La crisis por las tarifas: síntoma de un estancamiento de conjunto. Cae la imagen y el apoyo al gobierno. La responsabilidad de los dadores voluntarios de gobernabilidad
Números rojos
El entuerto tarifario es un emergente del empantanamiento más general del plan de gobierno de Mauricio Macri. La economía sigue arrojando índices negativos en casi todas las áreas.
Según la Unión Industrial Argentina (UIA), la caída de la producción interanual fue del 9,5 % en junio. En el mismo mes, las ventas minoristas registradas por Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se redujeron en un 9,8 %, acumulando una contracción del 6,4 % en el primer semestre.
Tanto la devaluación, como la quita de retenciones y el tarifazo en los servicios públicos estimularon el nivel de inflación que se transformó en el más importante desde 1989-1990 (años de la «híper»). La variación de precios pronosticada es del 40/45 % anual y no el 25 como había sostenido el Gobierno al inicio de su administración.
La reducción del salario real de los trabajadores registrados del sector privado alcanzó el 12 % durante el primer semestre. Sin temor a equivocarnos podemos inferir que el impacto en los ingresos de los trabajadores no registrados fue mayor.
La prometida lluvia de inversiones no ha tenido lugar, la inversión se contrajo 4,2 % y la fuga de dólares alcanzó los 5.885 millones en el primer semestre del año. O Cambiemos falló el pronóstico o logró la hazaña inédita de que lloviera de abajo para arriba.
La elevada inflación redujo parcialmente el efecto de la devaluación de la moneda, una «ventaja» que pretendían usufructuar los empresarios para lograr «competitividad». El embrollo judicial de las tarifas amenaza con aumentar exponencialmente el déficit fiscal: la reducción del rojo es un reclamo de los dueños del país y su gobierno no logra cumplir con esa meta de su «programa mínimo».
Juan José Aranguren habló de un posible bache inmediato de $ 22 mil millones si no puede ejecutar la refacturación. Pero el jefe de Gabinete, Marcos Peña, proyectó que podría alcanzar los $ 80 mil millones que complicarían las intenciones del Gobierno de reavivar la economía a través de la obra pública. Esa fue la amenaza y chantaje que deslizó Alfonso de Prat Gay: que no se podría avanzar con la obra pública que en realidad nunca empezó.
El único dato «positivo» para el Gobierno es la baja relativa de la inflación de julio que se conoció en estos días y que fue de alrededor del 2 % de acuerdo a varias mediciones (Indec, CABA, Córdoba). Y sigue esperando el milagro con el jubileo que significa el blanqueo de capitales a la medida de los evasores.
La crisis política por el aumento de las tarifas condiciona en cierta medida al conjunto de la política económica de Cambiemos.
Por eso la disputa es considerada como la «madre de todas las batallas» por el macrismo. En esa pelea, el oficialismo sufrió una derrota en la Cámara de Diputados: por primera vez en siete meses, la oposición logró el quórum con un proyecto que amenazaba con rechazar los aumentos. Para salir de la encerrona, Cambiemos recurrió a una chicana formal que obligó a Aranguren a rendir cuentas en el plenario de comisiones de la cámara baja. El último que debió asistir a una interpelación de este tipo fue Domingo Cavallo en 1996, para dar explicaciones por el tristemente célebre caso IBM-Banco Nación.
Que el conjunto de los bloques mayoritarios hayan impulsado la movida por un interés oportunista y motorizados por las encuestas, no niega la significativa crisis que atraviesa el oficialismo.
La Corte estira su decisión afinando su capacidad olfativa, se rumorea que el jueves emitiría un dictamen. El «periodismo de guerra» comenzó a ejercer presión sobre los supremos: Joaquín Morales Solá afirmó en su programa Desde el llano que «si la Corte anula los aumentos habrá una gran conmoción política y económica». Olvidó decir que si hace lo contrario, también.
Macri y su «equipo» habitan el peor de los mundos: pagan las consecuencias políticas por el malestar social que genera el ajuste y no «convencen» a los empresarios de la solidez de su pragmático plan. Lo que los economistas llaman «reticencia inversora», es una eufemismo técnico para nombrar esa desconfianza.
Imágenes paganas
El diario La Nación publicó el domingo pasado un estudio de la consultora Poliarquía que muestra una caída de la imagen del Gobierno. En este caso, el medio es más que el mensaje.
La semana pasada, Ibarómetro dio a conocer los resultados de su último estudio sobre el «Clima político y balance del Gobierno Nacional» que arrojó datos esclarecedores:
Desde la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2015 aumentó dramáticamente el porcentaje de personas con «sentimientos negativos» (temor, incertidumbre o resignación). El crecimiento fue de 20 puntos (de 35 a 53 %), mientras disminuyó en igual cifra (de 60 a 40 %) la porción de personas con «sentimientos positivos» (esperanza, entusiasmo, tranquilidad).
La corrupción fue indicada como el principal problema del país por la mayoría de los consultados, pero la inflación, la desocupación y la pobreza están primeras en el ranking de las preocupaciones de la vida cotidiana.
La situación económica actual fue calificada como mala o muy mala por el 65 % de los encuestados y sólo el 25 % la definió como buena o muy buena (19 y 5 % respectivamente).
La aprobación del Gobierno retrocede del 65 al 47 % desde diciembre a la actualidad y la de la economía del 35 al 24 %.
Siempre según el estudio de Ibarómetro, hay un empate (47/47 %) en la imagen positiva y negativa del Gobierno.
Finalmente, el trabajo muestra dos datos que refieren a aspectos cualitativos y de gran significación política:
La mayoría de los consultados que mantienen su apoyo al Gobierno encuentran su principal fundamento en el hecho de que representa «una alternativa a lo anterior». Es decir, la hegemonía endeble de Cambiemos se basa en un amplio «consenso negativo». Pero además, cerca del 40 % opina que mejorará la situación apoyado en una lógica esperanza del optimismo de la voluntad.
El macrismo usufructúa la desilusión (y los desaguisados) del pasado y sigue vendiendo humo sobre el futuro. En la población se expresa una mezcla de genuinas aspiraciones y confusas ilusiones que la realidad se encarga de desmentir a golpes de ajuste, inflación y recesión.
Memorias del siglo
El escenario de conjunto evidencia que el Gobierno se sostiene más en la debilidad ajena que en la fuerza propia. Para esto cuenta con la amplia colaboración de quienes le garantizan la gobernabilidad (los peronismos y la burocracia sindical) El desarrollo de los acontecimientos reubica a cada una de las fuerzas políticas que adelantan sus roles como en la obertura de la ópera.
Podría afirmarse que la clase dominante y sus instituciones (la Iglesia, la dirigencia gremial burocrática y los partidos) sacaron algunas conclusiones de la crisis del 2001.
En el terreno sindical, el grueso de los dirigentes va camino a la unidad y emitieron un documento «duro» en lo discursivo, pero sin convocar a ninguna medida. Fue una devolución de favores hacia el Gobierno que unos días antes comenzó a liberar fondos millonarios para sus aparatos (obras sociales).
Preventivamente surgió una fracción más «reformista», la Corriente Político Sindical Federal que agrupa algunas organizaciones cuyos dirigentes se identifican con el kirchnerismo (la Federación Gráfica Bonaerense, la UOM Campana) y postula al radical Sergio Palazzo (La Bancaria) para la conducción de la CGT. La Corriente retoma los programas históricos más combativos del movimiento obrero (La Falda, Huerta Grande), pero se ubica como oposición a su majestad hacia la nueva CGT y no exige de manera urgente una acción a la altura del ataque que están recibiendo los trabajadores.
La Iglesia, bajo la conducción del Papa Francisco, y los movimientos sociales que le responden (CTEP, Evita) tienen una orientación hacia los trabajadores informales, los pobres urbanos y los eventuales nuevos desocupados: institucionalizar la dualidad que impuso el neoliberalismo a los trabajadores y que se consolidó en los años kirchneristas. Para esto conforman una preventiva «central» para los trabajadores informales que incluso se incorpore o coordine con la CGT. De esta manera, el precariado o los desocupados deberían organizarse en moderados movimientos clientelares que deben mendigar ante el Estado. Intentan evitar que irrumpan en la escena con métodos y demandas radicales como sucedió a fines de los ’90 cuando el grito de guerra fue «trabajo genuino» y el corte de ruta la modalidad de lucha para hacerse escuchar. Proponen la incorporación a la CGT de una nueva «rama»: los trabajadores de segunda.
Finalmente, en el terreno político, el establishment se juega a apuntalar a Macri, pero si la aventura fracasa apuestan al peronismo para garantizar ajuste con gobernabilidad. Como afirmamos en un reciente artículo: «El kirchnerismo, bajo la conducción de Cristina Fernández y sus varios regresos, no está exento de este esquema, aunque participa con otra narrativa. La orientación estratégica que va del Frente Ciudadano a la «nueva mayoría» apuesta a la unidad con todos los que hoy son pilares de la estabilidad de Macri.» (Tiempo Argentino, 14/08).
A esta disposición de fuerzas de las diferentes fracciones sociales y políticas del gran «partido de la gobernabilidad» se opone por el vértice el Frente de Izquierda. Con el reclamo de un paro nacional activo por las demandas de todos los trabajadores (efectivos, contratados, tercerizados o «en negro») y contra al tarifazo que afecta a toda la población y por una alternativa política que enfrente a los ajustadores y sus cómplices directos o indirectos.
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Macri-en-su-laberinto
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