Asumió Sergio Massa y su equipo en el nuevo ministerio de economía en el que resume tres anteriores (economía, producción y agricultura). La primera acción consistió en esperados anuncios, sin demasiadas precisiones, pero definiendo un rumbo de subordinación al ajuste acordado con el FMI.
En principio, no satisfacen ni al poder concentrado de la economía, ni a la población trabajadora desfavorecida por la lógica del ajuste recurrente en la dinámica del capitalismo actual.
Lo más importante a señalar es que se sostienen los acuerdos con el FMI, gran condicionante de la política en el país, especialmente en lo relativo a metas de ajuste fiscal, monetario y el privilegio a las obligaciones derivadas de la deuda pública.
Es una lógica en curso, de arrastre de la gestión de los funcionarios que previamente asumieron el cargo, y ratificado en el gesto de subordinación explícito al organismo internacional. Es que antes de anunciar estas medidas, y antes de jurar como ministro, Massa anticipó a las autoridades del Fondo la política a implementar.
La auditoría del FMI es más que controles trimestrales de lo hecho. Es un verdadero cogobierno.
En el rumbo de la gestión está la disminución del déficit fiscal, con la meta de arribar al -2.5% del PIB para el 2022, lo cual augura un profundo ajuste de las cuentas públicas. No se percibe aun el recorte, aunque se insiste en el congelamiento de la planta de personal y la continuidad que podemos imaginar en la sub ejecución presupuestaria.
Un tema central pasará por la disminución de los subsidios a la energía, informando que más allá de aquellos que no solicitan el subsidio, para los que sí lo demandaron habrá límites al consumo y por lo consumido por encima tendrán incrementos tarifarios. Se trata de continuar la política de transferencia del costo de la energía a los consumidores, situación expresamente acordada con el FMI.
Destacó Massa que no habrá una importante devaluación, en el mismo sentido que lo sostenían sus predecesores y el gobierno en cabeza del presidente. Eso no excluye rumbo persistente de adecuación del tipo de cambio oficial, incluso por encima de la inflación. Se trata de una devaluación persistente, cotidiana, que afecta a quienes perciben ingresos fijos, especialmente de menor monto. La devaluación continuará, de manera progresiva y en función de que avancen las otras medidas destinadas a frenar la “corrida cambiaria” y a fortalecer la posición de las reservas internacionales. En ese sentido, se comunicaron medidas que apuntan a estabilizar el mercado cambiario.
Se anticipan diálogos para el consenso, con el sector empresario, grandes productores y exportadores, no solo del agro, sino también de la minería, de la industria y de servicios, especialmente de la llamada “economía del conocimiento”, con la intención de inducir la liquidación de exportaciones.
Resulta entonces imaginable la extensión del “dólar soja” a otras áreas que también demandan tratamiento diferenciado con mejoras en el ingreso por exportaciones. Son medidas con efecto devaluatorio y de diversificación del tipo de cambio.
Se anunció una convocatoria a conversaciones con trabajadores y empresarios, para plantear el tema de la actualización de los salarios, pero obviamente ahí estará la contrapartida empresaria por los precios.
Informó Massa la convocatoria al diálogo a la Mesa de Enlace, con respuestas críticas de algunos de sus integrantes, que sostuvieron no estar dispuestos para una foto, sino para soluciones efectivas.
Más allá de diálogos futuros anticipó acuerdos con exportadores del complejo agroindustrial para una liquidación anticipada por exportaciones por 5.000 millones de dólares en los próximos 60 días. Se trata de contradicciones hacia el interior del sector agropecuario, de productores que no exportan directamente y están en la base del reclamo devaluatorio. Es algo que puede inducir la continuidad de las presiones para una devaluación.
Un monto similar de 5.000 millones de dólares se espera por préstamos internacionales, de organismos internacionales y la banca privada transnacional.
Así, entre liquidaciones anticipadas y prestamos se promueve el dudoso ingreso de unos 10 mil millones de dólares para los próximos dos meses, favoreciendo el stock de reservas internacionales y los compromisos en divisas del] Estado nacional.
Se anunció la refinanciación de la deuda pública a vencer en el próximo periodo, parte importante de la misma en poder de ámbitos gestionados por el propio Estado, caso de la ANSES y el Fondo de Gestión de Sustentabilidad.
Anticipa una mecánica esperable de renegociación recurrente de la deuda pública en poder de organismos de gestión estatal. La intención es que el sector privado acompañe ese accionar en materia de renovación de la deuda pública.
Los anuncios, como con Guzmán o con Batakis, están orientadas al mercado, es decir, a quienes dominan la relación mercantil, el poder económico. Apuntan a contener la presión cambiaria, que se aceleró en la previa a la designación del ministro.
Para los sectores sociales más empobrecidos, los mensajes fueron escasos: un bono para los jubilados, sin mucha precisión. Si se informó la auditoria para los planes sociales, tarea asignada a las universidades públicas.
Una medida criticada por los movimientos sociales y que no se condice con otros reclamos de auditoría, especialmente en lo atinente al endeudamiento público.
Ese es el reclamo de la auto convocatoria por la suspensión de los pagos de la deuda y una auditoría con participación popular.
Así como pretenden auditar planes sociales, debería auditarse la deuda antes de pagar y sustentar el acuerdo con el FMI. Una cuestión que bajaría rápidamente el gasto y contribuiría al saneamiento del déficit fiscal.
Son pocas las precisiones planteadas en los anuncios y el gran interrogante es si alcanza a los sectores del poder económico con los guiños que se presentaron hoy por Sergio Massa.
En el mismo sentido, si al sector social popular, sindical, movimientos territoriales, le alcanza con estos anuncios de un bono para jubilados y muy pocas otras precisiones favorables para los sectores de menores ingresos.
Por eso, el gran interrogante es si las medidas informadas tendrán impacto en la contención inflacionaria, importante para el mes de julio y agosto y una proyección en torno al 90% para el año, y más específicamente si contribuirán a modificar el humor de la presión del poder y en sentido inverso, las demandas y reclamos de los sectores sociales desfavorecidos por sus reducidos y deteriorados ingresos.
Se trata de interrogantes sobre la evolución de la política en tiempos de cercanía de renovación de la gestión presidencial para el 2023 y de estabilización del orden capitalista en tiempos turbulentos de la situación mundial.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
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