El país despertó este jueves con trabajadores y trabajadoras de las 24 provincias organizándose contra el desguace de la salud pública. Fueron miles quienes se movilizaron de Ushuaia a La Quiaca para decir no al presupuesto de ajuste, a la desjerarquización del Ministerio de Salud en Secretaría y a la Cobertura Universal de Salud (CUS), […]
El país despertó este jueves con trabajadores y trabajadoras de las 24 provincias organizándose contra el desguace de la salud pública.
Fueron miles quienes se movilizaron de Ushuaia a La Quiaca para decir no al presupuesto de ajuste, a la desjerarquización del Ministerio de Salud en Secretaría y a la Cobertura Universal de Salud (CUS), que pretende reducir al mínimo la atención de la salud pública.
En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración empezó pasado el mediodía en 9 de Julio y Moreno, en las puertas del ex Ministerio de Salud. Fueron miles los trabajadores y trabajadoras de la FESPROSA, CICOP, el Hospital Francés, ATE, los Visitadores Médicos, docentes, organizaciones de niñez, territoriales, la CTEP, Barrios de Pie, la CCC y otras organizaciones sociales, gremiales, de Derechos Humanos que movilizaron desde allí a Plaza de Mayo en defensa de la salud pública y contra el ajuste del Gobierno.
«Están desmantelando el Plan Nacional de Vacunación», denuncian los y las profesionales de la salud. Y es sabido que sin vacunas puede haber epidemias. «No hay turnos para atenderse», dicen los y las pacientes. «Los hospitales se caen a pedazos», se escucha entre la gente. Por eso, la movilización fue masiva: profesionales y pacientes se unieron para decir basta a la política de ajuste neoliberal que pretende que cada persona pague por su salud.
«El Gobierno de Macri no quiere la salud del pueblo. La desjerarquización del Ministerio es la continuidad de la falsa CUS. El Gobierno y el FMI quieren privatizar la salud y que solo accedan quienes puedan pagar», dijo Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de ATE y secretario general adjunto de la CTA-A, durante la movilización.
«Eliminar el Ministerio de Salud implica ni más ni menos que degradar la salud, constituyendo un atentado a nuestro sistema público. Cabe destacar que esta quita de derechos se produce a partir de la brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los capitales concentrados provocando el aumento de la desigualdad, la desocupación y la pobreza. Debemos recuperar nuestro derecho inalienable a la salud, exigiendo la restitución de todas las políticas públicas para devolver a la ciudadanía el Ministerio de Salud que le pertenece», leyó en Plaza de Mayo, de espaldas a la Casa Rosada, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
El acto terminó con el himno nacional argentino en las voces de los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que no se resignan al recorte de sus derechos, producto de su lucha y organización.
La CTA Autónoma cerró el viernes, con un multitudinario acto, el Acampe contra el presupuesto del FMI. El cierre estuvo a cargo del secretario General de la CTA-A y secretario General de los visitadores y visitadoras médicas, Ricardo Peidro, quien parafraseando a San Martín dijo: «Libres o muertos, jamás esclavos», y llamó a que en los días previos a la votación del Presupuesto, «cuando se reúnan para levantar la mano, hagamos un paro nacional activo para que les cueste y para que sepan que no nos rendimos. Hay miles y millones de compañeros y compañeras que nos están acompañando con la lucha y con el corazón y esta semana hablamos en nombre de ellos y de ellas. Compañeros y compañeras, venceremos».
La CGT marchó con los gremios industriales al Ministerio de Producción y Trabajo, donde mantuvo una audiencia con su titular, Dante Sica, para reclamarle medidas en defensa de la producción nacional. La protesta fue encabezada por el integrante del ahora binomio que conduce de la central obrera, Héctor Daer. «El principal reclamo es el empleo, para que los trabajadores recompongan sus salarios de acuerdo a la inflación y de esta manera el mercado interno se sostenga. No podemos seguir con una política económica que trae la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas», dijo Daer a la salida del encuentro.
La Unión Obrera Metalúrgica, Smata, Ladrilleros, Curtidores y Gráficos (que integran la Corriente Federal), Textiles, trabajadores del Calzado, Alimentación, Sanidad, Asimra y los docentes de UDA fueron algunos de los sindicatos presentes.
Una compacta columna de manifestantes, con consignas como «En defensa de la producción industrial» y «No a la importación / sí al trabajo argentino» esperó en la puerta del ministerio mientras Sica recibía el petitorio, un texto de dos carillas que criticó la apertura indiscriminada de las importaciones y reclamó medidas de protección de la industria. El primer punto del reclamo fue el impulso de acuerdos antidespidos y un refuerzo de los programas de empleo, con asistencia a las PyMEs y microemprendimientos.
Otro de sus ejes fue la recomposición de los salarios y jubilaciones. En este sentido, el documento exigió «un aumento de emergencia para los jubilados y los beneficiarios de los planes sociales, y un impulso de las paritarias con un piso mínimo que acompañe la inflación».
El documento planteó por otra parte que para que la producción nacional no quiebre el tarifazo debe ser retrotraído a noviembre del año pasado. Pidió por una línea de créditos para las PyMEs y emprendimientos, e incluyó, finalmente, temas no estrictamente industriales, como un plan de viviendas sociales que genere empleo para las cooperativas de la construcción, recursos adicionales para el financiamiento de la salud y para la educación.
Ajuste sin fin
El Boletín Oficial amaneció con la siguiente Resolución: «Dispónese, en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en veinticuatro (24) cuotas a partir del 1º de enero de 2019».
En criollo: durante 2019 y 2020, los consumidores deberán «compensar» a las empresas de gas con cuotas mensuales extra. La razón: la fenomenal devaluación del peso, que encarece un servicio que el Gobierno de Mauricio Macri decidió dolarizar.
Ese tarifazo se sumará a otro anterior: hace días, el Ejecutivo aumentó un 35% el precio del servicio. El argumento en esa oportunidad fue el mismo que el usado ahora: la devaluación.
Trenes, colectivos, combustibles, peajes, prepagas, colegios privados, gas y expensas. A la larga lista de tarifazos que sufrirán los argentinos de acá a acá a fin de año, se suma un nuevo servicio que tendrá, en diciembre, una nueva disparada en sus facturas: este martes se confirmó que las empresas de telefonía celular aumentarán una vez más los precios de sus planes, en este caso entre un 10% y un 19% según la compañía, lo que configura el tercer incremento que realizan a lo largo de 2018.
Empleo y salario
La profundización de la crisis económica empeoró las perspectivas de trabajo en dos sectores clave: la construcción y la industria. De acuerdo a la última encuesta realizada por el Indec a empresarios de ambos rubros, una de cada tres empresas vinculadas a la industria y más de la mitad de las constructoras de obra pública prevé reducir su planta de personal hasta noviembre.
El ejercicio de pérdida salarial que realiza la junta interna de ATE en el Indec sobre los trabajadores estatales presenta números escalofriantes. «Actualizando a precios de agosto de 2018, las diferencias de nuestro salario respecto al que permitiría mantener dicho poder adquisitivo, se acumula un déficit de $ 82.379 para un trabajador con categoría D0, cuyo salario bruto actualmente asciende a $ 18.584 (lo que implica más de cuatro meses y medio del sueldo actual)», señala el informe que la Junta Interna realiza periódicamente.
El impuesto a las Ganancias sigue avanzando sobre los ingresos de los argentinos y ya afecta a casi 2 millones de personas, un 62,5% más que la cantidad de contribuyentes de 2015.
Esos datos oficiales indican que unas 745.845 personas que en 2015 no pagaban Ganancias tuvieron que pasar a tributar, independientemente de la erosión que hayan registrado sus ingresos por el impacto de la inflación.
Según el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) la pérdida de poder adquisitivo de los salarios alcanzó en septiembre el 14,7%, respecto de fines de 2015, lo que representó la caída más profunda desde 2002.
Esta situación va a contramano de una de las principales promesas de campaña de Mauricio Macri y todo el espacio Cambiemos, que consistía en la eliminación del impuesto, al que consideraban «dañino» para el poder adquisitivo de los trabajadores.
A los tiros contra los docentes
En medio del enrarecido clima político, y las amenazas y presiones que recibe cotidianamente la comunidad educativa de Moreno, en la mañana del viernes una docente de la Secundaria N°36, que fue incendiada la semana pasada, fue baleada.
Un grupo de docentes y padres se encontraban en la puerta del establecimiento para ingresar a una reunión cuando «un grupo de chicos se acercaron a los tiros».
El hecho se produjo cerca de las 7:50 de la mañana y la trabajadora herida se encuentra fuera de peligro. Según dan cuenta las primeras versiones los disparos habrían sido con un arma de aire comprimido.
«Fueron interceptada por dos masculinos en motovehículo, quienes intentan cometerle ilícito mediante intimidación de arma de fuego, pero no logran su cometido, saliendo a su auxilio maestros que se encontraban dentro del establecimiento», detalla el parte policial.
«Luego se dan a la fuga efectuando un disparo de aire comprimido el cual rosa (sic) en abdomen de preceptora, de 37 años, de Paso del Rey», continúa el relato.
En tanto, desde los gremios detallaron que «lastimaron a una docente con un golpe en la cabeza, está bien, atendida por la ART en la Clínica Provincial de Merlo y otra docente con una perforación en la panza atendida en la Clínica Alcorta».
Los sindicatos nucleados en el Frente Gremial Docente de la provincia de Buenos Aires confirmaron una nueva medida de fuerza para esta semana. Será un paro por 48 horas, lunes y martes en rechazo al aumento salarial del 19% vía decreto otorgado por María Eugenia Vidal. El lunes, además, habrá una marcha a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital.
La gobernadora bonaerense Vidal impuso por medio del Decreto Nº 1145/18, una «modificación salarial» miserable del 19%, que ya fue rechazada en las paritarias por los sindicatos docentes ya que significa un fuerte deterioro del salario. El decreto implica la convalidación de los seis aumentos a cuenta que pagó la Provincia; «pasará a conformar los sueldos básicos de cada categoría» ratificó el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas.
Desde la Corriente Nacional 9 de Abril «reclaman la necesidad de un plan de lucha contundente para derrotar el ajuste de Macri y Vidal y empezar a organizar una masiva movilización de la docencia junto a miles de trabajadores el 24/10 al Congreso para derrotar el Presupuesto del FMI en el marco de un paro y movilización de todas las organizaciones obreras y populares».
Cuestionan además a las direcciones sindicales docentes. «Lejos de convocar a asambleas para que los miles de docentes puedan debatir un plan de lucha en serio, Baradel y el conjunto de los dirigentes del FUD optan por reunirse con la Pastoral social para que «medie» en el conflicto», expresaron los docentes allí reagrupados.
Por otra parte, reuniones de delegados de las seccionales Multicolor de La Matanza, Ensenada y Tigre reclamaron plan de lucha y asambleas para decidir y un plenario provincial de delegados de escuela para resolver las medidas. Rechazan la intermediación de la Iglesia en las negociaciones y paros progresivos por todas las demandas. Así también se votó parar el día que se trate el presupuesto y rodear el Congreso para derrotarlo.
La mayoría de los sindicatos de docentes porteños aceptó la propuesta salarial de Horacio Rodríguez Larreta de una suba del 25 % y retomar la negociación en noviembre próximo. La rechazaron los de mayor cantidad de afiliados: UTE y Ademys.
UTE señaló que cuando termine octubre la inflación acumulada será del 35 % y advirtieron que no van a «aceptar una rebaja salarial del 10 % en octubre».
En ese marco, UTE junto a otros gremios porteños que integran la CTA de los Trabajadores, como los metrodelegados, ATE-Capital y Sadop, se reunirán el próximo lunes para analizar los pasos a seguir en su plan de acción.
Miguel Angel Vizcaíno, ex docente de la Escuela de Vialidad Nacional, se quitó la vida. Al igual que el resto de sus colegas, se quedó sin trabajo cuando desde la Dirección Nacional de Vialidad se decidió el cierre abrupto de las escuelas, sin siquiera dejar culminar sus estudios a los alumnos que habían comenzado la carrera.
Los despidos se dieron sin indemnización ni tiempo para que los docentes se reubicaran laboralmente. Según el testimonio de Mauro Brunt, presidente del Centro de Estudiantes, esto provocó trastornos emocionales en muchos de ellos y adjudica a esta situación la trágica decisión de Vizcaíno: «Imaginemos a Miguel Ángel, un hombre de 58 años, con Párkinson y su familia lejos, a pocos años de jubilarse y queriendo hacerlo como docente de la escuela», afirmó.
«Nos hemos tenido que hacer cargo de la escuela los alumnos. Tomamos la decisión de hacer una ocupación del edificio, para salvaguardar la institución. Corríamos el riesgo de que aparecieran vehículos de vialidad o de la UTN a llevarse los equipos de primer nivel que tenemos, algo que iba a ser imposible de reemplazar», afirmó el presidente del Centro de estudiantes.
Brunt también dejó en claro que, si bien extremo, el de Vizcaíno no es un caso aislado y no se limita sólo a los docentes. «Tengo compañeros que están medicados con depresión y ansiedad, profesores que llaman desahuciados, llorando porque su único ingreso era el de la escuela», sostuvo.
Sobre Vizcaíno, Brunt contó: «El se ha acercado a la escuela, llevando datos y números de contacto en Buenos Aires, dando su apoyo y su moral. Preguntaba cómo estábamos y se quedaba tomando mate con nosotros. Fue a todos los festivales que hicimos. Se acercó constantemente a dar su apoyo y ofrecerse para lo que solicitemos. Pero se ve que la situación lo superó y cuando uno cae en un pozo depresivo no se sale así nomás».
«Espero que la sociedad no haga caso omiso. Hoy es un profesor el que tomó esta decisión, pero hay varios que se encuentran en la misma situación en las 5 escuelas del país. Y también hay alumnos. ¿Que estamos esperando? ¿Que se empiecen a matar mis compañeros también?», concluyó.
Despidos y cesantías en empresas privadas
Los cien operarios de Cerámica Stefani de la localidad de Moreno (oeste del conurbano bonaerense) iniciaron en la mañana del jueves un plan de lucha y resistencia, en defensa de sus medios de producción y sus fuentes de trabajo.
En la entrada a la fábrica, la Ruta 24 tiene a un grupo de trabajadores en el corazón de la calzada. No hay interrupción del tránsito sino un movimiento más lento de los automovilistas que aportan a una caja de zapatos la contribución solidaria, monedas y billetes que se distribuyen en cien operarios que desde hace un año no cobran sueldos. El vaciamiento comenzó, explica un trabajador, cuando los propietarios dejaron de pagar el servicio eléctrico. Bajo el argumento de la imposibilidad por la elevada tarifa, Stefani inició el esquema de desguace de la planta.
Los trabajadores de la Línea 60 decidieron el viernes, mediante asamblea, paralizar todos los ramales de la empresa. La medida fue resuelta por el despido sin causa de dos activistas sindicales: Ariel Rufrancos y Héctor Lema. El jueves, se cayó la conciliación obligatoria dictada por el extinto Ministerio de Trabajo por el despido de los trabajadores.
Mediante un comunicado de prensa, el Cuerpo de Delegados y los trabajadores han manifestado: «Nos apena que sean trabajadores, al igual que nosotros, los que se vean perjudicados por esta medida gremial. Pero entendemos que es la única salida que nos queda frente a un empresario que no respeta la fuente laboral de sus empleados y que descuida el servicio del público usuario».
A su vez, aclaran que siempre estuvieron dispuestos al diálogo y que fue la intransigencia de los empresarios lo que los empujó a tomar la medida. Es válido aclarar, que el Grupo DOTA metió barras bravas del club Nueva Chicago para romper la organización obrera en la línea. Llegando al extremo de prenderle fuego a los autos de dos delegados y de meterse en la casa de otro.
En medio del debate por el presupuesto 2019, y teniendo en cuenta que ya han anunciado el traspaso de los subsidios del transporte a las provincias, no sería raro que los directivos de DOTA hayan empujado la huelga para discutir subsidios. Por su parte, los trabajadores no han declarado por cuánto tiempo permanecerán de paro.
Los despidos y suspensiones se replican en empresas de diferentes rubros: electrodomésticos, cerealeras, micros de larga distancia y alimentos, entre otros. La empresa Longvie despidió casi una docena de trabajadores de su fábrica de lavarropas ubicada en El Pantanillo, Catamarca.
Las empresas de transporte de larga distancia comenzaron a cesantear trabajadores, Flecha Bus, San José, Zenit y Chevallier son algunos de los ejemplos. La planta de motos Honda suspendió a 900 trabajadores, Motomel hizo lo mismo hasta febrero de 2019 y la fábrica de llantas Protto desde el 12 de octubre suspenderá a todo su personal por 15 días.
En el sector alimentos, Molinos Cañuelas anunció que cierra su planta de Tucumán y la traslada a Salta. Casi medio centenar de empleados perderá su trabajo. La cerealera Bunge amenazó con retiros que nada tienen de voluntarios, finalmente logró un acuerdo con el Sindicato Aceitero (SOEAR) para que los trabajadores acepten jornadas más exigentes de trabajo.
Catamarca es una de las provincias más afectadas, al cierre de la planta de calzados de Alpargatas, se suman los 51 despidos en la textil de la misma empresa. La fábrica metalúrgica Finpak ya no fabrica heladeras. Sólo hace termotanques, cerró su planta por 35 días y suspendió a sus 32 operarios. Alco-Canale pidió la quiebra de sus plantas mendocinas y casi un centenar de trabajadores catamarqueños temen por el futuro en su provincia.
La textil Artex que produce ropa de trabajo sufrió la apertura importadora en forma indirecta porque los talleres de Buenos Aires dejaron de hacer ropa de moda y empezaran a realizar líneas de trabajo. Desvinculó a 18 personas.
Con un total de 563.096 vehículos comercializados entre enero y septiembre, el sector automotriz registró una baja interanual de 12,1% en lo que respecta a ventas totales.
El impacto en el empleo de estos números ya empezó a sentirse. Las automotrices Fiat Chrysler Automobiles, Renault y General Motors confirmaron días atrás que pisarán el freno productivo por la caída de la demanda y la acumulación de stocks, y suspenderán 5.500 operarios.
Medios
En el canal C5N se realizó el jueves una huelga sorpresiva desde las 13:00 hasta las 17:00 debido al incumplimiento del directorio de su promesa de pagar dos cuotas del aguinaldo y parte del salario de septiembre.
Con apenas unos meses de diferencia, la patronal de Publiexpress (editorial que publica Pronto, entre otras varias revistas) continúa con su plan de ajuste. Luego de los despidos de dos trabajadoras a principios de mayo, la semana pasada la empresa llevó a cabo ocho cesantías más.
Además Eduardo Lerner, dueño de Publiexpress S.A, decidió no pagar en tiempo y forma las indemnizaciones de los despedidos. Pretende pagar el 70% de la indemnización en cómodas seis cuotas. Esto implica, inflación mediante, que a los efectos reales los despedidos terminen cobrando una indemnización del 50%. En tiempos de crisis devaluatorias y caída de la actividad laboral, la «oferta» de la empresa no es otra cosa que un vil chantaje porque sólo Pronto, vende mensualmente cerca de 250.000 ejemplares, en tanto que la planta de trabajadores que hace algunos años llegaba a las 90 personas, hoy se redujo a la mitad. Ante tamaña injusticia, extorsión y flagrante violación de los derechos laborales, los trabajadores de Publiexpress decidieron parar al cierre de Revista Pronto y se mantienen en estado de alerta hasta que la empresa pague las indemnizaciones como prevé la ley a los compañeros que así lo acepten, y reincorpore a quienes piden mantener su fuente de trabajo.
La ‘reestructuración’ y el modus operandi de Cambiemos en el que los trabajadores y trabajadoras son un número más, le llegó al Ente nacional de Comunicaciones (Enacom), ex Afsca, encargado de regular las comunicaciones en todo el país.
Cuarenta empleados de Enacom como todas las mañanas se presentaron a trabajar y al querer ingresar se enteraron que estaban despedidos a través de un listado que tenía personal de seguridad.
Lo cierto, es que además circulan versiones que indicarían que habría otras cien cesantías en los próximos días.
Los trabajadores denuncian además el blindaje mediático, el desarticulado de los medios públicos en general y de los comunitarios en particular y el favorecimiento a los grandes monopolios económicos y de información como el grupo Clarín.
El vaciamiento del Enacom, presidido por Silvana Giúdice, no se reduce sólo a los despidos de sus trabajadores.
Hace algunas unas semanas las redes de medios comunitarios Interredes -FARCO, CONTA, AMARC, RNMA y Red Colmena- emitieron un pronunciamiento en el que vuelven a advertir que el Enacom retiene los fondos de fomento para el sector, establecidos en la Ley 26.522.
«El Enacom sigue quedándose los fondos de fomento para medios comunitarios y de pueblos originarios que establece la ley 26.522. En lo inmediato son casi 160 millones de pesos para proyectos ya presentados en concursos de 2017, que se encuentran cajoneados en el organismo. A lo que deben sumarse $ 300 millones que corresponderían a los concursos 2018, ni siquiera abiertos a poco más de tres meses de finalizar el año, cerca de $ 25 millones más en deudas que persisten de proyectos ganadores en 2015, y otros varios cientos entre la sub ejecución de 2016 y las diferencias que se acumulan todos los años entre lo asignado y lo establecido por la ley», señalan en el documento emitido y se preguntan ¿En qué se la gastan?
Este mes, la gestión de Hernán Lombardi volverá a descontar los salarios a lxs trabajadorxs de la agencia Télam que se encuentran de paro y permanencia pacífica hace más de 100 días contra los 357 despidos. Además del nuevo apoyo económico que dará el sindicato SiPreBA, se ha iniciado una campaña para pedir colaboración para el fondo de lucha.
-Podés sumar tu aporte al fondo de lucha a través de una transferencia a la Cuenta Bancaria: Banco Hipotecario CA N° 4052.000 1320 228-5 CBU: 0440052-34000013202285-1 CUIT: 30-71036418-0
(Escribinos al mail [email protected] para que agradezcamos tu solidaridad)
O acercándote a los edificios de Belgrano 347 y Bolívar 531, CABA.
Nos podés ayudar de muchas maneras:
-Reenviando este mensaje a todos tus contactos.
-Podés enviarnos tu adhesión personal o la de tu espacio a [email protected]
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Además, ante la actitud persistente del titular de la careta laboral de ignorar las resoluciones judiciales que los favorecen, los trabajadores a través de su Comisión Interna, determinaron la presentación de una denuncia penal contra Jorge Triaca bajo la figura de «desobediencia judicial».
Además, informaron acerca de la realización de una movilización a la sede de la Avenida Alem el próximo martes 9 de agosto a partir de las 11:00 con el acompañamiento del Sindicato de Prensa de Buenos Aires.
Al mismo tiempo informaron acerca del compromiso asumido por el monseñor Gabriel Barba y el monseñor José Torres Carbonell, titulares de la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a «propiciar una mesa de diálogo» entre la representación sindical y las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos, en busca de una salida al conflicto que atraviesa la agencia Télam.
Destrucción tecnológica y científica de la mano del macrismo
Según el Observatorio CyT-CLAE desde que la alianza neoliberal Cambiemos asumió el gobierno argentino en diciembre del 2015 se produjeron drásticos recortes presupuestarios en todas las áreas relacionadas con la Ciencia y la Tecnología (CyT), con el consiguiente desmantelamiento de las empresas estatales de tecnología nuclear, espacial, agraria, industrial, entre otras, sustituyendo el conocimiento estratégico soberano por contratos con empresas estadounidenses e israelíes.
Dos ideas justifican esos recortes. La primera afirma que no se puede gastar más de lo que se recauda (déficit fiscal), y la segunda es el reclamo de la eficiencia (salarios muy altos, investigaciones innecesarias, etc.).
Dentro de las empresas estatales de tecnología o dependientes del Estado más afectadas podemos encontrar a INVAP S.E. (Investigación Aplicada, Sociedad del Estado), dedicada al diseño y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y equipamiento médico y científico.
También a ARSAT (Argentina Satelital), brinda servicios de telecomunicaciones a través de infraestructuras terrestres, aéreas y espaciales; YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), Aerolíneas Argentinas; Planta de Agua Pesada de Arroyito, que sirve a la moderación y refrigeración de reactores; NASA (Nucleoeléctrica Argentina), operadora de las centrales nucleares del país y el Astillero Río Santiago , uno de los más grandes de la región, cuyos trabajadores fueron duramente reprimidos y criminalizados.
La lista continúa. Podríamos sumar las instituciones con dependencia más directa del Estado: la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) , e incluso la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) ) , y el conjunto de las 56 Universidades Nacionales.
El ajuste económico sólo ha servido para subordinar y despotenciar todas las áreas que plantean o trabajan en pos de un país con soberanía tecnológica.
Un ejemplo claro se da en el marco del Plan Nuclear Argentino, donde se tomó la decisión política de cancelar la construcción de la cuarta central nuclear de tecnología Candú de uranio natural que contaba con un 70% de desarrollo local y embarcarse en un contrato «llave en mano» con China para la instalación en 2022 de la quinta central nuclear de uranio enriquecido, tecnología no dominada aún por Argentina.
Otro ejemplo es la situación que atraviesa la CONAE , que ahora pasó a depender del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando antes lo era directamente de la Presidencia nacional, por lo que en la actualidad tiene menos márgenes de maniobra y con un presupuesto aún más acotado por el paso de ministerio a secretaría de Estado de dicha área.
A todo ello, se suma un impase del Plan Satelital, dado que en 2016 ya empezaba a caminar la construcción del satélite ARSAT-3 . El plan original proyectaba la construcción de ocho satélites. Los dos últimos en desarrollarse deberían lanzarse para reemplazar a ARSAT 1 y 2 al final de su vida útil. Además se canceló el plan de la Televisión Digital Abierta, que llevaba la posibilidad de acceso a la información y recreación a todo el país, utilizando los dos satélites de construcción nacional que ya se encuentran en órbita.
En este marco, se presenta una delicada situación para la empresa INVAP, que no está exenta de estos recortes y del nuevo direccionamiento de la política de gobierno. Ya desde el 2015 la empresa esperaba respuestas claras respecto a los proyectos que tendrían continuidad y aquellos que dejarían de ser prioridad.
En julio de este año, con la visita del presidente Mauricio Macri a Bariloche, se abrió un nuevo capítulo de esta situación. Lo que venía siendo una incertidumbre pasó a ser realidad. El presidente expresó: «Los contratos que tenía la Nación en INVAP eran de la época de la magia y la plata no está» . El diario Clarín, entre otros, publicó oportunamente que habría una cancelación masiva de contratos de la empresa estatal dispuesto por el Ejecutivo Nacional del orden de 1.000 millones de dólares.
El 25 de julio, esta empresa de relevancia internacional comunicó oficialmente su situación. Entre otros conceptos y números, señaló: «cuenta con un saldo de ejecución de contratos confirmados de más de 800 millones de dólares, de los cuales dos tercios corresponden a contratos de exportación. Algunos de los contratos firmados con el Estado Nacional se encuentran en estado de revisión, pero esta situación no afecta al backlog (trabajos confirmados pendientes de ejecución)».
Un compromiso oficial entre el ejecutivo nacional, INVAP, y el gobierno de la provincia de Río Negro, propietaria de la empresa, acordó el adelanto de lo adeudado por el Estado a la empresa y los 15 contratos que «siguen» en ejecución por 300 millones de dólares, blanqueando un recorte de más de 500 millones al conjunto de proyectos que la empresa tenía en investigación y desarrollo para el Estado argentino y para el país.
Muchos proyectos que generan condiciones de soberanía tecnológica han sido abiertamente cancelados. Algunos de esos son:
– TRONADOR II, es un lanzador para poner en órbita satélites propios, y cuya capacidad de construcción se adquirió gracias a los desarrollos de los satélites de telecomunicaciones ARSAT-1 y ARSAT-2. Durante la gestión del Ministerio de Planificación, CONAE formuló el desarrollo íntegramente nacional y las pruebas de lanzamiento de 3 a 6 prototipos experimentales para el perfeccionamiento del vehículo Tronador II, a los efectos de concluir el modelo tecnológico para que a partir de 2016 pudieran efectuarse los primeros lanzamientos con satélites de observación de la Tierra de hasta 250 kilogramos.
Pero desde la asunción de Macri, este proyecto fue privado de presupuesto. Cabe mencionar que se encontraba trabajando una importante dotación de empleados de INVAP en él, dedicándose al diseño y la construcción de la plataforma de lanzamiento del cohete.
– SARE, micro satélites de hasta 250 kilogramos para la observación de la Tierra. Se preveía que el Tronador II los pusiera en órbita. Los lanzamientos se habían planificado efectuarlos desde la base Puerto Belgrano en Bahía Blanca. La ingeniería, construcción e integración estaba a cargo de INVAP. A pesar de los muchos trabajadores involucrados de la empresa estatal, el macrismo le retiró el presupuesto.
– ARSAT-3, el tercero de la serie, y cuya construcción debía comenzar en 2016, fue discontinuado por el régimen neoliberal al privárselo de presupuesto. Fue una poda de 250 millones de dólares. INVAP ya había destinado una cantidad considerable de trabajadores en esta iniciativa.
– SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino), creado en noviembre de 2010 por el Ministerio de Defensa, con la misión de dotarse de aeronaves no tripuladas para la defensa y control del espacio aéreo. Se encomendó entonces a INVAP la responsabilidad del diseño y la gestión del SARA, así como también la integración del sistema completo, la definición de los ensayos de validación y verificación, procesos en los cuales intervienen empresas nacionales de tecnología -principalmente PyMEs organizadas en una red de más de 40 subcontratistas-, encargadas de la fabricación de componentes y la provisión de subsistemas.
El proyecto, que asignó a la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) la fabricación de las aeronaves, incluía avanzar con otros modelos de complejidad creciente que permitieran arribar a un primer prototipo operativo. El SARA fue cancelado e INVAP sustituida por una empresa de tecnología israelí. Lo mismo sucedió con FADEA.
Criminalizan medidas de protesta
El fiscal platense Carlos Romero imputó a los sindicalistas de ATE, Francisco Raúl Banegas y Oscar de Isasi, por la toma del ministerio de Hacienda bonaerense en el marco del conflicto de los trabajadores del Astillero Río Santiago.
Los trabajadores sostenían que los funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal les habían cancelado una reunión, y por ese motivo decidieron ingresar al organismo público y ocupar las instalaciones.
El fiscal, Marcelo Romero, acusa a los trabajadores de haber ejercido violencia colectiva y de haber atentado contra la autoridad. En el caso de Banegas, que es secretario general de la seccional Ensenada, y secretario general de ATE, afirma que abusó «de los atributos que la representación conferida por las bases le otorgaron».
«Intentaron coaccionar al ministro de Economía, Hernán Lacunza, e ingresaron forzando el portón de acceso», explicó el fiscal.
Cinco gremios abandonaron la conducción de la CGT
El secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, presentó la renuncia indeclinable a su cargo en el Consejo Directivo de la CGT, que ocupaba a través de la Secretaría de Juventud y Protección de la Niñez.
La salida de Brey se suma a las de Moyano, Schmid, Sergio Sánchez (Sutpa) y a la previa de Sandra Maiorana (Médicos) a fines del año pasado. Se espera que en las próximas horas Omar Plaini se pronuncie en el mismo sentido y todavía quedan dudas sobre algunos de los dirigentes que llegaron a Azopardo de la mano del camionero Hugo Moyano.
Por el contrario, el cuarteto Julio Piumato, Jorge Sola, Abel Frutos y Carlos Frigerio, que también representaban al moyanismo en la conducción de la central obrera, ratificaron que se quedan y que no van a aportar a la estrategia de vaciar el Consejo Directivo.
Fuentes: www.pagina12.com.ar, Clarín, Resumen Latinoamericano, APU, Anred, La Izquierda Diario, Infogremiales, Argentina Indymedia, marcha.org.ar, Red Eco Alternativo, www.baenegocios.com.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.