Los trabajadores de Acindar quebraron a la patronal metalúrgica y lograron aumento salarial

Los obreros metalúrgicos realizaron una marcha histórica en la localidad santafesina de Villa Constitución y lograron el aumento salarial que solicitaban.

La movilización partió desde la puerta de la fábrica Acindar y recorrió la ciudad sumando el apoyo de toda la comunidad, incluso del intendente local Jorge Berti.

El gobierno congela las paritarias de camioneros y homologa las de Daer

El Gobierno del presidente Javier Milei decidió homologar las paritarias firmadas por el triunviro Héctor Daer en Sanidad, pero no las de Hugo y Pablo Moyano en Camioneros.

Uno de los sectores que reclama la homologación del acuerdo paritario es el Sindicato de Choferes de Camiones, que acordó con las Cámaras empresarias un 45% de incremento dividido en dos tramos (25% en marzo y 20% en abril).

Ante la falta de avances en la cuestión administrativa para ejecutar los aumentos, Pablo Moyano

advirtió que, si no se homologa el acuerdo, el lunes 8 habrá un paro general de camioneros: “No se va a mover una hoja, una pluma en todo el país”.

Moyano detalló que el acuerdo se frenó porque cinco de los ocho integrantes de Fadeeac votaron en contra. Son empresas “afines al macrismo”, algunas de ellas asesoradas por Florencia Arietto, senadora provincial y exfuncionaria de Juntos por el Cambio.

El dirigente camionero también responsabilizó por esta situación al gobierno de Javier Milei y sostuvo que el ministro de Economía, Luis Caputo, habría ordenado congelar esa paritaria para no dejar un caso testigo de un porcentaje alto de mejora salarial.

“Tanto que hablan de la libertad, ¿qué carajo tienen que meterse Caputo,(el jefe de Gabinete Nicolás) Posse o el presidente (Javier Milei) en un acuerdo entre privados?”, preguntó el dirigente camionero hace semanas, cuando comenzó a insistir con la homologación.

El secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, subrayó: “El plazo de pago vence legalmente el jueves 11 de abril.  Ese día vamos a realizar un Congreso nacional de Camioneros, con una participación de 20.000 trabajadores, donde se va a analizar el rechazo del Gobierno. Seguramente ahí se va a decidir un paro de 48 horas de Camioneros, sino se abona la totalidad del aumento”.

El ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa manifestó sobre la decisión de la Secretaría de Trabajo: “Este año se cumplen 21 años del decreto 392/03 de Néstor Kirchner devolvió las paritarias a los trabajadores ese derecho que en la provincia de Buenos Aires ejercemos”.

“Es una locura que en este gobierno ´anarcocapitalista´ que habla de la libertad total le pongan un cepo a la negociación colectiva de los trabajadores con el sector patronal. El viernes pasado hemos homologado en territorio bonaerense, de acuerdo al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y al artículo 39 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, la paritaria del sindicato de Camioneros con la Cámara de Recolección de Residuos. Se homologó y ratificó”, detalló.

la homologación de las paritarias está contemplada en la ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo. Consultado el abogado laboralista y docente Luis “Lucho” Roa detalló: “Ahí está establecido de forma clara. Dice que las homologaciones se tienen que dar cuando se reúnan todos los requisitos de fondo y forma que requiera la reglamentación, y en este caso los acuerdos lo han cumplido”.

“En este caso la misma ley dice que el presupuesto esencial para la homologación es que el acuerdo no contenga cláusulas violatorias de normas del orden público o dictadas en protección del interés general. Tampoco sucede eso en este caso”, añadió.

“También la ley 23.546, señala claramente que todo acuerdo debe ser homologado dentro de los 30 días hábiles si se han cumplido todos los requisitos. La Secretaría de Trabajo no ha tenido observaciones al acuerdo, y si las tuviera tendrá que hacerlas de modo fundado y de acuerdo a la ley. ¿Cuál sería el argumento? ¿Qué no quieren que los salarios recuperen en relación a la inflación? Ahí hay una injerencia absolutamente impropia e indebida del Estado sobre las autonomías colectivas. Sería también violatorio del Convenio 154 de la OIT”, advirtió.

“Hubo una modificación dictada en 1988, al viejo texto de la ley 14.250, que se usó mucho durante los noventa, y que habilitaba al Ministerio de Trabajo a no homologar acuerdos, cuando se afectara significativamente la economía en general o de determinada actividad, o que produjera un deterioro grave para los consumidores. Con aquel texto, la cartera laboral no homologaba, con el pretexto inflacionario. Esto fue derogado por Néstor Kirchner en 2004”, finalizó Roa.

En este marco, en el Boletín Oficial se dio a conocer un total de 22 homologaciones de paritarias.

Entre ellas no se encuentra la del Sindicato de Camioneros. Seis de esos acuerdos que recibieron el visto bueno de la Secretaría de Trabajo fueron rubricados por Daer, en su rol de secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentinas (Fatsa), en un claro gesto a uno de los gremialistas más dialoguistas de la CGT.

Se trata de los incrementos acordados con la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria; la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim).

También se homologaron los acuerdos con la Cámara Argentina de Empresas de Internación Domiciliaria; la Asociación de Hospitales de Colectividades y Particulares Sin Fines de Lucro; la Confederación Argentina de Mutualidades; la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales;

Además, bajo la órbita de Daer, se aprobaron los acuerdos de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra); la Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos (Cacep); la Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos (AAEG); y la Cámara Argentina de Entidades Prestadoras de Salud (Cepsal).

Aceiteros acordaron un básico inicial de $ 1.240.202

En términos porcentuales se trata de un 25%, que sumado al 41% firmado en enero, comprende un aumento de 76,25% por el periodo de 2024. El acuerdo choca frontalmente con la decisión gubernamental de frenar los aumentos salariales que anunció el titular de la cartera económica, Luis Caputo.

Los paritarios de las dos organizaciones gremiales que representan a las y los trabajadores aceiteros, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo, firmaron el martes un acuerdo salarial con las cámaras empresarias CIARA, CIAVEC y CARBIO que lleva el salario básico inicial a $ 1.240.202 -peón- a partir del 1° de Abril de 2024.

Además, como pago retroactivo al mes de marzo se estableció el pago de una suma no remunerativa por única vez de $ 207.857,92 para la categoría A-E, $ 225.267,48 para la categoría B-F, $ 246.444,34 para la categoría C-G y $ 269.765,62 para la categoría D-H, indicaron desde la Federación aceitera.

Para el mes de julio se estableció una revisión del acuerdo.

“El reclamo de nuestras organizaciones se fundamentó en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”, plantearon desde la FTCIODyARA mediante un comunicado.

“La firmeza y voluntad histórica de lucha de las y los compañeros trabajadores aceiteros, expresada a lo largo de los años en cada momento decisivo mediante el compromiso colectivo y el ejercicio del derecho de huelga, es lo que nos permite obtener esta nueva conquista. Fuerza obrera que se consolida con la unidad en la acción de la FTCIODyARA y el SOEA San Lorenzo”, señalaron.

“Ante una coyuntura en la que el nuevo gobierno nacional ataca y afecta los ingresos de la clase trabajadora y busca avanzar contra derechos laborales, sindicales y democráticos fundamentales, el logro obtenido se amplía”, valoraron.

Para concluir, desde la Federación que “nuevamente se defendió la dignidad de nuestras familias y se logró el Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición constitucional y legal que es derecho de toda la clase trabajadora argentina”.

El acuerdo se firmó en un contexto donde el gobierno ultraderechista, presuntamente liberal, de Javier Milei se lanzó a imponer un techo paritario sobre los gremios en un contexto de brutal inflación, donde se estima que los salarios del sector formal perdieron al menos un 20% desde su asunción el pasado 10 de diciembre de 2023.

Ahora, el gobierno se encuentra frente a una encrucijada: si homologa el acuerdo rompe el techo que quiere imponer Luis “Toto” Caputo y habilita el ejemplo para otros gremios, que es lo que quiere impedir. Pero si no lo homologa, puede ir a un conflicto en un sector crucial para la economía y frenar aún más la liquidación de dólares del complejo agroexportador, que está esperando como maná del cielo.

Además, al no homologarlo, incumpliría la ley, pero eso es un detalle menor para este gobierno.

Caputo había prometido rechazar la homologación del acuerdo paritario de Camioneros, que cerró un 25% en marzo y un 20% para abril con la patronal. El acuerdo de Aceiteros lo supera ampliamente: un 25% en abril, que se suma a un 41% acordado en enero, redondeando un 76% en lo que va de 2024, lejos de la inflación de la que habla el Gobierno.

Consultado sobre un potencial escenario de rechazo de la homologación, el Secretario General de la Federación, Daniel Yofra, planteó: “Celestino Rodrigo no quiso homologar las paritarias en el 75 y se tuvo que ir”.

“Seguros no estamos nunca, nunca se puede estar seguro con un gobierno de estas características, que tiene una idea curiosa de la inflación. Resulta que la inflación no existe en los bolsillos de los empresarios y en los nuestros sí”, planteó el dirigente aceitero.

“Ya hubo un claro ejemplo en los 90 cuando los salarios estaban congelados y los precios por las nubes. Estas recetas no son nuevas. Está comprobado que le hacen mucho mal a la sociedad y terminan muy mal, como terminó en el 2001”, consideró Yofra.

“Sinceramente, nosotros no nos sentamos a una negociación con las empresas pensando si lo iban a homologar o no. Les planteamos la necesidad de los trabajadores hace muchos años. Veremos…Ya tenemos un ejemplo con Celestino Rodrigo, no nos quiso homologar las paritarias en el 75 y se tuvo que ir. Me parece que este es un momento propicio para que las centrales obreras se pongan al frente de todos los reclamos de los trabajadores”.

La canasta que mide la indigencia subió 308,2% en un año

Un hogar de dos mayores y dos menores necesitó $773.385 en marzo para no ser pobre. La línea de pobreza aumentó 56% en lo que va de 2024 por encima de la inflación.

El costo de la Canasta Básica Total (CBT) que mide la línea de pobreza aumentó 304,4% en los últimos doce meses, por encima de la inflación (287,9%). En el caso del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la llamada «línea de indigencia», el incremento fue de 308,2% en el mismo período, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta forma, un hogar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó en marzo $773.385 para no ser pobre, de acuerdo con los parámetros que mide el Indec. En relación el mes pasado, la suba de la CBT fue de 11,9%. En tanto que se requirieron $358.049 para este hogar de cuatro integrantes para no caer en la indigencia, con una suba de la CBA de 10,9% respecto a febrero. De esta forma, la Canasta Alimentaria queda por encima del Salario Mínimo, Vital y Móvil ($202.800 a marzo).

La canasta que elabora el Indec no incluye todas las necesidades de una familia para llegar a fin de mes, por ejemplo, excluye el gasto de alquiler. En tanto, la Junta Interna de Ate Indec calcula una canasta de consumos mínimos que alcanzó los $1.163.391 en marzo. Según los trabajadores del organismo, ningún trabajador debería ganar menos de esa suma.

El viernes el Indec dio a conocer la inflación de marzo, que fue de 11%, es decir se mantuvo en niveles elevados.

El poder de compra de los salarios se derrumbó en los últimos años, y bajo el gobierno de Milei se profundizó el deterioro. Según calculó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA autónoma, el salario de los trabajadores registrados (RIPTE) acumula una caída del 19,2% contra noviembre y del 24,7% contra febrero del año pasado.

Es urgente un aumento de emergencia para trabajadores ocupados, jubilados, y programas sociales para recuperar todo lo perdido. Que ningún trabajador gane menos de lo que cuesta una canasta básica ($773.385), en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que calculan los trabajadores del Indec en $1.163.391.

La inflación en marzo fue de 11% y acumuló 287,9% en los últimos doce meses

La inflación de marzo fue de 11%, según el índice de Precios al Consumidor (IPC) que publicó el viernes el Indec y en el primer trimestre acumula ya un aumento de 51,6%. Así, el acumulado de los últimos doce meses alcanzó 287,9%.

El informe del Indec señala que «la división de mayor aumento en el mes fue Educación (52,7%), por los incrementos de las cuotas en los distintos niveles educativos al inicio del ciclo lectivo. Le siguieron Comunicación (15,9%), por las subas en servicios de telefonía e internet, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (13,3%), por alzas en el servicio de electricidad».

El Indec agrega que «la división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (10,5%). Al interior de la división se destacan las subas de Carnes y derivados, Leche, productos lácteos y huevos, Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales». Si bien en marzo el incremento en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas fue inferior al nivel general, en el último año el rubro tuvo un salto de 308,3%, mientras el nivel general fue de 287,9%. La suba de los alimentos impacta con mayor fuerza en los sectores de menores ingresos.

El ministro de Economía, Luis Caputo anticipó que “la inflación de marzo creo que va a estar en torno al 10%. Ya no hay razones macroeconómicas para que haya inflación”. Parece que el ministro se olvida de las subas de tarifas de los servicios públicos que autorizó este Gobierno e impactarán en los precios, lo mismo que el incremento de los combustibles. Tanto Caputo como Milei aseguraron que seguían los precios del supermercado Jumbo a través de un bot, la misma cuenta aclaró que los datos publicados no eran reales. Esto es una muestra de la poca preocupación del Gobierno para atacar la inflación mientras se destrozan el poder de compra de los ingresos.

Son necesarias medidas como una suba de emergencia para los trabajadores formales, informales, desocupados y jubilaciones y por la actualización automática frente a la inflación, así como un programa de otra clase para combatir la inflación con medidas como el desconocimiento soberano de la deuda fraudulenta, la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo gestión de los trabajadores para atacar la fuga de capitales y las remesas de utilidades de las grandes empresas al exterior que debilitan la moneda nacional.

La CGT convocó a un paro general, hay que hacerlo activo e imponer un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Milei, el FMI y los gobernadores, incluyendo paro y movilización. Solo la huelga general podrá derrotar el plan de conjunto.

Alimentos aumentaron 90% en los barrios populares

Según el relevamiento de precios de 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) que realiza mensualmente el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), a través de su Índice Barrial de Precios, en negocios de cercanía de los barrios populares de veinte distritos del conurbano bonaerense, en marzo estos alimentos aumentaron 11,76%. Si se toma en cuenta el primer cuatrimestre del actual gobierno, la CBA subió 89,68%, un promedio de 22,4% mensual.

Según estos datos, una familia de dos adultos/as y dos hijos/as pequeños/as que en noviembre del año pasado (el mes anterior a que asumiera Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo) necesitaba para adquirir sus alimentos básicos 182.905,48 pesos; mientras que, en marzo de este año, precisó para cubrir los mismos alimentos 346.927,24 pesos, o sea 89,68% más.

En tanto, si se toman los valores de la Canasta Básica Total (CBT), que además de los alimentos considera un conjunto de productos que son igualmente indispensables para la vida cotidiana como salud, educación, transporte, tarifas del hogar, etc.; esa misma familia que en noviembre necesitaba 655.011,27 pesos en marzo pasado requirió 742.424,29 para solventar los mismos gastos.

En marzo, el rubro de Frutas y Verduras subió 12,66%; los productos de almacén aumentaron 14,7%; mientras que las carnes se incrementaron en un 6,31%.

Teniendo en cuenta los cuatro meses del actual gobierno, las Frutas y Verduras aumentaron 90,35%, los productos de almacén 101% y las carnes 72,23%.

Salarios perdieron un 23,9% de poder adquisitivo

El deterioro del poder adquisitivo de los salarios avanza. En febrero de 2024, los salarios formales registraron su cuarto mes consecutivo de retroceso frente a la inflación. Subieron un 11,5% respecto a enero, por debajo del IPC del 13,2% divulgado por el INDEC. 

La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que expresa la remuneración promedio contemplada en los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), acumula una caída del 23,9% desde noviembre. Se trata de la baja cuatrimestral más profunda, en términos reales, desde que se elabora el índice, en 1994.

Proporcionado por Perfil

El salario promedio en febrero fue de $619.007,05, un valor que, al igual que en enero, se ubicó por debajo de la Canasta Básica Total, que mide la línea de pobreza. Cabe remarcar que el INDEC informó que una pareja con dos hijos pequeños requirió $690.901,57 para satisfacer sus necesidades esenciales, sin incluir el alquiler.

En pesos constantes, la remuneración promedio está cerca de alcanzar el umbral crítico registrado entre 2001 y 2002, aunque aún no lo superó. Sin embargo, si la tendencia a la baja de los últimos meses persiste, debido a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, ese límite podría ser superado pronto, lo que contrasta con la recuperación en forma de ‘V’ que promueven desde la gestión de La Libertad Avanza.

RIPTE de febrero© Proporcionado por Perfil

Sin embargo, para el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, el cálculo sólo recoge conceptos remunerativos, lo que implica un desajuste. «Varias paritarias incluyeron un fuerte porcentaje como no remunerativo al comienzo (para que sea de bolsillo), por lo que acentúa el desfasaje entre lo real y lo que marca el número. Deberíamos ver un recupero en términos reales en los próximos meses«, explicó.

«En febrero de 2024, el RIPTE en pesos constantes (real) siguió cayendo, en dólar oficial y en dólar CCL leve rebote. En todos los casos, como era de esperarse, sigue en niveles mínimos desde 2004«, puntualizó, por su parte, el economista Gabriel Caamaño.

La publicación de la remuneración promedio de los salarios registrados se realiza a los 45 días de finalizado el periodo correspondiente «debido al tiempo que transcurre entre la recepción y el procesamiento de las Declaraciones Juradas que los empleadores presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)«, indicaron desde la Secretaría de Trabajo.

Desde la dependencia del Ministerio de Capital Humano aclaran que los sueldos evaluados corresponden a empleos formales con una antigüedad de, al menos, un año y un mes. En otras palabras, se excluyen las remuneraciones de nuevos trabajos.

En simultáneo, tiene en cuenta a las percepciones de los puestos del sector privado y del sector público nacional, provincial y municipal que hayan transferido sus cajas previsionales SIPA. Además, sólo cuantifica los componentes imponibles al sistema de seguridad social y contempla el monto salarial hasta el tope imponible definido para los aportes personales al sistema de seguridad social.

“Un autónomo que esté casado con 2 hijos va a pagar impuesto a las ganancias siendo pobre”

Se dio a conocer el nuevo borrador del paquete fiscal impulsado por el Gobierno, el cual establece nuevas escalas para los monotributistas, actualizaciones en el impuesto a las ganancias y algunos puntos sobre moratorias y blanqueos.

“En principio, el nuevo borrador del paquete fiscal incorpora el tema del monotributo, muchos monotributistas desesperados ya al límite de pasarse a responsable inscripto con mayor carga tributaria, estudio contable de por medio, mayor nivel de burocracia”, comentó Damián Di Pace. “Pasando los límites de 11 millones en servicios y 16 millones en bienes, a 68 millones y sería un impuesto que para las 2 prestaciones estaría en $68 millones el tope”, señaló el economista Adrián Di Pace.

Posteriormente, Di Pace planteó: “Anualmente, un monotributista de la categoría de servicios era de $11.600.000, aproximadamente es menos de $1.000.000 por mes”. Luego, manifestó que, “para el caso de autónomos también hay nuevas escalas, son un poco más considerables, no es lo ideal, pero para los solteros sería $1.159.000 y para los casados con hijos $1.644.000”.

“En la ciudad de Buenos Aires, una familia tipo ya necesita $1.200.000 para poder vivir, límite de la pobreza y esto después no se va a volver a actualizar en el año”, sostuvo el entrevistado. “Un autónomo que esté casado con 2 hijos, seguramente, a lo largo del año va a pagar impuesto a las ganancias siendo pobre”, aseveró.

Por otro lado, el economista señaló: “La moratoria tiene 3 ejes, obligaciones tributarias pendientes, aduaneras y servicios de la seguridad social”. Sobre la misma línea, explicó que, “ambas van a tener diferentes modalidades y beneficios, se va a poder regularizar deudas hasta el 31 de marzo pasado, hasta en 60 cuotas en tasa que va a fijar el Banco Nación”.

Daer explicó los motivos del segundo paro general de la CGT

«No podemos aceptar que todo se libere y que se pretenda que los salarios tengan límites. Somos organizaciones sindicales responsables y tenemos claros cuáles son los límites y las posibilidades de cada sector para llegar a acuerdos», indicó Daer.

En conferencia de prensa junto a los otros integrantes del triunvirato de la CGT, Pablo Moyano y Carlos Acuña, Daer aclaró que «el paro es por 24 horas sin movilización» el 9 de mayo.

Luego de la reunión del Consejo Directivo que determinó la medida de fuerza, el dirigente del gremio de Sanidad señaló que el gobierno de Milei «entorpece» las negociaciones salariales vigentes.

«Primero se da este retiro del Estado de las negociaciones y después el ingreso entorpeciendo la actividad de paritaria. Esto nos lleva a una complicación doble, porque primero tenemos que pelear en la puja distributiva y después por el cobro de ese salario», expresó Daer.

Y continuó: «Ayer la planteamos claramente frente al Poder Ejecutivo, y pareciera que en este clima de no hay plata, hoy tenemos el problema con el transporte, y lo vamos a tener sistemáticamente con muchas actividades».

«El impacto que va a generar el ajuste de precios, de tarifas, y el ajuste que se viene dando en esta intención de achicar los salarios solo nos va a llevar a un proceso recesivo de un nivel inaceptable, por ese motivo tomamos la decisión de convocar a un paro de 24 horas el 9 de mayo», enfatizó Daer.

Si bien afirmó que la reunión de este miércoles en Casa Rosada fue «buena», se quejó porque «no puede ser que el Estado se desentienda de las negociaciones salariales y que cometa la torpeza de no homologarlas».

El presidente Javier Milei se limitó a compartir en su cuenta de X el comentario de un usuario que cuestionó la postura pasiva de los líderes gremiales durante el gobierno anterior, a diferencia del empuje actual de la CGT, que convocó a un segundo paro general desde el inicio del mandato del líder libertario, hace cuatro meses.

Pero la respuesta más «dura» del Gobierno ante el nuevo paro convocado por la CGT llegó por intermedio del subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, que fue uno de los primeros dirigentes del oficialismo en rechazar la medida de fuerza y también aprovechó para descalificar en redes sociales a los líderes de la CGT al llamarlos «sindicalistas con síndrome de abstinencia».

«La CGT está decidida a que Milei sea el presidente con mayor cantidad de paros generales. Sindicalistas con síndrome de abstinencia. Hibernaron 4 años en el periodo de mayor empobrecimiento de los trabajadores. ¡Es un gran honor!», publicó el funcionario nacional en su cuenta de la red social X.

El segundo paro contra la administración del presidente Javier Milei se anunció un día después de que la cúpula de la CGT fuera recibida en Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. La cumbre no tuvo los resultados que el Gobierno esperaba.

El Gobierno prometió que no impulsará una reforma laboral sin consenso de la CGT

El ministro del Interior, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el arquitecto libertario Santiago Caputo, recibieron a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Casa Rosada. Fue el primer mano a mano formal y se dio en el marco de la discusión de la Ley de Bases y de la posibilidad de que los gremios avancen con un nuevo paro general.

Los funcionarios le transmitieron a la cúpula de la CGT que no impulsarán ninguna eventual propuesta de reforma laboral sin antes tener consenso de la central obrera.

Eso se confirmó luego de que el propio Héctor Daer tomara la palabra en la apertura del encuentro y aclarara: “Se está diciendo que nosotros acordamos una reforma laboral y nosotros no tenemos acordamos nada”.

Los funcionarios explicaron que no hay capitulo laboral en la nueva Ley Ómnibus ni buscarán darles impulso a los proyectos de la UCR para desfinanciar a las organizaciones sindicales. De hecho, se comprometieron a buscar consenso anterior con Azopardo antes de llevar cualquier iniciativa de ese tema al Congreso de la Nación.

En el encuentro les hicieron llegar, además, un mensaje del propio Javier Milei: “Les transmito de parte del Presidente que él no tiene nada con los dirigentes sindicales ni tiene intención de meterse en la vida interna de las organizaciones” que fue pronunciado por el propio Caputo.

“Nos recibió Francos, pero la conversación la llevaron Posse y Caputo”, contaron los gremialistas.

A su vez, dialogaron sobre la homologación de convenios y las futuras negociaciones paritarias. “Junto al jefe de gabinete y el secretario de Trabajo mantuvimos un encuentro con los secretarios generales de la CGT y dirigentes de múltiples entidades gremiales. En línea con las reuniones mantenidas con legisladores, gobernadores y dirigentes, seguimos dialogando con todos los sectores y trabajando para la construcción de consensos que nos permitan llevar adelante las reformas que necesita la Argentina”, señaló Francos luego del encuentro con la cúpula sindical.

“El tema de las paritarias lo vamos a solucionar”, les dijo Francos luego de que toda la comitiva expresara su solidaridad con Camioneros por la falta de homologación de su acuerdo salarial.

Además, los funcionarios adelantaron que le pedirán al Superintendente de Servicios de Salud que empiece a atender los reclamos por los fondos que les deben a las obras sociales sindicales. De hecho, la situación de la obra social de Camioneros fue un tema particular en la conversación.

La reunión, a donde llegaron los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, el secretario general del Camioneros, Hugo Moyano; el titular de UPCN, Andrés Rodríguez; y el secretario general del sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, se extendió por más de dos horas y media. Además, participaron Gerardo Martínez (UOCRA); Marina Jaureguiberry (SADOP); Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio); Susana Benítez (SATSAID); Jorge Sola (Seguros); y Oscar Rojas (Maestranza).

Del lado del Gobierno nacional, el encuentro contó también con la presencia del secretario de Interior, Lisandro Catalán, quien también reveló que venía participando de los cónclaves informales, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

En el cónclave que comenzó poco antes de las 16:30 y se extendió hasta minutos antes de las 19, otro de los temas abordados fue el proyecto de reforma laboral que está elaborando un grupo de diputados de la UCR, entre ellos, los legisladores Karina Banfi, Carla Carrizo y Fabio Quetglas.

El paro general no fue uno de los temas principales del encuentro y no existieron advertencias en ese sentido.

La relación entre el Poder Ejecutivo y la CGT se tensó no sólo tras la fuerte devaluación de diciembre, sino también por la implementación del DNU 70/2023, que tocó fibras sensibles en los sindicatos como las contribuciones y aportes obligatorios, más la mencionada reforma laboral.

La UCR le presentó a Milei su propia propuesta de contrarreforma laboral

Los legisladores de la UCR volvieron a dejar en claro su vocación de servir a los fines reaccionarios del gobierno libertario y, sobre todo, de los grandes empresarios. El jueves presentaron ante el jefe de Gabinete Nicolás Posse su propuesta de reforma laboral. La misma poco tiene que envidiarles a los reaccionarios planes de Milei, Sturzenegger, Caputo y compañía.

Rodrigo de Loredo, quién preside el bloque “Evolución Radical” dentro de la Cámara de Diputados, planteo en X que su propuesta es que la reforma laboral sea incluida dentro de la llamada Ley Bases – Ley Ómnibus- que será tratada en las próximas semanas en el Congreso. De esta manera busca pasar incluso por sobre las medidas dispuestas por el Poder Judicial para frenar algunos de sus aspectos más reaccionarios. Para De Loredo se trata de “Se trata de la reforma más necesaria para el país”.

La propuesta de la UCR, lejos de buscar un beneficio para los trabajadores, busca avanzar en una transformación regresiva contra todos aquellos que viven de su trabajo. Veamos:

*    Mecanismos sustitutivos de indemnización: establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.

*    Reducción de la litigiosidad: Derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización

Al igual que La Libertad Avanza, la UCR también busca terminar con las indemnizaciones, buscando que sea más fácil para los patrones despedir, que puedan hacerlo casi sin “costos”, para pasar a un sistema de cese laboral, siguiendo el modelo UOCRA, es decir una forma de precarización encubierta.

*   Periodo de prueba: Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.

Otra medida que busca limitar al máximo el empleo estable, que los patrones puedan disponer durante meses de trabajadores y avanzar en despidos sin pagar ningún tipo de reparación.

*    Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: Proponer la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados.

*    Educación como servicio estratégico esencial: Establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho

Al igual que Milei, los radicales buscan atacar el derecho de los docentes a organizarse y llevar adelante medidas de fuerza. “Limitando los conflictos colectivos” puede traducirse como reduciendo la posibilidad de los trabajadores de la educación a poder expresar su descontento y sus reclamos adelante, teniendo que atenerse a lo que dispongan las autoridades.

Estos elementos, planteados como “modernización” no son otra cosa que el paso de la motosierra sobre derechos históricos conquistados a lo largo de décadas de lucha de la clase trabajadora en la Argentina. Lo que buscan es disponer de una mayor transferencia de los ingresos a manos empresarias, a la vez que permitir que las patronales puedan ejercer un control mucho mayor en los lugares de trabajo sobre quienes solo viven de su fuerza de trabajo.

Lejos de constituir una verdadera oposición o de poder confiar en sus eventuales posicionamientos en el Congreso, más allá de los discursos de ocasión la UCR de conjunto acompaña puntos nodales del reaccionario gobierno libertario.

Manifestación derivó en insólita carga policial que acorraló a cientos de militantes y a varios diputados

La convocatoria provenía de varias asambleas barriales y de algunas Comisiones Internas de gremios que sufren despidos. La idea era realizar una conferencia de prensa frente al cine Gaumont, donde se pudo denunciar con lujo de detalles la ola de hombres y mujeres, muchos de ellos con numerosos años de trabajo y que fueron “echados a la calle como si fuéramos inútiles o vagos”, señaló uno de los despedidos. Así se fueron conociendo la situación de empleados estatales, trabajadores de la Agencia Telam, maestros y maestras, aeronáuticos y una buena cantidad de obreros fabriles que hoy sufren la política de la motosierra aplicada por el ultraderechista Milei.

Luego de la conferencia de prensa, una multitud se reunió en la Plaza del Congreso, mientras otros cientos de autoconvocados, partidos de izquierda, piqueteros y “jubilades insurgentes”, pisaron la calle que, en estos tiempos de protocolos represivos, ponen los pelos de punta a los fascistas que nos gobiernan. Inmediatamente, una carga de decenas de policías de la Ciudad (a lo que luego se sumaron cientos) acorralaron en la vereda y contra la pared a los manifestantes.

Los uniformados, sin ningún tipo de criterio ni coordinación “apretaban” y golpeaban con sus escudos y patadas a quienes les hacían frente con sus cuerpos, de manera pacífica. A la gente se sumó un grupo de diputados de la izquierda, como Myriam Bregman, “Chipi” Castillo, Nicolás del Caño y otros, que fueron encerrados entre varios policías que los insultaban y pateaban en los tobillos. La escena general duró más de una hora y mientras los manifestantes coreaban “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode”, y los legisladores protestaban de viva voz, siguieron arribando más efectivos policiales.

Finalmente, después de gran presión por los militantes, la policía se vio obligada a abrir un pasillo por donde fueron saliendo uno a uno todos los manifestantes, y se volvieron a concentrar en la Plaza para seguir manifestando su bronca por los despidos, por la falta de alimentos, por la actitud patoteril policial y por los dichos y los actos de Milei, que vive machacando a los y las de abajo.

Desguace de los medios públicos

Aún en los lugares de trabajo dependientes del Estado Nacional donde no ha habido despidos en las últimas semanas, se vive un clima de tensión, angustia e incertidumbre. Tal es el caso de Radio Nacional y la TV Pública. Desde ANRed entrevistamos a Fernando Piana, delegado de ATE, sobre la situación laboral de la radio y a Lorena Tapia, delegada de SIPREBA sobre la situación en el canal de televisión. 

La actualidad de los medios públicos es muy complicada. Rumores de privatización y venta. Trabajadores cesanteados por tiempo indeterminado en TELAM, quienes están sosteniendo un acampe frente al edificio de Bolívar desde hace más de 30 días, en defensa de sus puestos laborales y del patrimonio público. Trabajadoras y trabajadores sin asignación de tareas definidas en TV Pública. Población diezmada de trabajadores en Radio Nacional, sin designación de cargos directivos en las emisoras del interior. “Son 48 cargos directivos, la mayoría fueron despedidos y no se van a volver a restituir, según palabras del director”, informa Fernando Piana a ANRed.

Tanto en Radio Nacional como en la TV Pública casi la totalidad de los contratos que finalizaban el 31 de marzo no fueron renovados. Ambos entrevistados coinciden en denunciarlo como despidos encubiertos. Piana agrega: “Héctor Cavallero, director de la radio, nos dijo que no hay despidos programados”. Pero Fernando sabe cómo viene la mano: “Lo que sí va a haber son retiros anticipados. Y eso también va a diezmar la población de Radio Nacional. Porque entre un salario bajo respecto de otros medios de comunicación y ni que hablar respecto del canal, y condiciones de trabajo bastante inciertas muchas y muchos van a querer tomar ese rumbo, lamentablemente. El ánimo es de mucha incertidumbre por lo que pasa afuera y también lo que se vive en el día a día”.

Lorena denuncia que se despidió a la primera conductora trans de un noticiero, Diana Zurco.

Intervenidos

En febrero de este año, el Poder Ejecutivo designó la intervención de los medios públicos por un año, con el fin de «elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo Nacional, modificar el régimen de administración de fondos, modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo”, de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial. La persona designada para el cargo se llama Diego Chaher “mendocino que es propietario de dos radios una en San Juan o Mendoza, no recuerdo, y la otra en Tierra del Fuego. Cosa que contradice básicamente el espíritu de un dirigente de los medios públicos. Pero está ahí por el DNU 70/23. Nosotros sólo tenemos contacto con él a través del director. No sabemos bien si ya le aprobó (al director) el presupuesto de la programación. Yo creo que sí. Una programación que valía alrededor de $52 millones se redujo a $7 millones”, informa Fernando.

Lorena Tapia comenta la realidad de la TV Pública: “denunciamos la censura a la TV Pública desde que asumió la intervención de los medios públicos. Porque hay un montón de voces vinculadas a cualquier crítica hacia el gobierno de la nación que no puede ser sacadas al aire. No volvieron a salir voces de ningún sindicalista ni de ningún referente de organizaciones sociales. Si se cubre una protesta es solamente un par de imágenes, un paño y con un texto muy lavado que es supervisado por el gerente periodístico, Fabián Gijón, que borra todo. Eso pasó por ejemplo el 8 de marzo que no permitió que haya notas sobre el 8M porque no quería que haya voces vinculadas a las críticas al gobierno. Solamente hubo un par de imágenes y un texto leído en off que fue absolutamente lavado. Eso sucede con cada represión. No estuvimos en el INCAA, no estuvimos en el abrazo al Banco Nación. Cuando fue la pelea con Chubut no pudimos poner la voz del gobernador o de su ministro de Economía. Sólo la voz de Guillermo Francos o del Presidente de la Nación. Y así un montón de ejemplos. El 1° de marzo que fue la cadena nacional se manipularon las imágenes para que solo saliera recortadas el presidente y los 5 aplaudidores de LLA. Un recorte absoluto que impide cualquier voz crítica del gobierno nacional. No importa el signo político. No importa si es un aliado. Si está criticando en ese momento, esa voz no puede salir. No se permitió cubrir Teatro por la Identidad en la sección espectáculos. Y así te podría dar un motón de ejemplos Eso lo sacamos en un comunicado previo al 24 de marzo denunciándolo. Esa censura continúa”.

Des-programados

En ambos medios de comunicación, el fin de semana extralargo de abril fue inusual. Radio Nacional sólo transmitió música. Y en la TV Pública “durante el fin de semana larguísimo no hubo programación. Sólo una pequeña cobertura con una guardia mínima porque se dieron cuenta que justo iba a hablar el presidente de la Nación en cadena nacional por el 2 de abril y qué casualidad, no tenían dotación de gente. Entonces a último momento nos pidieron una dotación mínima. Esto es también en forma encubierta un recorte de nuestro salario porque nuestro salario básico es uno y lo que sucede en los fines de semana o feriados son las horas extras”, informó Lorena Tapia. Fernando Piana denunció la misma maniobra: “si yo quiero puedo entrar a la radio el fin de semana a realizar mis tareas habituales, pero no se contemplan como horas extras”.

En cuanto a la programación diaria, Fernando explica que en Radio Nacional “están secando la programación”. Es decir, de las 100 emisoras que conforman Radio Nacional, distribuidas a lo largo y ancho del país, la orden es “que la AM de cada uno de los lugares va a transmitir directamente Radio Nacional Buenos Aires, LRA1. Después relativizó eso (Cavallero) y dijo que solamente 6 horas de programación. Es una barbaridad porque justamente, por cuestiones de geografía y técnica la AM es lo que mejor se escucha, en especial en lugares chicos o alejados de la inversión de las telecomunicaciones. Entonces, si sólo se transmite Radio Buenos Aires, llegarán problemáticas que poco le van a servir a los oyentes de esas radios”. Además de “secar” la información la decisión es centralizarla, lo opuesto a una política federal de comunicación.

En la TV Pública “bajaron toda la programación en vivo. Están pasando todas latas, menos los noticieros. Pero redujeron los noticieros. De los 4 que había durante el día, quedó sólo el del mediodía y el central. El de la mañana temprano y el de la medianoche los sacaron. Sacaron los noticieros del fin de semana, uno iba el sábado y otro el domingo”, informó Lorena. La entrevistada agregó, momentos antes de la publicación de esta nota, que “ayer (jueves) nos enteramos de que van a agregar tres noticieros más cortitos, de media hora. Desde el lunes, supuestamente. Uno a la mañana temprano, otro a media tarde tipo 17 y el otro cerca de la media noche”.

Para qué sirven los medios públicos

Ambos entrevistados tienen una conciencia clara de la función social que cumplen los medios públicos. Para Fernando Piana “la radio no tiene que ser lucrativa. Es un servicio social, una radio pública. Por lo tanto, si da ganancia o no, no es la cuestión central (…) El objetivo de radio nacional es múltiple: mantener la soberanía, conocer las expresiones que el lucro de los medios privados no admite, expresiones políticas, artísticas y demás cuestiones que no tienen visibilidad en los medios privados. Que digámoslo también, están concentrados en grupos empresarios que responden, generalmente, a un mismo paradigma político ideológico”.

Lorena Tapia agrega: “nosotros denunciamos que esto no es una cuestión presupuestaria. Los tres medios públicos representaban el 0.017% del PBI nacional. Un montón de contenidos que dieron de baja daban dinero. Gracias a la TV pública llegaron los partidos del Mundial a cada rincón del país, por dar un ejemplo. Tiene que ver con la cobertura de nuestra cultura, de nuestra identidad. Se han cubierto todos los festivales nacionales. Se difunde todo lo que tiene ver con las economías regionales. Las cuestiones culturales de cada una de las provincias, de los pueblos del interior de nuestro país. Su señal llega en forma gratuita a todos los rincones del país, lo mismo que radio nacional. Nosotros entendemos que es censura, que es silenciamiento”.

Lorena además agrega la importancia de defender a la Agencia de Noticias TELAM: “(este gobierno) habla de que para qué necesitamos una agencia de noticias si existe twitter, ¿no? Bueno, utilizaron fake news de twitter como datos, tanto Caputo como el presidente de la Nación para decir que había disminuido la inflación. Eso deja al descubierto cómo hace falta TELAM. Todos los que trabajamos en prensa sabemos cómo hace falta TELAM. El día del anuncio cuando decía que iba a cerrar TELAM porque era una agencia de propaganda kirchnerista, los compañeros estaban laburando. Y cubrieron eso. Y las fotos que sacaron los compañeros de TELAM del presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa fue la foto que abrió en un montón de medios del interior que se nutren con la información de TELAM: Sabemos que esto no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo simbólico. Tiene que ver con todo lo que está haciendo este gobierno de intentar generar un disciplinamiento de la sociedad, del pueblo argentino. Evitar una mirada crítica sobre lo que está pasando”.

Y finalmente agregó: “estamos en asamblea permanente, denunciando cada una de las cosas. Y como existe una tradición de lucha tan grande es que el viernes (12 de abril) vamos a estar juntando firmas en la Facultad de Derecho como lo van a hacer los compañeros de Radio Nacional, los compañeros de la Junta interna de Clarín, de Pagina, de La Nación, porque todos tenemos que decir por qué falta TELAM, por qué es importante”.

Censura pura y dura

La censura a las voces críticas quedó alevosamente de manifiesto durante una transmisión en vivo del canal Diputados TV cuando por auricular, le piden a la periodista Laura Serra que deje de hablar sobre la salida de Oscar Zago, ex presidente del bloque de diputados de LLA, a raíz de fuertes internas en torno a la conformación de la Comisión de juicio político.

Otra muestra clarísima de la voluntad de silenciamiento a la prensa fue en la cobertura callejera de la última movilización de las organizaciones piqueteras frente a Capital Humano. En medio de una represión brutal por parte de las fuerzas armadas, varios periodistas fueron agredidos físicamente, y un fotoperiodista, Carlos Guerra, encarcelado. Antonio Becerra, fotoperiodista de este medio, fue baleado en el brazo y su cámara resultó intencionalmente rota por un perdigón.

La tarea de desprestigiar la labor periodística la coronó el propio Javier Milei cuando el pasado miércoles 10 publicó en su cuenta de X un comunicado defendiendo “la libertad de expresión para todos”. FATPREN publicó un comunicado respondiendo a las agresiones presidenciales.

Continúa la lucha en Télam y en defensa de todos los medios públicos

En Agencia Télam, tras una nueva semana de dispensa laboral para nuestros compañeros y compañeras, sostenemos los acampes frentes a las sedes junto a las diversas acciones gremiales y políticas. Entre ellas, mantuvimos nuevas reuniones con legisladores y lanzamos una campaña para juntar firmas en apoyo al proyecto de ley por una agencia federal que garantice el pluralismo informativo y la transparencia en la publicidad oficial. En Radio Nacional, con FATPREN, denunciamos el silenciamiento que implica que, durante este fin de semana largo, las emisoras en las provincias transmitan la señal de Buenos Aires, solo con temas musicales sin programación en vivo. Mientras que, en Televisión Pública, denunciamos la censura, los despidos de periodistas y nos mantenemos en alerta. Así, en todos los medios públicos, continuamos en estado de asamblea permanente y movilización. 

Télam: un mes de acampe por la reapertura de la agencia cerrada por el gobierno

Los trabajadores y trabajadoras de la Agencia Télam cumplieron un mes de acampe en reclamo de su reincorporación y la reapertura del portal estatal de noticias.

Hace un mes, el gobierno nacional anunció el cierre de Télam y para impedir el acceso de los trabajadores y trabajadoras a las oficinas vallaron los edificios y apostaron personal policial en los lugares. Además, dieron de baja la página web y el sistema informático que utilizaba el área periodística.

La decisión del gobierno de Javier Milei fue día después de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, donde el mandatario argentino calificó a Télam como una “agencia de publicidad kirchnerista”.

La medida del Ejecutivo nacional afecta a más de 700 personas, que no pueden acceder a sus puestos de trabajo. “Estamos reclamando básicamente volver a trabajar, ese es nuestro reclamo. No podemos acceder a los sistemas para poder realizar nuestras tareas. Después que no te vengan a tildar de ñoqui, cuando no te están permitiendo trabajar. Eso es una estrategia que ha implementado la derecha en otras oportunidades, también en Télam: te quitan tareas y después de un tiempo te dicen ah bueno, pero vos no cumpliste tareas. No cumplo tareas porque me las quitaste sin reasignación de funciones” manifestó la delegada de Télam, Andrea Delfino.

La delegada sindical también remarcó que no solo defienden los puestos de trabajo, sino el rol de la agencia estatal de noticias en la sociedad. “La única agencia estatal de noticias que tiene alcance nacional, contenido federal y que es garante de que la libertad de expresión sea un hecho real que te permite atravesar todas las temáticas que importan a todos los grupos, incluso a las minorías”, subrayó.

En esa línea, afirmó que los grandes medios de comunicación hegemónicos “por una cuestión de conocimiento o de alcance” tienen presencia en todo el país. Sobre todo, aquellos de la Ciudad de Buenos Aires. “Télam lo tiene y eso lo hace diferente”, insistió.

Los trabajadores y trabajadoras de Télam realizarán el 14 de abril una jornada nacional para juntar firmas en apoyo a un proyecto de ley para garantizar la continuidad de esa empresa pública. La misma será en el marco del aniversario número 79 de la empresa.

Habrá 79 mesas distribuidas en todo el país, “en colaboración con los sindicatos que pertenecen a la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN)”, agregó Delfino.

El objetivo es juntar firmas para un proyecto de ley “para que Télam deje de depender exclusivamente del Poder Ejecutivo y tenga un control de todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, tanto en lo financiero, en lo presupuestario, como en la política editorial”, detalló.

Acuerdo en prensa televisada

Luego de meses de conflicto se llegó a un acuerdo, aprobado en todas las asambleas de los canales. El mismo consta de un 50% acumulativo, lo que implica un 56% sobre los salarios reales para el período de enero a abril. Y se compone de la siguiente manera: 30% retroactivo a febrero, sobre los salarios de diciembre, 12% en marzo sobre el salario de febrero y 8% en abril sobre la misma base. Este resultado, en un contexto tan adverso y tras el primer plan de lucha conjunto en prensa televisada en décadas, demuestra el acierto de apostar por la paritaria de actividad, camino que debemos profundizar con la organización en cada canal para seguir recuperando derechos.

Histórica conquista sobre antigüedad en radios

En prensa radial, se alcanzó una recomposición salarial de un 35% para los salarios de marzo con una suma de $30.000, más dos sumas de $70.000 para enero y para febrero, respectivamente. A esto se agrega la conquista del aumento del ítem antigüedad a 3% desde 2020, un reclamo del gremio de prensa desde hace más de diez años, el cual había quedado congelado y sobre el que pudimos avanzar desde el SiPreBA.

Seguimos en lucha por una recomposición real en prensa escrita.

Realizamos una doble jornada de reclamo en las redacciones, con paros, ceses y asambleas el martes 26 y el miércoles 27 de marzo, como parte del plan de lucha nacional impulsado por la FATPREN. En ese contexto, nos manifestamos con una asamblea abierta frente a editorial Perfil. Reclamamos que las Cámaras empresariales presenten una propuesta que permita recuperar la pérdida de poder adquisitivo en una rama con salarios por debajo de la línea de indigencia. Convocaremos nuevo plenario, previo a la continuidad de la audiencia citada para el lunes 8/4. 

Bimbo despide en Córdoba

«La caída en el consumo y la recesión producto del plan económico del gobierno nacional de recortes y ajuste está mostrando una de sus peores consecuencias con caída de la actividad, reducción de jornada y despidos en el sector». Así denuncia el STIA Córdoba los ataques que comenzaron a sentirse en el sector. El caso más patente es el de la empresa mexicana Bimbo, que dejó en la calle a 20 trabajadores y trabajadoras. En la fábrica trabajan más de 170 personas.

Desde el gremio denunciaron que “las empresas alimenticias tuvieron y tienen toda la libertad para subir los precios, fijaron los precios con un valor dólar superior al real. Ahora no quieren bajar los precios y que el ajuste lo paguen los trabajadores y trabajadoras”. En efecto, la marca es dueña del 80 % de la góndola del rubro (Bimbo y Fargo) lo que le permitió hacer remarcaciones de precios tan fuertes que batió un récord. Hoy tiene el producto más caro del mundo: 4 dólares uno de sus tradicionales panes lactales.

Desde el sindicato y la federación denuncian el ataque, pero no han dicho cómo van a hacer para que empresas millonarias no descarguen la crisis sobre sus trabajadores. Hasta ahora se limitaron a un “estado de alerta”. Hay que lograr la reincorporación de los despedidos, rechazar las suspensiones y recomponer el salario.

Mar del Plata: paro y asambleas contra los despidos en Pepsico

El jueves por la madrugada se conocieron 36 despidos en la planta de la alimenticia Pepsico en Mar del Plata. Trabajadores y trabajadoras respondieron con retención de tareas y asambleas en repudio a los despidos. Según la información que tienen los propios trabajadores y trabajadoras, habría nuevas cesantías. Frente a eso continúan las medidas de fuerza.

Paro de colectivos: la UTA levantó la retención de tareas y habrá servicios este viernes

Luego de varias horas de reuniones entre representantes del Gobierno, el sindicato y los empresarios, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que levanta la retención de tareas y se normalizará el servicio de colectivos este viernes 12 de abril a las 0 horas.

En un comunicado, el sindicato aclara que «se establece como último plazo para hacer frente a las diferencias salariales adeudadas, hasta el día 25 de abril, fecha a partir de la cual, si no se encontraran acreditadas, se retomará la retención de tareas».

Este jueves, la UTA realizó una retención de tareas que paralizó a más de 200 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida de fuerza se anunció este miércoles tras fracasar una reunión entre las partes. 

El gremio reclama el pago de $987.000 como base de ingreso y un aumento del 13,2% sobre ese valor, por la inflación de febrero. Los trabajadores percibieron $737.000 por marzo.

Según la UTA “el sector empresario argumenta que los valores que surgen del cálculo de costos aprobado por la Secretaría de Transporte, no les permite asumir compromiso alguno. Como entidad gremial, ratificamos que no nos corresponde entender cuestiones que hacen a la relación entre la Secretaría de Transporte y sector empresarial”.

Tras el comunicado de la entidad gremial, desde las Cámaras de colectivos indicaron que «en los próximos días la idea es solucionar en conjunto con las autoridades de Transporte la recomposición de los ingresos de las empresas de manera tal de contar con recursos para hacer frente a la negociación salarial que está reclamando UTA».

«Le pedimos a las autoridades de Transporte el mismo nivel de compromiso, ya que son los que deciden cuál es la tarifa y el nivel de subsidios para cubrir los costos de la actividad que siguen afectados por una inflación que sigue superando el 10% mensual», agregaron.

Según las empresas, el boleto de colectivo debería costar al menos $1.200 para hacer frente a los costos operativos, mientras perciben $650 por tarifa y subsidios del Estado.

Los gremios ferroviarios declararon alerta permanente y reclamaron una reunión con las autoridades

La Unión Ferroviaria y la APDFA de ferroportuarios se declararon en Estado de Alerta y Sesión Permanente a partir de las decenas de despidos que todavía se están contabilizando en el área de Infraestructura de Trenes Argentinos, llamada Adifse. Por el momento alcanzan al 15% del total de empleados de la empresa. Los trabajadores fueron bloqueados del sistema durante el fin de semana y este lunes se encontraron con el ingreso impedido desde los molinetes.

El lunes decenas de trabajadores fueron impedidos de ingresar a realizar sus tareas normales y habituales en la Empresa ADIFSE, sin motivo y causa alguna. Todavía no hay un número preciso pero los gremios calculan que llevan despedido al 15% del total de trabajadores de la empresa.

Los trabajadores fueron bloqueados del sistema interno durante el fin de semana y este lunes se encontraron con el ingreso impedido desde los molinetes. No hay contratados entre los despedidos, sino empleados con muchos años de antigüedad. Esto se traduciría en el vaciamiento de los ferrocarriles para su privatización, como viene planificando el Gobierno.

La Unión Ferroviaria y APDFA emitieron un comunicado de urgencia para repudiar los hechos y se declararon en Estado de Alerta y Sesión Permanente en todo el ámbito ferroviario. Asimismo, adelantaron que solicitaron una reunión con carácter de urgente a las autoridades competentes para el tratamiento de esta situación.

ADIFSE es una Empresa que tiene como finalidad la Planificación, Ejecución y Control de todas las Obras de Mantenimiento, Mejoras y Renovación de la Infraestructura Ferroviaria. Obras que se encuentran prácticamente inactivas desde hace unos meses y que son indispensables para el óptimo estado y desarrollo de la red Ferroviaria, siendo un pilar fundamental la fuerza laboral para su realización, explicaron desde los gremios.

“Si se pretende que la Argentina se desarrolle y produzca, el Ferrocarril es una herramienta fundamental para lograrlo”, concluyeron.

El Gobierno derogó la resolución que exigía paridad de género en empresas y asociaciones civiles

El Gobierno eliminó el jueves cuatro resoluciones emitidas durante la gestión de Alberto Fernández que exigían paridad de género en empresas y asociaciones civiles. La medida fue oficializada por la Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Daniel Roque Vítolo, a través de la Resolución General 13/2024 del Boletín Oficial.

La norma deroga las Resoluciones 34/2020, 35/2020, 42/2020 y 12/2021, todas publicadas durante la administración de Fernández. De esa manera, las empresas y asociaciones civiles ya no tendrán la obligación de garantizar la conformación de un equipo integrado por la misma cantidad de hombres que de mujeres.

«La Inspección General de Justicia derogó las Resoluciones Generales IGJ Nº 34/2020, Nº35/2020, Nº42/2020 y Nº12/2021 que obligaban imperativamente a personas jurídicas privadas a tener igual número de hombres y mujeres en sus órganos de administración y fiscalización», escribió Vítolo en sus redes sociales, siendo quesu publicación fue compartida por el presidente Javier Milei.

En ese sentido, el funcionario destacó que «la obligación de tener hombres y mujeres en igual número en personas jurídicas creadas por particulareshabía sido invalidada por la Justicia tanto en el fuero Comercial y en el Contencioso Administrativo Federal, por sentencias firmes donde los camaristas señalaron que la IGJ había invadido facultades del Congreso».

«No es facultad del Poder Ejecutivo decirles a los particulares cómo deben constituir los órganos de las personas jurídicas que constituyen, cuando tienen la libertad que para ello les asigna la Constitución nacional», remarcó. Al respecto, consideró que «igualdad de oportunidades y de accesono es sinónimo de que el Estado le diga a las personas quiénes deben dirigirlas en su actividad privada».

Sumado a esto, Vítolo expresó quela decisión se trata de «una muestra clara de respeto a la institucionalidad» por parte de la IGJ. En esa línea, explicó que la gestión anterior del organismo «interpuso recursos extraordinarios ante la Corte para defender su posición y esos recursos fueron denegados, con lo que las sentencias que declararon la nulidad están hoy vigentes».

¿Qué decía la norma derogada sobre la paridad de género?

La resolución disponía que “las asociaciones civiles en proceso de constitución; las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario; las sociedades anónimas que se constituyan; las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las Sociedades del Estado deberán incluir en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, una conformación que respete la diversidad de género, estableciendo una composición de los órganos referidos para que estén integrados por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos”.

De esa manera, en 2020, la IGJ había argumentado que “correspondía dictar una disposición de tal naturaleza» en función de los artículos 37 y 75 de la Constitución Nacional. Al respecto, el primero proclama «la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios».

En tanto, el segundo «prevé legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de la niñez, las mujeres, personas adultas mayores y las personas con discapacidad”.

Por su parte, el Gobierno justificó la derogación a partir de las numerosas declaraciones de invalidez por parte de algunos tribunales “en razón de la existencia de una incompetencia por parte del órgano administrativo para disponer normas imperativas en esta materia”.

“Ese cupo automático no sólo importó imponer una obligación a quienes antes no la tenían, sino también descartar a otros postulantes por el solo hecho de no pertenecer al grupo tutelado, postergando —en su caso— a otros colectivos que pudieran encontrarse en similar grado de vulnerabilidad”, indicó. Asimismo, apeló a varios fallos y amparos que declararon la inconstitucionalidad de la resolución.

Fuentes: Agencia FARCO, Perfil, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario,Indymedia Trabajadoras/es, Anred, Infogremiales

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