Los terremotos del 7 y el 19 de septiembre, con sus múltiples réplicas que siguen todavía en estos días, han sacudido a México desde sus profundidades telúricas hasta sus cimas políticas, marcando un nuevo hito en la turbulenta historia de estos últimos años de una sociedad abrumada por la violencia, la corrupción y la decadencia […]
Los terremotos del 7 y el 19 de septiembre, con sus múltiples réplicas que siguen todavía en estos días, han sacudido a México desde sus profundidades telúricas hasta sus cimas políticas, marcando un nuevo hito en la turbulenta historia de estos últimos años de una sociedad abrumada por la violencia, la corrupción y la decadencia de su régimen económico y gubernamental. Sucede como si la madre naturaleza, en su dinámica imprevisible para los animales sociales, contribuyera para advertirle a éstos que el punto cúspide de una crisis integral se aproxima acelerada e inexorablemente.
Como se sabe, uno de estos terremotos coincidió, por esos azares inexplicables, con el aniversario de otro terremoto, el del 19 de septiembre de 1985, que también sacudió al país desde sus cimientos telúricos y políticos. Todas las señales indican que de nuevo en esta ocasión estamos ante hechos que anuncian convergencias de terremotos telúricos con cismas políticos aún más decisivos. Aunque las víctimas mortales en esta ocasión han sido menores contándose en centenares en comparación con las miles de hace 32 años, las devastaciones así como sus consecuencias sociales y política pueden ser tan grandes o aun mayores que en ese año.
Del simulacro a la devastación
Precisamente el 19 de septiembre, como todos los años desde 1985, a las once horas se realizó el simulacro para preparar a la población en el caso de un temblor. Poco más de dos horas después del simulacro dichas medidas debieron ser puestas en práctica en setenta segundos de tiempo real que duró el sacudimiento de 7.1 de la escala Richter cuyo epicentro estuvo en el estado de Morelos a 100 kilómetros al sur de la ciudad de México. Así en el espacio de dos semanas, dos temblores que afectaron al centro y el sur del país, cuyas devastadoras consecuencias se calculan en decenas de miles de millones de pesos, han puesto al país en estado de emergencia y producido una movilización social sin precedentes. Se calcula que sólo minutos después del segundo terremoto, más de un millón de personas, abrumadoramente jóvenes, salieron a las calles de la ciudad de México a ayudar a los damnificados, a salvar y rescatar vidas apresadas en los escombros, preparar y trasladar comida, formar cadenas humanas para resguardar inmuebles o llenar trailers con los víveres, medicinas y ropa acumulados en los centros de acopio y ayuda en un espacio que abarca prácticamente la mitad de la ciudad de México afectada: las delegaciones de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac e Iztacalco, asentadas en gran parte del territorio de lo que era el antiguo lago de Texcoco. Movilización que chocó de inmediato con el aparato institucional corrupto y torpe de las autoridades federales así como de las provenientes de los partidos gobernantes principales en la ciudad, el PRD y el PAN e incluso balconeó al nuevo partido de López Obrador (AMLO) que aspira a gobernar la enorme metrópoli Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), que encabeza ya varias delegaciones de la ciudad y cuyos representantes (en especial los delegados de Xochimilco y de Tláhuac) no se comportaron de modo diferente que los líderes panistas o perredistas de las demás delegaciones. Por parte de la población de a pie la suya fue una experiencia sorprendente de organización espontánea, eficaz y rapidísima. Los comentaristas no han escatimado adjetivos para definir esta movilización «espontánea» (las comillas porque hay, como se ha dicho, una memoria histórica que se extiende hasta 1985) como una formidable experiencia del espíritu de solidaridad, generosidad y altruismo de los ciudadanos, en especial de los jóvenes.
En los estados vecinos de Morelos y Puebla, también afectados por el temblor, cientos de miles hacían lo mismo. Antes, durante el terremoto del día 7 que afectó ante todo a Chiapas y Oaxaca y en menor medida a la ciudad de México, se había mostrado la torpeza y lentitud de las autoridades federales y estatales superadas ante la magnitud de los siniestros por la movilización ciudadana.
A diferencia de 1985, la devastación actual no se concentra principalmente en la ciudad de México, sino que se ha expandido a una amplia zona del centro y el sur del país. Ciudades y muchos pueblos de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y el sur del estado de México principalmente han presenciado desastres mayores, como Jojutla, Morelos una ciudad muy cerca del epicentro del temblor del 19 de septiembre, en donde más del 60 por ciento de sus 50 mil habitantes están damnificados. Oaxaca y Morelos dos de los estados más afectados cientos de miles de habitantes padecen una u otra consecuencia de los sismos, decenas de miles de viviendas dañadas, cientos de caminos y puentes perjudicados y el 50 por ciento de las escuelas en malas condiciones, sin contar con los edificios de gobierno, hospitales e iglesias con serias afectaciones o de plano destruidos. En la región de la Mixteca que se adentra en los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero hay pueblos en los que hasta el 90 por ciento de las viviendas se vinieron abajo: Pilcaya, Ayoxuxuxtla, etc. En Chiapas , otro de los estados sureños muy dañados, hay más de 55 mil viviendas afectadas, de las cuales más de 17 mil se han colapsado por completo e igualmente la infraestructura ha sufrido serios daños: hospitales, escuelas, carreteras, gasolineras, puentes, tiendas de autoservicio, estaciones de camiones, iglesias, edificios de gobierno.
A estos pueblos y ciudades arrumbadas en las sierras y valles más lejanos y marginados la «ayuda» oficial no ha llegado todavía y en algunos ha llegado sólo para que el presidente y sus cercanos se tomen la foto y hagan las promesas que no cuestan nada. E incluso han sucedidos casos escandalosos de autoridades que descaradamente obstaculizan la llegada de la ayuda independiente de la sociedad civil a los damnificados. El más destacado ha sido el protagonizado por la esposa del gobernador perredista de Morelos Graco Ramírez, quien literalmente secuestró y llevó a las bodegas del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) que ella dirige los materiales de acopio enviados en trailers desde Michoacán para entregarlos directamente a los damnificados del estado. A pesar de la complicidad del duopolio televisivo por completo al servicio del poder federal, ha habido órganos de prensa y los reportajes de algunos canales televisivos y radiodifusoras no vinculados a Televisa ni a TV Azteca, que están informando ampliamente de este fenómeno social que la revista Proceso (24 de septiembre de 2017) ha definido en su portada con la frase «la sociedad rebasa al gobierno».
Es evidente la desproporción que existe entre las tareas de reconstrucción nacional que enfrenta el país y los instrumentos a disposición de un gobierno impotente. No es sólo un problema financiero, que por supuesto también lo es, como se verá. Es un problema de clase, es un problema del personal humano en concreto que ocupa la dirección de una estructura de poder que está ligada estrecha y fuertemente al mecanismo de servir a las necesidades del capitalismo. Para esta estructura de poder la asistencia social, la salud y educación de la población y la reconstrucción de la infraestructura, en especial de las regiones marginadas, son tareas simplemente inconcebibles dentro de sus planes y funcionamiento.
La vitrina de la ciudad de México
En la ciudad de México, aunque también de forma tardía, los gobiernos federal y local intervinieron con más contundencia para controlar la situación, encontrándose también con más resistencia de parte de la marea humana que justamente reclamaba, ante el ninguneo de las fuerzas oficiales represivas, su prioridad por haber llegado primero a las tareas de ayuda y acopio. El ejército, la Marina y la policía federal fueron los cuerpos designados por el poder para intervenir en el siniestro y su actuación conflictiva realizada en el escenario de una ciudad ocupada por miles de periodistas nacionales y extranjeros, se hizo más notoria. Mucha experiencia también los cuerpos represivos han aprendido de las lecciones de 1985, pero aún así fue difícil que no enseñaran el cobre. Una ciudad que es la vitrina principal del sistema imperante y en la cual la concentración de la población, de los servicios de todo tipo y de la masa crítica son los mayores del país, es donde se desarrolla con más claridad la contradicción entre la necesidad de canalizar de manera efectiva los recursos del Estado y la estructura de un gobierno fundamental y esencialmente autoritario y represivo que es incapaz de asumir la tarea de satisfacer las necesidades de una población afectada por las terribles circunstancias producidas por los terremotos.
De nuevo se pueden citar muchos casos de esta contradicción que se convirtió en auténtico choque en varias ocasiones, por ejemplo cuando el secretario d Gobernación Osorio Chong se apersomó en el edificio colapsado de una fábrica de costureras de la colonia Obrera y fue abucheado por la multitud y debió retirarse rápidamente. El otro ejemplo sobresaliente del caótico comportamiento del contubernio de las autoridades más altas con Televisa fue el escandaloso caso de una niña «Frida Sofía» supuestamente atrapada en las ruinas del colegio Enrique Rébsamen en el sur de la ciudad. La televisora sobredimensionó la tragedia durante dos días y las autoridades de la Secretaria de Marina debieron reconocer que esa niña nunca existió. Las repercusiones del desprestigio y frivolidad de la conducta de las autoridades y los medios como Televisa fueron enormes y se hicieron patentes incluso al nivel internacional. La combinación entre el despertar ciudadano masivo que representa esta movilización popular y la vocación y estructura antidemocráticas y represivas del Estado mexicano es potencialmente explosiva, y ya se pueden apreciar signos muy evidentes de tal situación.
El cisma político que viene
También en septiembre, días antes de los temblores, el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró el inicio formal de los procedimientos de las numerosas campañas electorales de 2018, muy principalmente de la campaña por la presidencia de la República. Por su parte, el sexenio del gobierno de Peña Nieto entró en su año final con un informe anual propagandizado con millones de spots en publicaciones, medios radiofónicos, televisivos y cinematográficos en una orgía de miles de millones de pesos de promoción de la imagen presidencial como literalmente jamás se había presenciado, los cuales se añaden a los 34 mil millones ya gastados en publicidad en sus primeros cuatro años de gobierno. Como si la publicidad de éste estuviera en una relación inversamente proporcional a su popularidad y aprobación ciudadanas.
Y para que la decadente democracia (burguesa) mexicana no se quedará atrás en proporcionar escándalos políticos patéticos también se anunció finalmente durante este mes la formación de un Frente Ciudadano con los dos partidos de oposición sistémica tradicionales, el PAN de la derecha y el PRD de la «izquierda» (insisto, sistémica), a los que se une el pequeño Movimiento Ciudadano (MC). Una coalición de dimensiones oportunistas colosales basada en fundamentos por completo electoreros que aspira a lograr en 2018 una votación que supere el tercio de la votación total que le ha correspondido al PRI en las últimas elecciones presidenciales y que pueda desbancar del primer lugar que le dan la mayoría de las encuestas al partido de AMLO. Se preparaban los partidos burgueses para su contienda clave de las elecciones presidenciales de 2018 con la perspectiva de que un PRI debilitado y desprestigiado como nunca antes las pierda. Y entonces vinieron los otros temblores.
Los terremotos telúricos ya han sido factores fundamentales de cambios políticos. Así lo hicieron en 1985 con los planes políticos de los partidos del establishment burgués gobernante. Las consecuencias del terremoto de ese año maduraron durante cierto tiempo que llegó sin tardanza: en 1987 se dio la primera ruptura importante del PRI en décadas con el surgimiento de la Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo que unida con otros partidos y corrientes, incluida la proveniente del antiguo partido comunista y otros grupos «revolucionarios» y reformistas de todo tipo, participó en las elecciones presidenciales de 1988, propinándole al PRI una importante derrota política (y muy probablemente electoral que se escamoteó con un fraude del sistema de conteo). De esta experiencia surgió el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el inicio de su trayectoria de integración al sistema imperante como su flanco «izquierdo» en una senda que fue atravesando por varias estaciones: en 1997 la victoria de las elecciones de la jefatura de gobierno del Distrito Federal, después la victoria en varias estados y un protagonismo cada vez mayor con su bancada de diputados hasta llegar a la culminación de un giro completo a la derecha en 2017 primero con su alianza con el PRI de Peña Nieto en el Pacto por México y ahora con su alianza con el PAN, el tradicional partido conservador, en el Frente Ciudadano antes mencionado. Todo un ciclo ha terminado y estamos entrando en los umbrales de uno nuevo de la política nacional abierto también de nuevo con movimientos telúricos.
No es posible creer que del vientre caduco de un régimen de partido único de facto que fue el bonapartismo mexicano durante más de seis décadas haya podido surgir una verdadera democracia (ni siquiera burguesa). La transición «democrática» del 2000 no significó el surgimiento de un sistema realmente democrático, transparente y con raíces populares profundas, más bien fue la continuación de las mismas prácticas, ahora efectuadas por un PAN cínico y tan corrupto como el PRI como fueron los gobiernos de Fox y Calderón. La cúpula gobernante simplemente amplió algo su espacio a los capitalistas provenientes de los sectores conservadores que habían estado marginados del poder. Pero cuando volvió el PRI, el gobierno de Peña Nieto agotó sus posibilidades, sólo puede ganar con fraudes gigantescos y con la complicidad de los demás partidos «opositores» (en especial el PAN y el PRD) como se demostró con motivo del Pacto por México.
Después de 1985 el país presenciaba la puesta en práctica de la estrategia neoliberal que llevó a la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México y lo que siguió fue la reacción campesina contra este hecho que fue la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Han sido 32 años los que pasaron de un 19 de septiembre de 1985 al actual, tres décadas que han transformado drásticamente al país. Hoy el TLCAN también está siendo puesto en duda pero no por fuerzas populares, sino por el mismísimo inquilino de la Casa Blanca.
Los actuales terremotos no van a tardar años en impactar al mundo de la casta política dominante y al de la lucha política en general. Los dos sexenios panistas y ante todo el actual sexenio priista agonizante de Peña Nieto con su corrupción gigantesca, con la violencia desatada, con el estancamiento económico, con su servilismo ante Washington tiene nombres propios: Ayotzinapa, el gasolinazo, las «reformas estructurales», los cientos de desaparecidos tanto por la violencia criminal de los carteles como la del Estado, los fraudes electorales y la impunidad proverbial. Un sentimiento muy extendido de hartazgo con el régimen político, sus partidos, sus personeros es notorio cuando en cualquier manifestación no tarda en surgir el grito de «¡Fuera Peña!». Es en este suelo fertilizado por desastres colosales que la madre naturaleza está impulsando a cientos de miles, de millones de mexicanos y mexicanas a pensar más políticamente. Y en la coyuntura tradicional sexenal de las elecciones presidenciales del año próximo, las señales indican que este pensamiento será mucho más crítico que nunca.
El síntoma indudable de esta situación de hartazgo de la conciencia nacional con respecto al sistema político vigente surgió en forma evidente en estos mismos días. La pregunta no se hizo esperar ¿dónde están los partidos? Hasta los órganos de prensa más conservadores como El Universal la hacían en sus páginas editoriales y constataban su ausencia en las labores multitudinarias de los rescates y la movilización reconstructora. Y surgió intempestivamente de la turbulencia y la agitación en las redes sociales la otra pregunta que millones se hacían incluso antes de los sismos: ¿cómo es posible que en un país con tantas necesidades exista un sistema de partidos con una abundancia casi obscena de recursos que ni siquiera los tienen los países más ricos? Y de forma natural un millón y medio de firmas en menos de dos días tomaron por asalto las redes sociales con una plataforma de movilización social Change.org, exigiendo a la casta política mexicana renunciar a sus sueldazos y ricas prerrogativas presupuestarias y destinarlos a la reconstrucción y el auxilio a los damnificados. La presión social fue formidable e imposible de eludir y los líderes partidarios no tardaron en reaccionar para no ser aún balconeados como insensibles ante la tragedia nacional.
Y entonces vino el show de la retórica partidista. AMLO fue el primero que pujó con el 20 por ciento de las prerrogativas de Morena para los damnificados. Después el presidente del PRI subió la puja al 25 por ciento de los recursos anuales del partido en la campaña del año entrante. Tres días después del terremoto del 19 los tres dirigentes del Frente Ciudadano (el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano) plantearon la eliminación al ciento por ciento de todos los recursos de todas las fuerzas políticas. «Que los partidos sean sostenidos por sus miembros y simpatizantes», declararon. Lorenzo Córdova, el presidente del INE, después de rechazar primeramente la propuesta como «jurídicamente improcedente», reconsideró que sí existen los mecanismos jurídicos viables para que los partidos puedan destinar los recursos que reciben del Estado para apoyar a los damnificados de los sismos. En resumen la movilización masiva puso frente al paredón de la crítica implacable a todo ese aparato multimillonario que ha erigido el poder de la burguesía para proteger y preservar sus privilegios políticos. Una «democracia cada vez más cara y al mismo tiempo cada vez menos representativa de las necesidades y demandas de la gente. Eso es lo que significaa el INE, la matriz corrupta que nutre a todos los partidos «registrados» y que hoy se encuentran en su peor momento, situación que anuncia un cambio político de dimensiones históricas.
Un cambio que entre otras cuestiones tendrá que abordar la de las nuevas formas del mantenimiento de los partidos, pues es evidente que las formulaciones al bote pronto de los actuales dirigentes de los partidos «registrados» no están fundadas en reflexiones democráticas profundas sino que responden al oportunismo del momento y vienen como anillo al dedo a los sectores burgueses, los cuales son los que tienen los recursos abundantes para hacer los «donativos» a los partidos. Ciertamente entregar al capital formalmente el quehacer político del país no es la alternativa adecuada a la corrupción estatal que representa el INE. Será necesario realizar la educación requerida para que una concientización popular se involucre en la política y permite el surgimiento de poderes populares, proletarios.
La reconstrucción como negocio
México es un país en completa crisis que debe ser reconstruido. El debate sobre la estrategia de la política para levantar la sociedad y la economía nacionales será más que nunca el tema determinante de la acción política del próximo futuro. El año de 2018 será un año clave: las discusiones, las propuestas girarán en torno a la reconstrucción de México: física, política, moralmente. Una reconstrucción integral que ponga un punto final a la tendencia actual de profunda descomposición social. En el escenario oficial del INE, de los partidos burgueses dominantes y de la estructura del poder capitalista no están las fuerzas, ni las ideas capaces de emprender esas tareas. El Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN) tiene 6 mil millones de pesos, a los que se añadirían 3 mil millones más en 2018. En cambio sólo las prerrogativas de los partidos para el 2018 suman 6 mil 788 millones de pesos. Las diferentes agencias especializadas en calcular los daños de siniestros como los terremotos consideran que los costos de los producidos por los terremotos de septiembre están entre 4 mil y 8 mil millones de dólares o sea el costo de la reconstrucción de los daños provocados por los terremotos es más de diez veces mayor en promedio al monto destinado al FONDEN.
Ayer Peña Nieto convocó en Los Pinos a una reunión para tratar la cuestión de la reconstrucción del país que es el tema que sobredetermina en estos momentos la agenda de las discusiones y los planes de las fuerzas sociales, culturales y políticas. ¿Quiénes fueron sus invitados? Carlos Slim, Emilio Azcarraga (Televisa), Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), Juan Pablo Castañón (presidente del Consejo Coordinador Empresarial, organismo que agrupa a todas las organizaciones patronales del país) entre otros o sea la cúpula de la oligarquía dominante del dinero, quienes estuvieron acompañados por sus servidores y cómplices políticos los gobernadores priistas y perredistas del Estado de México, de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Morelos y Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la ciudad de México. Necesariamente el plan propuesto del poder político a los auténticos amos de México incluye los proyectos y las ofertas de obras, servicios, construcciones de toda índole en donde invertir sus capitales con buenos márgenes de ganancia. En suma la reconstrucción del país como negocio. En esos planes no habrá nada sobre la reforma fiscal tan urgentemente necesaria para un país de las dimensiones de México convertido en un auténtico paraíso para el gran capital, del no pago de una deuda externa que se lleva una parte sustancial del presupuesto nacional que creció exponencialmente en el actual gobierno de Peña, de la disminución del gasto en armamentos y en infraestructura militar, de la suspensión del proyecto faraónico y destructor del medio ambiente del aeropuerto de Texcoco, de un plan de choque de obras públicas contra el desempleo que implique la reconstrucción y reparación de hospitales, carreteras y puentes, escuelas, edificios públicos, iglesias y en general la infraestructura tan dañada del país. En cambio sin duda si fueron enterados de las propuestas presupuestales para 2018 que implican el castigo a los programas prioritarios dirigidos a la población más pobre del país: Seguro Popular, abasto social de leche Liconsa, Prospera, programas de becas y de educación indígena, entre otros.
Después de 1985, en la ciudad de México, el escenario principal del temblor, ya se vio que las buenas intenciones no bastaron para impedir y revertir la tendencia de la concentración macrocefálica que hace de la ciudad de México y el espació conurbano del Estado de México adjunto un asentamiento que está próximo a llegar a los 30 millones de habitantes, la cuarta parte de la población nacional. Esta tendencia enfermiza de concentración de servicios de todo tipo en la macro metrópoli también se ha demostrado ser una de las causas más importantes de las terribles consecuencias del terremoto: los miles de edificios dañados o destruidos irreparablemente. La proverbial voracidad del capital inmobiliario fue nutrida por los gobiernos perredistas (y en algunas delegaciones con la complicidad de los panistas, como en la Benito Juárez) con sus políticas displicentes y corruptas que permitieron la construcción sin reglamentos rigurosos, sin atención a la calidad de materiales de miles de mal construidas viviendas y edificios de todo tipo. ¿Serán estas constructoras las encargadas de la reconstrucción del país? ¿Las que construyen los pasos express que se desploman en socavones? ¿Las constructoras mexicanas, españolas y canadienses de la Línea 12 del metro de la ciudad de México cuyas deficiencias de construcción han obligado varias veces a suspender su servicio en grande tramos? Basta citar estos casos para apreciar el desafío a venir.
Hacia un Consejo de Reconstrucción Nacional
Los sismos han hecho que la brecha que separa al gobierno de la sociedad civil, de los estudiantes, de las mujeres que luchan contra el feminicidio y de los trabajadores abrumados por los salarios de hambre y el desempleo se ensanche más que nunca. En tales condiciones participar en las instituciones caducas y de hecho moribundas de una democracia (burguesa) decadente y con un deriva cada vez mas autoritaria es actuar a contrapelo de las masas que buscan una alternativa afuera y contra el actual régimen político, que supere el comportamiento de sus partidos, sus dirigentes, su ideología, en suma a su política de corrupción, represión, cinismo y desvergüenza. Toca a las fuerzas nuevas movilizadas durante esta crisis de los terremotos, toca al movimiento por los damnificados, toca a los sectores de trabajadores cada vez más explotados y oprimidos y toca a una juventud cada vez más comprometida sacar con todas sus fuerzas el impulso y la imaginación requeridas para forjar el frente revolucionario que marque el paso de la verdadera reconstrucción del país: democrática, igualitaria, independiente, feminista, internacionalista, en suma socialista.
El escenario para las campañas electorales de 2018 cambia sustancialmente ante las dimensiones de estos hechos. La campaña presidencial será la de la continuación del poder corrupto, represivo y vendepatria de los partidos «registrados» : en breve el ciclo sexenal tradicional para que todo vuelva a ser lo mismo, al mantenimiento del sistema capitalista. A ese poder corrupto, la fuerza masiva popular que anuncian las movilizaciones producidas estos días debe oponerle el poder renovador, insurgente, libertario, democrático e independiente que emprenda la estrategia de la reconstrucción del nuevo México dentro de pautas necesariamente anticapitalistas, socialistas. Los acontecimientos presentes anuncian un cambio del quehacer político que incide por supuesto en los objetivos electorales. Será muy difícil, una empresa contra la corriente masiva cada vez más poderosa, convencer a la población de que el cambio puede venir con un voto arrojado a las urnas un día y después retirarse a sus casas a esperar lo que venga. La participación en elecciones controladas por el INE no tiene ninguna perspectiva de éxito para la causa de la emancipación popular. En 2018 hay que enfrentar al poder de la burguesía y su gobierno con el poder libertario e independiente de la auto-organización, de la independencia proletaria y de las perspectivas internacionalistas. La fuerza electoral del Consejo Nacional Indígena apoyada por el EZLN que se concentra en la candidata mujer indígena Marichuy Petricio no puede eludir esta situación. Es de esperarse que sabrá adaptarse a las nuevas condiciones que señalan a las fuerzas revolucionarias sus tareas de creación de un nuevo poder independiente alternativo al de la burguesía. El tiempo corre aceleradamente y las definiciones no pueden tardar más.
La estrategia de las fuerzas y grupos democráticos y socialistas debe ser la de agruparse en un frente de acción que potencie su capacidad crítica en foros y proyectos conjuntos incluidos los organizativos. Sus dimensiones reducidas están compensadas con sus actividades independientes y sin mancha de corrupción y violencia y tienen el enorme potencial que representa su reivindicación de un verdadero programa de ruptura, revolucionario, feminista, medioambientalista e internacionalista que puede comenzar a materializarse con la convocatoria de un CONSEJO NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN que agrupe a todas las fuerzas, corrientes, sindicatos, organizaciones que se mantienen independientes y con la vocación firme de forjar la transformación radical de México, su transformación socialista, única alternativa que permitirá que nuestro pueblo trabajador y todos los sectores explotados y oprimidos del país dejen de precipitarse sin remedio por el abismo de violencia, corrupción, miseria y devastación al que el régimen capitalista vigente nos está arrojando.
Mientras tanto el 26 de septiembre los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, acompañados por los estudiantes de la misma y por miles de ciudadanos capitalinos realizaron la marcha que desde hace tres años realizan todos los días 26 del mes en la ciudad de México y en otras ciudades para denunciar que desde la desaparición de los 43 el gobierno de Peña Nieto se mantiene en su impugnada versión de la «verdad histórica», sin ofrecer al país toda la verdad de lo ocurrido. Los padres se identificaron con las víctimas de los terremotos en todo el país y convocaron a todos los habitantes de México a no bajar la guardia y seguir sin tregua en la lucha por justicia y dignidad.
* Militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS):