Las instituciones y organizaciones sociales que suscribimos el presente manifiesto denunciamos: 1. – El carácter antinacional del Proyecto de Ley de Hidrocarburos presentado al país por el Presidente Mesa en fecha 30 de julio de 2004, sustentado en el engaño que supusieron las preguntas del referéndum del 18 de julio pasado. El 18 de julio […]
Las instituciones y organizaciones sociales que suscribimos el presente manifiesto denunciamos:
1. – El carácter antinacional del Proyecto de Ley de Hidrocarburos presentado al país por el Presidente Mesa en fecha 30 de julio de 2004, sustentado en el engaño que supusieron las preguntas del referéndum del 18 de julio pasado. El 18 de julio no se preguntó al pueblo boliviano si estaba o no de acuerdo con recuperar para el Estado nacional el dominio efectivo y directo sobre la explotación de sus hidrocarburos, o si por el contrario, estaba de acuerdo con la continuidad del monopolio transnacional, como se ratifica en el mencionado proyecto.
2. – Ese carácter antinacional, se demuestra en los artículos 4 y 27 del Proyecto de Mesa, según los cuales la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo y la conversión de los contratos de riesgo compartido mediante los cuales se han entregado la totalidad de las reservas de hidrocarburos, se determinará «en las formas y condiciones a establecerse mediante reglamento». El tema de la propiedad de los hidrocarburos y la explotación de sus reservas, no puede depender de un «reglamento» elaborado por el gobierno de turno para evadir el cumplimiento del artículo 139 de la CPE, como se hizo, desde 1985, con los Decretos Supremos 21060 y 24806, con la Ley de Capitalización y con las leyes 1689 y 1731, que privatizaron los hidrocarburos a espaldas del pueblo. En la misma línea, se omite toda regulación relativa a futuros contratos, lo que implica que la misma se adoptará en el secreto, la oscuridad y corrupción existentes hasta ahora.
3. – El Proyecto de Mesa, en su artículo 5, consolida la grave violación al artículo 139 de la Carta Magna, al privar a YPFB de la potestad de intervenir directamente e independientemente en toda la cadena productiva de los hidrocarburos.
4. – En el inciso 3 del artículo 5 de su Proyecto de Ley, Mesa agrede al pueblo boliviano, con la alevosía y cinismo propios del más genuino gonismo, al distorsionar de manera flagrante su propio compromiso expresado en la pregunta 3 del referéndum. La pregunta proponía «refundar YPFB, recuperando la PROPIEDAD ESTATAL de las acciones de los bolivianos en las empresas capitalizadas». El Proyecto determina que las AFPs, además de conservar control de las acciones en las petroleras capitalizadas, amplíen ese control sobre YPFB SAM.
5. – Del histórico YPFB fundado sobre la heroica defensa del petróleo en las arenas del Chaco, no quedará ni el nombre, ya que el historiador pretende borrar la memoria histórica del pueblo boliviano cambiándole el nombre por el de YPFA (autárquico)
6. – El Proyecto agrava los riesgos de disgregación nacional al introducir la forma de pago de regalías diferenciadas en función de los precios de comercialización de cada departamento.
7. – El pueblo boliviano necesita de una Ley que permita al Estado elaborar una estrategia nacional de hidrocarburos para construir su propio destino. Lo anterior es posible anulando los contratos incumplidos por las petroleras al perforar sólo 9 pozos en las 104 parcelas en poder de las transnacionales. YPFB debe recuperar su patrimonio y capacidad operativa, así como sus gasoductos, oleoductos y poliductos, debido a que la empresa Transredes, integrada por ENRON y Shell, dos empresas delincuentes, incurrieron en el delito de contrabando a Cuiaba, repitiendo la conducta delincuencial por la que la Standard Oil fue expulsada de Bolivia, en 1937. También debe recuperar las acciones abusivamente entregadas a la ENRON en el gasoducto al Brasil. La industrialización del gas debe obedecer a una estrategia de desarrollo nacional y no sólo un supuesto fomento, carente de objetivos y perspectivas.
La batalla de los hidrocarburos continúa hasta cumplir la voluntad popular de nacionalización del gas y petróleo.
Coordinadora de Defensa del Gas