El sexenio salinista representó para los trabajadores la continuación de la política que, desde 1982, les despojó de muchas de las conquistas obtenidas a lo largo de más de 60 años de lucha organizada. Despidos selectivos y masivos, mutilación de contratos colectivos de trabajo, eliminación de prestaciones, limitación de las funciones sindicales, y represión de […]
El sexenio salinista representó para los trabajadores la continuación de la política que, desde 1982, les despojó de muchas de las conquistas obtenidas a lo largo de más de 60 años de lucha organizada. Despidos selectivos y masivos, mutilación de contratos colectivos de trabajo, eliminación de prestaciones, limitación de las funciones sindicales, y represión de huelgas y luchas que en varios casos produjo presos, heridos y hasta muertos (como ocurrió en la Ford Motor Company con Cleto Nigmo Urbina).
Como resultado de esa política neoliberal desaparecieron más de 2 mil 900 contratos colectivos de trabajo, se liquidó el contrato ley de la industria textil de fibras duras –y otros que sólo existen en el papel–, fueron declaradas en quiebra empresas boyantes con el fin de eliminar sindicatos y secciones sindicales, proliferaron los «contratos de protección» y surgieron núcleos de trabajadores que –como los de las maquiladoras– se han constituido bajo los criterios del «obrero polivalente», los círculos de calidad y el asalariado sin derechos elementales.
Sin exagerar, el periodo presidencial que concluyó, significó un auténtico desastre laboral y sindical.
Golpe a los petroleros
El sexenio de Carlos Salinas arrancó con una medida espectacular: la aprehensión y encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia La Quina , José Sosa Martínez, J. Concepción Ortega Kuri y decenas de líderes más del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, quienes se oponían a la privatización de Pemex, rechazaban la política de desmantelamiento del sector estatal de la economía y coqueteaban con la campaña electoral de 1988 del Frente Democrático Nacional, encabezado entonces por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Hubo grupos no desdeñables de intelectuales que caracterizaron los hechos de enero de 1989 como la inauguración de una política depuradora y democratizadora del movimiento obrero, por parte del nuevo gobierno; pero lo cierto es que el salinismo se proponía reformular el Contrato Colectivo de Trabajo del gremio petrolero, someter aún más a la organización de resistencia, desarrollar sus planes «modernizadores» y amedrentar con la represión al resto de los sindicatos, por si rompían la disciplina priista.
El neoliberalismo en el poder no respetó las formalidades de la ley. La promoción quinista de Ricardo Camero Cardiel a la Secretaría General del sindicato petrolero fue impugnada por Arsenio Farell Cubillas, secretario del Trabajo y Previsión Social, quien afirmó que el titular de esa cartera debía ser José Meléndez Maranto, que el 16 de enero asumió la Secretaría General interina del sindicato.
La intromisión oficial en los asuntos internos del sindicato petrolero adquirió rasgos más graves: en la XX Convención General Extraordinaria del STPRM, los Estatutos fueron reformados para adecuarlos al proyecto gubernamental, las empresas sindicales fueron reorganizadas y el profesor Sebastián Guzmán Cabrera, un jubilado conocido como vendeplazas, fue impuesto como secretario general.
El plan del gobierno para la industria y el sindicato del petróleo quedó evidenciado algunos meses después: sin la respuesta firme y organizada del sindicato, y más bien con su aprobación, los técnicos y profesionistas fueron enviados al régimen de confianza, no obstante la oposición de éstos y las protestas de organizaciones democráticas de abogados. De un plumazo fueron borradas décadas de historia sindical.
Al celebrarse la primera revisión contractual del grupo de Sebastián Guzmán Cabrera, el STPRM renunció a conquistas fundamentales que afectaron la materia de trabajo, la legalización del contratismo, la flexibilización de la mano de obra, el abultamiento del personal de confianza y la supresión de varias prestaciones. El nuevo Comité Ejecutivo General del sindicato permitió y permite la privatización y desnacionalización parciales de Pemex.
Magisterio: democracia y más salario
En 1989 se desarrolló el movimiento sindical más importante del periodo de Salinas: el movimiento magisterial que echó abajo el cacicazgo de Carlos Jonguitud Barrios. Más de medio millón de trabajadores de la enseñanza, en el Distrito Federal, Valle de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, entre otros estados, organizaron y realizaron paros parciales e indefinidos, mítines, manifestaciones, plantones y otras acciones en masa que lograron la renuncia de Jonguitud a la asesoría permanente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a la presidencia vitalicia de Vanguardia Revolucionaria del SNTE; y de José Refugio Araujo del Ángel a la Secretaría General del CEN del SNTE. Además, consiguieron la superación del tope salarial y la democratización de importantes secciones del sindicato.
En el caso del magisterio, la lucha de los trabajadores, la organización masiva de los destacamentos mayormente movilizados y la solidaridad popular con las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación condujeron a un fenómeno claramente perceptible: el de la recuperación salarial. Si en enero de 1989 el sueldo de un maestro de primaria apenas rebasaba por unos cuantos pesos el salario mínimo, en noviembre de 1994 éste alcanza los tres salarios mínimos. Es un caso excepcional en el periodo salinista.
Charrismo inservible
En tiempos del neoliberalismo, la dirección del Congreso del Trabajo (CT) ha dejado de ser, en la práctica, un interlocutor válido del movimiento obrero nacional ante el gobierno y los empresarios. Esta dirigencia –anquilosada, burocratizada y divorciada de la base obrera– se ha visto embarcada en una política errónea y contraproducente, apoyando orientaciones modernizadoras que afectan los derechos e intereses de los trabajadores, sin ofrecer sus propios proyectos.
A lo largo de la discusión y negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en lugar de defender los intereses de sus representados, el CT se alineó de lleno con la administración salinista para concluir en un acuerdo desventajoso para los trabajadores asalariados y la nación. Los principales atractivos en la firma del famoso tratado fueron la fuerza de trabajo barata, el control gubernamental de los sindicatos y la despreocupación por el ambiente. El Congreso del Trabajo se colocó a la derecha del gobierno de Bill Clinton.
Para la clase obrera y la mayoría de los asalariados, la burocracia sindical ha significado, y significa, un verdadero lastre, ya que ha permitido que los salarios actuales en México estén por abajo de los pagados en países maquiladores como Taiwán, Surcorea y Hong Kong; que las prestaciones sociales disminuyan gravemente, y que las condiciones de trabajo empeoren cada vez más.
Pero, además de permitir al Estado y a los capitalistas actuar con entera libertad, los jefes del CT se inscriben dentro del sector más conservador del Partido Revolucionario Institucional, al oponerse militantemente a la democratización de la sociedad, y al perseverar en el corporativismo de las organizaciones sociales e impulsar el fraude electoral.
Los jerarcas sindicales no sólo no organizan ni promueven la resistencia de los trabajadores, sino que reprimen las expresiones de la lucha obrera, como ocurrió en la Ford Motor Company, la Cervecería Modelo y la Compañía Hulera Tornel. La descomposición política de la burocracia sindical alcanza grados muy elevados.
Debido a la magnitud de la crisis económica y a la posibilidad de estallidos sociales, los líderes sindicales han dicho algunas verdades evidentes, como señalar que su capacidad de presión es limitada; que en el organismo cúpula de las centrales, federaciones y sindicatos corporativizados la unidad es ficticia; que los dirigentes obreros carecen de credibilidad y que los trabajadores se «pitorrean» de ellos.
En febrero de 1991, el CT llegó a su primer cuarto de siglo sin haber logrado sus propósitos iniciales: transitar hacia la central única, aglutinar a los trabajadores en organizaciones por rama y sindicalizar a las enormes masas de asalariados «libres».
En la actualidad, el panorama del movimiento obrero mexicano sigue siendo de baja sindicación, de dispersión sindical y de división en sus filas. De acuerdo con datos proporcionados por investigadores académicos, los trabajadores organizados en sindicatos no rebasan el 25 por ciento, mientras que el número de federaciones y centrales alcanza las varias decenas y los sindicatos de diversos tipos son más de 15 mil.
La central única brilla por su ausencia. En el CT se aglutinan algunas centrales con una afiliación elevada, como la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; algunas federaciones con militancia numerosa, como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y la Federación de Trabajadores del Distrito Federal; sindicatos nacionales con abultada membresía como los de petroleros, de minero-metalúrgicos, de ferrocarrileros, de electricistas, de telefonistas, de la educación y del Seguro Social.
Mas el grueso de centrales, federaciones y sindicatos del CT tienen una afiliación muy reducida. Centrales como la Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación Revolucionaria de Trabajadores; federaciones como la Federación Revolucionaria de Obreros Textiles y la Federación de Agrupaciones Obreras, y sindicatos como el de Publicaciones Herrerías y otros aún más pequeños son claramente minoritarios. Fuera de las filas del CT quedan importantes organizaciones como el Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios, el Frente Auténtico del Trabajo, el Movimiento Proletario Independiente y otros sindicatos bajo influencia de la izquierda, y la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, la Asociación Sindical Alfa y otros agrupamientos del sindicalismo de inspiración patronal.
La conclusión es clara: el Congreso del Trabajo ha fracasado en sus propósitos iniciales. No ha organizado a los trabajadores «libres», no ha encuadrado a los sindicatos gremiales, de oficios varios y de empresa en poderosos sindicatos nacionales de industria y no ha constituido la central única de trabajadores. Es más, desde 1987 hasta 1994 ha firmado los famosos pactos que han impuesto los topes salariales, la sobreexplotación de la mano de obra y la supresión el derecho constitucional de contratación colectiva al imponer, a partir de 1992, los topes a los salarios contractuales. Por ello, el balance es notoriamente negativo.
El costo neoliberal
Según estudios realizados por el CT, en México el salario mínimo en los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari disminuyó 47.5 por ciento, el desempleo y el subempleo –hacia julio de este año– alcanzaban a 10 millones de mexicanos y la pobreza extrema incluía a 13.7 millones y la pobreza a 18.4 millones de compatriotas.
La distribución del Producto Interno Bruto se orientó a la profundización de la desigualdad: en 1983 el capital recibía el 51 por ciento y en 1991 el 55 por ciento, mientras el trabajo percibía, en 1983 el 29 por ciento y en 1991 el 25 por ciento, con lo que la brecha se ensanchó.
Durante los dos sexenios neoliberales, los trabajadores de México perdieron 252 mil 503 millones de dólares, que fueron a parar a manos de las 300 familias que controlan la economía nacional, entre quienes se hallan 24 multimillonarios que forman parte de los 358 hombres más ricos del mundo.
La lucha sindical se ha debilitado, los sindicatos están en crisis. Ello es consecuencia de los procesos que ha seguido la vida económica y social, como la proliferación de la economía informal que no requiere de la organización sindical, el crecimiento de los trabajadores de cuello blanco por arriba de los obreros, y de mutaciones ideológicas y políticas de los últimos años, como la difusión de la ideología y las prácticas neoliberales, la caída de los países del Este y el debilitamiento del movimiento obrero en todos los países, con excepción de Sudáfrica.
De conformidad con el anexo del último informe presidencial, de los emplazamientos a huelga registrados entre 1989 y 1994, sólo estalló 2.1 por ciento. Respecto al sexenio delamadridista, el número de huelgas en el periodo de Salinas disminuyó. En 1992 estallaron 156 huelgas y en 1994, hasta septiembre, estallaron nada más 93. Algunos de estos movimientos fueron violentamente reprimidos.
En resumen, la clase obrera durante el sexenio 1988-1994 fue sometida a una política que restringió sus salarios y prestaciones, limitó los derechos sindicales básicos y dio vía libre a la concentración y centralización del capital; por otra parte, los sindicatos no tuvieron la capacidad de responder adecuadamente a la nueva situación configurada. Puede afirmarse, pues, que el movimiento obrero no vive su mejor momento.
Bibliohemerografía básica
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