Los Estados Unidos no dieron aviso a México sobre el inminente arresto de uno de sus generales de élite. Esto luego de que el Fiscal General Bill Barr omitiera proveer al gobierno mexicano información acerca de los cárteles de narcotráfico estadounidenses.
El arresto del general mexicano Salvador Cienfuegos Zepeda en el aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) el 15 de octubre fue la culminación de un operativo secreto realizado conjuntamente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EUA) y la DEA. El operativo no fue revelado al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) antes de capturar al militar en retiro.
En una de sus conferencias matutinas posteriores al evento, AMLO admitió que la noticia lo tomó por sorpresa -declaración que posteriormente fue retractada en un esfuerzo por guardar la compostura y evitar el escrutinio de alguna laguna legal en la ley mexicana, o alguno de los acuerdos bilaterales firmados en el contexto de la “guerra contra las drogas”, que obligue a su vecino del norte a divulgar detalles específicos de operativos en ejecución.
Un afronta tan clara a la soberanía de otra nación dista de ser un comportamiento excepcional de la única superpotencia del continente, quien históricamente ha mangoneado, chantajeado y asesinado a líderes nacionales alrededor del mundo. No obstante, la detención unilateral de un militar extranjero de alto rango para enfrentar un proceso judicial en una corte de los EUA es un punto de quiebre en los cuarenta años de la llamada “guerra contra las drogas”.
Desde el comienzo de esta desastrosa política, enjuiciar a nacionales de países extranjeros en las cortes estadounidenses ha sido un mecanismo permanente. La extradición ha figurado prominentemente en las tácticas de la guerra antidrogas. EUA lo exige como una condición a todos sus aliados en el ostensible combate que desde finales de los años 90 ha encabezado el Comando Sur de los EUA contra los multimillonarios cárteles del narcotráfico transnacionales.
Dicho mecanismo casi derroca al gobierno colombiano durante los violentos años de la época de Pablo Escobar, ya que el capo hizo de la extradición la causa principal de su cruzada en contra de los fiscales del estado. La invasión estadounidense a Panamá apenas unos años antes, ejecutada con SEALS de la armada y otras fuerzas especiales, para capturar a Manuel Noriega, uno de sus antiguos operadores encubiertos, fue una señal de las intenciones agresivas de Washington hacia el resto de Latinoamérica.
El caso del general Cienfuegos, quien fue detenido en un aeropuerto sin ningún entendimiento previo con el gobierno mexicano, revela el flagrante menosprecio que las agencias federales estadounidenses tienen por las leyes de otras naciones. Paralelamente, la ausencia de una petición formal de extradición por parte de los EUA puede dar la clave acerca del verdadero motivo detrás de este arresto de alto perfil, el cual propició que AMLO reconsiderara la relación de su gobierno con los EUA en lo tocante a la guerra contra las drogas.
En una entrevista reciente con Proceso, el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que se ha tomado la decisión de revisar todos los acuerdos de cooperación con la DEA a raíz de la captura del general. “Los términos de la cooperación con la DEA deben cambiar”, declaró Ebrard, aunque mencionó que seguirá habiendo colaboración.
OPERACIÓN PADRINO
Seis días después de que la DEA anunció más de 700 arrestos, decomisos de millones en efectivo, armas y drogas en el llamado Proyecto Python, un operativo interinstitucional de gran calado cuyo objetivo fue el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el gobierno mexicano solicitó información al Departamento de Justicia de EUA sobre los cárteles estadounidenses en una carta dirigida al fiscal general de los EUA, Bill Barr, fechada el 17 de marzo de este año.
A través de dicha misiva oficial, AMLO y su canciller pidieron al Departamento de Justicia de EUA que proveyera información judicial acerca de los cárteles del narcotráfico estadounidenses. Entre los que fueron mencionados en la carta a Barr se encuentran los Hells Angels, Bandidos, Gangster Disciples, y Calle 18, cuyos extensos vínculos con cárteles mexicanos como el CJNG exigen que cualquier información relevante sobre estas organizaciones criminales sea compartida con México.
La solicitud se basó en las revelaciones hechas un mes antes por el agente especial a cargo de la DEA en Arizona, Polo Ruiz, quien admitió en entrevista con Proceso, citada en la carta diplomática, que los cárteles estadounidenses han establecido sus propios controles territoriales en EUA y que, si bien trabajan con los cárteles mexicanos, operan independientemente.
La admisión del agente señala la primera ocasión en que un oficial en activo de la DEA reconoce la existencia de estos grupos, propiciando que el gobierno mexicano abordara el tema directamente con su contraparte estadounidense mediante una nota diplomática oficial. Además, esto sucedió luego de que la DEA publicara una lista de corporaciones identificadas en el Proyecto Python como empresas dedicadas al lavado de dinero. Todas las compañías enlistadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro son mexicanas y se omitió cualquier mención de compañías estadounidenses.
La respuesta de Barr llegó un mes después, a mediados de abril. El policía número uno de EUA le aseguró a AMLO que había instruido a los representantes de la DEA en la embajada estadounidense a reunirse con sus contrapartes mexicanos tan pronto como la pandemia del COVID-19 lo permitiera. Respecto a las interrogantes acerca de las compañías estadounidenses, Barr no menciono más que trascendidos de agentes de la DEA, quienes mencionaron que se encontraban trabajando sobre el particular con la secretaria de hacienda mexicana.
La operación “Padrino”, como fue llamada la estrategia que llevó al arresto de Cienfuegos, fue ejecutada a espaldas de cualquier agencia antidrogas mexicana ostensiblemente trabajando en concierto con la DEA y sucedió meses después del silencio ensordecedor de Barr respecto al asunto de compartir inteligencia con México.
El ex Secretario de la Defensa Nacional enfrenta tres cargos por narcotráfico y uno más por lavado de dinero en una corte de distrito en Brooklyn, Nueva York. Su abogado -quien también defendió a Bill Cosby- fue el fiscal titular en el caso de lavado de dinero más grande en la historia de EUA, llamado operación Casablanca, el cual acusó a varios bancos mexicanos y a altos funcionarios bancarios mexicanos en 1998 justo antes de que México levantara la veda a bancos extranjeros, los cuales fueron expulsados del país por el presidente López Portillo más de diez años antes -un punto de no retorno crucial que precedió al crecimiento exponencial de los cárteles del narcotráfico en México y el cual ya he cubierto extensamente en la segunda parte de mi documental, “Borderline: la verdad sobre la guerra contra las drogas”.
LA INVASIÓN SUTIL
De acuerdo con el artículo de J. Jesús Esquivel en Proceso, en territorio mexicano se encuentran operando 54 agentes de la DEA, en su mayoría sin rendir ningún tipo de cuentas a las autoridades locales. Douglas Valentine, entrevistado por MintPress para este artículo, sugiere que probablemente haya cientos de agentes encubiertos más deambulando dentro del país.
Valentine reveló la historia secreta de las políticas federales antidrogas de los EUA en dos libros recientemente publicados que rastrean la colusión de agencias de inteligencia, el ejército norteamericano y funcionarios federales estadounidenses en la facilitación de las operaciones del narcotráfico mundial. Su trabajo previo acerca del Programa Fénix colocó a Valentine como uno de los mejores periodistas de investigación en torno a las turbias actividades del gobierno de los EUA.
Sobre el arresto del general Cienfuegos, Valentine asegura que “es exactamente lo que parece”, es decir, que la descarada afrenta a la soberanía nacional de México es un mensaje disuasivo al gobierno mexicano para que se abstenga de realizar interrogantes, como la presentada en la carta al fiscal Barr, acerca de los cárteles del narcotráfico estadounidenses con el objetivo de identificar las auténticas redes de distribución y lavado de dinero a través del sistema bancario estadounidense e internacional, mismas que ultimadamente hacen posible el narcotráfico.
“Un mexicano no puede traer drogas, digamos 500 kg de drogas, y moverlas dentro de los EUA”, explica Valentine. “Tiene que haber una infraestructura y gente esperando a recibirlas. Pandillas de motociclistas como los Hells Angels, Bandidos y otros grupos conocidos colectivamente como la “Mafia Dixie”, mencionados en la carta diplomática mexicana presentada en marzo, son usados como “fachadas” por poderosos grupos del crimen organizado estadounidense”, dice Valentine. Los mayores mercados, situados en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y otras, son controlados por estas mafias.
“Los Hells Angels no pueden ir a Nueva York y distribuir la droga”, explica Valentine, “para poder tener un sistema así funcionando, necesitas a la mafia, la cual tiene protección policial y política”. Tales parecen ser las redes criminales protegidas por Bill Barr tanto por su rechazo tácito a la petición del gobierno mexicano como por la ejecución de una orden de aprehensión -al estilo de un capo mafioso- mediante la cual exhibe a su vecino del sur, sacando sus trapos sucios para que el mundo los vea.
“La CIA sabe bien quiénes son los líderes criminales, esto gracias a su espionaje de las comunicaciones y a sus agentes infiltrados en el ejército mexicano”, y pueden exhibirlos cuando les dé la gana para mantener en pie la ilusión de la aplicación de la ley, justificar incrementos presupuestales o lanzar amenazas veladas a aquellos líderes nacionales que están haciendo demasiadas preguntas.
La increíble penetración de agencias de inteligencia estadounidenses como la DEA, ICE y el FBI, por nombrar sólo algunas, en el ejército y los cuerpos policiales mexicanos es una realidad que comenzó a tomar forma en los 1940´s mediante una pujante relación entre el establishment policial y de inteligencia de ambos países. Estos nexos han crecido exponencialmente desde que Reagan hizo de la guerra contra las drogas un asunto de seguridad nacional y abrió la puerta para que el Departamento de Defensa ejerciera su control mediante tratados bilaterales en materia de combate al narcotráfico, como la Iniciativa Mérida firmada por George W. Bush y su contraparte mexicano, Felipe Calderón, en 2008.
Tratados bilaterales similares existen en toda Latinoamérica y le han otorgado a los EUA una posición privilegiada dentro de los aparatos judiciales y las operaciones militares de muchos países a lo largo y ancho de la región. A través de la historia de la guerra contra las drogas, la influencia estadounidense sobre la creciente militarización de la policía en México, Colombia y otros países le ha permitido a los EUA delinear en gran medida las políticas de seguridad en aquellos países.
Los resultados de tal política han sido catastróficos para México. El número de muertes sobrepasa al de países en guerra en el Medio Oriente y el resto del mundo. Un incidente particularmente espantoso sucedió en 2011, reportado con gran detalle por Ginger Thompson, exponiendo el frío desdén que agencias como la DEA y el FBI tienen por la vida de gente inocente, quienes -en este caso particular- fueron dejadas a merced de un sanguinario cártel luego de que dichas agencias manejaran información sensible de manera poco cuidadosa.
La promesa de AMLO de tomar una ruta alterna en el combate al narcotráfico en México, mediante la reducción de la violencia de estado, debe haber activado las alertas en Washington, dando pie a operaciones como “el Padrino” para instigar temor en el gobierno del aliado comercial más grande de los EUA.
UN DISPARO EN LA OSCURIDAD
Podríamos estar atestiguando un punto de inflexión en la historia de la relación entre México y los EUA si el deseo de AMLO por rediseñarla es sincero, incluso al retorno de una época en la que la clase política mexicana consideraba a su “distante vecino” -parafraseando una vieja consigna- con mucha mayor suspicacia.
Según parece, el presidente de México tiene la intención de ayudar a su propio pueblo, lo cual es mucho más de lo que la mayoría de los mexicanos pueden decir de sus anteriores presidentes. Comparado con mega corruptos como el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien robó millones directamente de los fondos de pensiones y pavimentó el camino para la introducción de compañías financieras internacionales dedicadas al lavado de dinero como el banco HSBC, AMLO es el Rey Salomón.
El presidente mexicano ha enfrentado una férrea oposición, desde que asumió el cargo en 2018, por parte de sectores de clase alta y media-alta, sobre lo que consideran sus políticas de izquierda radical. Durante las últimas semanas ha habido manifestaciones en la capital del país exigiendo su renuncia. Pero la mayoría de los mexicanos, quienes no pertenecen a dichas clases sociales, respaldan su presidencia y aprecian su retórica populista.
Por lo menos, AMLO ha afirmado categóricamente que el gobierno mexicano no correrá con los gastos legales del general Cienfuegos, los cuales podrían rondar los $800 ó $1000 dólares por hora, de acuerdo con reportes. La sugerencia de que México debería destinar parte del presupuesto federal para pagar las onerosas cuotas de defensa legal del general provino del líder del hoy partido opositor PRI, quien presentó una iniciativa para blindar a elementos del ejército mexicano de agencias de seguridad foráneas.
La esencia de dicha propuesta legislativa puede estar en el núcleo del asunto que rodea la detención unilateral del general Cienfuegos y atraviesa al corazón del sistema transnacional de justicia, implementado informalmente por los EUA mediante sus políticas de guerra contra las drogas, el cual plantea una amenaza fatal a la soberanía y la autodeterminación de cualquier país independiente en Latinoamérica y el resto del mundo.
DUELO A LA MEXICANA
Es de dominio público que elementos de alto rango del ejército mexicano han sido piezas clave en la operación del narcotráfico en México. Ésa es la única institución que cuenta con la capacidad de permitir el trasiego de drogas “clandestinamente desde puertos federales hasta la frontera con EUA”, de acuerdo con Valentine. Los líderes de los cárteles frecuentemente responden a tal o cual funcionario dentro de la jerarquía del gobierno federal, desde algún jefe policial hasta el mismo presidente de la República.
La corrupción anidada en las instituciones del gobierno mexicano es legendaria y de sobra conocida por los mexicanos, quienes rara vez le otorgan a cualquier político -o funcionario público- el beneficio de la duda. El desdén por la autoridad es parte de la idiosincrasia cultural y ninguna persona que aspire a un cargo gubernamental se haya fuera o por encima de las críticas en un país donde la impunidad es el pan de cada día.
En los EUA, por el contrario, la vasta red de operadores militares, agencias de seguridad y cuerpos policiales que recorren las oscuras entrañas del narcotráfico internacional están exentos de escrutinio público. Sus roles protagónicos en el trasiego de drogas ilegales están en completa oposición a la cuidadosamente diseñada propaganda que los pinta como agentes del bien, espetada por Hollywood desde la época del colapso de la conciencia socio política estadounidense.
La corrupción e impunidad estadounidense se oculta detrás de su código legal y es celosamente protegida tras un revestimiento retórico de excepcionalidad que el Comité de la Iglesia, Vietnam y la serie de asesinatos políticos habían destrozado en los 1960´s. Más recientemente, el trabajo seminal del periodista Gary Webb ha exhibido el nexo existente entre el narcotráfico global y el establishment estadounidense, el cual ha respondido en una escala sin precedente para volver a esconder el grado hasta el que lo permean la corrupción y la impunidad una vez más.
El propio William Barr fue uno de los funcionarios directamente involucrados en barrer debajo de la alfombra el sórdido pasado y las atroces actividades de programas como MKULTRA, COINTELPRO e Irán-Contra. Ya como fiscal general de los EUA, continúa encubriéndolas cuando preguntas incómodas le son planteadas acerca del papel que narcotraficantes, corporaciones y bancos norteamericanos desempeñan en la ostensible “guerra contra las drogas”.
Traducido por Ramón Magaña