El gobierno de Mauricio Macri declaró la Emergencia de Seguridad Pública nacional. El decreto autoriza a las Fuerzas Armadas a derribar aeronaves, lo que significa la pena de muerte, prohibida en nuestra Constitución. El Estado nacional declaró la Emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio argentino por el término de un año, con la […]
El gobierno de Mauricio Macri declaró la Emergencia de Seguridad Pública nacional. El decreto autoriza a las Fuerzas Armadas a derribar aeronaves, lo que significa la pena de muerte, prohibida en nuestra Constitución.
El Estado nacional declaró la Emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio argentino por el término de un año, con la posibilidad de prorrogar la medida por otros 365 días, con el objetivo de «revertir la ‘situación de peligro colectivo’ creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico, en una resolución que incluye un fuerte control del espacio aéreo». Según información publicada en la web de Casa Rosada «el decreto especifica delitos tales como producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737), de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (Ley 22.415), los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del Código Penal) o con una asociación ilícita terrorista (artículo 41 quinquies del mismo Código). También delitos referidos a asociaciones ilícitas organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública, delitos de prostitución infantil, financiamiento del terrorismo, de extorsión y trata de personas. Entre otras cosas la medida autoriza el uso de la fuerza contra aeronaves.
Según información oficial el Ministero de Seguridad, el de Defensa y el de Transporte tendrán a cargo la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos. Concede también la adquisición de equipamiento para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional. Además se informó de la creación del Gabinete de Seguridad Humana que estará a cargo de la coordinación de las tareas de los ministerios mencionados involucrados en las tareas de la Emergencia.
Personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias, podrán ser convocados por el Ministerio de Seguridad para trabajar en la Emergencia de Seguridad Pública.
Según lo publicado «El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino. Serán declaradas «hostiles» aquellas naves, cuando tengan entidad suficiente para «perturbar, poner en riesgo o causar un daño» en el territorio nacional.». El uso de la fuerza contra una aeronave supone condenar a muerte no solo a los tripulantes sino también a sus pasajeros, entre los que puede haber víctimas de la trata de personas. La Constitución argentina prohibe la condena a muerte y los países que la autorizan establecen como condición un juicio previo.
Según la información difundida por el gobierno del PRO el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, le propondrá al Poder Judicial «celebrar un convenio con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales, y además tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras». De esta manera, el poder ejecutivo podría tener información que hoy está en manos del poder judicial.