Ayer aparecieron seis cadáveres flotando en un río de la prefectura de Pando, que se suman a los nueve campesinos masacrados por fuerzas parapoliciales que responden a los movimientos autonómicos. El jefe del ejército ratificó su apego a la Constitución.
El presidente Evo Morales y el prefecto de Tarija, como representante de los departamentos de la Media Luna, se reunieron ayer en La Paz para tratar de calmar la violencia generalizada en el oriente boliviano. Cuando el prefecto Mario Cossío aceptó volar a la cita con Morales, el gobierno le adelantó en una carta que el diálogo sería amargo: «Lamentamos que para este cambio de actitud haya tenido que suceder tanta desgracia, daños irreparables y dolor». Mientras empezaba la reunión, el gabinete de ministros firmó el Decreto Supremo Nº 29705, que dicta el estado de sitio en Pando. Se calcula que 15 personas, casi todos campesinos, fueron asesinadas hasta ahora por grupos paramilitares en este departamento de la Amazonia boliviana. Ayer, declarado día de luto nacional, Morales dijo en Cochabamba: «Tal vez el culpable sea yo al decirles a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que no usen armas contra el pueblo. Tal vez por eso algunos grupos se aprovechan de eso para ofender y humillar a las FF.AA. y a la Policía».
Ayer a la madrugada, el presidente Morales ordenó al ejército salir a las rutas de sudeste y desbloquear todas las rutas que conectan a los campos petroleros, para evitar nuevas tomas. Los opositores protestaron, pero finalmente liberaron las rutas de forma pacífica. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno nacional no había informado si habían logrado recuperar el control de las plantas de hidrocarburos de Tarija.
Entre las declaraciones de solidaridad de otros países hubo una que incomodaría a cualquier gobierno. El venezolano Hugo Chávez afirmó que intervendrá el ejército de su país si alguien se atreve a derrocar a Morales. El comandante en jefe de las FF.AA., Luis Trigo, le respondió con uniforme de combate: «Al señor presidente de Venezuela y a la comunidad internacional le decimos que las FF.AA. rechazan enfáticamente intromisiones externas de cualquier índole, vengan de donde vengan, y no permitirán que ningún militar o fuerza extranjera pise el territorio nacional».
Y pasó a dirigirse a los grupos organizados por cívicos y prefecturas del oriente: «Advertimos que no vamos a tolerar más el accionar de grupos radicales violentos que sólo están buscando el enfrentamiento entre bolivianos, provocando dolor y luto».
Finalmente, el jefe militar aseguró: «Al pueblo boliviano, de quien venimos y a quien nos debemos, le decimos que las acciones de las FF.AA. están enmarcadas en el artículo 208 de la Constitución y en cumplimiento a ello vamos a garantizar el patrimonio de la Nación, el funcionamiento del aparato estatal y de los servicios públicos, así como la conservación de los recursos estratégicos. La ciudadanía tiene que tener certeza de que todo el material y equipo no será utilizado en contra del pueblo. Cualquier tipo de movilización de tropa, material y equipos militares obedecerá estrictamente a la ejecución de operaciones militares que tienen el único propósito de garantizar el imperio de la Carta Magna y el orden interno. Sólo en caso extremo será empleada para garantizar el orden interno y responder con tesón y patriotismo a cualquier amenaza de esos grupos vandálicos y delincuentes que han venido a subvertir el orden interno.» A pocas horas de su discurso se dictó el estado de sitio.
La noche anterior, cuando anunció el día de luto nacional, el vicepresidente, Alvaro García Linera, había lanzado una dura advertencia. «Exigimos el repliegue inmediato de cada uno de los grupos de ladrones que ya están ocupando los campos gasíferos y las instituciones. Tienen que saber que tarde o temprano la fuerza de la Constitución va a imponerse sobre ellos. Han atentado contra la vida de bolivianos y tiene que haber responsabilidad penal», señaló.
Anoche, mientras el ministro de Defensa declamaba el decreto, un avión militar aterrizó en Cobija, capital de Pando, y desalojó a los autonomistas que ocupaban el aeropuerto. Acto seguido, los 200 soldados salieron a patrullar la ciudad, a oscuras porque los cívicos cortaron el servicio eléctrico. Al parecer, el prefecto Leopoldo Fernández ya no estaba en la ciudad.
«Teníamos la esperanza de que hubiera un diálogo, pero el ejército se metió en Pando para meter bala. Si ésta es la idea de dialogar del presidente Morales, está muy equivocado», dijo el presidente de Comité Pro Santa Cruz, el empresario agroindustrial y latifundista Branko Marinkovic. El prefecto, Rubén Costas, acusó al MAS por la «violencia asesina» reinante en su región. En los últimos días, fueron tomados 30 edificios públicos y 140 puestos de peaje en el oriente boliviano.
En la Media Luna prevalece la noción de que el presidente Morales es culpable de la violencia en el oriente. «Necesitamos que las partes pongan todo el empeño posible para que, como primer resultado, logremos la pacificación de Bolivia. Ocho muertos y muchos heridos en Pando, las tomas de Santa Cruz con acciones militares, los militares en Villamontes, acciones militares que han sido planificadas y felizmente no ejecutadas con una tensión profunda en Beni, Chuquisaca, son suficientes ya para que Bolivia recupere la cordura», dijo Cossío antes de encontrarse con Morales.
El Consejo Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a los dirigentes de la Media Luna (Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca), lleva 20 días de protesta para que el gobierno nacional restituya a las prefecturas el 30 por ciento que les quitó de los recursos del impuesto a los hidrocarburos (IDH), para financiar un bono de 30 dólares destinado a mayores de 60 años. También se resisten a los intentos de Morales por someter a referéndum la nueva Constitución.