El pasado viernes 22 de septiembre, a escasos tres días del terremoto que sacudiera la ciudad de México, así como amplias zonas de Morelos, Puebla y Oaxaca, el caos en las redes sociales era general. Difícilmente podían diferenciarse los hechos de la confusión y la información errónea. Por todos lados saltaban publicaciones pidiendo que se […]
El pasado viernes 22 de septiembre, a escasos tres días del terremoto que sacudiera la ciudad de México, así como amplias zonas de Morelos, Puebla y Oaxaca, el caos en las redes sociales era general. Difícilmente podían diferenciarse los hechos de la confusión y la información errónea. Por todos lados saltaban publicaciones pidiendo que se corroborara la información antes de compartirse. Para los que no estábamos en la zona del desastre, estos llamados a la prudencia nos dejaron mudos: nadie quiere contribuir al caos, mucho menos ante tal emergencia. De ese modo, pusimos nuestra confianza en las noticias buenas y malas que iban apareciendo en el muro de quienes tenían la seguridad de compartirlas; escuchamos la radio, leímos los periódicos y estuvimos al pendiente de los reportes noticiosos en streaming. Varias cosas sobresalían ante nuestra frustración e impotencia: el robo y apropiación de víveres donados por la ciudadanía, con la intención de etiquetarlos en provecho de intereses políticos; la falta de efectividad, por parte de las autoridades responsables, para atender a las poblaciones más alejadas y el intento, por parte de organismos de gobierno, de proceder a la demolición en sitios donde aún había esperanza de vida.
A este último punto es a donde quiero señalar con estas lineas, pues, a pesar de que ya he visto la denuncia en voz de importantes figuras del análisis político en los medios nacionales, la inquietud de los protagonistas de esta tragedia, los civiles, los rescatistas, los ciudadanos de a pié, es a favor de que se sigan alzando las voces y no se permita que la impunidad ante estos hechos. Así me lo han hecho saber, personas cercanas a mí, que estuvieron presentes frente el atropello que tuvo lugar en las calles de Bolivar y Chimalpopoca, donde se presume que una fabrica de ropa operaba de forma ilegal, sometiendo a explotación a trabajadores de procedencia coreana. Rescatistas del grupo «Topos» junto con voluntarios que se sumaron de manera solidaria, afirmaban que, bajo los escombros de dicho edificio, había aún personas atrapadas y con vida, sin embargo sus razones fueron ignoradas y, por órdenes de la Policía Federal, se procedió a la introducción de maquinaria pesada para arrasar el terreno, dejando sin oportunidad a los posibles sobrevivientes.
Ante la amenaza de la maquinaria, la sociedad civil ahí presente, trató de oponer resistencia, por lo que fueron encapsulados por granaderos para impedir su acción. Al mismo tiempo, los voluntarios que acudían al llamado de auxilio lanzado a través de las redes sociales, fueron impedidos del paso en retenes y acordonamientos de la zona, supuestamente colocados en favor de las labores de rescate, pero que sólo sirvieron para mantener el escenario bajo control de los aparatos gubernamentales.
Lo que narro aquí, es lo que me han contado personas cercanas a mí, que estuvieron presentes durante aquellos sucesos. Lo que hago es trascribir sus palabras y angustias para darlas a conocer de manera pública. El siguiente video fue publicado en la red social Facebook, por una brigada feminista que, al ser encapsulada por un escuadrón del cuerpo de granaderos, miró con impotencia el transcurso de los hechos: https://www.facebook.com/
Estas denuncias tienen eco en los reportes sobre el mismo caso, que se han hecho en innumerables medios, así como otros casos como el del colegio Rebsamen que, junto con el aquí descrito, parecen ecos siniestros de las tragedias pasadas: la fabrica que dejó atrapadas a cientos de costureras en el terremoto del 85 y la negligencia que cobró la vida de 72 niños en la guardería ABC.
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