Cientos de miles de personas marcharon este miércoles en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, en una jornada de lucha por «tierra, techo y trabajo, contra el hambre y los tarifazos, y para exigir que sea declarada la emergencia alimentaria, en medio de una profunda crisis económico social, alentada por los planes impuestos al […]
Cientos de miles de personas marcharon este miércoles en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, en una jornada de lucha por «tierra, techo y trabajo, contra el hambre y los tarifazos, y para exigir que sea declarada la emergencia alimentaria, en medio de una profunda crisis económico social, alentada por los planes impuestos al gobierno de Mauricio Macri por el Fondo Monetario Internacional.
«Hay hechos dramáticos, difíciles de contar. Miles de pequeñas y medianas empresas están bajando la persiana: son los principales lugares de empleo y cierran. Si las tarifas se volvieron imposibles de pagar para la clase media, imaginen qué pasa con nuestros compañeros en los barrios de la periferia», señaló el titular de la CTEP, Esteban Castro.
La marcha en la capital argentina (calculada en unas 200 mil personas por los organizadores) llegó al despacho de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien acusó a los movimientos sociales de usar «métodos extorsivos», tras admitir que el índice de pobreza oficial volverá a subir en marzo. Castro indicó que habrá más ajustes y aumentará la cifra de indigentes en el país, y que «la única salida que tenemos es engancharnos de la luz y eso nos pone en el lugar de la marginalidad»,
La manifestación fue convocada por los movimientos sociales, encabezados por Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) -cercana al papa Francisco-, la Corriente Clasista y Combativa y otros como la Federación Nacional Territorial que integra la Central de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma). No se sumaron a la convocatoria organizaciones peronistas.
Las exigencias de los movimientos incluyen que se dicte la ley de emergencia alimentaria -ante la dramática situación en barrios y comedores populares rebasados por la cantidad de familias que se acogen a la solidaridad del pueblo, curas y maestros-, aumentar los proyectos sociales, repudio a «los impagables tarifazos» y a la dependencia del gobierno de los dictados del Fondo Monetario Internacional, que acaba de pedir más ajustes en medio del drama de la vida cotidiana y los despidos.
Las organizaciones plantearon que es urgente que el Estado refuerce el envío de alimentos a los comedores porque el hambre ya está instalada como problema, exigieron un aumento para el monto del salario social complementario, y un incremento de la Asignación Universal por Hijo. También reclamaron que se impulsen las propuestas incluidas en cuatro proyectos de ley presentados al Congreso (de Emergencia alimentaria, Infraestructura social, Agricultura familiar y Emergencia en adicciones) y bloqueados por el oficialismo.
El proyecto más acuciante es el que promueve la declaración de la Emergencia Alimentaria Nacional, con la creación de un Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumento para garantizar la comida a los niños de hasta 16 años. El 42 por ciento de los chicos que asisten a comedores en el cono urbano bonaerense padecen alguna variante de malnutrición, como obesidad o sobrepeso.
De la batería de proyectos que presentaron los movimientos sociales, solo se aprobó el de la urbanización de los barrios populares relevados en todo el país, que debería otorgar un certificado de titularidad a los propietarios de las casas allí levantadas. Sin embargo, su falta de implementación tiene en vilo a miles de familias frente a los desalojos. La ministra también tiene congelado el 25% de la obra pública que se realicen en esos barrios y que estaban destinadas a las cooperativas formadas por los mismos pobladores
«El hambre ha regresado a los barrios y consideramos que es el peor año desde la crisis que nadie olvida en 2001, cuando el país se derrumbó», sostuvo Daniel Menéndez, de Barrios de Pie., Los dirigentes destacaron la unidad lograda este día y la simultaneidad en las expresiones de lucha en todos el país, donde han retornado los trueques, como durante el estallido social de 2001-2002, «pero esto lo esconden los medios progubernamentales, aunque ya se sabe en el mundo».
Mientras el presidente Mauricio Macri insiste en negar la gravedad de la situación, la industria trabajó en diciembre pasado a sólo 56.6 por ciento de su capacidad instalada, el nivel más bajo desde julio de 2002, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Miguel Acevedo, presidente de la empresarial Unión Industrial Argentina, sostuvo que la actividad «continuará en caída» y que no ve una «recuperación en el corto plazo, sino al contrario, creemos que la caída continuará este primer semestre.
Ariel Aguilar, vicepresidente de la Confederación General Empresaria, indicó que la deuda impositiva de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que están cerrando por miles cada mes «la generó la política económica del gobierno» y pidió una moratoria «en serio» para que las mismas puedan pagar, recordando que en 2017 más de 150 mil Pymes sufrieron embargos de la Agencia Federal de Impuestos Públicos y este número ha crecido 30 por ciento. Más de 2 mil 800 negocios han cerrado sus puertas sólo en el primer mes del año en esta capital y la ciudad de La Plata.
La presencia de dirigentes sindicales como Roberto Baradel (de los docentes), Hugo Godoy (estatales), Juan Carlos Schmid (transporte), Héctor Amichetti (gráficos) dio cuenta de la adhesión de las CTA, la Corriente Federal y la Confederación del Transporte. También estuvo Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y el Movimiento Misioneros de Francisco.
La respuesta del gobierno macrista de la Ciudad de Buenos Aires a la marcha de las organizaciones sociales contra las políticas de hambre, fue la realización de multas a los 95 autobuses que transportaron a los manifestantes, por «transporte indebido», y por estar mal estacionados sobre la Avenida 9 de Julio e inmediaciones.
Y, el diputado provincial de la Coalición Cívica, Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley para despojar de los planes sociales a todas las personas o agrupaciones que, durante los piquetes, corten el tránsito o dañen el espacio público.
Rodolfo Koé Gutiérrez. Periodista económico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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