Distintas organizaciones sociales se manifestaron en las calles de la Ciudad de Buenos Aires el martes y miércoles en reclamo por la delicada situación económica del país. Hubo críticas contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y también cortes en más de 100 puntos del país el miércoles.
El martes la Coordinadora por el Cambio Social, el MST Teresa Vive y Libres del Sur se reunieron a partir de las 10:00 en el Obelisco. Fue el punto de encuentro para trasladar el reclamo por alimentos y herramientas al ministerio de Desarrollo Social.
“En el marco del ajuste que profundiza el Gobierno nacional por exigencia del FMI, y que golpea a la población más empobrecida, nos movilizamos para reclamar la regularización en la entrega de alimentos y de herramientas para los espacios de trabajo”, dijeron las organizaciones piqueteras.
En el mismo comunicado, recordaron la muerte de una beba ocurrida la semana pasada en cercanías a la Casa Rosada. “Ni Larreta ni Alberto pueden explicar la muerte de una niña en plena Plaza de Mayo. La pobreza crece y la inflación de los alimentos, que acumula un 31% solo en el primer trimestre, se suman al plan de recortes de la política social que ejecuta Tolosa Paz”, se quejaron.
Con el último dato de la pobreza fresco, Unidad Piquetera volvió a las calles reclamando mejores situaciones económicas en medio de un inflación creciente y una caída estrepitosa de los salarios.
“El Indec publicó los datos correspondientes a los índices de pobreza e indigencia del segundo semestre del 2022, con un salto del 36,5 al 39,2% de pobres y una consolidación de 8,1% de indigentes. Las políticas de ajuste del gobierno y el FMI sumaron más de un millón de pobres en seis meses, ascendiendo a un total de 18 millones y 3,7 millones de indigentes”, expresaron en un comunicado desde el Polo Obrero.
El llamado “piquetazo nacional” también apunta, al igual que la protesta de este martes, contra la ministra de Desarrollo Social. “Tolosa Paz: de la mesa del hambre al hambre en la mesa”, reza una de las consignas piqueteras. El dirigente Eduardo Belliboni confirmó que la marcha no será con acampe.
Entre las provincias incluidas en los cortes se encontraron Buenos Aires, San Juan, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta y Tierra del Fuego.
Además, estuvieron cortados al menos seis accesos a la Ciudad de Buenos Aires: Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Panamericana y 197, General Paz y Ruta 3, Autopista La Plata y Acceso Oeste.
La pobreza afectó a 18,2 millones de personas
El índice de pobreza alcanzó al 39,2% de la población económicamente activa al cierre del segundo semestre del pasado año, por encima del 37,3% de igual período del 2021, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, el índice de indigencia, entendida esta como la porción de pobres cuyos ingresos no alcanzan para comprar la cantidad mínima de alimentos para subsistir, se ubicó en 8,1% entre julio y septiembre del año pasado, frente al 8,8 % de igual período del 2021.
En lo que respecta al primer semestre de 2022, cuando el índice de pobreza fue de 36,5%, el 39,2% del segundo semestre también fue mayor.
En tanto, el nivel de indigencia casi no registró variantes ya que en el segundo semestre terminó en 8,1% contra el 8,2% del primer semestre.
Con una población estimada en 46,2 millones de habitantes, estas cifras implican que 18,1 millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza, y dentro de ellos 3,7 millones son indigentes.
El Indec dio cuenta que la pobreza afecta más al grupo etario comprendido entre 30 y 64 años, con un nivel del 37,8%, y entre los recién nacidos y adolescentes de hasta 14 años, con el 31,7%.
Algo similar ocurre con los indigentes, donde los mayores de entre 30 y 64 años explican el 36,7% de los comprendidos dentro del índice de pobreza.
Este aumento en la tasa de pobreza se dio en medio de una inflación del 94,8% en 2022, con un crecimiento del 5,1% de la economía, y una tasa de desocupación que bajó del 7% a finales del 2021, al 6,3% en 2022.
Nuevo hachazo contra el “Potenciar Trabajo”
El último documento oficial enviado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina confirma la hoja de ruta para el gobierno que no es otra que el incremento del ajuste en curso, lo cual queda certificado en restricciones en la moratoria jubilatoria, un fuerte aumento de tarifas, una reducción fiscal del 1,9%, entre otros.
Un punto obligado de los últimos informes del FMI tiene que ver con la asistencia social, sobre la cual plantea una reducción del 0.7% para este 2023 (lo que llaman “simplificar la asistencia social”). Varios fragmentos del texto apuntan a la situación del Potenciar Trabajo (PT), programa que, si bien no llega ni al 1% del PBI, se erige como el caballito de batalla simbólico que se utiliza para legitimar el ajuste en curso. ¿Qué dice el informe en cuestión respecto a los programas de empleo?
“Mejorar la calidad y la focalización del gasto social sigue siendo una prioridad. Esfuerzos para fortalecer la focalización del programa insignia de empleo social (Potenciar Trabajo) debe continuar. Tras una auditoría reciente, alrededor de 97.000 reclamantes no elegibles fueron suspendidos del programa, mientras que ahora se espera que otros 400.000 beneficiarios vuelvan a ingresar al mercado laboral, y otros 500.000 para volver a matricularse en la escuela”.
En principio cabe preguntarse de dónde sale que 400.000 beneficiarios de planes sociales ingresarían al mercado laboral y por qué esa mención queda atada a las casi 100.000 personas recortadas. Más allá de las especulaciones, el FMI estima que de una u otra forma hay un 30% del PT que se caerá del padrón total (1.268.000 de personas) en un futuro próximo.
Siguiendo la línea del informe, se sostiene: “Mientras tanto, tras una rápida expansión de la asistencia durante la pandemia y los aumentos de precios de los alimentos del año pasado, una evaluación integral de programas de apoyo social (finales de marzo de 2023) está identificando el potencial para reducir el programa de superposiciones, incluso limitando los beneficios de asistencia social totales para aquellos que reciben otros beneficios sociales, transferencias iguales o inferiores al salario mínimo para fomentar la entrada en el mercado laboral formal».
Aquí se devela otra forma del ajuste. En diciembre del año pasado, el gobierno nacional tenía listo un decreto que finalmente no salió a la cancha, y que planteaba reducir “gastos” evitando que una persona que percibe un PT, por ejemplo, pueda cobrar la AUH, Tarjeta Alimentar u otra asistencia social.
La Nación dio de baja 1.168 Potenciar Trabajo a pueblos originarios de El Impenetrable
El trabajo de relevamiento parcial, de beneficiaros del Programa Potenciar Trabajo en El Impenetrable, que no cobraron el mes de marzo o cobraron la mitad del monto, arrojó el siguiente resultado: se cayeron 1.168 programas, prácticamente todos, que corresponden a personas de Pueblos Originarios Wichí y Qom de Misión Nueva Pompeya (184), Comandancia Frías (68), El Sauzal (177), El Sauzalito (343), Tartagal (56), Fortín Belgrano (35), Tres Pozos (75), El Vizcachera (66), Wichí el Pintado (139), El Sevilar (7), Techatt (4), Quinta 4 y 17 (1), Chara 66/2 (1), Miraflores (5), Chacra 27 (1), Villa Río Bermejito (3), Pampa Argentina (2), y Quinta 24 (1).
Se trata de Programas de Construcción de Centros Comunitarios, ladrillerías, pozos de agua y merenderos, entre otros, que no han podido actualizar los datos exigidos por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación mediante la aplicación «Mi Argentina», y que han sido insistentemente reclamados desde el mes de Noviembre por la CCC, FNC y el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha al mencionado Ministerio, y al gobierno provincial, para que gestione la resolución del conflicto, fundamentando la falta de conectividad y las distancias de los parajes rurales y entregando los listados de beneficiarios con datos completos.
Cabe destacar que en Sauzalito se realizó un operativo Municipal en el que se actualizaron unos cincuenta programas
y aun así tampoco cobraron.
En Misión Nueva Pompeya y los demás parajes, no hubo operativos municipales para actualizar los programas.
La
Ministra Victoria Tolosa Paz, se comprometió
en la visita presidencial a El Impenetrable, el pasado 1° de febrero a
proteger el listado enviado por las organizaciones, implementar un
sistema de actualización más flexible y prorrogar las veces que sea
necesario hasta que todos se actualicen. No cumplió
ninguna.
Llama la atención, que en el mes de febrero, cuando los beneficiarios tampoco habían podido actualizar sus datos, se liquidaron los fondos de todas formas. Sin embargo, en el mes de marzo, y luego de la crisis desatada en Nueva Pompeya tras la desaparición de Salustiano Giménez, los beneficiarios no cobraron. Además, en las noticias de ayer, la ministra nacional comunica que quienes se actualicen al 15 de marzo, cobrarán en abril, pero no cobrarán en marzo, castigando particularmente a El Impenetrable.
Es por esto que, comienza un plan de lucha provincial con cortes de ruta de media calzada, con la consigna «EL GOBIERNO NACIONAL QUITA PLANES A PUEBLOS ORIGINARIOS DE EL IMPENETRABLE, PARA PAGAR AL FMI» ¡¡¡BASTA DE AJUSTE!!!
A su vez, solicitan una reunión de emergencia con el Gobernador, para resolver que no caiga ningún Potenciar Trabajo y se paguen a los beneficiarios el monto total (no parcial) correspondiente a marzo.
Las organizaciones aseguran que «es indispensable actuar rápido porque si se juntan la falta de justicia y se potencia el hambre en El Impenetrable, la situación puede ser insostenible».
El ajuste está en curso con la complacencia de Todos-Juntos
A lo largo del informe, se destaca la gestión de la ministra Tolosa Paz al frente del ministerio de Desarrollo Social, ya que se pone en valor “la focalización” de las políticas sociales, el cierre de los ingresos nuevos al programa y se recalca los frutos dados por la validación de datos por la que se garantizó la caída de casi 100.000 beneficiarios (sic).
Se habla de que se está trabajando “en la normativa para reducir los posibles desincentivos para reingresar al mercado laboral”, lo cual no queda claro a qué se refiere o qué puede implicar. Asimismo, se sostiene las tesis del “plan empalme” aunque no se admite el fracaso total de la iniciativa.
Por otra parte, se da un respaldo indirecto a la línea impulsada por Emilio Pérsico dentro del gobierno en relación a que se confirma que “la mayor parte de los ahorros de la reducción de transferencias se utilizará para fortalecer el capital humano a través de la entrega de herramientas o financiamiento de polos productivos”, cuestión que era objetada por el propio ministro de Economía, Sergio Massa, quien apuntaba, resolución mediante, a quedarse con dichos fondos.
El FMI empezó a ponerle números a lo que entiende debe ser el recorte total del programa que, de confirmarse en 400.000, no necesariamente implica que se haga abruptamente, ya que la línea por el momento es contener socialmente la crisis. En ese contexto, la idea que sobrevuela en el informe pareciera tener más que ver con la orientación de los Massa y Larreta de recortar el Potenciar Trabajo para condicionar a los movimientos y legitimar ante la clase media el ajuste, a diferencia de la proyectada por Bullrich y “los halcones” que apunta abiertamente a recortar los planes sociales para desarticular definitivamente a las organizaciones sociales.
Massa y los «aliados» menos pensados para licuar el gasto de los planes sociales
Por Fabián Rojo
Cuando Sergio Massa embarcó de regreso a Buenos Aires desde Washington lo hizo sabiendo que las gestiones para obtener más préstamos para intentar llegar de cualquier modo a las elecciones no habían tenido los resultados esperados.
La intención de «moderar la punta del lápiz rojo» había sido sepultada y ahora no queda otra más que encarar «el trazo grueso».
El FMI flexibilizó las metas de reservas, pero las dos más importantes quedaron incólumes: déficit de 1,9% y emisión de 0,6% del PBI.
Estos números, que escritos o dichos al aire parecen lejanos a la vida cotidiana, representan ni más ni menos cuánto plata cada uno podrá tener en el bolsillo y cuánto valdrá en términos de poder adquisitivo cada billete.
Por ejemplo, al tener que cumplir con ese objetivo, el Ministerio de Economía mandó a que los trabajadores ganen menos para de esa forma licuar su gasto en prestaciones sociales. Directo.
¿Cómo lo hizo? A través del Consejo del Salario Mínimo que integran empresarios y sindicalistas con el auspicio del Ministerio de Trabajo que, si bien oficialmente oficia de veedor, en esta oportunidad articuló y convalidó el pedido del Palacio de Hacienda, de una actualización salarial a la baja. El «1,9% de déficit», esa frase de difícil comprensión pega directamente en cada bolsillo.
El FMI flexibilizó las metas de reservas, pero las dos más importantes quedaron incólumes
Aumento salarial según la proyección inflacionaria del 60 %
Para alinear expectativas, a principios de año Massa intentó imponer que los aumentos salariales de 2023 se ajustaran a la proyección inflacionaria de 60% incluida en el presupuesto. Eran tiempos en que se confiaba en frenar la aceleración de precios a merced del programa «Precios Justos», con un sendero de suba de precios de 4% para que la tasa de inflación de abril «empiece con 3».
Pero en dos meses esa estimación fue arrasada por la dinámica de aumentos y los gremios que comenzaron a discutir paritarias lo hicieron por encima de ese porcentaje ignorando el pedido oficial y presionados por sus bases.
Con el correr de los días, a Massa se le agotaron los argumentos para apoyar su iniciativa y allá fue por el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para reducir el gasto público.
Así fue que en la mesa empresarios y gremialistas enseguida se alinearon al pedido de Economía y acordaron una suba del SMVM que durante el primer semestre del año acumulará una actualización de 34% contra una inflación que se estima superará el 50%.
De esta forma, entre los haberes básicos y la suba de precios habrá una pérdida de poder adquisitivo superior a los 16 puntos.
Suba de precios y el impacto en el bolsillo del trabajador
Esto resulta en el impacto directo en los bolsillos de los trabajadores que se replica en los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo, cuyo haber surge del monto del SMVM.
Del otro lado del mostrador, una caída real de esas remuneraciones significa un menor gasto real para la secretaría de Hacienda.
Se acordó una suba del SMVM durante el primer semestre del 34% contra una inflación que se estima superará el 50%
Según el presupuesto Nacional para 2023, se destinará para financiar el Potenciar Trabajo unos $600.000 millones, que representa una erogación mensual de alrededor de $50.000 millones.
La prestación para cada beneficiario -se estima en 1.200.000 personas- es equivalente a la mitad del SMVM que tendrá los siguientes valores: abril $80.342, mayo $84.515 y junio $87.987.
En consecuencia, un aumento por debajo de la inflación hará que quien lo reciba pueda comprar menos productos, pero al mismo tiempo disminuirá el gasto del Estado para que se mantenga vivo el acuerdo con el FMI.
Este menor ritmo de aumento también impacta directamente en las asignaciones por desempleo, que por las mismas razones ajustarán a la baja respecto de la inflación. A marzo, esos valores son de $19.305,16 para la prestación mínima y de $32.175,26 para la máxima, de acuerdo a la condición de cada trabajador que lo solicite.
Una compensación parcial en el nivel de gastos del Estado se dará por el lado de la asignación de las Becas Progresar, dado que quienes las pidan deberán demostrar que no tienen ingresos superiores a tres SMVM. Por lo tanto, un nivel más bajo del salario básico permitiría que más interesados estén calificados para recibirlas. Esta ayuda contempla un pago de $9.000, además de beneficios como la reducción de las tarifas de transportes públicos.
Quienes pidan asignación de las Becas Progresar deberán demostrar que no tienen ingresos superiores a tres SMVM
La suba de los salarios básicos por debajo de la inflación fue denunciada por algunas centrales sindicales como CTA y por una parte de la CGT que responde a Pablo Moyano. El representante de Camioneros tildó de «vergonzoso» el cronograma pactado, justamente haciendo alusión a la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los trabajadores.
Empieza el juicio contra referentes populares de Jujuy
En la provincia de Jujuy, el jueves 30 comenzó el juzgamiento a referentes populares que reclamaban salario digno y exigían el cese de la represión a la protesta social. Desde las organizaciones sociales explicaron que el pueblo está sometido a la política de miseria y hambre que impone el gobernador radical Gerardo Morales, quien no permite que nadie cuestione su mandato.
“Comenzamos a ser juzgados este jueves a la tarde por una serie de imputaciones que nos hicieron el 30 de noviembre de 2021 con el Código Contravencional del gobernador, ese día nosotros habíamos movilizado junto a dos organizaciones sociales amigas y compañeras”, recordó Miguel Ramos, uno de los referentes del Partido Político AJI20 y su expresión territorial Asamblea Trabajo y Dignidad que está siendo enjuiciado. Siguió relatando que aquella vez “fuimos brutalmente reprimidos a palazos, a punta de escopeta y con el Código de Morales bajo el brazo”.
“El juicio se hace en el Juzgado Contravencional N°1 que fue creado por Morales hace unos cuantos años para someter al pueblo jujeño y amedrentar a la militancia”, señaló el referente popular. También se quejó de que cuando fueron a declarar el pasado 9 de marzo el fiscal “no respetó nuestro derecho de poder fundamentar sobre lo que sucedió aquel día que nos reprimieron y nos armaron las causas, además cuando salimos de la audiencia nos echaron a los golpes y nos amenazaron”, denunció.
“Recuerdo que aquella marcha que hicimos el 30 de noviembre del 2021 fue para reclamar trabajo genuino, un salario digno, nos cansamos, por eso dijimos basta de planes sociales y bolsones de mercadería, porque para nosotros eso es una estrategia de los del poder político que nos someten al hambre y la miseria todo el tiempo”, subrayó Ramos. En aquel momento también “imputaron a mi compañera de militancia Gabriela Garzón y a dos miembros de otras organizaciones que son hermanas nuestras”.
“Además de todo esto sufrimos distintos tipos de aprietes, amenazas, acusaciones gratuitas, causas penales armadas por la justicia del gobernador radical que se maneja con total impunidad”, aseguró el dirigente popular. “Es vergonzoso lo que nos propusieron cuando fuimos a declarar el 9 de marzo, nos dieron dos opciones, una es que paguemos una multa de 40.000 pesos en cuotas -les dijo el fiscal- y que así nosotros aceptaríamos que habíamos cometido un delito en ese momento que realizamos la protesta social pidiendo por los derechos del pueblo jujeño”, agregó.
“Estamos acusados de obstaculizar el tránsito vehicular, eso acá es un delito para el déspota Morales y la justicia que él maneja como quiere”, señaló Ramos. La otra opción que les dio el fiscal fue ejercer el derecho a la “defensa a partir de que nosotros presentemos las pruebas que demuestren nuestra inocencia respecto a ese supuesto delito que hemos cometido, cuando movilizamos lo único que hicimos fue pedir un salario justo por todas las necesidades que padecemos a diario”.
“Por supuesto que nosotros elegimos esta última opción que nos dio el magistrado, porque no vamos a aceptar de ninguna manera que la protesta social es un delito, nuestra defensa está basada en los hechos inhumanos concretos que vivimos a diario por la injusticia que nos imponen”, aseveró el referente. Continuó contando que tienen sueldos muy bajos y que “no llegamos a cubrir ni la canasta básica de alimentos, un docente tampoco llega, estamos muy lejos de tener un ingreso que pueda suplir esta necesidad tan importante. Mientras tanto, la terrible inflación y los precios de los productos que suben todo el tiempo nos ahoga aún más”, expresó.
“La justicia de Morales nos lleva a juicio injustamente este jueves a partir de las 15:00, necesitamos ayuda con extrema urgencia para que no nos metan a la cárcel”, imploró a la sociedad el dirigente popular Ramos. Pero de todos modos “nosotros vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo, porque creemos en lo que hacemos, tenemos fe en nuestra militancia, porque sentimos amor por nuestro querido pueblo jujeño que padece miles de necesidades y distintos tipos de violencias todo el tiempo”, finalizó.
Organizarse no es delito
El pasado 30 de marzo, se llevó a cabo en la localidad de Fiske Menuco (General Roca, Río Negro) una jornada en contra de la criminalización de la protesta. Más de una decena de organismos de Derechos Humanos nacionales y regionales se hicieron presentes en la localidad para solidarizarse con organizaciones protagonistas de procesos de lucha de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, que están siendo perseguidas por la justicia federal y provincial.
Esta es la situación que atraviesan dos integrantes del FOL en dicha localidad rionegrina. Se lxs acusa de diferentes delitos sostenidos en la demonización de las formas de organización independientes, autogestivas y democráticas de los sectores populares.
Todo comenzó en febrero del 2020, cuando la policía federal allanó las casas de estos militantes y se llevó anotaciones, cuadernillos de formación, banderas, elementos de trabajo personal como computadoras y celulares, e incluso retuvieron el DNI de una de las integrantes del FOL. A partir de esto fue que se enteraron de que existía una investigación desde el 2017 impulsada por el abogado Nicolás Suárez Colman quien en su momento pertenecía al PRO y que actualmente se encuadra en el partido de Milei. Además, la denuncia había caído en manos del fiscal Alejandro Moldes y el juez Hugo Greca. Todas personalidades conocidas en la ciudad por su clara política anti-organizaciones y por sus discursos de odio hacia militantes sociales y políticos.
La investigación se había mantenido en silencio durante años e incluía escuchas telefónicas y tareas de inteligencia de manera encubierta en los barrios donde la organización lleva adelante su trabajo cotidiano. Es decir, que se apuntaba a plantear como un delito las formas organizativas independientes y autogestivas que se discuten de manera democrática en los espacios asamblearios.
¿Casos aislados o una nueva faceta represiva?
En diferentes provincias se da un proceso de profundización de la persecución política a quienes se organizan y luchan, cuestión que amenaza nuevamente con quebrantar las libertades democráticas y el derecho a la organización popular.
Son muchos los ejemplos que pueden nombrarse, sin ir más lejos se desarrollaron cortes en diferentes puntos del país para pedir por la inmediata liberación de Lorena y Martín, dos militantes del Polo Obrero que fueron detenidxs y llevados a un penal por realizar una manifestación pacífica en el centro de la ciudad de Mendoza; también la provincia de Jujuy ha sido escenario de múltiples persecuciones y allanamientos a luchadorxs populares; en Chubut hay 21 personas imputadas por defender el agua; el pueblo mapuche aún reclama por las cuatro hermanas que continúan detenidas junto con sus niñxs, tras el feroz desalojo en Villa Mascardi; y en Buenos Aires el oficialismo fue el encargado de perseguir y encarcelar a quienes se manifestaron el año pasado contra el acuerdo con el FMI.
En Chubut indagan a 23 vecinxs por defender el agua
Este jueves 16 de marzo comenzaron las indagatorias a 23 vecinos y vecinas imputados en una causa de por entorpecimiento de servicios públicos, que se tramita en el Juzgado Federal a cargo del Juez Gustavo Lleral. Es por haber participado de una manifestación en la Ruta 3 en mayo de 2021, en defensa de la Iniciativa Popular en contra de la Megaminería en la provincia. En este marco, se convocó a una concentración, a las 9:00, desde la Legislatura hasta el Juzgado Federal, para exigir el sobreseimiento de lxs acusadxs y el cese de la criminalización de la protesta.
Compartimos un texto de Andrea Leonett, una de lxs 23 imputadxs de Chubut por defender el agua
Mi nombre es Andrea Leonett, soy una de las imputadas por la manifestación en la ruta 3, en mayo de 2021, cuando el pueblo se levantó en defensa de la Iniciativa Popular en contra de la Megaminería. Este 16 de marzo de 2023 comienzan las indagatorias a 23 vecinos y vecinas que nos imputan la causa de entorpecimiento de los servicios públicos, que se tramita en el Juzgado Federal a cargo del Juez Lleral.
En mayo del 2021, el pueblo de Chubut sufrió un gran golpe por parte de la Legislatura que tiró a la basura el proyecto de iniciativa popular. Este fue impulsado con mucho esfuerzo colectivo y recaudó miles de firmas en toda la provincia en pos de un proyecto de ley que prohíba la megaminería en nuestro territorio. Este proyecto autogestivo que surge de las Asambleas de Comunidades de Chubut, teniendo al pueblo como protagonista, fue rechazado por les legisladores de la provincia del Chubut que, en una sesión fraudulenta, sin un tratamiento y abordaje serio, decidió que las miles de voluntades expresadas en este proyecto, no valían ni siquiera el esfuerzo de abordarlo como se merecía y nos quitó la posibilidad de una ley que nos resguarde de la actividad mega minera, habilitando la destrucción y el saqueo del suelo en el que habitamos. Respondiendo directamente al gobierno nacional de Alberto Fernández que, presionado por el Fondo Monetario y en un plan de brutal ajuste hacia la clase trabajadora, dio la orden de avanzar con el modelo extractivista, llevándose a todes y todo por delante.
Ante semejante burla y descaro de quienes dicen representar al pueblo, se toma la decisión de trasladar la manifestación a las rutas y es así como, en toda la provincia del Chubut, el pueblo se levantó y copó las calles y rutas como expresión de total desacuerdo con lo que había sucedido en el recinto de la Legislatura y como defensa de las miles de voluntades que, por medio del mecanismo de democracia directa como lo es la iniciativa popular, había logrado transferir a proyecto de ley el deseo de todo un pueblo que no quiere someterse al poder de las multinacionales y de los gobiernos corruptos que garantizan el saqueo de los territorios, en pos del crecimiento económico de unos pocos.
La respuesta de los gobiernos provincial y nacional, ante el pedido del pueblo para que nos devuelvan nuestro proyecto de ley, fue el desalojo por parte de la fuerza policial de la provincia, a cargo de Federico Massoni. A pesar de que la ruta fuera nacional y jurisdicción de Gendarmería, desplegó un operativo de magnitudes exageradas con todas las divisiones de la policía para desactivar, por la madrugada, una manifestación legítima de cientos y cientos de vecinas y vecinos que nos encontrábamos esa noche en la ruta.
Este hecho de avasallamiento de derechos con la clara intención de llevarnos por delante no fue más que un eslabón de una cadena que en diciembre del mismo año explotó por completo. Lo acontecido en mayo de 2021 fue la antesala al Chubutazo de diciembre. En el momento que tiran abajo la iniciativa popular, dejan con estado parlamentario y jugando solo al proyecto de zonificación minera presentado por el ejecutivo provincial. Las alertas en ese momento fueron esas, nos dejan sin proyecto de ley que prohíba la megaminería, para avanzar con la zonificación minera. Y así fue.
En diciembre del mismo año se aprueba la zonificación y nos entregan de manos atadas a las multinacionales, pero el pueblo se enojó y tuvieron que retroceder y derogar esa ley nefasta que nos destruía. La determinación de miles de personas que nos manifestamos en las calles de toda la provincia era hacer lo que haya que hacer para que retiren la ley, tal como sucedió. Porque nadie mejor que el pueblo para saber cuándo defendernos de quienes pretenden hacernos tanto daño, nadie mejor que el pueblo con sus métodos para lograr algo de justicia, el pueblo supo cómo y lo logró.
Lo que vivenciamos hoy es ese castigo por parte del Estado a quienes defendemos el territorio y luchamos por el agua, este mecanismo de criminalización de las luchas y de judicializar vecines es sistemático, es el ABC de estos gobiernos capitalistas, nos quitan derechos, nos reprimen y luego nos judicializan para fragmentar y debilitar la lucha. Lejos de que esto suceda, en esta provincia tenemos una historia de resistencia hermosa, amorosa, muy sólida y con raíces muy profundas, este es el suelo que habitamos, con esta historia nos paramos frente a quienes se atrevan a robarnos el sueño de vivir en un territorio que resguarde los bienes comunes y la vida, entendiendo que somos parte de un entorno vivo al que necesitamos y nos necesita. No permitiremos jamás que nos condenen a la miseria y la muerte, somos protagonistas de esta parte de la historia y queremos elegir cómo vivir y que dejarle a les que vendrán en un futuro.
Les pedimos a todas las personas que entienden que el agua vale más que todo y que este territorio se defiende a capa y espada, que nos acompañen en este proceso de criminalización para demostrar que tenemos un pueblo detrás diciendo:
¡No es No!
¡No pasarán!
Luchar por el agua no es delito
Fuera multinacionales de nuestro territorio
No estamos soles, somos parte del pueblo que ya dijo NO.
Larreta les quita el plan social a 1.445 familias
El jefe de Gobierno junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, explicó cómo fue el proceso para decidir quitar el beneficio de los planes sociales de la Ciudad a quienes no llevaron sus hijos a la escuela. “El 92% de los padres que cumple con los requisitos del plan, sigue recibiendo el beneficio”, remarcó.
“La educación brinda libertad para elegir en la vida, la forma de salir adelante es una sola: la educación”, comenzó Larreta. “En Argentina estamos lejos de poder garantizarle a todos los chicos del país la posibilidad de educarse”, aclaró y continuó: “Queremos los chicos en las aulas y desde la pandemia sabemos que el presentismo empeoró, que hay chicos que no van a la escuela”.
«Tenemos iniciativas para mejorar el presentismo, está la responsabilidad de los padres, pero también la responsabilidad del Estado», aclaró. “Antes para ser alumno alcanzaba con presentar un certificado una sola vez, eso cambió, hay controles bimestrales y los chicos tienen que tener el 85% de asistencia”, sostuvo.
“Esto nos permite seguir de cerca cada caso, cuando sabemos que no cumplen el presentismo nos comunicamos con las familias y les damos un plazo de tres meses para que recuperen la regularidad y si no se cumple se les quita el beneficio de los planes sociales que brinda la ciudad”, subrayó Larreta.
“El 92% de los padres que cumple con los requisitos del plan, sigue recibiendo el beneficio”, enfatizó. “Hay un 8% que no está mandando a sus chicos a la escuela, pero cuando sus hijos recuperen el presentismo, vuelven a cobrar el plan”, detalló. «Vamos a transformar la educación si los argentinos me eligen como presidente, vamos a recuperar la educación pública en Argentina», cerró.
«El problema es el populismo educativo«, sostuvo a su turno Soledad Acuña y remarcó que haya obligaciones para los padres para que se garantice el acceso a la educación.
El año pasado, desde la administración porteña habían anunciado el cambio de criterio para definir la calidad de «alumno regular» y que la pérdida de la «regularidad» en la asistencia a las aulas tendría como resultado la quita de la ayuda.
Desde Ademys, uno de los sindicatos docentes, criticaron la medida. «La ministra de Educación, Soledad Acuña, en vez de tener políticas pedagógicas para las familias, mejorar la alimentación o construir escuelas, deja a 1.445 chicos y chicas sin plan social», afirmaron.
Presentada en conferencia de prensa en la mañana del jueves 30 de marzo por el propio Horacio Rodríguez Larreta y la titular de la cartera educativa, Soledad Acuña, la medida entra en sintonía con la tomada por la ministra de Desarrollo Social nacional, Victoria Tolosa Paz, quien en febrero pasado dio de baja 100.000 planes sociales mientas se plegaba a la campaña de estigmatización de los movimientos sociales.
Marcha federal campesina e indígena hacia la Ciudad de Buenos Aires
Concluyó el domingo 14 el Congreso Nacional por la Tierra, la Producción y Nuestra Casa Común, con la presencia de más de 1.500 productoras y productores de 24 provincias y más de 25 organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, y de la pesca artesanal, que debatieron durante tres días en Ezeiza un programa con planteos y propuestas del sector.
Entre las medidas acordadas se destaca la instalación de 1.000 ferias populares en todo el país en el marco del Día de las Luchas Campesinas, el próximo 17 de abril, y manifestaciones el Día de los Pueblos Originarios, el 19 de abril, como previa a confluir más adelante en una Gran Marcha Federal hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los reclamos principales, se destacan la puesta en vigencia de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (27.118), sancionada en 2014, y que se garantice un presupuesto para su ejecución. Asimismo, se planteó la necesidad del cumplimiento y reglamentación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (21.160).
También se hizo un llamado a las autoridades para lograr la implementación de políticas de comercialización, como los mercados de cercanía, las compras estatales y el financiamiento a cooperativas, además del otorgamiento de asistencia a la emergencia económica y productiva, profundizada por la sequía.
A su vez, se anunció que en breve se difundirá el documento completo con las conclusiones del encuentro.
El Congreso Nacional por la Tierra, la Producción y Nuestra Casa Común comenzó el 10 de marzo con un Gran Feriazo Federal frente al Congreso Nacional, en CABA, con 100 puestos con productos de 24 provincias. Luego, se trasladó al Centro Recreativo Nacional (Cerena), ubicado en la Av. Ing. Fernández García s/n, Ezeiza, para debatir un nuevo modelo para el campo, basado en los conceptos de soberanía alimentaria.
Fuentes: Perfil, Anred, Tiempo Ar, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo
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