Tomo prestado el título del libro ya clásico del economista mexicano José Luis Ceceña (1915-2012), en el que reseña cómo desde el siglo XIX, y especialmente en el porfiriato, el capital estadounidense fue extendiendo sus intereses en nuestro país e integrándolo en la esfera de influencia del imperio en construcción en el norte de América. Hoy será difícil negar que el segundo gobierno trumpista ha empezado reactivando una lógica imperial, que rompe con el multilateralismo y la diplomacia que no se ciñe estrictamente a sus proyectos, llegando a amenazar con la anexión de territorios de otros países en el continente americano y el Medio Oriente. Tampoco sería muy discutible que México se ha convertido en un objetivo de primer orden para esos intereses imperiales, y que no sabemos hasta dónde llegarán las presiones del magnate neoyorkino para obtener de nuestro país todo lo que a sus designios convenga.
La primera amenaza, los aranceles del 25% ya le sirvieron para que el gobierno de Claudia Sheinbaum —al igual que el de su antecesor Andrés Manuel López Obrador en 2029— acepte militarizar la frontera norte para frenar el flujo de migrantes a los Estados Unidos y convertir a México, en los hechos, en un llamado “tercer país seguro” donde se retiene a los expulsados por el vecino septentrional, sin importar cuál sea su nacionalidad. Pero si bien el 3 de febrero, por medio de una conversación telefónica con Claudia Sheinbaum, Donald Trump había accedido retrasar por un mes la aplicación del gravamen a las exportaciones mexicanas, ya lo impuso al acero y el aluminio mexicanos y a los canadienses, y no por 25% sino, llegando, al sumarse con otros impuestos, al 50%.
Los siguientes pasos han sido subestimar el nombre de México y eliminarlo del golfo que siempre se ha llamado así para designarlo ahora como Golfo de América, y, desde luego, intensificar sus amenazas de perseguir y aniquilar a los cárteles de la delincuencia organizada en México, ya que nuestro gobierno no lo ha hecho por ser, en la visión del nuevo monarca de Washington, su cómplice y protector. Al respecto, se ha confirmado por fuentes del Comando Norte estadounidense y la propia Sedena un número indeterminado de “vuelos de reconocimiento” que la presidenta Sheinbaum dice que no violaron el espacio aéreo nacional, pero que son una clara amenaza para las bandas delincuenciales y también para nuestra soberanía. También el despliegue de fragatas u otras naves de la armada estadounidense en el Mar de Cortés (hay que insistir en seguir llamándolo así, aunque a AMLO no le gustara esa denominación geográfica) y en el propio Golfo de México, cerca de nuestro mar territorial.
Pero la actitud del gobierno de Sheinbaum es complaciente —al menos públicamente— al negar que tales movimientos se constituyan en amenazas para el territorio y la soberanía mexicanos—. Y aún más, el Senado controlado por el partido oficial, pero también con los votos del PRIAN, autoriza el ingreso al país de marinos estadounidenses cuya misión será capacitar a elementos de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) en operaciones tácticas y técnicas de combate en las costas de Campeche.
El tema de la militarización y el papel del ejército en la política nacional volvió a las columnas de los diarios y al debate público con la aparición del general Salvador Cienfuegos Zepeda, apresado en los Estados Unidos por acusaciones de complicidad con el narcotráfico y luego devuelto a México para ser absuelto aquí de todo delito, en la Marcha de la Lealtad del 9 de febrero. Se recordó en la Mañanera, por la periodista Dalila Escobar de la revista Proceso, cómo el general fue liberado en los Estados Unidos por una petición del gobierno de México, no porque se desvanecieran las pruebas recopiladas por la DEA y el Departamento de Justicia. Tanto la presidenta como el fiscal de la República Alejandro Gertz Manero mintieron para negar que haya habido una solicitud del gobierno mexicano, menos una negociación, que llevara a retirar las acusaciones contra Cienfuegos, afirmando en cambio que no hubo evidencias suficientes para sostener la imputación al ex secretario de la Defensa mexicano. Al decir del periodista y corresponsal en Washington de la misma revista Jesús Esquivel, también autor de la investigación A sus órdenes, mi general sobre las acusaciones y liberación del jefe castrense, la jueza del caso en los Estados Unidos no desestimó las pruebas de la acusación, sino que fue el entonces procurador de Justicia estadounidense William Barr quien ordenó al Departamento de Justicia retirar los cargos, esto tras varias conversaciones con el entonces canciller mexicano Marcelo Ebrard.
Todos sabemos que la detención del militar en el aeropuerto de Los Ángeles, primero celebrada por el presidente López Obrador, dio pie a una fuerte presión de la Secretaría de la Defensa sobre la presidencia misma y la cancillería para que gestionaran su devolución a México. Pero pocos se han interesado por investigar hasta dónde las fuerzas armadas mexicanas son parte de los proyectos estratégicos de los Estados Unidos no sólo en temas de narcotráfico y delincuencia organizada, sino mucho más allá de éstos. Es decir, posiblemente la liberación de Cienfuegos Zepeda por los estadounidenses no sólo obedeció a las presiones mexicanas y a la amenaza de expulsar del país a los agentes de la DEA que aquí operan, sino también a un cálculo propio del gobierno de Donald Trump en 2020 con respecto de no dañar su alianza con el ejército y la marina de México.
Y es que, si bien México nunca ha firmado, desde los inicios de la Guerra Fría, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también conocido como Tratado de Río de Janeiro, que alineó a los ejércitos del continente con las disposiciones dictadas desde el Pentágono, la vinculación entre las fuerzas armadas mexicanas y las estadounidenses ha sido constante. La llegada de los marines instructores a Campeche no es en absoluto un hecho excepcional; más aún: a pesar de que prácticamente la única amenaza externa contra México es la que proviene de su vecino del norte, la oficialidad de nuestro ejército y marina armada en buena parte se ha formado o cursado diplomados o especialidades en las academias militares estadounidenses. Su visión estratégica y táctica es en buena parte la de los mandos castrenses de ese país. Las armas de la Sedena son en su mayor parte provenientes de los Estados Unidos también.
Los intereses del ejército como corporación armada, además, son un factor permanente de poder, más allá de qué partido gobierne. Y, paradójicamente, ha sido en los gobiernos del Morena cuando más han resaltado y se han satisfechos esos intereses de los mandos uniformados, incluso en áreas económicas donde nunca se pensó que llegaran a involucrarse, como el turismo, la construcción o la aeronáutica civil.
La reactivación de una perspectiva unilateral e imperial por parte del gobierno de Donald Trump frente a lo que considera amenazas externas, conlleva asegurar la adhesión o neutralización de sus aliados ante sus agresivas políticas de dominio sobre el hemisferio. Ciertamente, en el ambiente de creciente militarización de la seguridad pública y la administración gubernamental de México y el nuevo protagonismo de los jefes castrenses en los últimos siete años, es lógico pensar que éstos irán encontrando su lugar en las estrategias de Washington.
Y es en ese punto donde la vinculación con las fuerzas armadas tiene un papel importante. Pero el riesgo es que en un combate más decidido al narcotráfico resulten involucrados mandos militares. Hay que recordar que desde el gobierno de Felipe Calderón se decidió involucrar más a la Marina Armada en esa lucha, dado que el gobierno estadounidense confiaba más en ésta que en el ejército, por considerar que éste estaba más involucrado con los grupos delincuenciales. Ante la amenaza de que los estadounidenses actúen directamente en territorio mexicano para acabar con los cárteles, la posición de instar al gobierno de Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía ha sido casi unánime. Sólo el PAN y algunas otras expresiones de la derecha han visto con buenos ojos el muy posible intervencionismo de Trump. Nuevas cosas veremos, de llegarse ese momento, en que será aun más decisivo el papel de las fuerzas armadas, sin llegar, por supuesto a un estado de guerra con el poderoso vecino de América del Norte.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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