Organizaciones sociales, gremiales, feministas, de derechos humanos y personas autoconvocadas que llenaron la céntrica Plaza Lavalle de Buenos Aires, exigieron la democratización y el cese de la politización del Poder Judicial, la renuncia de los jueces del máximo tribunal del país, el fin del lawfare y la reforma judicial.
«¡Ahora, ya, reforma judicial!». «¡Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura judicial!». Los cantitos que resonaron el martes 1 de febrero en la céntrica plaza Lavalle sintetizaron con eficacia, lo que allí se reclamaba: Un poder judicial democrático, plural, amplio, accesible, diverso y con paridad de género, que tenga en cuenta también la visión de los pueblos originarios y que rompa con la justicia patriarcal, señaló el documento final que leyeron las actrices Luisa Kuliok y Cristina Banegas.
“Decimos que se tiene que ir porque esta Corte viene convalidando sistemáticamente las políticas neoliberales de destrucción y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales” y “lo hace en plena articulación con los intereses del neoliberalismo global a los que sólo les interesa violar nuestra soberanía”, agrega el documento consesuado.
“Ya pudimos comprobar la aberrante sentencia del 2×1 con la que debutó esta Corte en 2017 favoreciendo a los genocidas condenados en juicios justos con todas las garantías, que el pueblo movilizado en todas las plazas de Argentina logró revertir” y aseguraron que se tiene que ir “porque esta Corte les ha asegurado impunidad a los responsables del terrorismo de Estado que asoló nuestro país”.
Añadieron que esta Corte “legitimó un sistema de justicia perverso como nunca antes se vio en democracia, sumándose a la ruptura del pacto democrático que perpetró el gobierno de Macri con su plan sistemático de espionaje ilegal y persecución a quien osara oponerse a sus designios” y “legitimó el abuso de prisiones preventivas, con decenas de presos políticos obscenamente exhibidos, muchos de los cuales siguen sufriendo esa prisión en la actualidad”.
Repercusión
El presidente Alberto Fernández consideró a la convocatoria -en la previa- como “una marcha ciudadana”, mientras que la oposición de derecha la criticó duramente. A pesar de que integrantes del Poder Ejecutivo apoyaron la marcha, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, señaló que “El Gobierno no toma postura, pero cree, en relación al sistema de justicia, que es necesario una reforma integral para mejorar la justicia argentina”.
Los beneficiarios de la justicia injusta denostaron la marcha. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) señaló en un comunicado que el reconocimiento a la dignidad de la Justicia y en particular de la Corte Suprema y sus autoridades, es la base de la convivencia civilizada “y un requisito institucional indispensable para encaminar a nuestro país en la senda del desarrollo económico y social sostenido”.
Asimismo, diputados y dirigentes de la coalición neoliberal Juntos por el Cambio remarcaron que la marcha se trata de un “claro intento desestabilizador a uno de los poderes constituidos por el Estado”. “Este apriete a la Corte es porque las cosas no salen como Cristina Kirchner quiere. Es un acto golpista. Es querer voltear al Máximo Tribunal de nuestro país. No se puede atentar contra la Corte”, sostuvo Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y ahora presidenta del macrista PRO.
Cortesanos
El orador principal fue el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla, quien mirando a la sede de la Corte Suprema de Justicia señaló: “A ustedes les digo. Supremos, cortesanos, excelentísimos: van a quedar en la historia como la peor Corte que tuvimos, la que más delitos cometió”, señalando al Palacio de Tribunales.
Al costado, un cartel con los nombres de los cuatro jueces: “Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Fuera jueces corruptos”. Los silbidos aumentan cuando alguno de ellos eran nombrados.
Fue una movilización masiva, cuya dimensión sorprendió incluso a las organizaciones convocantes, y dejó fuera de escala al sonido y al pequeño escenario que se había montado. Fuera de escala estuvo el desproporcionado despliegue que exhibió de la Policía de la Ciudad, que esta vez dificultó el acceso a la plaza, pero no reprimió a los manifestantes.
La convocatoria aglutinó una cantidad de demandas urgentes, de las grandes y estructurales –los ejemplos de lawfare, la Gestapo antisindical –escucha, espionaje y seguimiento de dirigentes gremiales- montada por el gobierno anterior, el espionaje ilegal a los familiares del submarino ARA San Juan que involucran al expresidente Mauricio Macri. la condición de presa política de la dirigente social Milagro Sala.
Pero también las pequeñas e individuales demandas en carteles hchos a mano por familiares de víctimas de femicidios impunes, homicidios, casos sin resolver por años, víctimas que pasan a ser un número de expediente abierto,muestra de todas esas veces en que la justicia falla, falta, está en deuda.
La marcha por la tan declamada, reclamada y nunca iniciada reforma judicial se replicó en otras ciudades del país, también con convocatorias destacables en Rosario, Santa Fe, San Salvador de Jujuy, Corrientes, Resistencia, Paraná, Córdoba, Santa Rosa, Viedma, Neuquén, Bariloche, Bahía Blanca, Mar del Plata.
«Hoy empezamos una nueva historia para el Poder Judicial. Ahora vamos por el sistema judicial. Es hora de una justicia que nos trate de verdad por igual, a la mujer, al pobre, al morocho, al jubilado», expresó Ramos Padilla, quien se define como «ciudadano que trabaja de juez». En el documento, los organizadores llamaron a la multitud a declararse «en estado de alerta y movilización permanente» y celebraron: «Ganamos las calles porque es nuestro derecho a que nos escuchen».
“Vamos a pedir la renuncia, que se vayan los jueces y que el pueblo tenga una justicia para el pueblo e igualitaria. Hay que modificar al Poder Judicial y no se puede hacer con delincuentes. Que renuncien para empezar a construir un Poder Judicial que nos sirva a todos, no a ellos. Han tolerado causas armadas, prisiones indebidas, han permitido que el país se endeude, hicieron un desastre”, añadió.
El documento leído por los organizadores recordó que «Veinte años atrás, un grupo de compañeres iniciaba una serie de demandas contra una Corte Suprema antipopular, reaccionaria y manifiestamente subordinada a la voluntad de los poderes fácticos. Aquella gesta encontró luego la determinación política que terminó con el desplazamiento de los miembros de ese tribunal nefasto”
Y añadió que “Veinte años después se repite la historia, con un tribunal sin legitimidad alguna, concentrando el mayor descrédito del que se tenga memoria. Salimos a la calle porque esta Corte también se tiene que ir».
Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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