La decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de analizar y resolver si el congreso de Veracruz debe despenalizar el aborto, evidenciará la existencia de marcos normativos que violentan los derechos sexuales y reproductivos, a la salud y a la vida de las veracruzanas, aseguró la abogada […]
La decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de analizar y resolver si el congreso de Veracruz debe despenalizar el aborto, evidenciará la existencia de marcos normativos que violentan los derechos sexuales y reproductivos, a la salud y a la vida de las veracruzanas, aseguró la abogada Esmeralda Lecxiur Ferreira.
Respecto a la trascendencia de la resolución que dará la Primera Sala de la Corte, la abogada de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), Lecxiur Ferreira, destacó en conferencia de prensa que se vuelve colocar al aborto como un tema de relevancia nacional, pues es la segunda ocasión que el máximo tribunal trata la procedencia de una reforma al Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo.
Doce años atrás la Suprema Corte determinó la constitucionalidad de las reformas hechas por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Código Penal y la Ley de Salud locales, donde se asentó el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación en la capital del país.
En ese momento, ante las acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, la Corte dejó en claro que el aborto se trata de un tema de justicia social pues las leyes deben beneficiar a las mujeres, sobre todo aquellas en condiciones de pobreza asegurarles servicios de salud seguros, y reconoció el derecho de las niñas a no ser madres.
Desde aquel fallo histórico en la Ciudad de México la Corte ha resuelto sólo amparos particulares en los que se han negado interrupciones de embarazos en casos de violaciones sexuales o cuando está de por medio la salud de las mujeres, más no había analizado reformas a leyes sobre el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre continuar un embarazo o no.
Esta ocasión, la Primera Sala de la SCJN informó que ejerció su facultad de atracción de un amparo indirecto (1191/2018) que promovieron organizaciones civiles, con ello analizará si el congreso de Veracruz tiene un mandato expreso de despenalizar el aborto del Código Penal local como lo indica una de las recomendaciones establecidas en el decreto de Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado.
De acuerdo con la abogada integrante de Mexfam, lo que determine la Primera Sala es de trascendencia nacional porque hablará de la obligación que tienen las entidades federativas de eliminar los marcos normativos que obstaculizan a las mujeres y niñas acceder a sus derechos sexuales y reproductivos.
Recomendaciones que han hecho insistentemente a México organismos internacionales como el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés); armonizar legislaciones estatales y federales entorno al aborto.
El amparo ante la SCJN lo interpusieron las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, Justicia, Derecho Humanos y Género, Mexfam, entre otras colectivas feministas estatales, quienes entre embates contra grupos conservadores y legisladores de Veracruz han intentado que se cumpla la AVG de Agravio Comparado que decretó en diciembre de 2017 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
En este sentido la abogada recordó que, aunque no existe fecha para la discusión en la Corte, el proceso de resolución del amparo no suspende las acciones que tienen que cumplir las autoridades de Veracruz con la AVG, es decir, por parte del poder legislativo todavía tienen la oportunidad de despenalizar el aborto.
Cabe recordar que el congreso de Veracruz desechó un proyecto de reforma para despenalizar el aborto en cumplimiento con la AVG, alegando que violentaba el artículo 4to constitucional donde «se protege la vida desde el momento de la concepción» y que las recomendaciones derivadas de la AVG rebasaban la soberanía del estado.
La abogada indicó que el poder Legislativo no puede abstraerse de las obligaciones que tiene el Estado mexicano con los Derechos Humanos de las mujeres.
Además de la reforma para el acceso al aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, otras de las modificaciones que demandó la Conavim al congreso de Veracruz, fue ampliar la causal salud y eliminar el límite de 90 días para interrumpir un embarazo resultado de una violación sexual indicado en el Código Penal.
La abogada añadió en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Veracruz, que también está en juego con la resolución que la SCJN, si las Alertas de Violencia de Género son un mecanismo que puede generar obligaciones a las autoridades estatales.