Cuando el ciudadano común pierde el sentimiento de confianza y seguridad en las instituciones oficiales, percibe que en tales condiciones, la vida no vale nada. Secuestro, desaparición y muerte son tres sustantivos concretos y al mismo tiempo, propios de las sociedades en las que los grupos de poder fáctico, llámense estos ejércitos, escuadrones de la […]
Cuando el ciudadano común pierde el sentimiento de confianza y seguridad en las instituciones oficiales, percibe que en tales condiciones, la vida no vale nada.
Secuestro, desaparición y muerte son tres sustantivos concretos y al mismo tiempo, propios de las sociedades en las que los grupos de poder fáctico, llámense estos ejércitos, escuadrones de la muerte, paramilitares, maras, mafias o carteles de la droga toman las riendas del estado soberano, ya sea violentamente o por la seducción del poderoso caballero Don Dinero, que todo lo compra, soborna y corrompe.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural en el pueblo de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero, México, el pasado 26 de septiembre, no tiene parangón en América Latina, pero no por el hecho en sí, puesto que Latinoamérica es la región del mundo con mayor número de muertes violentas por homicidio y armas de fuego, sino por la forma de operar de las fuerzas que intervinieron en la acción.
En la «época dorada» de las dictaduras militares en Centro- y Suramérica, allá por los sesenta y setenta del siglo pasado, los secuestros, desapariciones, ajusticiamientos sumarios y las «caravanas de la muerte» por razones políticas, fueron el instrumento preferido de los aparatos represivos gubernamentales para aterrorizar a la ciudadanía y los crímenes se cometían de acuerdo a un esquema, por regla general, jerárquicamente establecido: Fuerza Armada, aparato de inteligencia, servicios secretos, Policía Nacional y en colaboración directa con grupos fascistas y/o paramilitares. De acuerdo a este «guión contrainsurgente», en la Plaza de Tlatelolco (La noche de Tlatelolco), en el centro de la ciudad de México, la noche del 2 de octubre de 1968 tuvo lugar una batalla campal, sangrienta y desigual que enlutó a la nación azteca entera. El mitin estudiantil contra el gobierno priísta presidido por Gustavo Díaz Ordaz, se convirtió en un infierno dantesco y la lluvia de disparos dejó decenas de cadáveres sobre las baldosas del ágora de Tlatelolco. En el caso de Ayotzinapa/Iguala, los estudiantes fueron detenidos por agentes de la policía municipal por intento de «subversión del orden público»; encarcelados y posteriormente «recogidos» por «agentes» del municipio de Cocula, quienes finalmente los «entregaron» a los sicarios del cartel «Guerreros Unidos», según informa el periódico español El País (La noche de Iguala).
Lo de Ayotzinapa fue una acción conjunta en la que participaron «agentes oficiales», «agentes extraoficiales» y criminales a sueldo. Es decir, que en México, uno tiene la impresión que las fronteras entre el crimen organizado y la violencia institucional son tan permeables que bien podría hablarse de una «fluida cooperación osmótica». Esta forma de operar es característica en un Estado en el que la mafia y los barones de la droga han corroído y corrompido los poderes ejecutivo, judicial y legislativo.
México, esa bella y gran nación hermana, que un día elaboró el «Plan de Independencia de la América Septentrional», conocido popularmente como el Plan de Iguala, firmado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, nos da hoy el ejemplo del crimen de Ayotzinapa, que pone al desnudo la relación simbiótica entre las instituciones gubernamentales y los Carteles de la Droga. En esto, México lindo y querido, ningún país de América Latina te iguala.
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