Como expresión del amplio descontento social, la crisis del gobierno panista y la disposición de lucha de crecientes núcleos del pueblo poblano, el 10 de agosto pasado tuvo lugar en la capital estatal una gran manifestación de más de 10 mil ciudadanos y adolescentes contra el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, con la participación de […]
Como expresión del amplio descontento social, la crisis del gobierno panista y la disposición de lucha de crecientes núcleos del pueblo poblano, el 10 de agosto pasado tuvo lugar en la capital estatal una gran manifestación de más de 10 mil ciudadanos y adolescentes contra el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, con la participación de varios municipios y contingentes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Consejo Democrático Magisterial Poblano, el Movimiento Nacional Los de Abajo, el Movimiento de Alternativa Social, la Sociedad de Cooperativas Tosepan Titataniske, la Brigada del 68, el Movimiento Regeneración Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y decenas de organizaciones sociales y políticas más, bajo consignas unitarias y con un claro y definido carácter político. Puede afirmarse, sin la más mínima exageración, que está en juego la gubernatura de un politicastro represivo del Partido Acción Nacional, con lo que se repetiría, en nuevas condiciones, la renuncia al cargo de su abuelo priista homónimo ocurrida en 1972.
Hastiados del gobierno despótico y oligárquico de Rafael Moreno Valle Rosas, los poblanos deseosos de alcanzar la democracia salieron a la calle bajo las siguientes demandas: libertad a los presos políticos y retiro de cargos; respeto y certeza jurídica para los mototaxistas; recontratación de los trabajadores despedidos del Hospital del Niño Poblano; respeto a los afectados por el Proyecto Integral Morelos, del gasoducto, y su cancelación; revocación de las concesiones del Sistema Operador de Agua Potable en Puebla, y alto a la entrega del agua a la iniciativa privada; no a la privatización del alumbrado público; transparencia en el manejo de recursos y bienes públicos; devolución del registro civil a las juntas auxiliares y derogación de la Ley Bala, la Ley de Transporte y de las reformas a la Ley de Expropiación, hermanadas todas estas reivindicaciones con los objetivos centrales de exigir juicio político al gobernador, destitución del secretario General de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública y el Procurador General de Justicia del Estado, y, como síntesis y culminación de la actual lucha, la desaparición de poderes en la entidad.
Como sucede en casos similares, el alto contenido político de la gran marcha influyó de inmediato a la sociedad poblana en general, y no sólo a la de la ciudad capital. Los puntos programáticos del singular acto de masas tendieron a extenderse al grueso de la población estatal.
La iniciativa de los manifestantes fue notoria. Así, llevaron una gigantesca manta con las fotos de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, asesinado por una bala de goma disparada por la policía, y otros heridos del 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, con el letrero «Herman@s Mexican@s esto no es Gaza, es Puebla». Las consignas coreadas se combinaban a la perfección con las demandas enarboladas. Los carteles escritos reflejaban las preocupaciones de la población agredida en sus ingresos, sus prestaciones sociales, sus libertades y su orgullo nacional por el neoliberalismo blanquiazul y tricolor: «Libertad a los presos políticos», «Góber Bala no más muerte, ni represión», «No a la privatización del agua», «Las comunidades indígenas exigimos respeto y consulta ciudadana», y «No a los proyectos de muerte«. Estos letreros son más claros y contundentes que muchos rollos de café.
En la memoria de los dirigentes, cuadros y militantes del movimiento obrero, campesino y popular del estado de Puebla están presentes las grandes acciones de masas de las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX contra gobernadores atrabiliarios, derechistas y autoritarios, a favor de los derechos democráticos y el bienestar popular. Por ello, los graves asesinatos acaecidos durante la gestión de Moreno Valle son denunciados y combatidos, como el de Óscar Samuel Malpica Uribe, ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla, historiador del movimiento obrero local y militante destacado de la izquierda política, y el de Antonio Esteban Cruz, dirigente nahua de la Sierra Norte de Puebla y cuadro destacado del movimiento campesino nacional. Los casos de represión política, intermitentes a lo largo del mandato del gobernador panista, son puestos al desnudo.
La gran manifestación aprobó un pronunciamiento muy interesante, que señala entre otras cuestiones: «El estado de Puebla vive un momento de alta vulnerabilidad social y política como consecuencia del gradual y constante crecimiento del autoritarismo del Poder Ejecutivo y la ausencia de equilibrios y contrapesos que deberían ejercer los poderes Legislativo y Judicial». Para enfrentar esta situación, han nacido, se han desarrollado y crecen el descontento del pueblo y la lucha por imponer un rumbo distinto a la entidad.
Precisa el documento: «Sin temor a equivocarnos, podemos señalar que nuestro estado vive una crisis política y social sin precedentes«. Esta conclusión es fundamental y puede facilitar, si se procesa una orientación adecuada, la movilización necesaria y de gran amplitud que logre poner en pie los instrumentos organizativos indispensables para hacer desaparecer los poderes del estado.
Con claridad, el texto aprobado informa: «La libertad de expresión y de manifestación están en peligro de desaparecer. El gobierno de Moreno Valle ha establecido una política para exterminar a los medios de comunicación que le son incómodos, persiguiendo periodistas por la vía civil o atacando cibernéticamente sus portales…»
El pronunciamiento sostiene que de 2011 a 2013, la pobreza creció en un 7.2 por ciento y la marginación 5.7 por ciento, lo que ubica a Puebla como la tercera entidad más pobre de la República. Y concluye: «Mientras esto ocurre, el gasto en obras faraónicas se multiplica, dejando a la entidad endeudada para los siguientes 30 años».
El gobierno opresor de Puebla impone ceses injustificados; ataques a organizaciones sociales, destrucción de sindicatos y persecución de campesinos y dueños de mototaxis; asesinatos de líderes indígenas, campesinos y populares; proyectos extrativistas, ecocidas y de liquidación de bienes naturales, culturales y religiosos de los pueblos indios; 17 iniciativas de ley que le otorgan «total impunidad» al Ejecutivo estatal, siendo aprobadas sin debate ni oposición por «un Congreso servil». Con excepciones notables, los diputados locales destacan como agachones, levantadedos y corruptos.
El documento establece: «El saldo del autoritarismo de Rafael Moreno Valle y su gobierno es desolador para una población que albergaba la esperanza de alcanzar con el ‘cambio’ [gubernamental] una vida social con paz y libertad».
De acuerdo con las condiciones descritas, puede sostenerse que el ambiente político en el estado de Puebla tiende a calentarse. De las luchas parciales, sectoriales y gremiales se está transitando, con rapidez, a la lucha general por alcanzar la convivencia democrática de los poblanos y eliminar el autoritarismo de los nefastos «estadistas» albicelestes. Para avanzar en este sentido, se levantan las demandas de derogación de las leyes antidemocráticas, cancelación de las órdenes de aprehensión, libertad a presos políticos, esclarecimiento del asesinato de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y las agresiones contra los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, respeto a los derechos de reunión, expresión y manifestación. Como resultado lógico, se exige juicio político a Rafael Moreno Valle Rosas; destitución de los secretarios General de Gobierno y el de Seguridad Pública, así como del Procurador del Estado, y desaparición de poderes en el agitado estado mediterráneo.
Rafael Moreno Valle Rosas se ha conquistado a pulso el repudio popular, por lo que bien merece su jubilación anticipada. De esta manera, prestaría un buen servicio a la ciudadanía poblana. No sería correcto empecinarse en otra cosa, para no empeorar la situación política de la entidad.
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