Un nuevo decreto dictado en La Paz este jueves 5 de diciembre por el régimen golpista encabezado por Jeanine Añez estableció «un pago global y único de 50.000 pesos bolivianos a favor de los familiares de cada uno de los fallecidos.» De acuerdo con el periódico La Razón de La Paz, este monto equivale a […]
Un nuevo decreto dictado en La Paz este jueves 5 de diciembre por el régimen golpista encabezado por Jeanine Añez estableció «un pago global y único de 50.000 pesos bolivianos a favor de los familiares de cada uno de los fallecidos.» De acuerdo con el periódico La Razón de La Paz, este monto equivale a unos 7.184 dólares estadounidenses.
Muchos de los fallecidos, en su mayoría indígenas, fueron asesinados en las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y el 19 de noviembre, cuando fuerzas militares y policiales abrieron fuego contra las movilizaciones sociales que se oponían al golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales.
Según un informe del Ministerio Público, se registraron 29 muertos y 33 heridos en los actos de violencia y amedrentamiento tras las elecciones del 20 de octubre, alentados por Carlos Mesa, candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, y Fernando Camacho, el expresidente del Comité cívico de Santa Cruz, entre otros responsables.
En sus cinco artículos, el Decreto Supremo 4100, firmado por la autonombrada presidenta Jeanine Añez junto su ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, guarda silencio absoluto sobre los responsables de esas muertes, otorgando una impunidad de facto a quienes ordenaron y ejecutaron esas operaciones de represión. Con tal omisión, ese decreto niega el derecho a la justicia a los familiares de los fallecidos.
Según La Razón, el líder vecinal Freddy Rojas, representante del Distrito 8, explicó que se solicitó al gobierno de Añez una renta vitalicia «que debería beneficiar a familiares de los hermanos fallecidos… lo justo sería una renta vitalicia para las viudas, los hijos que han quedado huérfanos.»
Pese a que existen pruebas gráficas de que el ejército abrió fuego contra la población, el Gobierno de facto, a través de su ministro de Defensa, Fernando López, mantiene que «del ejército no salió un solo proyectil» y que «ninguno de los decesos fue por arma reglamentaria de las Fuerzas Armadas o la Policía, sino que corresponden a grupos subversivos y de choque».
Este nuevo decreto de la autonombrada presidenta Añez es una prueba más del cariz violento, racista y cruel que caracteriza a quienes ocupan funciones de gobierno tras el golpe de Estado del 10 de noviembre en Bolivia. No solamente porque demuestra una vez más el uso de la impunidad como método de gobierno -como el decreto 4078, posteriormente anulado por la presión nacional e internacional, que eximía de responsabilidad penal a los miembros del ejército en el uso de la fuerza militar-, sino que le pone un precio «global y único de 50.000 pesos bolivianos» a la vida de un indígena boliviano.
Esta crueldad e insensibilidad de la derecha golpista boliviana queda en evidencia cuando se compara el Decreto Supremo 4100 con el 4082, firmado el 15 de noviembre por Jeanine Añez y sus ministros en pleno, que le otorga a las Fuerzas Armadas un total de 34.796.098 millones de bolivianos para la compra de «equipamiento» militar.
De este modo, el Gobierno de facto de Añez pagará alrededor de 210.000 dólares a las familias de los 29 fallecidos, y por otro lado otorga más de cinco millones de dólares a unas fuerzas armadas que tienen su parte de responsabilidad tanto en la ejecución del golpe de Estado como en las masacres de Sacaba y Senkata. Al no establecer responsables, el gobierno de facto otorga impunidad a quienes dieron las órdenes de abrir fuego y a quienes apretaron el gatillo de los fusiles.
Estos hechos muestran que la restauración neoliberal, que utiliza por ahora a Jeanine Añez, sabe que, aún después de unas nuevas elecciones, solamente podrá mantenerse en el poder utilizando la impunidad, la represión, la mentira y el saqueo del Estado.
Se puede prever que el actual «gobierno interino» otorgará amnistía a separatistas, corruptos y autores de masacres como Branko Marinkovic, Mario Cossío, Manfred Reyes Villa, Carlos Sánchez Berzaín, Leopoldo Fernández y otros, mediante el establecimiento de un «Comité interinstitucional de defensa a las víctimas de injusticia por motivos políticos e ideológicos de los últimos 14 años», anunciado ya este 5 de diciembre.
Este «gobierno de transición» también está copando puestos de representación y dirección con políticos neoliberales como Jorge Quiroga y con secuaces del golpe como la ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, o la derechista Karen Longaric, quien funge de canciller y que llama a la asonada golpista y al uso del ejército para cometer masacres como «la fuerza moral del pueblo boliviano».
Los operadores del golpe de Estado, que utilizan a Jeanine Añez como una figura de conveniencia, buscarán callar las voces críticas usando plomo, plata o la manipulación de la justicia. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, utiliza el lenguaje de las dictaduras de Banzer y García Meza al referirse a la oposición como «sediciosos y terroristas». Con esta justificación ha lanzado una campaña de persecución y amedrentamiento contra dirigentes de movimientos sociales, contra periodistas y contra la militancia del MAS. El objetivo es impedir a toda costa que este partido político pueda organizarse adecuadamente para lidiar en las próximas elecciones.
Tras el 10 de noviembre, ha regresado al Palacio de gobierno de Bolivia un racismo secular que le pone precio a la vida de un indígena. A un quechua, a un aymara al que el golpismo neoliberal mata porque se atreve a defender su voto, se atreve a defender un país que es suyo y no de los que buscan vender Bolivia a los intereses de Estados Unidos, a sus compañías transnacionales y sus cipayos locales.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.