Los sectores dominantes no han logrado desarticular el poder obrero y popular en los procesos de producción directa de valor. No han podido reducir sistemáticamente el valor de la fuerza de trabajo (y los salarios), y tampoco desarmar las formas de resistencia en los lugares de trabajo (comisiones internas, etc.). En el mismo Estado, el […]
Mariano Féliz (Texto completo en: https://www.lahaine.org/la-
En una nota, la Federación Única de los Petroleros (FUP) explica que «la huelga de advertencia es una etapa de las movilizaciones que los petroleros vienen haciendo en la construcción de una huelga nacional por tiempo indeterminado».
La categoría demanda la reducción del precio del gas de cocina y de los combustibles. Los manifestantes se posicionan contra la privatización de Petrobras y piden la salida inmediata del presidente de la empresa, Pedro Parente [**].
Los petroleros afirman que la actual política de reajuste de los derivados de petróleo adoptada por Parente, con el aval de Temer, hizo disparar los precios de los combustibles.
Según la Federación, «el número de importadores de derivados de petróleo se ha cuadruplicado en los últimos dos años, desde que Parente adoptó precios internacionales, gravando al consumidor brasileño para garantizar el beneficio del mercado». «En 2017, Brasil fue inundado con más de 200 millones de barriles de combustibles importados, mientras que las refinerías, por deliberación del gobierno Temer, están operando con menos del 70% de su capacidad. El pueblo brasileño no pagará la cuenta de ese desmontaje».
Ammán, junio 3 – Jordania vivió en los últimos días una ola de manifestaciones contra el aumento de precios y contra un proyecto de ley para subir los impuestos impulsado por el gobierno, bajo presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer reformas estructurales. Las concentraciones tuvieron lugar en Ammán y otras ciudades del país contra un proyecto de ley que prevé entre otros gravar las rentas más modestas. «¡El que aumenta los precios quiere incendiar el país!», «¡Somos el pueblo, somos la línea roja!», «¡Pueblo soberano, patria soberana!», gritaban entre otros los manifestantes, haciendo ondear banderas jornadas y reclamando la dimisión del primer ministro, Hani Mulqi. Miles de manifestantes también salieron a las calles de las ciudades de Zarqa, Balqa (este), Maan, Karak (sur), Mafraq, Irbid y Jerash (norte). El presidente de la principal federación sindical, Ali Al Abbus, explicó haber recordado al primer ministro que «los ciudadanos están agotados por el aumento de precios y de impuestos», y aseguró que el Estado «tiene que mantener su independencia y no plegarse a las exigencias del FMI. El FMI aprobó en 2016 una línea de crédito de 723 millones de dólares en tres años para el país. A cambio Jordania se comprometió a poner en marcha reformas estructurales y a reducir progresivamente su deuda pública hasta el 77% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2021, frente al 94% de 2015. El proyecto de ley fiscal, presentado por recomendación del FMI, prevé un aumento de al menos el 5% de los impuestos a los particulares y afectará por primera vez a las personas con un sueldo anual de 8.000 dinares (unos 9.700 euros). La primera gran manifestación tuvo lugar el pasado miércoles, organizada por los sindicatos, un día antes de que entrara en vigor el aumento de los carburantes y de la electricidad, una medida que finalmente quedó congeladas pocas horas después. Desde enero se han aplicado aumentos de precios al pan y a otros productos de primera necesidad. El precio del carburante también ha aumentado cinco veces en lo que va de año y desde febrero la electricidad ha subido un 55%. Una película de terror
Reproducimos en sus partes esenciales un artículo publicado el 28 de mayo por uy.press sobre los números de la economía argentina: El gobierno argentino pondrá en marcha, en los próximos días un plan de ajuste de nueve puntos, que incluye la suspensión de los ingresos en la administración nacional, la venta de automóviles del Poder Ejecutivo y topes para los salarios, entre otras medidas de impacto simbólico.
Conociendo el funcionamiento, y los planes que repite en los países que solicitan su asistencia, no es un misterio lo que exige el FMI para entregar dólares en cuotas: reducción más acelerada del déficit fiscal, mayor apertura comercial, avances en la flexibilización laboral y en la disminución de los costos laborales, restricción monetaria, flotación cambiaria y el envío al archivo de las metas de inflación para exigir más límites en la emisión de dinero.
Por la vía del ahorro y la de gastos por turismo fuera del país, la sangría sumó 11.486 millones de dólares en el primer tercio del año. Proyectar en términos anuales esa cifra, que surge del anexo estadístico del informe del balance cambiario del Banco Central, muestra un monto superior al auxilio financiero mínimo suplicado por el presidente Mauricio Macri al FMI que es de 30.000 millones de dólares.
Otro número del sector externo, difundido por el Indec en estos días, agrega más tensión en la economía: el déficit comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones, fue de 938 millones de dólares en abril, acumulando 3.420 millones en el cuatrimestre, 165 % más que en igual período del año pasado. Cifra que también proyectada para el año ofrece un panorama inquietante.
Mientras, las reservas siguen descendiendo y el dólar en las casas de cambio terminó la semana arriba de 25 pesos.
La política económica de emergencia del gobierno de Macri no sólo no se ocupa de lo importante (el déficit externo), sino que lo que promueve es un ajuste de las cuentas públicas que profundizará la crisis. Sin financiamiento del mercado internacional, excepto la promesa de un inmediato desembolso parcial de la asistencia que se pacte con el FMI, y con el encarecimiento de la deuda en dólares emitida en la plaza local, el profundo desequilibrio del sector externo, con su manifestación en la inestabilidad del mercado cambiario, arrojó la economía a una fragilidad alarmante. El gobierno de Macri, atrapado por conocidas limitaciones ideológicas, de diagnóstico y de gestión, propone abordarla con un plan de reducción del déficit fiscal.
Esta es una estrategia que en experiencias pasadas se demostró totalmente ineficaz para atender la debilidad de las cuentas externas y la dolarización del ahorro.
El endurecimiento de las condiciones para el acceso al financiamiento no se produjo sólo por el cierre del grifo de los dólares de Wall Street, sino también por el encarecimiento de la deuda emitida en el mercado local. En la primera licitación después de la corrida, el ministro de la Deuda, Luis Caputo, pagó tasas de hasta 4,3 % anual en dólares para recaudar 200 millones con Letras del Tesoro a un año.
Sin atender el frente externo, sólo ocupándose de satisfacer la demanda de dolarización pidiendo ahora billetes verdes al FMI, Macri y la ortodoxia vuelven a tropezar con la misma piedra de experiencias pasadas con desenlaces conocidos. La reducción del gasto público con el freno a la obra pública, el despido de personal y la licuación del salario del empleado estatal (paritaria del 12 %) sólo pavimenta el camino que conduce directamente a una recesión.
El actual cuadro fiscal será aún peor porque la recesión provocada afectará la recaudación de impuestos. El ajuste podría alcanzar la meta fiscal en algún momento puntual, pero no sería sostenible porque la economía habría sido lanzada a un círculo vicioso de deterioro de los ingresos tributarios.
La fuerte recesión provocada por el torniquete al gasto público, con aumento del desempleo y caída de los ingresos reales de los trabajadores por el shock inflacionario, es lo que permitiría reducir un poco la brecha externa y no el ajuste fiscal como mecanismo virtuoso de la búsqueda del equilibrio. La causalidad pone así en aprietos a la ortodoxia, que insiste, en forma equivocada, con que el ajuste fiscal sería el principal sendero para equilibrar las cuentas externas.
La caída de la actividad también podría disminuir transitoriamente la velocidad de los aumentos de precios y el ritmo de las importaciones, pero de ese modo no atenderá la debilidad estructural de la economía, que no es otra que la escasez relativa de divisas, restricción externa que a golpes de mercado empezó a despabilar a algunos analistas conservadores.
Que el problema principal sea que no haya dólares suficientes es una evidencia más potente que la obsesión fiscalista a la que se ha abrazado el Gobierno alentado por economistas del establishment, legión que acumula tantas convocatorias para conocer qué opinan como fallidos en sus pronósticos en la gestión del área económica cuando tuvieron la oportunidad.
Nuevo tarifazo
Desde el viernes rigen nuevos aumentos en el transporte y de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. En el nuevo cuadro tarifario, el primer viaje en colectivo se paga $ 10. En el caso de los trenes, el boleto mínimo de $ 6,25 pasa a $ 6,75.
Estos aumentos significan la aplicación del tercer tramo de incrementos en transporte en lo que va del semestre 2018. Los usuarios le hacen frente a una suba del 67% en cinco meses.
Asimismo fue anunciado por decreto presidencial, publicado en el Boletín Oficial, un próximo aumento en el valor de la nafta, debido a una modificación en el Impuesto al Combustible (ITC). Con el nuevo incremento, el litro de nafta súper se pagara $ 26 en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, mientras que en el interior del país el litro en las estaciones de servicio costará 28 pesos.
En el caso de las prepagas aumentan 7,5% ya que a fines de abril último, el gobierno autorizó un nuevo incremento, que se suma al 4% que ya se había aplicado este año en el mes de abril.
Con la ley vetada por el presidente Mauricio Macri, los hogares habrían pagado $ 17.000 menos en un año, en tarifas promedio de gas, luz y agua. Con la ley vigente pagarán casi el doble. La Ley vetada retrotraía las tarifas a noviembre de 2017 y establecía como tope de actualización la variación del índice de salarios.
El gobierno sostiene que el tarifazo era «necesario» para reducir el déficit fiscal. ¿Cómo se explica entonces que esto no haya sucedido? Porque el macrismo ejecutó una reconfiguración a favor de los acreedores externos. El «ahorro» generado por la quita de subsidios se fugó hacia el pago de los intereses de la deuda.
«Todos tenemos que hacer el esfuerzo», dijo Macri. Sin embrago, la quita de retenciones al agro y la minería, la reducción y/o anulación de tributos que gravan dividendos y altos ingresos, el blanqueo, la anulación de impuestos a los artículos de lujo y los beneficios extraordinarios a los especuladores financieros son algunas que las decisiones que el gobierno tomó en beneficio de los ricos.
En el caso de las gasíferas, ganaron en los últimos doce meses, $ 6.000 millones y las eléctricas el doble. El grupo Pampa Energía del empresario amigo del presidente, Marcelo Midlin, ocupa el podio con $ 4.700 millones.
Central Puerto, uno de cuyos accionistas es «el hermano del alma» del presidente, Nicolás Caputo, que controla varias generadoras termoeléctricas y la central hidroeléctrica Piedra del Aguila, ganó $ 3.494 millones en 2017.
Como contracara, los tarifazos, la persistente inflación y la fuerte devaluación golpea a los sectores medios y más vulnerables.
Según el Indec, entre enero y marzo los salarios subieron 3,9 % en términos nominales. Los precios aumentaron en el mismo período 6,7 %.
En diciembre pasado una familia tipo requería $ 14.993 para cubrir sus gastos totales, mientras que el mes pasado necesitó de $ 18.412. Los incrementos estuvieron liderados por los alimentos. En las próximas semanas se esperan nuevos incrementos que estarán encabezados por la carne y los productos de consumo masivo que rondarán el 10%.
Poné la fecha
La CGT confirmó que prepara el tercer paro general contra el gobierno de Mauricio Macri para junio. Los principales referentes de la central obrera evalúan la conveniencia de convocar a una medida de fuerza para la primera quincena del mes, antes que inicie el Mundial de Rusia el 14 de junio. El próximo jueves la cúpula cegetista dará a conocer la fecha. Según Juan Carlos Schmid, el veto a la ley de tarifas «es la gota que desbordó el vaso».
Héctor Daer del gremio de Sanidad recordó que cuando el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere , alertó por un restablecimiento de las retenciones a la soja y otros productos agropecuarios el Gobierno lo descartó rápidamente. «De ahí pueden sacar la plata, no de los jubilados, los planes sociales, o de los que menos tienen», afirmó.
Ante los rumores de un nuevo paro de la CGT, el presidente Macri se expresó en Salta, donde viajó para reunirse con el gobernador peronista Juan Manuel Urtubey. «La CGT tiene que pensar que si hacen un paro, ¿qué cambia? No cambia nada», sostuvo el mandatario.
Mientras, 400.000 trabajadores y trabajadoras llegaron el viernes a Plaza de Mayo, después de recorrer el país durante toda la semana de Ushuaia a La Quiaca, para decir basta de ajuste, no al FMI, pan, techo y trabajo para todos y todas.
Empleo
De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio de Trabajo, en marzo hubo una caída de 14.000 empleos registrados, luego de una reducción de 36.000 empleos formales en febrero y un achique de 20.300 ocupaciones formales en enero. La sumatoria total del año, en los tres primeros meses de 2018, presenta una reducción de 70.300 empleos registrados.
Esta caída se concentra entre los monotributistas y autónomos, sectores inestables del mercado laboral en los que Cambiemos había puesto buena parte de sus esperanzas detrás del discurso del emprendedurismo que repite sostenidamente. También se retrajo el empleo público.
Subtes
La lucha de los trabajadores del subte se ha convertido en un caso testigo. Cambiemos intenta derrotarla para convertirla en un mensaje para toda la clase trabajadora. Pero también se ha convertido en una referencia para mostrar la voluntad de los trabajadores de resistir esos planes.
Eso quedó confirmado este viernes, cuando la sede del sindicato en el barrio de Monserrat se colmó de organizaciones que acudieron a la cita de los metrodelegados.
Estaban representantes de sectores en lucha como Cresta Roja, Hospital Posadas, Inti, Río Turbio, tercerizados del FF CC Sarmiento y Latam, Vialidad Nacional; de sindicatos como Ademys, AGD (UBA), SiPreBA, y varios Suteba opositores como La Matanza o Tigre, Unión Ferroviaria Haedo, Sutna, Comercio (Rosario), Cicop y Sitraic y de la oposición en Foetra y UTE; las comisiones internas de Mondelez Victoria y Felfort y otras fábricas; Juntas internas de distintas dependencias estatales; trabajadores de la UTA opositores de las líneas 60, 720 y la empresa Motsa.
También estuvieron referentes de organismos de Derechos Humanos, referentes políticos de los partidos de izquierda, representantes de Centros de estudiantes de la UBA, de los terciarios y una delegación del colectivo Ni Una Menos, en representación del movimiento de mujeres.
En la reunión, los metrodelegados denunciaron que mediante una resolución y una circular el BCRA prohibió a los Bancos debitar de las cuentas sueldo de los trabajadores el aporte mensual a la AGTSyP y otros sindicatos «simplemente inscriptos».
El gobierno nacional tomó una «consulta de Metrovías» para emitir una rápida resolución para que el sindicato del Subte -y cualquier otro en su situación- no reciba dinero de sus afiliados por débito automático. Los únicos «agentes de retención» pueden ser los empleadores.
El abogado de los metrodelegados, Guillermo Giannibelli, denunció que «el Estado argentino ha resuelto que uno puede hacer con su cuenta bancaria lo que quiera salvo pagar la cuota sindical» y constituye «una demostración de la decisión estatal de arrasar con una experiencia sindical inédita».
Este nuevo ataque muestra no solo hasta dónde puede llegar el intento de Cambiemos por derrotar a quienes desafían el techo salarial y defienden su organización de base, sino también la brutal injerencia del Estado y las patronales en la vida de las organizaciones gremiales.
La semana pasada la concesionaria inició un proceso judicial de exclusión de tutela sindical de tres gremialistas (dos miembros de la Comisión Directiva de Agtsyp y un delegado) a pedido del Ejecutivo con vistas a su despido con causa al relacionarlos con supuestos «incidentes y agresiones» en la protesta con levantamiento de molinetes del jueves pasado. También el Ministerio de Trabajo comenzó a explorar atajos para darle intervención a la Comisión de Garantías para la definición de «servicios esenciales» durante la vigencia de un conflicto de modo tal de ponerles límites a las eventuales medidas de fuerza. Otro indicio fue que la Subsecretaría de Trabajo porteña, que encabeza Ezequiel Jarvis, no dictase la conciliación obligatoria cuando los metrodelegados decretaron ese mismo jueves un paro de actividades hasta que Norberto Segovia, que había sido detenido a media mañana, recuperase su libertad, lo que ocurrió recién por la noche. En ese sentido tanto la administración de Horacio Rodríguez Larreta como la cartera laboral nacional coincidieron en la profundización del conflicto.
Hasta ese momento los delegados habían promovido levantamientos de molinetes sin interrupciones del servicio y, según admiten funcionarios y gremialistas, con buena recepción por parte de los usuarios. El panorama más favorable a Cambiemos era una medida de acción directa que incluyera la paralización del servicio, lo que se concretó con la detención de Segovia y lo que también preveían los funcionarios con los despidos anunciados por Metrovías. Los metrodelegados identificaron como nuevo protagonista de la pulseada a Fernández Aparicio, que en apenas dos años y medio de gestión de Cambiemos se hizo conocido por todos los gremios aeronáuticos y ferroviarios como gestor de divisiones e intervenciones. Su tarea estuvo desde el inicio de la gestión de Cambiemos ligada al vínculo con los gremios. De hecho Fernández Aparicio se presenta como ex dirigente sindical de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) con una relación estrecha de años con su titular, Andrés Rodríguez. Antes de su arribo a Trabajo tuvo dos actuaciones que signaron su relación con el sindicalismo: la más sonada fue su intervención el año pasado en la paritaria del sector aeronáutico, donde varios dirigentes coinciden en que se abocó a romper la unidad gremial para generar acuerdos salariales individuales. No lo consiguió y sólo acercó al Ejecutivo a Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA, los tripulantes de cabina), que por esa razón fue excluido del frente conformado por el resto de los sindicatos, los pilotos de APLA y UALA, los técnicos de APTA, el personal superior de UPSA y los empleados en tierra de APA. La otra fue la intervención de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apdfa) que dispuso el Ministerio de Trabajo pero que tuvo en Aparicio a su gestor principal, basada en supuestas irregularidades en el proceso electoral de esa organización. Se trata de un gremio de jerárquicos pequeño pero estratégico por su inserción en el bloque de sindicatos ferroviarios que también integran los maquinistas de La Fraternidad, la mayoritaria Unión Ferroviaria y los señaleros.
Medios
El miércoles pasado fue despedida del diario económico Bae Negocios una redactora de la sección Políticas. El jueves, se sumaron tres despidos más: una productora del canal y dos empleados del área comercial.
Sin embargo, el ajuste patronal no encuentra respuesta por parte de los trabajadores que sufren un cuadro de desorganización sindical desde que la patronal de los Olmos despidió a los delegados de Bae y Crónica. El 1º de junio, las y los trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias, su Comisión Gremial Interna y el SiPreBA realizaron un acto que contó con la participación de destacadas figuras del ámbito político, sindical, artístico y de Derechos Humanos.
Las y los delegados del SiPreBA en Télam explicaron que el paro que llevan adelante desde el lunes pasado es debido a los despidos de Ángel Jozami, de Economía, y Fernanda Arce, de Mesa de Edición, a quienes se atribuye un supuesto error en un cable. Indicaron además que hay compañeros suspendidos, denunciaron la falta de tareas y vaciamiento del departamento de Pauta publicitaria, que afecta a más de 100 trabajadores y la falta de libertad de expresión.
Durante el acto, el SiPreBA anunció que se movilizará el domingo 3 de junio a la entrega de los premios Martín Fierro 2018, en el barrio de Puerto Madero. Junto a trabajadores de Télam, Canal 7 y Radio Nacional reclamará con la consigna «Que No Te Apaguen Los Medios Públicos». Estas actividades son preparatorias para la Movilización por el Día del Periodista el próximo miércoles, impulsada por la Mesa Nacional de los Trabajadores de Prensa que reúne a la totalidad de compañeras y compañeros organizados de la República Argentina, conformada por la FATPREN, la Federación de Trabajadores del la Cultura y la comunicación (FETRACCOM) y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN).
Conflictos estatales
Después de tener que mover la conferencia de prensa del Palacio de Hacienda hacia Casa Rosada por la manifestación de trabajadores estatales contra los ajustes en el sueldo de los empleados públicos y contra los despidos, Nicolás Dujovne y Andrés Ibarra anunciaron un plan de recortes para la Administración Pública Nacional que representa un «ahorro» de $ 20.400 millones, más $ 6.000 millones menos del Tesoro nacional destinado a empresas estatales.
Dentro de las medidas más trascendentes, el plan de ajuste incluye congelar la incorporación de trabajadores en el sector público durante dos años, la anulación de los convenios de asistencia técnica con las Universidades nacionales que afecta 7.000 puestos de trabajo, la suspensión del blanqueo de trabajadores públicos y el recorte de gastos en las empresas estatales (Aerolíneas, Correo, YCRT, Télam, Tandanor, etc.).
Las trabajadoras de la línea 144 de Atención a víctimas de violencia de género de la Provincia de Buenos Aires, se encuentran en plan de lucha por cinco despedidas. Son varias las acciones que vienen realizando en La Plata exigiendo la reincorporación inmediata y el cese de la situación de precarización laboral a la que son sometidas por el Estado.
La asamblea del Hospital Garrahan resolvió profundizar el plan de lucha con un abrazo al hospital con corte de calle el miércoles 6 a las 13:30 en la entrada de Combate de los Pozos convocado por la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y POR LA JUNTA INTERNA DE ATE por la reincorporación de los cesanteados, el 25% de aumento en una sola vez, con cláusula gatillo y $ 7.000 para los que no llegan a la canasta familiar.
El viernes 1º comenzaron a llegar nuevos telegramas de despido a los trabajadores del Hospital Posadas. Entre los afectados se encuentran nuevamente los y las trabajadoras que se plantaron frente a las privatizaciones, la tercerización y la quita de derechos como los delegados y delegadas del STS, CICOP, candidatos y candidatas de la lista Frente unidad de los que luchan (opositora a Darío Silva, conducción de ATE Morón), entre ellos varios integrantes de Lista Roja y Negra de ATE, como Gonzalo Trimboli y las dos compañeras despedidas en diciembre y reinstaladas hace poco más de un mes por orden judicial, Patricia Ávila y Karina Almirón.
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA-CTA) paró y se movilizó este 1º de junio a Plaza de Mayo en rechazo al acuerdo con el FMI, la Reforma Laboral y la CUS. En apoyo a las luchas contra los despidos, por salarios dignos y paritarias sin techo.
El Gobierno Nacional envió telegramas de despido a 52 trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional, entre ellos a dos discapacitados. Ante el reclamo, las autoridades aseguraron que «no se dieron cuenta».
En respuesta a la sorpresiva medida, los gremios concentraron en el hall del edificio central para exigir una respuesta por parte de las autoridades. La Junta interna de ATE en Vialidad Nacional denunció que los despidos fueron efectuados «a dedo» y sin justificación. Luego de concluida la primera asamblea, continúa el cese de actividades.
Para este lunes 4 de junio se prevé que continúen las asambleas, medidas de fuerza y el quite de colaboración en todos los sectores.
Se viven tensos momentos en la AFIP y la Aduana donde anticipan un fuerte ajuste salarial y la baja de algunos beneficios históricos. Los jubilados -atados a los salarios de los activos- también verían afectados sus haberes.
La suspensión del acuerdo nuclear con China cancela la construcción de Atucha III (la IV central nuclear) y posterga hasta el 2022 el eventual inicio de la construcción de la V central nuclear en la Argentina.
Estas centrales iban a generar más de 5.000 puestos de trabajo calificado, darle mayor actividad a la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y continuar desarrollando todo el sector nuclear del país.
Este viernes se cumplieron 48 horas de la ocupación pacífica en el Ministerio de Educación en Rawson, la capital de Chubut. El miércoles por la mañana los trabajadores coparon el edificio y enseguida miles acompañaron la medida. Ni el frío de la madrugada que promedió 1° bajo cero impidió la vigilia.
Los trabajadores exigen aperturas de paritarias, cumplimiento del TEG, aumento de salarios de emergencia, así como la regularización de la Obra social Seros, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura edilicia. Y rechazan el pago escalonado.
A media mañana llegaron más contingentes desde Comodoro Rivadavia, Dique Ameghino y las cercanas Dolavon, Gaiman, Trelew y Puerto Madryn en un clima de gran solidaridad: se trajo comida, leña y se pronunciaron adhesiones.
En este paro provincial por 120 horas el acatamiento fue masivo. En Comodoro Rivadavia llevan 48 horas ocupando la Supervisión de Escuelas al igual que otras dependencias de la provincia.
Fueron despedidas 40 trabajadoras de maestranza en Pico Truncado (Santa Cruz) y están acampando en el Consejo Provincial de Educación de Río Gallegos para exigir que sean reincorporadas.
En el marco del paro nacional de 72 horas que realizaron desde el lunes pasado, los docentes universitarios instalaron tres carpas frente a la sede del Ministerio de Educación para rechazar la propuesta paritaria del gobierno del 15 % y el ajuste presupuestario en las facultades, que advierten que se intensificará a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con una serie de actividades, que incluyó un partido de fútbol en el que simbolizaron un enfrentamiento entre la educación pública y el FMI, los profesores expresaron «el rechazo total a esa miserable propuesta salarial y al ataque a la educación pública».
Privados
El Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), que conduce Hugo Moyano, y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) iniciaron el jueves las negociaciones paritarias para determinar un incremento de salarios para 200.000 trabajadores. Los empresarios ofrecieron 15% en tres cuotas. Mientras, Hugo Moyano ingresó a la sede del Ministerio con un reclamo concreto, que consiste en un incremento salarial del 27%, y una advertencia: ante la falta de acuerdo comenzarán un plan de lucha que incluye paros sorpresivos y marchas.
En las últimas horas Alpargatas despidió a 164 trabajadores. Un total de 75 operarios de su planta de calzado de Santa Rosa, La Pampa, 32 de su textil de Catamarca, 36 de una planta catamarqueña, 8 despidos de la textil de Bella Vista de Corrientes y trece más en Florencio Varela. A este ajuste se suman 51 trabajadores que se adhirieron el retiro voluntario: 29 en la planta de calzado de La Pampa y 22 de las fábricas de Catamarca. Desde el año pasado, Alpargatas en total desvinculó a casi 500 trabajadores, el 15% de su plantilla total. Tras los despidos, la empresa firmó un acuerdo con el ministerio de Producción, por el cual se los incluye en el plan de Transformación Productiva. De acuerdo a la antigüedad y salario de cada trabajador, tienen derecho a un subsidio que puede durar hasta un año. «Si bien hoy es de $ 3.000, puede elevar su valor. Además, los trabajadores son anotados en un registro del Anses, para tratar de ayudarlos en su reinserción laboral», explican desde la firma brasileña. Desde la UOM Río Grande volvieron a referirse a la compleja situación que atraviesa el sector. Confirmaron que se perdieron casi 800 puestos de trabajo «en pocos días». El panorama para el segundo semestre sigue siendo incierto y preocupante. «Si ha bajado el consumo de leche, un producto básico y de primera necesidad, mientras se prioriza el pago de las tarifas siderales que llegan, podemos suponer lo que pasa con el consumo de productos electrónicos», dijeron desde el gremio. Responsabilizan a «las políticas del gobierno nacional» e impulsan «acciones conjuntas de toda la clase trabajadora».
El Secretario adjunto de la UOM Río Grande, Marcos Linares, hizo un repaso por distintas situaciones, además de los contratos que caen en BGH, los de FAPESA y la situación de Mirgor, con el cierre de una planta, mencionando que además en Foxman «la situación de los trabajadores es complicada, tenemos una discusión en curso con la empresa y estamos a la espera de tener otra reunión para ver si avanzamos. La empresa está adeudando el 50 % de los salarios del mes de abril, ya se nos viene encima la percepción de los salarios de mayo y hay una situación muy complicada en el caso de esta empresa», remarcó. Advirtiendo que además de la falta de liquidez para abonar los salarios, tampoco tienen recursos para abonar los insumos que deberían estar saliendo de China y eso podría significar un período de suspensiones.
Con la llegada del último día del mes de mayo, fueron más de 500 los contratos que vinculaban a trabajadores fueguinos con empresas electrónicas los que llegaron a su fin. Son 140 de FAPESA y 360 del Grupo Mirgor, pero a esto hay que sumarle que aún se desconoce el número de contratados de otras empresas electrónicas que no verán renovados sus contratos.
En las últimas horas, incluso se llegó a hablar de que Electrofueguina dejaría en la calle a más de 100 trabajadores, aunque con el correr del miércoles, los delegados de la firma aseguraron que sólo serán entre 10 y 20 trabajadores.
También fue el último día en el que la planta «Sarmiento» o ex Nokia, del Grupo Mirgor tuvo sus puertas abiertas: la firma IATEC decidió cerrar la nave y reducir en 360 los puestos de trabajo que ofrece en Río Grande.
La empresa productora de electrodomésticos MABE confirmó la suspensión a sus 250 empleados por un mes, en la planta que opera en el parque industrial norte de la provincia de San Luis.
La UOM de Venado Tuerto (Santa Fe) alertó por despidos en dos empresas de esa localidad. Denunció que la fábrica de ollas Essen cesanteó a 20 trabajadores y que en Corven los puestos de trabajo destruidos son 40.
La fábrica de termotanques y calefones Rheem (San Luis) decidió no continuar los contratos a término de 119 operarios y los 190 empleados de planta temen que la empresa avance con despidos.
Los trabajadores del ingenio San Isidro, que fueron despedidos en enero pasado tras el cierre de la empresa azucarera radicada en Campo Santo (Salta), organizaron una asamblea en la que se decidió llamar a un paro provincial de todas las actividades, privadas y estatales, en solidaridad a la angustiante situación que atraviesan sus familias por el fin de la principal fuente laboral que tiene el departamento General Güemes.
La convocatoria se definió luego de que trascendiera que se habrían caído las negociaciones de venta de la planta productora de azúcar.
El paro provincial aún no tiene fecha, pero según explicó Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro (Soeasi), durante la semana próxima, «seguramente el miércoles», estimó, se definirá un día para la huelga, que coincidirá con una marcha en la capital salteña.
Otra recuperada en apuros
La Cristalería Vitrofin, ubicada en Cañada de Gómez (Santa Fe), cerró sus puertas hace más de un año por los altos incrementos de las tarifas de gas y de luz y por la baja de la producción. La cooperativa de cristales tiene 44 trabajadores. Omar Pelli es su secretario y explicó que en abril de 2016 pagaban 44.000 pesos de gas y las últimas boletas que recibieron subieron a casi 300.000 pesos. «Estamos perdiendo todo. No podemos pagar el gas, no hay ventas y se abrieron las importaciones. La situación es caótica», se lamentó.
Desde la Federación Autogestión, Cooperativismo y Trabajo (Actra) realizarán un almuerzo solidario el próximo 10 de junio, en Distrito Siete, ubicado en Ovidio Lagos 790 de Rosario, para recaudar fondos para los trabajadores.
La cristalería es una empresa recuperada por sus trabajadores y emblemática para el movimiento cooperativo y la mayor parte de sus recursos económicos los destina a saldar las cuentas de los servicios.
Pelli contó que realizaron presentaciones en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) para pedir ayuda. «Hace 15 años que existimos y nunca pedimos nada. Nos hacen falta materiales. Estamos perdiendo todo», resaltó.
Notas:
[*] En el mensaje del cardenal Mario Poli durante el Tedeum del 25 de Mayo le habló a Mauricio Macri de «Zaqueo», el nombre de una autoridad de entre los recaudadores de impuestos que aparece en la Biblia. El de Zaqueo «era un oficio despreciable porque la mayor parte del dinero que recaudaban iba a parar a las arcas romanas no sin retener una buena parte de los impuestos, de modo que se enriquecían notablemente», les explicó el cardenal a la tropa de funcionarios sentadas en los primeros bancos de la Catedral Metropolitana.
«Eran indiferentes al patriotismo de sus conciudadanos que luchaban por obtener la libertad de su pueblo humillado. Estas y otras actitudes les valieron el desprecio popular y eran considerados grandes pecadores», enfatizó.
Entonces, el mensaje de esa historia, resumió el religioso, es que «la indiferencia y el egoísmo de los ricos frente a la miseria de los pobres no pasan inadvertidos a los ojos de Dios».
[**] El presidente de Petrobras, Pedro Parente, renunció al cargo de presidente de la estatal petrolera. Su renuncia se produjo un día después que los trabajadores petroleros decidieron suspender una huelga de tres días la cual buscaba sumar respaldo a los camioneros. La propuesta implementada por Parente, establecía el ajuste de precios diariamente en base a la oscilación internacional. Esto provocó un aumento del diesel en los últimos meses debido a los conflictos externos y la devaluación del real.
Para disminuir el conflicto, el Gobierno de Michel Temer, decidió congelar los precios del combustible hasta finales del año estableciendo para ello un programa de subsidios por unos 2.540 millones de dólares.
Fuentes: lahaine.org, Resumen Latinoamericano, uy.press, www.sipreba.org, Anred, Red Eco Alternativo, APU, La Izquierda Diario, argentina.indymedia, Clarín, www.infogremiales.com.ar, www.pagina12.com.ar, www.
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