En menos de dos semanas, el gobierno argentino de Néstor Kirchner consiguió la sanción de dos leyes que amplían definitivamente atribuciones del Poder Ejecutivo en detrimento de facultades propias del parlamento. Con 135 votos a favor y 91 en contra, la Cámara de Diputados aprobó este jueves en la madrugada, tras 12 horas de debates, […]
En menos de dos semanas, el gobierno argentino de Néstor Kirchner consiguió la sanción de dos leyes que amplían definitivamente atribuciones del Poder Ejecutivo en detrimento de facultades propias del parlamento.
Con 135 votos a favor y 91 en contra, la Cámara de Diputados aprobó este jueves en la madrugada, tras 12 horas de debates, la modificación de la ley de administración financiera, un mecanismo que permitirá al jefe de Gabinete disponer cambios en el presupuesto nacional sin consulta previa al Congreso legislativo.
Esta norma se suma a otra iniciativa gubernamental sancionada el 20 de julio, según la cual los polémicos decretos presidenciales de «necesidad y urgencia», concebidos sólo para «circunstancias excepcionales», quedaron incorporados al ejercicio normal de la administración.
«La delegación de facultades y la reglamentación de decretos apuntan a concentrar el poder sobre el proceso presupuestario en el Ejecutivo», dijo a IPS Luciana Díaz, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
«Son normas que debilitan el papel del Congreso en el control presupuestario, y que vienen a legitimar definitivamente una práctica que estaba siendo usada, aunque con cuestionamientos, por los distintos gobiernos», remarcó.
La organización no gubernamental criticó especialmente la reforma aprobada este jueves. La anterior ley de administración financiera reservaba al Congreso decisiones que afectaran el monto total del presupuesto y el endeudamiento previsto.
La ley anterior también consideraba de exclusiva facultad de los legisladores los cambios de finalidad de las partidas y las modificaciones que implicaran aumentar gastos corrientes en detrimento de los de capital. «Esto estaba pensado para no afectar la solvencia de largo plazo», explicó Díaz.
Con la reforma, el jefe de Gabinete no sólo podrá cambiar el destino de determinadas partidas del presupuesto sino que podrá también desviar aquéllas que el parlamento aprobó para gastos de capital y usarlas en gastos corrientes.
El actual jefe de Gabinete, Alberto Fernández, argumenta que se trata de una herramienta que dará más eficacia a su función de ejecutar el presupuesto. «No se trata de delegación de facultades», ha dicho.
«El actual sistema limita la condición administradora del Poder Ejecutivo y transgrede la naturaleza controladora del Poder Legislativo, porque el parlamento debe controlar, no cogestionar», subrayó el funcionario en un comunicado.
También argumentó que la gestión administrativa «es absolutamente dinámica y muchas veces reclama la adopción de medidas concretas que permitan solucionar los conflictos planteados».
Horas antes de la aprobación de la reforma, Kirchner declaró que era «central para la gestión del Estado». «Son instrumentos para llevar a Argentina adelante y para avanzar con rapidez y cristalinidad en las obras proyectadas», afirmó.
Y puso como ejemplo ante seguidores que asistieron a un acto público en Rosario, ciudad de la oriental provincia de Santa Fe, las construcciones millonarias que podría realizar allí el gobierno nacional después de «adecuar» partidas para obras públicas, dijo.
Esta atribución especial del Ejecutivo para cambiar el destino del dinero previsto para ciertos gastos se requería casi cada año al parlamento para afrontar diversas «emergencias», pero a partir de ahora ese traspaso de poderes quedó sellado.
«Me parece fantástico que el gobierno quiera cambiar el destino de una partida, lo que creo también firmemente es que el Congreso debe seguir participando, y si no tiene la capacidad técnica para hacerlo, el Ejecutivo debe dotarlo de ella», dijo Díaz.
En opinión de la activista, el cambio podría ser considerado como una contribución a la eficiencia en la ejecución del presupuesto, pero es más probable que «exacerbe el uso electoralista» de fondos públicos y que debilite instancias deliberativas como el Congreso.
En su opinión, si el Ejecutivo creía necesario flexibilizar las normas sobre el presupuesto podía haber fijado un tope de los fondos –por ejemplo de cinco por ciento– para manejar a discreción. Pero esta idea, levantada por la oposición, fue rechazada por el oficialismo. El Cippec también había señalado que los cambios en el destino de las partidas eran «más reversibles» que la autorización al jefe de ministros para desviar recursos destinados a gastos de capital hacia gastos corrientes.
Un informe presentado en vísperas de iniciarse el debate por esta organización, titulado «El debate de los ‘superpoderes'», señalaba que en otros países latinoamericanos en los que también es fuerte el sesgo presidencialista de los gobiernos, no se puede ampliar o modificar el presupuesto. Es el caso de Chile o Colombia, se afirma.
La oposición ya venía criticando el manejo arbitrario del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo. Las objeciones principales se referían a la subestimación del crecimiento económico y de la recaudación fiscal proyectados para cada ejercicio.
Este presupuesto «dibujado», según el diputado Claudio Lozano, de la opositora Fuerza Porteña, redundaba desde 2004 en un excedente anual que el gobierno repartía a su criterio, sin debate y sin ninguna autorización.
Lozano precisó que ese mecanismo permitió al gobierno utilizar sin aprobación 4.400 millones de dólares en 2004, 3.500 millones en 2005 y 3.000 millones de dólares en lo que va de este año, sobre un total de gastos que ronda los 25.000 millones.
Los decretos presidenciales fueron reglamentados ahora, pero siguen bajo polémica
De acuerdo a la reforma constitucional de 1994, el Congreso debía crear una comisión bicameral que avalara o rechazara los decretos aprobados por el Poder Ejecutivo ante asuntos excepcionales y sin consultar al parlamento.
Pero desde entones, sucesivas administraciones eludían crear esa comisión, y los gobiernos abusaron del mecanismo del decreto al punto de generar un cuerpo legal importante que nunca pasó por el parlamento.
El 20 de julio, el Congreso sancionó otra iniciativa gubernamental por la cual los decretos pueden ser derogados por las cámaras, pero seguirán vigentes mientras los legisladores no se expidan al respecto.
Esta norma fue cuestionada por opositores y por organizaciones no gubernamentales que señalan que así se «naturaliza» la emisión de decretos que deberían ser la excepción.
Además, la mayoría oficialista en ambas cámaras garantizaría al actual gobierno apoyo para la aprobación de decretos que, en muchos casos, representan también el uso discrecional de recursos públicos.
«Con la aprobación de la delegación de facultades y la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo tendrá el manejo absoluto de la administración presupuestaria», alertó el diputado Lozano.