Cada presidente impone su estilo personal de gobernar donde los propósitos no basta enumerarlos sino son los hechos los que cuentan (Cossío 1974) y, Andrés Manuel López Obrador no es la excepción, porque desde su llegada al poder en 2018-19, ha mantenido su liderazgo a base de ejercer el poder constitucional mexicano y las meta facultades constitucionales que el supra sistema presidencialista y no el presidencial normativamente tiene (Carpizo 1994).
El argumento inicial de ese ejercicio del poder muy cuestionado por aliados y contrincantes políticos -que no enemigos para exterminarse- fue sin saberlo López Obrador, el mismo argumento que imperó en Estados Unidos en 1956 de que las elites del poder estaban en manos de una casta dominante que controlaba los asuntos económicos, industriales y políticos del país (Mills 1956), pero, a diferencia del país del norte, a casi un año de terminar la administración de AMLO, aunque no se habla de una casta dominante en el país que si existe y nunca fue tocada, ha sido cuestionable que varios políticos del pasado corrupto y conservador como lo llama AMLO hayan estado en su gobierno desde un principio, estén y sigan estando, en puestos súper importantes o de primer nivel en la administración pública, el poder legislativo o como gobernadores, al grado que en juicios sumarios sin saber de fondo si existen a los de corrupción o malos manejos en ellos, el simple hecho de afiliarse a MORENA es más que suficiente para quemar de tajo cualquier indicio maligno que le haya brotado en su pasado como militante de esa casta dominante.
Dentro del partido MORENA cierto es que hay excelentes cuadros dirigentes y que mantienen una firme convicción por democratizar el sistema de partidos, la reforma de estado, el poder judicial, abatir la pobreza, donde destacan dos dirigencias sin pasado de “casta” o algo parecido, la propia candidata presidencial Claudia Sheinbaum y su vocero Gerardo Noroña, que de ganar la elección presidencial serían si, por primera vez en la historia de México una presidencia surgida de una izquierda natural, no pulida por los pasados en otros partidos como los tradicionales PRI y PAN, y con la posibilidad si se lo proponen dicha dupla, de construir un verdadero Estado de Derecho, país de instituciones, generador de riqueza para todos, seguridad pública y estabilidad internacional en todos los sentidos, donde sin dogmas y con un estilo propio, personal de gobernar, más que darle fortalece a un movimiento llamado 4T podamos aspirar a un país de leyes y de respeto al Estado de Derecho, con sus características propias de izquierda natural.
Sin embargo, en el mundo y Latinoamérica recorre un fenómeno guiado por gobiernos surgidos de movimientos de izquierda que no se llevan cien por ciento con las inversiones de países desarrollados, conocidos como gobiernos 3P, populistas, polarizadores, postverdad (Naím 2022). De ahí la importancia de que las democracias emergentes y con visos de consolidación como la mexicana, pueda terminar el año e iniciar uno nuevo, privilegiando el dialogo y la concertación sobre todo en una contienda presidencial que parece será solo entre mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, la primera resultado de un proceso de años de consolidación por parte de AMLO y la segunda surgida de la alianza PRI, PAN, PRD. En ambos casos, alianzas también cuestionadas por una serie de actores políticos que, en cada bando, no son bien vistos ni dentro ni fuera, pero que en la política mexicana esto no parece importar mucho a la sociedad, aunque si representan dolores de cabeza con el tiempo, sobre todo para la construcción de la democracia y el Estado de Derecho.
Rafael Marín Marín es secretario general del Frente Nacional Jurídico en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho A.C.
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