La masacre campesina más cruenta de la historia democrática ejecutada por sicarios promovidos por la Prefectura de Pando, cobró ya una treintena de muertos y decenas de heridos producto de la emboscada en la localidad de Tres Barracas del municipio del Porvenir, saldo luctuoso que dejó al prefecto Leopoldo Fernández al margen de la ley, […]
La masacre campesina más cruenta de la historia democrática ejecutada por sicarios promovidos por la Prefectura de Pando, cobró ya una treintena de muertos y decenas de heridos producto de la emboscada en la localidad de Tres Barracas del municipio del Porvenir, saldo luctuoso que dejó al prefecto Leopoldo Fernández al margen de la ley, aseguró la noche del sábado el Gobierno.
«La magnitud de la masacre ocurrida en Porvenir supera lo que es la masacre de octubre de 2003 en El Alto, donde hubo 60 muertos y en Porvenir se está acercando a una treintena. Si se hace una comparación con la población de El Alto y la de Pando, se van a dar cuenta que estamos ante la masacre más cruenta ocurrida en tiempo de democracia», afirmó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en Palacio Quemado.
La autoridad gubernamental aclaró que un prefecto como Leopoldo Fernández que llevó adelante una masacre campesina y que desacata una disposición constitucional como es el estado de sitio, se está quedando al margen de la ley.
La autoridad de Gobierno teme que el número de muertos día que pasa se vaya aumentando, por lo que exigió al Congreso nacional iniciar la investigación del genocidio más cruento de los últimos tiempos ocurridos en Bolivia.
Por su parte desde Cobija el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió que Fernández pagará por el genocidio masivo tarde o temprano.
En este conflicto cayó un militar, el marinero Ramiro Tañini Alvarado (17), quien resguardaba el Aeropuerto de Cobija, «Aníbal Arab» y fue victimado por el impacto de una bala de un arma calibre 22, reveló este sábado el informe forense realizado en el Hospital de la Corporación de Seguro Social Militar (Cossmil).
También se reportó el deceso de dos funcionarios de la Prefectura entre los muertos. El 95 por ciento de las víctimas son campesinos los que fueron ejecutados por los sicarios contratados por la Prefectura, según el relato de varios testigos en diferentes medios de comunicación.
A su turno el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Isaac Ávalos, denunció en Cochabamba la desaparición de más de 50 campesinos afiliados al sector, tras la masacre ejecutada por paramilitares y sicarios de la Prefectura de Pando.
«Han muerto ocho miembros de nuestra organización de Pando, 26 heridos de bala y 51 desaparecidos hasta este momento, sólo los que son afiliados a nuestra organización, sin contar el resto», afirmó Ávalos en su discurso durante la entrega de ambulancias y compresoras mineras en Cochabamba por parte del presidente Evo Morales Ayma.
LA MASACRE
Un puente ubicado a siete kilómetros del Porvenir por donde un millar de campesinos que marchaban hacia Cobija en protesta de la violencia impulsada por el prefecto Leopoldo Fernández, fue el escenario de la masacre que paramilitares entrenados y financiados por el «cacique» pandino, Leopoldo Fernández, desataron el jueves 11 contra gente indefensa.
Los hechos desmintieron al prefecto Fernández, quien había asegurado que se trató de un enfrentamiento armado «iniciado» por el Gobierno.
Roberto Tito, uno de los trabajadores rurales que estuvo en ese puente cuando comenzó la balacera contra gente indefensa, testimonió que ellos marchaban desarmados, pero de pronto escucharon los disparos y algunas personas comenzaron a caer heridas de muerte.
Francotiradores ubicados en las copas de los árboles dispararon sobre la multitud sin importar que marcharan niños y mujeres confundidos entre campesinos, cuya única arma eran palos y machetes.
«Estábamos desarmados, no como dicen ellos. Nos detuvieron a unos siete kilómetros antes de Porvenir y luego nos atacaron cuando avanzamos a la altura del puente nos emboscaron y comenzaron a disparar con ametralladoras automáticas», relató Tito, compungido por la muerte de al menos 10 de sus compañeros, ya que hasta este viernes se reportó un número indeterminado de desaparecidos.
«Los compañeros tuvieron que escapar a todo lado. No perdonaban ni a niños ni mujeres. Esta fue una masacre a los campesinos, esto es algo que no debemos permitir», señaló el trabajador rural.
El testimonio de Tito es respaldado por la versión del senador Abraham Cuellar, quien asegura que a la altura del Puente de Cachuelita había un boquete de 10 metros de ancho y de profundidad para que no pase los camiones y no pase la gente. Es en estas circunstancias que comenzó la balacera.
«La gente estaba caminando a pie, ha sido una emboscada preparada por la Prefectura, planificada con armamento bélico y el resultado lamentable son muchos muertos del lado campesino y la mayoría son de las alcaldías de esa región que no pertenecen al MAS sino que son organizaciones que apoyan al Gobierno», dijo Cuellar.
PARAMILITARES DE LEOPOLDO
Ya en septiembre de 2006, la entonces ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, denunció que el prefecto Leopoldo Fernández entrenaba en Cobija al menos a un centenar de paramilitares, bajo la fachada de conformar una fuerza «para seguridad ciudadana».
Aunque Fernández negó veracidad a esa denuncia, de la que Muñoz tenía fotografías y grabaciones de video probatorias, el jefe de Seguridad Ciudadana de la Prefectura de Pando, Alberto Murakami, admitió el entrenamiento de civiles.
Murakami alegó entonces que se trataba de un centenar de «vecinos» adiestrados para cumplir labores de vigilancia, ante el auge de la «delincuencia» y el «déficit de policías».
Muñoz hizo la denuncia como prueba de que los prefectos opositores no actuaban legalmente como aseguraban. El tiempo y la masacre de gente indefensa, lamentablemente dio la razón a esa ex Dignataria de Estado.
Porque dos años después, esos integrantes de «seguridad ciudadana» cumplieron a cabalidad su papel para el que fueron entrenados: dispararon a mansalva contra gente indefensa. No sólo eso, los paramilitares, muchos de ellos brasileños, se encargaron de secuestrar a quienes no pudieron escapar de las balas asesinas.
VICTIMAS ESCAPARON AL MONTE
En medio de la masacre los campesinos sólo tuvieron una alternativa para salvar sus vidas y se internaron en el monte, mientras los paramilitares descargaban sus armas sobre la multitud.
«Son gente de la Prefectura y del Servicio Departamental de Caminos que están bien armados con ametralladoras y francotiradores porque de las copas de los árboles nos disparaban a mansalva», relató Tito.
La denuncia del dirigente campesino fue corroborada por el senador Abraham Cuellar, quien aseguró que este viernes, a 24 horas de esa masacre, la persecución paramilitar a campesinos pandinos continuaba.
«Sabemos que hay una persecución implacable en Filadelfia y Cachuelita, que son provincias aledañas a Cobija, siguen los asesinatos, siguen matando gente, gente desarmada», aseguró el legislador.
Acusó a sicarios contratados por las autoridades pandinas y que andan armados incluso de ametralladoras, lo que obligó a que al menos un centenar de personas hayan cruzado la frontera con Brasil para buscar refugio.
En ese contexto, la movilización de gente de la Prefectura, Sedcam, sicarios y paramilitares contratados por el prefecto Fernández, supuestamente en reclamo de la reposición del 30 por ciento de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, fue la fachada para consumar una dura represión.