En columnas de indignados, maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), organizaciones sociales y populares, así como activistas de diverso signo, se movilizaron en las calles de la capital mexicana en repudio al uso de la fuerza de la Policía Federal (PF) que resultó con varios profesores heridos, detenidos y […]
En columnas de indignados, maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), organizaciones sociales y populares, así como activistas de diverso signo, se movilizaron en las calles de la capital mexicana en repudio al uso de la fuerza de la Policía Federal (PF) que resultó con varios profesores heridos, detenidos y desalojados de un plantón que sostenían en oposición a la contrarreforma educativa del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto.
La marcha salió desde el monumento de la Estela de Luz hacia el Monumento de la Revolución en la zona céntrica de la Ciudad de México. Se unieron a la actividad estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, sindicalistas electricistas del SME, el Movimiento de Jubilados y Pensionados, así como ciudadanos indignados por el uso del monopolio de la violencia estatal. Algunas otras manifestaciones de apoyo se realizan en varias plazas del interior de la República.
El pasado viernes 13, Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional de Seguridad, dio ultimátum a los maestros para desalojar la Plaza de la Constitución conocida como el Zócalo, en pleno centro de la ciudad. A las 4:00 p.m., tres mil 600 elementos de la corporación policial irrumpieron por calles aledañas para tomar el control del lugar, seguido por una cacería contra los manifestantes en operativos terrestres antimotines, helicópteros que sobrevolaron por la zona y rondines de tanquetas lanza agua de dispersión social.
Fueron atacadas mujeres como acusó una estudiante de ciencias médicas, maestros golpeados y heridos, y decenas de detenidos en el marco de una operación que revela el rostro represivo del Estado mexicano que encarna el derechista Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó por más de 70 años de manera ininterrumpida y volvió al poder después de 12 años de gobiernos panistas de ultraderecha.
Los maestros han convocado a retomar la Plaza de la Constitución y a reactivar un movimiento nacional contra la privatización de la educación básica; contra una reforma laboral desde adentro, es decir, la flexibilización laboral de los profesores; y contra la evaluación externa como una suerte de presión administrativa y gerencial de la enseñanza.
El titular del poder ejecutivo, Enrique Peña Nieto, presentó el 11 de diciembre pasado la reforma educativa y desde entonces el magisterio independiente mantiene movilizaciones sociales de oposición en todo el país.
Ante la represión de la que han sido objeto en los últimos días, los maestros se mantienen en alerta máxima. Para ellos es impostergable relanzar una política de alianzas, movilizaciones de calle más allá de su gremio y unirse al descontento generalizado en el país para revertir la campaña adversa del gobierno.
La Doctrina de la Contención
Ante escenarios de «caos social», los expertos en Seguridad Nacional e Inteligencia, Seguridad Hemisférica y Antiterrorismo, y Control de Poblaciones –elementos de la Nueva Doctrina de Seguridad Global– identifican a «actores», «agrupaciones» o «sujetos» en movimiento crítico, contestatario o progresista como «enemigos» del orden sistémico en un país, región o continente.
En México, la visión de enemigos del sistema se equipara a «enemigos del orden y la estabilidad». La Doctrina promovida por las agencias de seguridad estadunidense se practica ya en aquel país.
Tal es el ejemplo de la actual represión contra la CNTE, agrupación de maestros democráticos que al oponerse a la reforma educativa del gobierno priísta se convirtió inmediatamente en enemigo del sistema, por lo que es tratado bajo los parámetros de la contención social y la intolerancia estatal.
Esto significa que, como agrupación, los maestros están en la mira de las medidas tendientes a su desarticulación interna y externa para incorporarlos al sistema, diezmarlos, neutralizarlos o cooptarlos. En caso extremo, destruirlos.
Con la llegada de Peña Nieto, los sistemas de contención social se sofisticaron y trasmutaron en una suerte de legitimación del uso de la fuerza bruta de las corporaciones castrenses y policiales, desprestigiadas durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, y urgidas de solución por el Pentágono ante «la violencia e inseguridad por la que atraviesa México.»
En una renovada maniobra, el priísmo de nuevo cuño sacó sus garras de su época de oro en la cual los enemigos del sistema podrían ser quienes manifestaran oposición o desconcierto. En la actualidad, la represión adquirió formas legales y extralegales orientadas al control social, contención del descontento para la estabilidad del sistema.
La operación «Saldo Blanco», que tomó minutos para su ejecución y resultados inmediatos el viernes pasado contra los profesores de la CNTE, se inscribe en este contexto. Policías con formación militar y de reacción inmediata aplicaron tácticas de cerco, barrido y detención quirúrgica de elementos visibles e investigados previamente. No se trató de una detención masiva, sino de una detención deliberada contra algunos miembros, como táctica, y toma de control del territorio, como estrategia.
Bajo mecanismos de inteligencia, los policías estudiaron previamente los escenarios y asestaron el golpe. El gobierno activó un discurso «dialogante» en los medios, las cuales generalizaron una matriz de opinión adversa al movimiento magisterial colocándolo como «intransigente». Acusó a la CNTE de tolerar la «intromisión» de «actores ajenos al problema» y oponerse a una reforma «para los mexicanos», para «las nuevas generaciones» como justificó ante los medios el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Después vino el ultimátum público que buscó la manera de «blanquear» el uso de la fuerza estatal con el menor saldo negativo en el marco de las festividades de la Independencia. Una vez manipulada la opinión pública, el operativo se facturó. Elementos policiales, inteligencia, factor psicológico aéreo y terrestre integraron el operativo de contención social.
La represión alcanzó el nivel de dispersión del movimiento y des-territorialización del mismo, aunque éste no fue derrotado.
El factor Mondragón
Manuel Mondragón y Kalb fue el orquestador de la represión «Saldo Blanco» contra los maestros disidentes. A este personaje de la política mexicana se le recuerda por la responsabilidad de la represión contra el movimiento social opuesto a Peña Nieto en su toma de posesión del cargo como Presidente de la República el pasado 1 de diciembre de 2012.
Ese mismo día, Mondragón tomó también formalmente el cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Había dejado tras de sí un plan operativo en la ciudad de México como encargado de la seguridad pública local coordinado con el Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal. Es decir, él estuvo antes, durante y después del operativo montado con 20 mil efectivos de todas las corporaciones que reprimió las manifestaciones civiles y populares.
Como hombre de Estado, Mondragón es reciclado de la filas navales. Es Contralmirante de la Armada de México, es decir, proviene de las filas castrenses y hoy toma decisiones de seguridad pública. Representa a esa camada de soldados y marinos que han migrado de las actividades militares hacia las actividades civiles de seguridad.
En febrero de este año fue elegido como Comisionado Nacional de Seguridad Pública. Una de sus primeras declaraciones en su nuevo cargo fue dirigida a las organizaciones populares de auto defensa, las llamadas policías comunitarias que velan por la seguridad de los pobladores contra el crimen organizado y que surgieron en el país a raíz de la violencia de agrupaciones del narcotráfico, secuestradores y paramilitares que acosaban a las poblaciones de Michoacán y Guerrero, entre otros lugares.
Mondragón los calificó como «grupúsculos que no pueden significar un país y calificarlo de un país violento o un país ingobernable».
El mensaje fue claro: aplicar mecanismos de disolución y contención social contra las organizaciones comunitarias. México, dijo, «es un país que está con toda la gobernabilidad, la gobernabilidad absoluta, y naturalmente nosotros tenemos como puntos especiales, como puntos gatillo, focos rojitos que se prenden, a resolverlos», expresó el funcionario federal.
En la IX Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario en agosto de este año, se comprometió a fortalecer el sistema de prisiones del país bajo la doctrina en boga. Allí estuvieron presentes los encargados de la seguridad del país y el coordinador del Programa del Plan Mérida para el sistema penitenciario nacional, el diplomático estadunidense David Anthony Carochi.
Previo a esta actividad, Mondragón ya había afirmado que con la presencia de agentes de seguridad estadunidense en México se materializa un mecanismo de coordinación «adecuado». Además de la presencia de la DEA, FBI y otros organismos de inteligencia de los Estados Unidos, los asesoramientos sobre seguridad forman parte de los protocolos políticos de «entendimiento».
Diez días después de la IX Conferencia, anunció la creación de la Gendarmería Nacional con el fin de controlar territorios de poblaciones rurales. La extensión de los órganos de seguridad para llegar a realizar acciones de inteligencia, monitoreo, contención y reacción inmediata si fuera necesario, no se hizo esperar. Para 2014 estaría en funciones la nueva corporación policial.
Defensores de los derechos humanos levantan un dosier sobre la trayectoria del Comisionado, el cual se remonta desde los años 70, cuando se registra como proveedor de servicios de Tae Kwon Do y otras artes marciales para la extinta y temible Dirección Federal de Seguridad, la cual fue base de operaciones para la desaparición de militantes políticos opositores al régimen del PRI.
El PRI y el Estado autoritario
La vuelta del PRI al gobierno con Peña Nieto representa el ascenso y ejecución de la Doctrina de la Contención Social que tiene como fin la estabilidad del sistema. Bajo esta sombrilla ideológica policial, todos los movimientos sociales de diversa concepción, historia y actuación son catalogados como enemigos.
Se trata de un escalamiento de las prácticas autoritarias que se han venido fraguando en años. La represión contra los estudiantes de la UNAM en 1999 con el uso de la Policía Federal Preventiva, la represión con esta misma corporación a la población de Atenco en mayo de 2006 y la represión contra la APPO a finales de ese mismo año forman los antecedentes de la cacería contra los maestros de la CNTE.
Además se mantiene la guerra de contrainsurgencia en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y otros sitios como la tenaza militar de la contención.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.