Al ex subsecretario general de la Presidencia argentina, Valentín Díaz Gilligan, sólo se le puede acusar de tener los mismos entretenimientos que el presidente Mauricio Macri y muchos integrantes de su gabinete: el amor al dinero (obviamente depositado en paraísos fiscales) y su conexión con el submundo delincuencial del fútbol trasnacional. Ya la cuerda estaba […]
Al ex subsecretario general de la Presidencia argentina, Valentín Díaz Gilligan, sólo se le puede acusar de tener los mismos entretenimientos que el presidente Mauricio Macri y muchos integrantes de su gabinete: el amor al dinero (obviamente depositado en paraísos fiscales) y su conexión con el submundo delincuencial del fútbol trasnacional.
Ya la cuerda estaba demasiado tensa y Macri venía en caída libre desde que en diciembre impuso la poda a las jubilaciones y pensiones. Al final debió ceder a las presiones de sus aliados políticos del radicalismo y la Coalición Cívica, y para que el escándalo no mellara todavía más su popularidad ordenó desprenderse del funcionario, quien había omitido declarar una cuenta en Andorra (que era un paraíso fiscal) por 1,2 millones de euros.
No solo perdió su cargo, sino que fue denunciado ante la Justicia por lavado de dinero y omisión maliciosa en la presentación de su declaración jurada. Según Linkedin, es Master en Economía y Finanzas (Ucema) y Licenciado en Administración de Empresas con experiencia laboral en Techint, Price Waterhouse Coopers y Grupo Insud; fue Director General de Promoción Turística de la Ciudad de Buenos Aires y Vicepresidente de la Comisión de Turismo y Desarrollos del Club Atlético River Plate.
La cuenta en la Banca Privada d’Andorra estaba a nombre de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores de fútbol, radicada en Inglaterra pero perteneciente a una empresa panameña denominada Nashville North Inc, de la cual el dirigente macrista fue director hasta 2014.
Envalentonado por la impunidad existente en el país con la corrupción macrista (incluso anunció que se presentaría ante la Oficina Anticorrupción para aclarar su situación), Díaz no desmintió la información y atribuyó la offshore a su relación de amistad con el empresario uruguayo Paco Casal, sindicado en su país de trata de blancas y blancos y competidor en la guerra global por los derechos de la televisación del fútbol.
«Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo», dijo quien se autodefinió como testaferro de Casal. La pelea fiscal de Casal finalizó con el perdón presidencial de una deuda millonaria.
El amigo Paco
«Paco» Casal tiene negocios como representante de jugadores de fútbol y con los derechos de TV. Su fortuna se cimentó representando jugadores y luego dio un giro notorio con el ingreso en el negocio de la televisión. A finales de la década de los 80 ya representaba a los mejores del país: Carlos Aguilera, Rubén Sosa, Enzo Francescoli, Hugo De León y Nelson Gutiérrez.
Luego compró los derechos de televisación del fútbol uruguayo y pagó 32 millones de dólares menos de lo que ofrecía la empresa Bersabel. Luego sumó los de la selección celeste, los de la imagen del seleccionado, del marketing, de la negociación por la indumentaria, hasta llegar a organizar partidos amistosos. Por ese entonces ya tenía como socio a Enzo Francescoli.
Luego, con la creación de GolTV, canal por suscripción creado en 2003 para Estados Unidos y en 2005 para Latinoamérica, pasó a comprar derechos en todo el continente. Precisamente es GolTV la implicada en este escándalo del funcionario de Macri.
En 1991, cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol nombró como entrenador de la selección a Luis Cubilla, con quien Casal estaba enemistado, motivó una revolución de los futbolistas por él representados, quienes se negaron a participar en la selección, lo que influyó en la eliminación en las clasificatorias para el Mundial de 1994.
En noviembre de 2 016, los jugadores de la selección uruguaya ocultaron los logotipos de las marcas que patrocinan a la AUF por sus derechos de imagen que les habían sido cedidos por la Mutual de Futbolistas Profesionales (que admitió que procedió sin consultar a los seleccionados). La AUF se los otorgó a la empresa Tenfield, del contratista «Paco» Casal. Los futbolists, cuestionaron que era muy poco el dinero que Tenfield le paga a la AUF por ese y otros derechos cedidos, como vestimenta y televisación.
Díaz Gilligan recibió primero el apoyo de su inmediato superior, el secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis, luego del propio Presidente y m á s tarde del jefe de Gabinete, Marcos Peña. El exsubsecretario tampoco ayudó con sus declaraciones y fue obligado a tener el «gesto» de renunciar, mientras Macri, preocupado por los graves problemas del país se reunía en la Casa Rosada con…. el director técnico de Boca Juniors.
El esc á ndalo es un mensaje para el ministro de Trabajo Jorge Triaca, que maltrató a una empleada suya, y para el de Finanzas Luis Caputo, un Gilligan a escala gigantesca. Es un mensaje para el Gobierno entero. Parece que ser un gobierno offshore empieza a caer mal, comenta el analista Martín Granowsky.
El encanto de las offshore
Este es el primer escándalo que termina con la renuncia del funcionario implicado, pero no es el primero que vincula a un hombre del macrismo con firmas offshore, lista encabezada por el propio Presidente y varios ministros. Por ejemplo, los datos de los Panamá Papers y la firma Mossack Fonseca permitieron conocer que el Presidente figuraba como director de dos empresas en paraísos fiscales, Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, junto a su padre, Franco, y su hermano, Gianfranco.
Luis Caputo, ministro de Finanzas manejó el fondo de inversión Alto Global Fund en Islas Caimán y administró Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware, revelaron los Paradise Papers. Y ocultó en su declaración jurada que fue el principal accionista de sociedades offshore entre agosto de 2009 y julio de 2015, entre ellas Princess International Group, en Islas Caimán.
Según la filtración de Paradise Papers, el ministro de Energía Juan José Aranguren fue director de al menos dos empresas offshore mientras se desempeñaba como CEO de Shell y Néstor Grindetti, intendente de Lanús figura como apoderado de la offshore Mercier Internacional entre 2010 y 2013, mientras era secretario de Hacienda de Buenos Aires.
Por su parte, Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos integra el directorio de la offshore Kalushy de Panamá, vigente hasta el año pasado, y Jorge Macri, intendente de Vicente López figura como secretario de Latium Investments Inc de Panamá. La Justicia lo embargó por 8 millones de pesos, mientras Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica de la Presidencia figura en los Panamá Papers como intermediario en el montaje de sociedades en guaridas fiscales.
El diputado Rodolfo Tailhade, quien presentó la demanda contra Díaz Gilligan, sostuvo que la renuncia de éste «no se trata de una decisión que tenga que ver con las convicciones» del gobierno, sino de una maniobra política y mediática «para que no se hable del ministro de Finanzas» Luis Caputo, quien fue denunciado «por algo más grave»: ser titular de un conglomerado de empresas en un paraíso fiscal.
Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo uruguayo, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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