El Presidente apostó su ratificación a un golpe mediático y a polarizar las fuerzas sociales en el país. Su discurso afectivo, incendiario e incluso manipulador volcó a las clases medias contra los sectores sociales movilizados. Mesa será ratificado por el Congreso y tendrá la autoridad de la que carecía antes. Incluso la NFR y el […]
El Presidente apostó su ratificación a un golpe mediático y a polarizar las fuerzas sociales en el país. Su discurso afectivo, incendiario e incluso manipulador volcó a las clases medias contra los sectores sociales movilizados. Mesa será ratificado por el Congreso y tendrá la autoridad de la que carecía antes. Incluso la NFR y el MAS se resignaron a que se quede; aún es el «mal menor» frente a Vaca Diez.
En un alarde de soberbia, que se tradujo en un audaz golpe mediático Carlos Mesa presentó su renuncia a la presidencia de la república de Bolivia y apostó su ratificación en el cargo a su talento histriónico ante cámaras y a su capacidad de persuasión sobre la opinión pública nacional. Mesa consiguió los dos objetivos que se había planteado: a) la racionalización de la cuestionada aprobación en el Parlamento de una Ley de hidrocarburos desventajosa para el Estado y b) la descalificación de los movimientos populares que demandaban la recuperación de su propiedad y que impugnaban a la coalición gonista el haber procedido contra la Agenda de octubre.
Con una inusitada «movida», exégesis del ardid político, el presidente de Bolivia conjuró de inicio las protestas sociales, que debieron iniciarse contundentemente desde este lunes en todo el país, anunciando el domingo por la noche su renuncia a la Primera Magistratura y responsabilizando de ello a los líderes sociales y sectores de activistas pro nacionalización de los hidrocarburos.
Mesa convirtió su renuncia en un acto político y lo hizo a tiempo de apologizar largamente acerca de las «bondades» de una Ley que rescata en esencia el espíritu de la denostada Ley de hidrocarburos de su predecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada y que de hecho fue propuesta por el presidente de la Cámara Baja, el emenerrista Mario Cossío y aprobada por la alianza parlamentaria MNR-MIR, partidos que componían la coalición de gobierno de Sánchez de Lozada y con quienes Carlos Mesa llegó a la vicepresidencia de la República en fórmula común.
La estrategia de adelantar su renuncia 12 horas, vía mensaje a la nación, le reportó a Mesa Gisbert todos los réditos que él habrá esperado cosechar.
Hoy martes, a 36 horas de su golpe mediático y a 24 de ser recibida su renuncia por el Presidente del Senado, el Congreso Nacional se apresta a ratificar a Mesa casi por unanimidad; además de que la violenta polarización campo – ciudad le ha devuelto el respaldo en las capitales de departamento (con el apoyo de sus aliados alcaldes en La Paz, El Alto y Cochabamba), marginando el descontento a las zonas rurales del país; y – como si no bastará – las movilizaciones sociales en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos han quedado estigmatizadas ante el común de la ciudadanía como un intento de derrocar al Poder Ejecutivo, cuando jamás líder social alguno incluyó entre sus demandas la dimisión del Presidente.
Se compró el pleito
A nadie se le escapará que Carlos Mesa se compró el pleito del Parlamento y que respaldó y defendió la decisión de la coalición gonista de mantener las regalías hidrocarburíferas en el 18%, a sabiendas de que el pretendido incremento de 32% en impuestos no era más que un formalismo ante transnacionales que han evadido el pago de tributos en el país sistemáticamente por dos décadas. Todo acaeció en el marco de un tácito acuerdo entre partidos, transnacionales y Ejecutivo, cuya existencia había estado hasta ahora oculta tras el beneficio de la duda.
La confirmación material de tal acuerdo yace desde ayer, con la firma del mismo Mesa, sobre el escritorio del Presidente del Congreso, el mirista y prelado de la Nación Camba, Hormando Vaca Diez, que sintomáticamente no quiere ser más Presidente y que por encima de las inofensivas críticas a Mesa, manifestó ante todo que él (Mesa) no debió renunciar.
Lo mismo hacen el Jefe nacional del MIR, Jaime Paz Zamora y el Presidente de Nueva Fuerza Republicana, Manfred Reyes Villa, que anticiparon ayer el respaldo de sus bancadas parlamentarias a la ratificación de Mesa en la Presidencia.
Antes del mensaje de Mesa, la decisión del Congreso de mantener el 18% de regalías – una exigencia de las entidades financieras internacionales – era una polémica entre la imposición del rodillo de los partidos tradicionales y el intento de los partidos de izquierda de revertir la situación desventajosa para el Estado que crearon los contratos de capitalización del patrimonio estatal de Sánchez de Lozada. Era duelo entre el MAS y el MNR, pero Mesa debió intervenir, claro, porque lo que estaba en juego era más que una consigna emenerrista: se jugaba la reversión del proceso neoliberal en el país que él defendió desde la palestra de la red televisiva PAT, durante una década y el costo pudo ser la inviabilización de su Gobierno a los ojos de los organismos cooperantes internacionales.
Mesa y los sectores sociales
«No estoy dispuesto a gobernar en función de las locuras de cualquier sector», enfatizó Mesa en una reta dirigida a los «malcriados» líderes sociales, que mal pudo disfrazar el presidente de reprimenda familiar con su tibia alusión a los sectores empresariales y a las elites cruceñas. El reproche fue para Evo Morales y Abel Mamani pero para lograr legitimidad, para que funcionase la coartada, también le debía tocar a Carlos Dabdoub y Svonko Matkovic.
El Presidente conjuró las incipientes protestas sociales, convocando a la «mayoría silenciosa» a salir de las estadísticas y las encuestas y a asumir su defensa; y la «mayoría silenciosa», ese producto discursivo de Ricardo Paz Ballivián, emergió una vez más al conjuro mediático de Mesa para blandir pañuelos blancos pidiendo su retorno pero para además desatar violencia e intolerancia contra cocaleros y obreros en las calles de Cochabamba.
Fue una réplica cabal de la «marcha de los pañuelos blancos», que en octubre de 2003 protagonizaran la oligarquía castiza cochabambina y su área de efecto directo, pidiendo que Sánchez de Lozada se quedara en el gobierno.
En Cochabamba, uno de los responsables de la Red A – Tele C, encabezó la marcha en respaldo al Presidente; marcha «en respaldo a la institucionalidad democrática» y «a la paz social», que degeneró – ya lo dijimos – en la persecución y golpiza a algunos cocaleros y miembros de la Coordinadora que estaban en la Plaza 14 de septiembre.
Aramayo, Cortés, Canelas, Pavisic, etc. Apellidos y rostros tan célebres como habituales en este tipo de marchas, desfilaron por las calles, epitetando a Evo Morales algo más de lo que elogiaban a Carlos Mesa. Sería difícil no haber percibido también a la militancia de Ciudadanos Unidos, brazo político del alcalde Terceros, entre los más agresivos detractores del MAS.
La clase media, esa amorfa y arbitraria parcela de sociedad, a la que se adscriben los cotidianamente marginados para no sentirse tales, ganó las calles en La Paz, El Alto, Oruro y Cochabamba para defender a Mesa. ¿Qué hizo el presidente para lograr tal efecto? Nada más que repetir el viejo «canto de sirenas» del nacionalismo revolucionario que convoca a la bolivianidad excluida a actuar simbiotizada con las elites y sus demandas, detrás de la demagogia de «podemos ser iguales»; un extremo absolutamente demagógico cuando se acaba de gestar una Ley de hidrocarburos que le arrebató a esa bolivianidad 700 millones de posibilidades de empleo, de vivienda y de seguridad social bajo el argumento de «seguridad jurídica» y respeto a los acuerdos internacionales firmados.
Apenas eso necesitó el Presidente. Bastó recordarle a la «mayoría silenciosa» que ella vive en un país de extrema dependencia; enfrentarla con el hecho de que su salario no se lo paga el Estado boliviano, sino la caridad de los estados plenipotenciarios; estados que abandonarán al país a su suerte si tan sólo por un momento Bolivia antepone su dignidad a su estómago. En 17 mese de gobierno el historiador se transformó en el sutil y velado prelado de los intereses de las multinacionales petroleras y sus intereses representados en los contratos de la Capitalización.
¿Es posible que los bolivianos hagan una ley confiscatoria cuando se trata de su propiedad estatal que está en manos de capitales privados extranjeros?
Sea cual sea la respuesta, la actitud de Mesa dividió irreconciliablemente en dos a una Bolivia que desde hace un siglo demandaba un punto de reencuentro.
Tras sus expresiones exigió a los líderes sociales someterse a la voluntad del ciudadano y al ciudadano someterse al dictamen de la racionalidad – de su racionalidad -, «pues éste país sobrevive de la cooperación extranjera». En eso Mesa tiene razón y lo seguirá haciendo hasta que Bolivia consiga que se le pague por sus riquezas lo justo y no menos.
En términos de propaganda, racionalizar es precisamente lo que hizo Mesa; hacer cuestión de sentido común la indignidad del sometimiento y justificar un orden social en el que somos un país rico que necesita mendigar caridad porque le imponen regalar su riqueza.
El presidente de Bolivia justifica ese orden social. Le recuerda al pueblo boliviano que nació esclavo, pero que puede, sin embargo, ser un esclavo feliz si tan sólo no se atreve al despropósito de pretender ser libre pues, «la comunidad internacional – dice – abandonará a Bolivia a su suerte».
Mesa y lo corporativo
Pero Mesa miente en lo esencial. La que ajusta el gaznate del pueblo no es la comunidad internacional, ese es otro «demurgo» político, otra muletilla retórica igual de abstracta e intencionada como la de la «mayoría silenciosa» o la «clase media».
Quién maneja e impone la economía son las elites económicas internacionales que, a desdén de su nacionalidad, gobiernan e imponen las políticas económicas al resto del mundo. Las elites económicas internacionales, institucionalizadas en el BM, FMI, BID, etc., son la exacerbación de ese «corporativismo», con el cual el Presiente Mesa se esmera en identificar a los sectores sociales del país; son los «intermediarios» a través de los cuales los estados del primer mundo operan para arrebatar a los estados subsidiarios sus riquezas sin generar el prejuicio del colonialismo. Si Mesa buscara ejemplificar con honestidad una minoría eficaz, entonces debiera señalar a las multinacionales.
Mesa y los oligopolios
Pero ahí no acaba la relación entre el Presidente y lo corporativo. A 24 horas de su mensaje y valiéndose del más corporativo de los sectores, el informativo – empresarial, el Presidente pretendió dar el «golpe de gracia» a un alicaído movimiento popular, aún antes de que inicie sus protestas.
Es difícil creer que éste sea el mismo Mesa al que las elites cruceñas recriminaban en su cabildo una posición anticruceñista, antiempresarial y anti- seguridad jurídica. De hecho, a éste Mesa – recaudos de credibilidad de por medio – le respaldan discretamente las redes televisivas de Monasterios e Ivo Kuljis.
A falta de medios de comunicación de alcance nacional que informaran de manera equilibrada sobre las horas posteriores a su renuncia, las empresas privadas de información hicieron una defensa cerrada del Gobierno detrás del aún efectivo argumento de «velar por la institucionalidad democrática».
¿Cuál la verdadera razón? La lógica no es otra sino que el Gobierno ha dado finalmente el vuelco hacia la derecha que la oligarquía nacional, los empresarios cruceños y los partidos tradicionales esperaba de él. Más allá, el pretendido reproche a las «elites cambas» y a «los empresarios de algunas cámaras» durante su discurso es mera coartada y el eventual descontento de la bancada emenerrista, que aún pugna por la anulación del Juicio de Responsabilidades, es asunto aparte.
Al justificar y respaldar la Ley de hidrocarburos de Mario Cossio, Mesa se jugó por la lógica política tradicional y – discretos pero contundentes – los oligopolios mediáticos cerraron filas en su defensa, igual que hará – también es de sentido común – el Parlamento en su ratificación.
La Red Uno y Unitel, optaron por una discreta y tibia crítica, cuando en otra situación y tras la consigna autonomista cruceña, hubiesen aprovechado la oportunidad para efectivizar su renuncia.
Durante la mañana del lunes, el periodista Juan Carlos Arana habló en la Red PAT acerca de «simplificaciones peligrosas», que exponían cualquier argumento de prensa emitido a favor de la racionalidad, como una defensa del Gobierno y cualquier actitud reñida con las demandas «radicales», como pro oligárquica o pro cruceña.
Arana tiene razón en una cosa, los argumentos simplificantes tiene la intención de ocultar las verdades complejas y no hay retórica más simplificante que presentar la demanda de recuperación de la propiedad de los recursos naturales como el delirio de un dirigente alteño o como la irracionalidad del un dirigente cocalero. Ambos simplismos condenan, estigmatizan y criminalizan a quienes elevan la voz para hacer público un pedido que se tornó en mandato el 17 de octubre y del cual este gobierno es hijo.
Contra los sectores sociales
El brazo parlamentario de La Coordinadora de Defensa de los Recursos Naturales- el MAS – cayó bajo el influjo de la retórica presidencial hace 17 meses. Desde entonces vagó errático y cobró distancia de los movimientos sociales consumido por la lógica partidaria tradicional y los entuertos palaciegos.
Soberbio, el líder del MAS Evo Morales, confió en su capacidad de revertir en el terreno parlamentario los desventajosos contratos y de lograr, sin participación de otros sectores, la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos como crédito del Movimiento al Socialismo. Hoy pretende, quizás ya a destiempo, reencausarse en la defensa del patrimonio nacional y dejar el Parlamento para retornar a las calles. Mesa conjuró su intento, antes de que este siquiera fuera puesto en práctica.
El viejo y eternamente eficaz expediente de la descalificación no pudo camuflarse esta vez detrás de la retórica académica del Presidente.
Paternalista y soberbio Mesa reprendió a los líderes sociales e individualizó como decisión del líder cocalero y del dirigente de la Fejuve alteña Abel Madani, el bloqueo y la protesta en el país. Hay que escarmentar al hermano malo, hay que convertir la demanda social en la travesura de unos desatinados para que la causa de un pueblo quede convertida en un reprochable e individual error.
Hasta ahí – vale la pena repetirlo -, llegó la condescendencia disfrazada de tolerancia de quién fuera vicepresidente del régimen gonista. Los elogios de la mítica social de abril de 2000, hecha en Cochabamba por Mesa tras la aprobación de la Ley de riego, fueron sustituidos por sarcasmo e ironías.
Ayer terminó la elegización heroica de febrero de 2003 y de Octubre Negro. Todos los hitos sociales de lucha por la recuperación de los recursos naturales fueron criminalizados y satirizados por el discurso del «docto» Mesa y su didáctica de las verdades a medias.
Se rompió el encantamiento de 17 meses en que vivió el país tras Octubre Negro y el historiador, el intelectual y el periodista Carlos Mesa, se arrancó la máscara de la tolerancia exponiendo a un político ensoberbecido, que en tres cuartos de hora de hablarle al país vació su desprecio y su frustrado sentimiento de superioridad sobre los sectores sociales que, desconociendo su prosapia e iluminación política, «osaron» exigirle cumplir con la Agenda de Octubre.
La Coordinadora y el MAS enfrentan hoy la disyuntiva de abdicar de la protesta y ratificar a Mesa en el Gobierno o de ser responsables de la llegada de Hormando Vaca Diez a Palacio Quemado y con ello adjudicarse la autoría de una virtual guerra civil. Mesa lo sabe y por ello su renuncia fue un ardid político para torcerle el brazo al MAS y una exégesis de demagogia que – es evidente – de nuevo embriagó al más despolitizado sector de la bolivianidad y su cómplice inconsciente: la clase media urbana.