Agosto de 1980. El dictador Luis García Meza nombraba, por decreto, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los vocales de las Cortes de Distrito, a los jueces de partido y civil, lo mismo que a los fiscales. Es vergonzoso leer el discurso de agradecimiento que pronunció el decano de los magistrados […]
Agosto de 1980. El dictador Luis García Meza nombraba, por decreto, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los vocales de las Cortes de Distrito, a los jueces de partido y civil, lo mismo que a los fiscales. Es vergonzoso leer el discurso de agradecimiento que pronunció el decano de los magistrados posesionados por el dictador. Ningún magistrado, vocal o juez despedido protestó. Callaron el Colegio de Abogados y las academias de derecho. Por cierto, el rufián que oficiaba como Ministro de Gobierno, había sentenciado: quienes se opusieran al régimen, debían andar con el testamento bajo el brazo.
¡Qué diferencia! Ahora, con un gobierno elegido por más del 53% de los ciudadanos, en vigencia absoluta de la democracia, los señores del Gran Poder Judicial se rasgan las vestiduras, salen en protesta a las calles y anuncian su desacato a la ley de juicio a las autoridades judiciales. Pueden hacerlo; nadie va a impedirles ni castigarlos. No tienen que portar su testamento. Sin embargo, acusan al gobierno de totalitario con intenciones de manejar el país controlando todos los poderes del Estado.
Una demanda procedente
Todo comenzó con un reclamo hecho por la oposición contra el decreto por el que, el presidente Evo Morales, designó a cuatro magistrados interinos. El Tribunal Constitucional reconoció la legalidad de los nombramientos pero, a renglón seguido, instruyó el cese de sus funciones alegando que los interinatos duran 90 días.
Curiosamente, cuando el presidente Carlos Mesa nombró interinos en el Poder Judicial, el mismo Tribunal negó validez a los designados pero, a cambio, les permitió mantenerse en funciones 60 días más. ¿Será que el Tribunal Constitucional quiere quedar bien con Dios y con el Diablo? Pero es que, ese tribunal, fue creado para controlar la vigencia plena de la Constitución Política del Estado y no para sonreírle a unos y otros.
El gobierno consideró que el Tribunal había sobrepasado sus atribuciones y presentó una querella ante el juez que corresponde: el Congreso Nacional. La reacción de los tribunos han sido espectaculares: declarándose perseguidos por «el régimen» -ya no es el gobierno-, se negaron a presentarse ante el Comité de diputados que debe iniciar el procedimiento. Cuando se dictó orden de apremio contra ellos, se cobijaron tras los parlamentarios opositores y fueron a hacer sus declaraciones con aire de indignación.
Una reacción improcedente
No se contentaron con ese despliegue publicitario. Con anuncio de varios días, el martes 5 de junio se declararon en paro de un día. No los acompañaron el Ministerio Público ni los funcionarios de los juzgados. Ellos se bastaron. Ni quisieron ni pudieron convencer a nadie sobre la justeza de su reclamación.
¿Están reivindicando la majestad de sus atribuciones? o, más bien ¿están sumados al carro de quienes pretenden desestabilizar este proceso? En el primer caso, debieran ser los primeros en acatar las leyes pero, cuando desacatan al Comité de Justicia y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, que es designado por ley para iniciar el juicio correspondiente, transgreden las leyes que dicen respetar. Por lo tanto, queda la segunda opción. Y, en tal caso, hay muchos indicios de que están en ese campo. Los juicios de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y sus ministros, no han avanzado dada la lenidad con que actuaron los ministros de la Corte Suprema.
Por supuesto, el Consejo de la Judicatura, que debe velar por la buena actuación de los jueces, desde el más alto hasta el último, nada ha dicho sobre tamaña negligencia. Del Tribunal Constitucional, nada hay que decir, porque no puede y no debe pronunciarse al respecto.
Pero, ahora, todos se mostraron confabulados contra el gobierno y, lo que es peor, contra el procedimiento para juzgar a las autoridades de ese poder del Estado. no eso, los encargados de impartir justicia, se han declarado en rebeldía contra la ley y proclamado: ¡el Gran Poder Judicial es intocable!