el desalojo con fuerzas combinadas policial-militar de las familias sin tierra.
3.- El 31 de agosto el MST-SC responde reafirmando los hechos constatados en terreno y solicitando que todos los antecedentes del proceso de saneamiento del predio sean remitidos a las autoridades de la Fiscalía de la localidad de Montero, donde se ventila la investigación ya iniciada. Se denuncia también la falta total de trabajos agrarios en el fundo. Hasta la fecha y por la documentación proporcionada por el mismo INRA, no se ha emitido ninguna resolución de esta autoridad que solicite la intervención de la fuerza pública.
4.- El día 13 de septiembre, las familias del MST-SC, encuentran en «Los Yuquises» una importante plantación de MARIHUANA. Esto fue verificado y certificado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), el 14 de Septiembre con un informe oficial. La denuncia está radicada ante la Fiscalía antinarcóticos y se está en fase de investigación.
5.- El 15 de septiembre los empresarios terratenientes (madereros, ganaderos, agropecuarios), publicaron en el matutino «La Razón», una carta abierta al presidente Carlos D. Mesa donde advierten textualmente que si el Gobierno no pone freno a lo que ellos llaman avasallamientos de la propiedad privada, «defenderán sus derechos con sus propios medios». Al día siguiente, el Prefecto de Santa Cruz convocó a la Comisión Agraria Departamental (CAD) en la que negó expresamente la participación del MST-SC y de los Pueblos Indígenas de la región e hizo aprobar lineamientos útiles para reprimir por la fuerza acciones de hecho que atenten contra la «propiedad privada».
6.- La noche del 28 de septiembre, representantes nacionales del Ministerio de Justicia y DDHH, de Desarrollo Sostenible, y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), confirman en una reunión con el MST-Bolivia, que el Prefecto de Santa Cruz ha ya firmado la autorización para que un importante contingente combinado militar-policial se desplace a la zona de conflicto y proceda al desalojo violento de las más de cuatrocientas familias sin tierra asentadas el fundo «Los Yuquises». El INRA, con cuya previa solicitud el Prefecto podría intervenir, se habría declarado incompetente en el caso. Se teme que haya represión desmedida con armas de fuego y acción clandestina de los paramilitares contra las familias mencionadas.
7.- El 29 de septiembre por la tarde se conoce que los paramilitares están pertrechados y parapetados para intervenir «entre o no la fuerza pública», según ha hecho conocer el propio RAFAEL PAZ HURTADO a las autoridades de la Prefectura del Departamento.
PETICIÓN
Desde hace más de un año el MST de Santa Cruz, viene denunciando ante las autoridades competentes y la opinión pública nacional las sistemáticas irregularidades que se están cometiendo en el proceso de saneamiento de tierras en el Norte del Departamento de Santa Cruz, y la presencia de personas armadas en varios latifundios improductivos del lugar al servicio de los terratenientes.
A pesar de todas estas denuncias, las evidencias presentadas y la constatación de los hechos por parte de diferentes autoridades estatales no se han adelantado las investigaciones pertinentes, por el contrario, los sicarios han sido puestos en libertad, en una clara denegación de justicia. Además, las irregularidades de los procesos agrarios son desatendidas hasta la fecha y ahora se está dando protección a los ilegales con una acción violenta e ilegítima, y dejando impunes los delitos denunciados.
Las autoridades de la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, que tienen la obligación legal de resguardar los derechos humanos a la vida, la seguridad personal y las garantías fundamentales de las personas, en vez de impulsar las investigaciones de las denuncias realizadas por el MST, de proceder al desarme de los grupos armados y sus vinculaciones con los sectores de terratenientes, conocidos con nombre y apellidos están procediendo a dar protección a quienes pagan sicarios para defender tierras ilegalmente acaparadas y que mantienen cultivos ilícito en las mismas.
Por medio de esta ACCIÓN URGENTE solicitamos a la comunidad nacional e internacional se pronuncie ante las autoridades bolivianas con el fin de que detengan el desalojo ordenado por el Señor CARLOS HUGO MOLINA SAUCEDO, Prefecto del Departamento de Santa Cruz – Bolivia en contra de cuatrocientas familias campesinas sin tierra en el fundo «Los Yuquises», zona Peta Grande, en el Norte de la provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz.
La acción que intenta el Prefecto de Santa Cruz viola flagrantemente los deberes constitucionales y los compromisos asumidos por Bolivia en la normativa internacional vigente, que obligan al Estado boliviano a garantizar el derecho a la vida, la integridad física y moral y la libertad personales de las familias y los dirigentes del MST-SC, quienes serán objeto de una represión ilegal e injusta por el hecho de haber denunciado la realidad del proceso de saneamiento de tierras en el Departamento de Santa Cruz y haber tomado acciones concretas para que esta realidad se esclarezca por parte del Estado. Por otro lado la Prefectura del Departamento está en conocimiento de la acción paralela que vienen preparando los paramilitares pagados por la familia Paz Hurtado sin que se haya hecho nada al respecto.
Ante la grave e inminente amenaza de la violación de los Derechos Humanos, de cuatrocientas (400) familias campesinas sin tierra de parte del Estado boliviano, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), el Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B), el Movimiento Sin Tierra de Santa Cruz (MST-SC), solicitamos dirigirse a las autoridades bolivianas exigiendo lo siguiente:
1.- Suspender de forma inmediata cualquier acción de fuerza que pretenda desalojar a las más de cuatrocientas familias campesinas sin tierra que se encuentran en el fundo «Los Yuquises» tomando todos los recaudos para necesarios para cautelar las vidas, integridad personal y libertades fundamentales de las familias campesinas asentadas en el fundo «Los Yuquises» y la dirigencia del MST-SC.
2.- Conformarse a las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los instrumentos internacionales y regionales de protección de derechos humanos.
3.- Proceder a una investigación transparente, rápida y justa de todos los hechos denunciados por el MST-SC y desactivar los grupos armados irregulares que operan en la provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz.