En noviembre de 2005 publiqué en Rebelión un ensayo titulado “Consideraciones en torno a la distribución social del conocimiento, una mirada desde México y América Latina”, en el cual, en el marco de una crítica a la llamada sociedad del conocimiento, señalé dos de sus características centrales en la fase neoliberal: la privatización y la centralización del conocimiento, “promovido en gran medida por las relaciones de competencia comercial internacional, en donde las transnacionales que se articulan con las grandes potencias económicas, políticas y militares son quienes gozan de mayores ventajas competitivas al momento de disputarse el mercado de consumo mundial” (López Martínez, 2005).
En el apartado de conclusiones de ese ensayo, propuse —como una de las principales vías para hacer frente a ese escenario— impulsar un proceso de distribución social del conocimiento, “en donde gobiernos de izquierda y la sociedad civil tienen que asumir un rol activo para combatir las nuevas y viejas desigualdades”, tanto de la sociedad industrial como de la sociedad del conocimiento (López Martínez, 2005).
Dieciocho años después, el 8 de mayo de 2023, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto mediante el cual se expide la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Esta ley, que sienta las bases para una política pública renovada en el ámbito del conocimiento, surge en el contexto del primer gobierno de izquierda en México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los puntos medulares de esta ley es que reconoce el derecho humano al conocimiento científico y tecnológico, el cual desarrolla tanto en términos conceptuales como normativos. En su texto, deja en claro que: “Toda persona, de forma individual y colectiva, tiene derecho a participar y acceder al progreso humanístico, científico y tecnológico, así como a gozar de sus beneficios sociales, en los términos de esta Ley, de la demás legislación aplicable, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte” (Gobierno de México, 2023).
La ley se estructura en torno a un conjunto de principios, fines, bases de política pública y sistemas institucionales, que articulan una visión renovada del conocimiento como derecho humano, como bien público y como pilar del desarrollo nacional. Su contenido normativo apunta hacia la consolidación de una política de Estado comprometida con la equidad, la inclusión y el bienestar colectivo.
Entre sus principios rectores destacan la equidad de género, la inclusión de comunidades históricamente excluidas, el respeto a la diversidad cultural, la interculturalidad, la independencia científica, la innovación abierta y la solidaridad intergeneracional. Estos principios permiten concebir la producción del conocimiento no como una tarea aislada, sino como parte de un entramado ético, político y cultural más amplio.
En cuanto a sus fines, la ley establece que el sistema nacional debe contribuir al desarrollo integral del país, al fortalecimiento de la soberanía científica y tecnológica, a la atención de problemáticas prioritarias y a la construcción de un futuro sostenible. Se privilegia una perspectiva de justicia epistémica, que promueve la colaboración entre disciplinas, sectores sociales y territorios, reconociendo los saberes tradicionales, comunitarios y regionales como parte fundamental del quehacer científico nacional.
La ley también crea y regula el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, concebido como un mecanismo de coordinación interinstitucional y multinivel, que articula a los tres órdenes de gobierno con instituciones académicas, centros públicos de investigación, universidades, organizaciones sociales y comunidades. Este sistema tiene como objetivo construir agendas estratégicas participativas, definir prioridades nacionales y garantizar la incidencia territorial del conocimiento.
En este mismo marco, el 28 de noviembre de 2024 se publica el decreto que da origen a la Secretaría de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (SECIHTI), cuya entrada en funciones ocurre el 1 de enero de 2025. Esta nueva dependencia, con rango de Secretaría de Estado, forma parte del rediseño estructural del Ejecutivo federal y asume funciones estratégicas que anteriormente se encontraban dispersas, con el propósito de centralizar, coordinar y conducir la política nacional en materia de conocimiento, investigación e innovación.
La creación de esta Secretaría implica directamente la transformación del antiguo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que deja de operar como organismo descentralizado y es sustituido institucionalmente por la SECIHTI. Esta transición no es meramente administrativa; marca el paso hacia un nuevo modelo institucional en el que la producción y distribución del conocimiento se entienden como instrumentos de justicia social, inclusión epistémica y ejercicio efectivo de derechos.
La SECIHTI se constituye como órgano rector del Estado mexicano, con atribuciones específicas en la planeación, promoción, articulación y evaluación de políticas públicas, así como en la coordinación interinstitucional, intersectorial e intergubernamental. Su estructura incluye dos subsecretarías —de Ciencia y Humanidades; y de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación—, además de una Unidad de Políticas Transversales, lo que le permite articular esfuerzos estratégicos con otras dependencias y actores sociales.
Entre sus funciones más relevantes destacan: la coordinación del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; la dirección del Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación (que agrupa a 24 instituciones); y la conducción de programas clave como el otorgamiento de becas nacionales, el fortalecimiento de capacidades científicas y la operación del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Además, la Secretaría impulsa la Red ECOS Nacional, un espacio articulador entre los sectores académico, gubernamental, productivo y social, orientado al desarrollo con enfoque de inclusión, sostenibilidad y justicia territorial.
Con esta reorganización institucional, el Estado mexicano en su fase posneoliberal sustituye al antiguo CONACYT por una Secretaría con facultades reforzadas, lo que consolida un modelo de gobernanza pública del conocimiento, en el que este deja de estar subordinado a intereses mercantiles y se reconoce su acceso universal y su función de beneficio social. Esta transformación profundiza el giro hacia una ciencia orientada al interés público, una tecnología con responsabilidad social y una política del conocimiento anclada en los valores de equidad, pluralidad epistémica y sostenibilidad.
En suma, esta nueva arquitectura institucional no solo responde a una lógica de eficacia estatal, sino a una concepción ética, cultural y política del conocimiento, en la que el Estado asume un papel activo y protagónico para garantizar el acceso universal, la producción social y la apropiación democrática del saber.
Este enfoque del derecho humano al conocimiento, con una perspectiva social, marca una ruptura con la lógica de productividad y competitividad que predominó en los gobiernos neoliberales y que benefició a unas cuantas empresas en detrimento de la mayoría de la sociedad. Este cambio de paradigma fue posible gracias a la amplia movilización popular que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador y a una mayoría legislativa de izquierda.
En este segundo gobierno de izquierda en México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, resulta fundamental no bajar la guardia. Es necesario exigir a las instituciones la implementación efectiva de lo establecido en la ley y en los programas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; así como recordar a las universidades públicas su responsabilidad en la garantía del derecho humano a la ciencia y la tecnología, un aspecto determinante que exige dejar atrás las miradas meritocráticas y excluyentes en el acceso al conocimiento.
Fuentes:
Diario Oficial de la Federación. (2024, 28 de noviembre). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de creación de la Secretaría de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. https://www.dof.gob.mx/nota_
Gobierno de México. (2023, 8 de mayo). Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_
López Martínez, R. A. (2005, 14 de noviembre). Consideraciones en torno a la distribución social del conocimiento, una mirada desde México y América Latina. Rebelión. https://rebelion.org/
Raúl Abraham López Martínez. Profesor-Investigador en El Colegio de Morelos. Director de la Revista Digital Independiente Voz Universitaria
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