Un Consejo Consultivo de maestros urbanos inició este viernes en La Paz la gran batalla por la educación fiscal y gratuita, rechazando el plan educativo del gobierno del presidente Evo Morales por considerarlo como atentatorio para el conjunto de la educación. Una huelga de 24 horas y grandes manifestaciones fueron programadas para el 11 de […]
Un Consejo Consultivo de maestros urbanos inició este viernes en La Paz la gran batalla por la educación fiscal y gratuita, rechazando el plan educativo del gobierno del presidente Evo Morales por considerarlo como atentatorio para el conjunto de la educación.
Una huelga de 24 horas y grandes manifestaciones fueron programadas para el 11 de agosto en el inicio de una lucha que los maestros consideran que será dura pero necesaria. En otras ciudades del país, las organizaciones de maestros también han convocado a protestas y marchas en busca de una ley que cambie la actual, de corte neoliberal, que fue impuesta por el Banco Mundial a espaldas de los maestros.
«El Consejo consultivo del magisterio urbano ratificó defensa de la educación fiscal y gratuita en Bolivia, rechazando los intentos gubernamentales de impulsar la descentralización, municipalización y privatización encubierta», informó el dirigente del radical magisterio de La Paz, José Luis Alvarez.
«Los maestros han decretado un paro contra ese proyecto de ley del gobierno que no es más que la ratificación de la maldita ley de reforma neoliberal», aseguró el profesor de tendencia trotskysta.
Otras exigencias del Consejo Consultivo, conformado por delegados de todas las escuelas fiscales de la ciudad de La Paz y sus provincias, son preservar la autonomía universitaria y todas las conquistas sociales y salariales del magisterio, amenazadas de ser eliminadas por el proyecto gubernamental.
«Estamos exigiendo también la renuncia del ministro de Educación, Félix Patzi, y exigiendo que el gobierno cumpla con todos sus compromisos con el Magisterio», agregó Alvarez, mientras las Universidades públicas y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) amenazaban con iniciar otras acciones de protesta exigiendo que se convoque a un nuevo Congreso educativo para la nueva ley.
El proyecto oficial
Desde la trinchera contraria, el gobierno logró en las últimas horas un acuerdo con la Iglesia Católica, manteniendo la obligatoriedad de la enseñanza de la materia de religión en la currícula escolar, desactivando así a uno de los sectores que se oponían a su proyecto.
En el tema educativo, el gobierno cuenta en su favor con un masivo apoyo en el campo, en las federaciones de campesinos e indígenas y de los sindicatos de maestros rurales que controla.
En su contra están los maestros urbanos, universitarios y otros gremios de la Central Obrera que tienen gran capacidad de movilización y protesta en las ciudades.
Desde el gobierno se considera que el proyecto aprobado en el II Congreso impulsará una educación descolonizadora, pluralista y participativa. El proyecto de ‘ley educativa plurinacional es hecho en Bolivia (…) Quiero decirles que ahora el pueblo se apropiará de la nueva ley para exigir su cumplimiento’, dijo el ministro Patzi al asegurar ‘que ahora empieza la fase más dura que es convertirla efectivamente en una ley y aplicarla con varias reglamentaciones’.
Críticas al proyecto gubernamental
En cambio, en el magisterio urbano, los principales cuestionamientos al proyecto de ley del gobierno de Evo Morales son los siguientes:
1. Es una ley similar a la ley 1565(de Reforma Educativa neoliberal, impuesta por el Banco Mundial), acentúa el carácter privatista de la educación, mantiene y favorece la existencia de los convenios Iglesia – Estado en detrimento de la educación única, gratuita y obligatoria.
2. Mantiene la regla de oro del Banco Mundial: sacar productos educativos en el menor tiempo posible y con el menor gasto económico, para que los estudiantes, rápidamente, sean lanzados al mercado laboral como mano de obra barata al servicio de la empresa privada y de las transnacionales. En esto consiste la educación ‘productiva’: eficacia, eficiencia y mayor rendimiento en la producción capitalista.
3. Condena a los estudiantes a continuar con una educación memorística, repetitiva, porque no da respuesta ni solución a la separación existente entre teoría y práctica en el proceso del conocimiento.
4. Postula una educación descolonizadora, sin expulsar a los colonizadores, contrariamente, el gobierno otorga plenas garantías jurídicas a las transnacionales colonizadoras y mantiene intacta la gran propiedad privada de los medios de producción, causa última para que la sociedad sea opresora, discriminadora, excluyente, etc. La colonización cultural es consecuencia de la colonización económica.
5. Se pretende implementar una educación ‘comunitaria’ sobre bases económicas falsas. En la ciudad, no existe la propiedad comunal y en el campo impera la propiedad parcelaria y la producción individual – familiar.
6. Inicialmente propone la educación laica, pero ante la presión de la iglesia, los gobernantes se declaran profundamente religiosos y ceden ante las escuelas de convenio dotándoles, incluso, de mayor cantidad de ítems. Cada persona tiene derecho a la libertad de culto y a creer en lo que considere conveniente, pero cuando se habla de la educación ‘laica’ se refiere a que la educación no es el espacio adecuado para impartir religión alguna. La educación debe ser científica, contraria al oscurantismo que pretende explicar los fenómenos sociales, naturales y culturales a través del dogma de la fe.
7. Mantiene la esencia de la ley de participación popular a través de la conformación de los Consejos Comunitarios con padres de familia y juntas vecinales para cumplir el mismo fin: convertirlos en verdugos de los maestros.
8. Es una ley antimagisterio porque atenta contra las conquistas sociales del sector: Escalafón, inamovilidad funcionaria, transformación de las Normales en Universidades pedagógicas, para convertir la carrera docente en profesión libre. Atenta contra la autonomía universitaria, suprime bonos al sector de provincias y de manera indirecta, a través de las autonomías departamentales, pretende descentralizar paulatinamente la educación única y nacional.