La Paz, enero 20, 2005.- El Congreso boliviano se sumó hoy al coro de protestas contra el alza de los carburantes y censuró a cuatro ministros del gobierno de Carlos Mesa, el presidente neoliberal que día que pasa luce más sólo y más impotente para contener las protestas sociales. Incapaz de apartarse del libreto definido […]
La Paz, enero 20, 2005.- El Congreso boliviano se sumó hoy al coro de protestas contra el alza de los carburantes y censuró a cuatro ministros del gobierno de Carlos Mesa, el presidente neoliberal que día que pasa luce más sólo y más impotente para contener las protestas sociales.
Incapaz de apartarse del libreto definido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial -que virtualmente han obligado al gobierno a elevar el precio de los carburantes y a frenar todas las iniciativas orientadas a que Bolivia recupere el control sobre sus hidrocarburos-el presidente Mesa está en la encrucijada, jaqueado por los sectores sociales, empresariales y cívicos.
Sus medidas económicas son resistidas por la población y van siendo perforadas por la protesta ciudadana, que ha comenzado a desbordarse, especialmente en el oriente del país, donde se multiplican los pedidos para que renuncie, al igual que la toma de edificios públicos, los bloqueos, las huelgas de hambre y las movilizaciones callejeras.
Hasta ahora, el pedido mayoritario de todos los que protestan, tanto en las tierras bajas del oriente como en las alturas del occidente -con campesinos en huelga de hambre, con cocaleros en bloqueos y sindicalistas en manifestaciones-es que se anule en su totalidad el alza de los precios de la gasolina y el diesel, incrementados en una escala del 10 al 23 por ciento a fines del 2004.
La decisión gubernamental de aminorar el alza del diesel del 23 al 15 por ciento, para apaciguar la protesta social, no satisfizo a los sectores de campesinos, obreros, empresarios y vecinos, y puso a Mesa en la disyuntiva de ceder a esta exigencia social y congelar el precio de los carburantes o mantenerse en la línea definida por el FMI y el Banco Mundial.
En ambos casos, las presiones son intensas y están colocando al Presidente en una situación insostenible.
«Estoy atravesando un momento muy crítico y muy difícil», dijo hoy Mesa en las puertas de Palacio de Gobierno, atribulado por las protestas sociales y regionales que se mantienen por tercera semana consecutiva, y que ahora han sido reforzadas por el Parlamento.
En el Congreso, la mayoría parlamentaria censuró a los ministros de Desarrollo Económico, Horts Grebe; de Hacienda, Luis Carlos Jemio; de Hidrocarburos, Guillermo Torres y de la Presidencia, José Galindo.
Aunque la censura parlamentaria no obliga a renunciar a los ministros, la decisión parlamentaria, –de la que participaron varios diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), aunque sugestivamente no Evo Morales–, es un duro golpe para el Presidente y su improvisado gobierno, que emergió hace 14 meses tras el derrocamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrotado por una insurrección espontánea de la empobrecida población boliviana.
Hasta ahora, la táctica de Mesa ha sido seguir al pie de la letra las directrices del FMI y del Banco Mundial, combinando esta política neoliberal con una serie de concesiones a los sectores sociales y populares, para desactivar las protestas, como ocurrió con los vecinos de El Alto.
En ese caso, el Presidente optó por sacrificar a una compañía francesa que operaba los servicios del agua en La Paz y El Alto, a cambio de que la Federación de Juntas Vecinales se aparte de las protestas contra el alza de los carburantes y deje de la lado la demanda por la nacionalización del gas y el petróleo.
Con lo que no contaba Mesa era que la Central Obrera Regional de El Alto, así como la COB, campesinos y cocaleros, en el Occidente, así como empresarios, cívicos, vecinos y estudiantes en el oriente, se mantuvieran en la protesta., a pesar de reducir la magnitud del incremento del diesel.
Uno de los pocos que alabó la actitud gubernamental fue Evo Morales. «Ese decreto permite abrir el diálogo (…) En Santa Cruz no se debería seguir con la posición cerrada que maneja intereses de carácter político. Lamento que algunos sectores, con cualquier pretexto, quieran desestabilizar a la democracia. Esa flexibilidad del gobierno debería permitir el diálogo abierto (…) En Santa Cruz debería haber flexibilidad para comenzar a debatir temas de fondo. El decir que seguirá el paro parece que tiene otro interés. El gobierno ha sido derrotado políticamente. Tal vez el gobierno tiene razón cuando habla de temas financieros. Que el gobierno transmita a los movimientos sociales esos temas financieros. Aquí deben mandar las razones, no los caprichos ni las imposiciones», dijo.
Morales, que la pasada semana solicitó adelantar elecciones y acortar el mandato que tiene Mesa hasta el 2007, demanda que después archivó y olvidó, no participó de la censura a los cuatro ministros de Mesa, por lo que fue cuestionado incluso al interior de su propio partido.