La crisis del sistema, como bien ha indicado István Mészáros, a la luz de lo hechos es una crisis civilizatoria. En tanto la misma resulta profundamente articulada al ciclo de producción y reproducción del capital1. Donde la clase dominante estadounidense, aglutinada en torno al «complejo militar-industrial», hasta ahora no ofrece la menor indicación de estar […]
La crisis del sistema, como bien ha indicado István Mészáros, a la luz de lo hechos es una crisis civilizatoria. En tanto la misma resulta profundamente articulada al ciclo de producción y reproducción del capital1. Donde la clase dominante estadounidense, aglutinada en torno al «complejo militar-industrial», hasta ahora no ofrece la menor indicación de estar dispuesta a sacrificar una mínima fracción de sus intereses y sus exorbitantes ganancias2. Si bien en días recientes, más de 40 millonarios del estado de Nueva York le pidieron en una carta al gobernador Andrew Cumo, que les aumente los impuestos, a fin de aliviar la pobreza y reparar la deteriorada infraestructura estatal: la pobreza infantil, el problema de los desamparados y la debilitada infraestructura de puentes, túneles, desagües y carreteras. Misiva firmada por personas como Abigail Disney, Agnes Gund, Leo Hindery y Stven C. Rockefeller3.
Lo esencial e imperante son los negocios y la ganancia desmedida, así tan sólo 20 países controlan el 80% de la producción y comercio mundial, lucran con las crisis financieras, se niegan a pagar impuestos y seguro de liquidez, provocan volatilidad al trasladar sus fortunas e imponen gobernantes y condicionan a gobiernos para generar empleos a cambio de legislaciones antipopulares4.
Las grandes compañías imponen criterios en la ONU desde 1978, las corporaciones ligadas a los negocios del petróleo, industria farmacéutica, entre otras más, que suman 44 en total, participan en Global Compact desde el 2002 como representantes de la sociedad civil; los magnates de la industria de armas son los mismos de las cadenas mediáticas y desde 1995 los consorcios económicos imponen las políticas educativas, reformas laborales, cambios estructurales y de comercio mediante la Organización Mundial de Comercio (OMC)5.
Así, la burguesía imperial, ha diseñado y puesto en operación un sistema de dominio que se da en varios frentes mediante un control férreo, cuyas características son tramas, redes y alianzas entre corporativos para anular la capacidad de reacción de la gran masa de trabajadores.
En el área de medios de comunicación de masas, electrónica y de entretenimiento han concentrado grandes centros y empresas oligopólicas en un solo frente para desestructurar pensamientos, ideologías, desimbolizar lenguaje de guerra, simular confrontaciones bélicas, estigmatizar grupos y pueblos, construir ideológicamente enemigos e imponer un pensamiento unidireccional y único con la intensión de unificar a escala planetaria el ensimismamiento humano.
Por ejemplo, son seis grandes grupos los que controlan la industria mediática en el mundo: Time Warner, Walt Disney, News Corp., Viacom-CBS, Vivendi-Universal y Bertelsman. De los cuales cuatro son mayoritariamente anglosajones (Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia) y dos son una mezcla de capital francés-norteamericano y uno alemán.
Controlan los contenidos audiovisuales (televisión, cine, internet) y las redes de distribución (televisión terrestre, cable y satelital), pero también los medios impresos (periódicos, revistas), la radio y la publicidad exterior. Imponiendo el imperio del infoentretenimiento: mezcla de información «dura» con soft news, una combinación de mundo del espectáculo, el cine, los deportes, las modas y la política.
Concentración global que en América Latina se da a escala. Siendo 9 grandes grupos los que definen en el continente la industria mediática: los mexicanos Televisa y TV Azteca, los brasileños Globo y Folha, el argentino Clarín, el chileno Mercurio, el venezolano Grupo Cisneros, los colombianos Bavaria y Tiempo.
Consorcios a los que se les suman dos grandes grupos españoles: Prisa y Recoletos, que se han convertido en los dos más importantes inversionistas de la última década, en búsqueda del mercado de la información, la comunicación y el entretenimiento en América Latina.
Siendo así que, más del 60 por ciento de los contenidos audiovisuales e informativos de las empresas latinoamericanas reproducen y replican lo generado por las «seis grandes hermanas» globales. Donde quizá sólo el Grupo Televisa tiene una capacidad de producción propia convirtiéndola en el consorcio más importante de habla hispana: 53 mil horas anuales de programación (entre 2007 y 2008), de las cuales, el 67 por ciento se exporta hacia el resto del continente, Estados Unidos y España.
En este contexto, Gustavo Cisneros Rendiles, el hombre más rico de América del Sur. Considerado hoy el segundo hombre más rico de Latinoamérica, solo por debajo del mexicano Carlos Slim Helú y seguido por otro venezolano, Lorenzo Mendoza Giménez, tercer hombre más rico de América Latina. Y alumno de David Rockefeller6, viene replicando mediante la Organización Cisneros accionista mayoritaria de Univisión y su alianza con America Online en 1998, una poderosa influencia en la vida cotidiana de por lo menos 500 millones de latinoamericanos. Y expande su influencia a través de Caracol Televisión, la empresa colombiana más grande en medios electrónicos
Por otra parte, sólo el grupo brasileño O’ Globo rivaliza con el tamaño y la expansión de Televisa. Consorcio multimediático de Roberto Marinho que posee 107 emisoras televisivas en su país. Además, también es propietario del periódico de mayor circulación, O’ Globo, con un tiraje promedio de 350 mil ejemplares diarios y posee la red radiofónica más grande de Brasil con 20 emisoras afiliadas. Sin embargo, la capacidad exportadora de O’ Globo es mucho menor a la de Televisa, en parte por la barrera idiomática y también por las dimensiones del mercado brasileño que lo convierte en autoconsumo7.
Dentro de tal esquema, además de la producción de artículos, películas, equipos electrónicos y programas de ocio, estas empresas tienen fuertes vínculos con empresas productoras de armas de guerra, recolección de residuos tóxicos y distribución de agua potable. Así, General Electric produce piezas para la industria bélica, es propietaria de National Broadcasting Company y tiene acciones de Vivendi Universal, que controla el 80% del grupo media en Estados Unidos8.
Ocurriendo de igual forma en Italia y Francia mediante personajes como Silvio Berlusconi y el Grupo Matra que es el mismo Grupo Lagardére que reúne en su seno la aeronáutica militar con Hachette, Vivendi Universal Publishing y Larousse entre otras, que se dedican a la industria editorial.
Expandiendo su monopolio a otros espacios como el farmacéutico y de laboratorios que, vinculados con la multinacional Monsanto, han realizado una alianza estratégica para controlar el mundo de los negocios de producción y comercialización de alimentos, la creación de nuevos medicamentos y el control de patentes de uso político-militar de bactericidas. Tan solo de las 500 empresas industriales norteamericanas más grandes, las farmacéuticas son unas de ellas, recibiendo del erario extravagantes beneficios, las inversiones, gastos en investigación y marketing son deducibles de impuestos, el impuesto sobre la ganancia es de 16.3%, por debajo de la media de otras empresas que varia en un 27.3%. Obteniendo así ganancias por arriba de los 65 mil millones de dólares anuales9.
En México, se resintió el peso de estos monopolios en septiembre de 2001, cuando Ignacio Chapela y David Quist, científicos de Berkeley encontraron maíz nativo contaminado con transgenes en algunas comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca y Puebla. En comunidades zapotecas que utilizan el maíz para comer, siembras con semillas propias, pese a estar muy alejadas de zonas de agricultura comercial.
Ante esta situación, las corporaciones biotecnológicas montaron una campaña de descrédito en su contra utilizando listas de discusión electrónica como AgBioWorld, moderada por el Dr. C. S. Praskash, donde además participaron varios científicos en favor de los cultivos transgénicos, logrando que la revista Nature se retractara de la publicación del artículo de Chapela y Quista. No obstante, el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Biodiversidad (Conabio), confirmaron la contaminación transgénica del maíz nativo a partir de sus propios análisis, indicando que en 15 de 22 localidades campesinas e indígenas seleccionadas como muestra encontraron presencia de transgenes en un 3 a 10 %. Además de que en el almacén de Diconsa de Ixtlán, Oaxaca, encontraron contaminación transgénica del maíz destinado a la venta para el consumo10.
Siendo la fuente de contaminación del maíz nativo las importaciones de maíz estadounidense, a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Debido a que dentro de las medidas sanitarias y fitosanitarias incluidas en el TLCAN se impedía a cualquiera de los tres países firmantes restringir el manejo, transporte y empaquetado de alimentos transgénicos, por motivos de «seguridad» o «salud», a menos de que se tuvieran suficientes bases científicas. Además de que dentro del TLCAN se adopta el «principio de equivalencia sustancial», que implica que alimentos o componentes alimenticios nuevos son sustancialmente equivalentes a alimentos o componentes alimenticios ya existentes y pueden ser tratados de la misma manera que los convencionales11.
Principio de equivalencia que fue definido por la Organización para la Cooperación y desarrollo Económico (OCDE) en 1993 y reconocido por la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1996, pese a no contar con un sólido sustento científico, además de resultar arbitrario.
En un marco donde las exportaciones de maíz han sido apoyadas desde Estados Unidos mediante programas de aliento a las exportaciones con créditos a bajas tasas y plazos largos de recuperación como los de Commodity Credit Corporation, mientras que por el lado del gobierno mexicano fueron favorecidas al no cobrar por su ingreso ningún arancel. Resultando así como principales beneficiarias de este negocio financiero, empresas trasnacionales comercializadoras de granos, productoras de harina y edulcorantes de maíz, de alimentos balanceados para ganado o directamente productoras intensivas de ganado. Siendo nueve empresas trasnacionales las que absorben la mitad de las importaciones en 2001: Cargill, Maseca, Archer Daniels Midland, Corn Products International, Arancia, Purina, Pilgrims, Tyson. Donde Cargill y ADM son a su vez las principales exportadoras desde Norteamérica. Además, cabe resaltar que estas corporaciones están ligadas a las principales empresas semilleras que controlan también el mercado de los transgénicos. Cargill se encuentra vinculada a Monsanto y ADM a Novartis12.
En esta lógica, la minería también viene constituyendo otro frente de saqueo. En Chile la estatal Corporación del Cobre (Codelco) ha sido víctima de un desfalco que supera los 21 mil millones de dólares. Consistiendo el fraude en la venta de cobre y otros minerales asociados, a precisos inferiores al valor del mercado, en operaciones presentes o futuras. Teniendo como consecuencia haber dejado a dicho país sin los excedentes que le deja dicha cuprífera, primera productora mundial del mineral.
Siendo los artífices de tal situación ejecutivos de Codelco, como Diego Hernández. Experto en generar pérdidas en mercados a futuro. Este asumió el control de dicha minera en abril de 2010. Tras haber sido en 1995 gerente de la minera Mantos Blancos (Angloamericana), donde perdió 49 millones de dólares: 25% de los ingresos por ventas de dicha empresa ese año. Pese a lo cual, luego de estos malos manejos en Mantos Blancos, Angloamerican ascendió a Hernández a presidente de Collahusia, una mina de gran envergadura. Proceder que coincide en Chile al nombrar altos ejecutivos relacionados con mineras privadas y desfalcadores. Así, Codelco actualmente es dirigida por Nelson Pizarro, anteriormente vicepresidente de del holding Antofagasta Minerals, perteneciente al grupo Luksic13.
Además, pese a que el robo es el más grande de todos cuantos hayan afectado al Estado de Chile, apenas ha sido mencionado en los principales medios de comunicación y ninguna institución ha sancionado responsabilidades ni ha tomado medida alguna para evitar que se siga cometiendo el desfalco.
Acordes con este proceder, unos 200 proyectos mineros han estado en ejecución a lo largo y ancho de América Latina tan sólo en el 2010, dejando comunidades devastadas por la irresponsabilidad de los inversores en este sector. De la mano de la voracidad para extraer riquezas mediante la minería, cultivos extensivos e intensivos, se ha dado la depredación del medio ambiente, el control sobre los recursos naturales estratégicos, la movilización de recursos y dinero, así como boicots hacia gobiernos opositores, e insensibilidad demostrada ante la existencia de al menos 1.500 millones de pobres, mil millones de nuevos pobres, tasas de desempleo sobre el 12% y la pauperización constante reflejada en los salarios y pensiones.
Siendo que las regalías que entregan al Estado no sobrepasan el 1%, mientras que el daño a la tierra es incalculable, puesto que contaminan ríos, tierras de riego, afectan a comunidades enteras con malformaciones genéticas, siendo el uso del cianuro uno de los factores principales de este problema.
No obstante, varios gobiernos, incluso los llamados progresistas o de la nueva izquierda han sido activos promotores del extractivismo, e incluso lo acentuaron. Pese a los profundos cambios políticos continentales hacia la «izquierda», los sectores extractivistas mantuvieron su importancia14. Minería y siembras extensivas de soja, maíz, legumbres, trigo, sorgo, girasol, arroz, avena, frijol y se experimenta con la papa, entre otros cultivos que acaparan 47 millones de hectáreas en el sur de América Latina, donde tan sólo la soja representa el 50% de la superficie mundial sembrada.
Dentro de este esquema Brasil representa en la producción de soja el 27%, Argentina 17%, Paraguay 2% y Bolivia 1%. Donde la derrama de pesticidas y agroquímicos utilizados para obtener mayor rendimiento de la tierra en las plantaciones de soja, ha venido causando enfermedades, malformaciones congénitas y abortos espontáneos en las poblaciones que quedan bajo las fumigaciones. Testimonio de esta situación lo da la región del Chaco argentino y paraguayo, donde la población manifiesta en su cuerpo los estragos del glisofato15.
En tanto que la actividad minera viene contaminando con plomo, cadmio, arsénico, bióxido de sulfuro y demás sustancias. Afectando las cuencas hidrológicas, fauna y flora, alterando el paisaje y coloración de la tierra por la oxidación de los suelos. Donde además resulta afectada también la salud de los habitantes en los lugares que se realizan dichas actividades, con problemas pulmonares, de piel, caída de cabello, ceguera precoz, poca absorción de nutrientes en el cuerpo y afectaciones en el hígado16.
En Colombia donde ha permeado desde años la corrupción y el impacto de la minería del carbón a cielo abierto. Se ha venido matando al pueblo indígena wayúu. Miles de sus niños han muerto de hambre y sed. En tanto que se llevan de su territorio las riquezas empresas como: Glencore, Xtrata, Cerrejón, BHP Billiton, Angloamerican Drummond, sin rendir cuentas ante nadie. Mostrándose como el verdadero poder que maneja al Estado. Toda vez que casi todo el país ha sido concesionado a las multinacionales mineras saqueando; oro, estaño, zinc, plata, plomo, cobre, antimonio, petróleo, carbón, níquel. Sin respetar normas ambientales, derechos humanos, laborales o ambientales. Y estando casi exentos de impuestos17.
En tanto que en México, pese a que se prohibió la inversión extranjera en minería en tres décadas, desde 1992 se dio la apertura de esta, a partir de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Colocándose desde entonces a nuestro país como uno de los más «atractivos» para practicar dicha actividad, siendo así que en 2006 ocupo el lugar número 18 en la producción de oro y en 2008 el número 1418.
Más aun, ante la perspectiva de que el precio del oro subiera en 2008, las compañías mineras de todo el mundo incrementaron sus presupuestos de exploración. Y, como muchos países pese a contener la promesa de tener importantes yacimientos son, o políticamente reacios, como Rusia o peligrosos como el Congo. En México, al «desarrollar reglas de inversión atractivas» y una «burocracia relativamente eficiente», después del TLC. Aun a pesar de la guerra contra las en gran parte del norte del país, las industrias mineras operan con gran seguridad.
Así, distintas empresas conocidas como juniors, se han convertido en el brazo de exploración de la industria, según indico Larry Segerstrom, director operativo en 2008 de Paramount Gold and Silver, una junior de Ottawa que ha explorado el estado de Chihuahua. Invirtiendo cerca de un millón de dólares al mes en dicha exploración, en viejas excavaciones mineras en busca de oro y plata19.
Dentro de estos procesos cada vez más se han visto afectadas comunidades como las Rarámuri y O´dam de los municipios de Bocoyna, Guadalupe y Calvo, así como Urique en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua. Mismas que han acudido al Senado de la República, manifestando que los principales problemas a los que se enfrentan son: El despojo de sus territorios y recursos naturales, escénicos y culturales; la falta de reconocimiento del derecho al territorio en el que han vivido desde siempre; la falta de cumplimiento al derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado; la contaminación del agua y de la tierra que ha provocado la industria hotelera en sus comunidades; las amenazas de muerte a miembros de sus comunidades y la violencia generada por el narcotráfico; la imposición de modelos de desarrollo ajenos a su cultura, como el forestal y turístico y la falta de respuesta de las autoridades federales y estatales a las demandas presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, los representantes han informado que por la defensa de sus territorios han recibido el hostigamiento, amenazas y violencia, llegando incluso al asesinato de integrantes de alguna de sus comunidades: «Durante más de 40 años hemos luchado, por el reconocimiento de nuestro territorio y la protección de nuestros recursos naturales ante diversos tribunales con acciones jurídicas, administrativas y penales. En todos y cada uno de los juicios hemos presentado pruebas del despojo que hemos sufrido por parte de caciques, mestizos, madereros, empresarios y políticos. Todos y cada uno de ellos han sido protegidos por los gobiernos en turno, ya sea por complicidad u omisión. Como resultado solo hemos tenido que los juicios se alarguen eternamente, en alguno hemos tenido sentencias negativas y cuando hemos ganado, las sentencias no han sido ejecutadas, como es el caso de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de marzo de 2012 para la formación del Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre»20.
Historia de despojo y desplazamiento de las comunidades indígenas de Chihuahua, donde a los pueblos tarahumaras no solo les quitan las tierras donde están sus viviendas o cuevas, sino que son despojados de vastas extensiones de territorio donde se encuentran sus centros ceremoniales, sus camposantos, suministros de agua y las labores de cultivo. Destacando, en este escenario, según ha indicado el abogado de Alianza Sierra Madre, Ernesto Palencia, la comunidad de Choréachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo, quien originalmente poseía como ejido Pino Gordo, poco más de 34 mil hectáreas, y hoy solamente tiene menos de 15 mil21.
Situación a la que le debemos sumar el hecho de que, a partir de la reforma energética, la ruta de los grandes negocios petroleros se ubica en distintas entidades del norte del país como Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Y dejando de lado los casos como Choréachi, el gobierno federal espera recibir más de 1 billón 2 mil 990 millones de pesos en inversiones privadas para exploración y extracción de hidrocarburos.
Siendo así que, en la región del norte del país se prevén más conflictos agrarios y ganaderos: 81 municipios de dichas entidades federativas serán afectados por la expropiación y la figura de «ocupación temporal» incluida en las nuevas leyes energéticas22.
Además, en distintos estados del norte de la república, según algunas organizaciones especializadas en derecho ambiental y activistas, pronostican un mayor impacto debido al fraking – fractura hidráulica de las rocas para extraer el gas de lutitas, gas shale o gas de esquistos -, así como un mayor riesgo para las áreas naturales protegidas que no cuentan con un «programa de manejo». Esto son los casos de Janos, Cascada de Basaseachic y Cumbres de Majalca, en Chihuahua, así como las zonas de Cuatrociénegas y Ocampo, en Coahuila23.
Toda vez que, según datos de la Administración de Información Energética (EIA), ubicaron a México como el cuarto país con reservas potenciales de hidrocarburos en lutitas en el mundo, y de acuerdo con información de PEMEX, el proyecto de exploración de estos hidrocarburos puede confirmar un potencial equivalente a 60 mil millones de barriles de petróleo crudo.
Ante estas perspectivas, el Pentágono ha promovido en nuestro país el método del fraking, técnica de fracturación hidráulica que se realiza mediante la inyección de fluidos en capas de rocas profundas. Para lo cual, el agua que se administra contiene arena y más de 90 aditivos químicos que ayudan a disolver el gas atrapado en la lutita. Mientras que la arena penetra en las fracturas e impide que se cierren, el gas fluye a la superficie con parte del líquido24.
Siendo algunos de los riesgos ambientales de dicho método, además del uso de grandes cantidades de agua (99.5% de la composición es agua y arena, el restante son sustancias químicas): la contaminación de los mantos acuíferos, ríos, suelos y atmósfera; afectaciones a la salud y vida animal; e incremento de la actividad sísmica. Problemáticas de contaminación que se asocian principalmente con dos cuestiones. Primero por la canalización del metano que se produce durante la extracción de gas shale desde el yacimiento hasta los mantos acuíferos y/o la superficie, por la cementación inadecuada de las tuberías de revestimiento de los pozos. Mientras que el segundo punto se encuentra asociado al depósito del agua de desecho que contienen los productos químicos utilizados para el fracturamiento hidráulico y que son nocivos para la salud25.
Dejando estos hechos de lado, tal como en el norte del país, y considerada como la segunda zona con mayor potencial de inversión a la región sur-sureste. En Tabasco, Veracruz y Campeche se planea recibir 769 mil 202 millones de pesos en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como 58 mil 500 millones para un centro petroquímico en Chiapas, 45 mil 500 millones para reconfigurar una refinería en Oaxaca, 15 mil millones para una planta de licuefacción de gas natural y una central de ciclo combinado en Yucatán y 11 mil 430 millones de pesos en 910 kilómetros de gasoductos y poliductos26.
Finalmente, a esta lógica rapaz por parte de la burguesía imperial en contubernio con la local, parece no escapar el agua, puesto que se viene promoviendo las supuestas bondades de la privatización de agua, pero encubriendo en realidad sus intereses pecuniarios, tal como ha ocurrido con los demás energéticos. Pese a que la privatización del agua ha sido un fracaso global. Muestra de esto es que, en muchas ciudades que se precipitaron en firmar concesiones a 20 años o más con empresas de agua, teniendo como expectativa obtener agua potable a un costo «socialmente aceptable», han preferido terminar sus acuerdos y regresar el aprovisionamiento de agua urbana al sector público27.
180 ciudades y comunidades en 35 países, donde se incluyen Berlín, Buenos Aires, París, Acra, Johannesburgo, La Paz, Maputo y Kuala Lumpur. Han remunicipalizado sus sistemas de agua en décadas pasadas. Así, cien de los retornos administrativos ocurrieron en los mismos Estados Unidos y Francia, 14 en África y 12 de América Latina. Dándose la remunicipalización del agua en las metrópolis de países dependientes, más que en los países imperialistas.
Asimismo, el Banco Mundial acepta un fracaso de 34 por ciento en la participación privada en infraestructura entre 2000 y 2010. No obstante el titular de Sistemas de Agua de la Ciudad de México, Ramón Aguirre habla ya sobre «costos financieros» y «responsabilidad financiera» de la gestión del agua. De forma tal que, las empresas privatizadoras del agua pretenden implementar soluciones «eficientes» ante el desabasto de agua, mediante un alza exorbitante de los precios y el recorte de la inversión en infraestructura28.
Proceso en el cual además, el Banco Mundial emprende un doble juego, cargado los dados a favor de las trasnacionales: aconsejando por un lado a los gobiernos privatizar el agua, mientras que por otro lado invierte en las trasnacionales del agua para que obtengan jugosos contratos. Para lo cual el Banco Mundial, a salido al quite con un nuevo truco contable/financierista, de una sociedad mixta pública y privada (PPP), por sus siglas en ingles, con la intención de contrarrestar las protestas ciudadanas y luego poder formalizar la privatización.
Ante esta situación, los mexicanos debemos abrevar de la experiencia global, ya que esta demuestra que cuando los usuarios se encuentran incapacitados para pagar las elevadas tarifas por el suministro de agua, las compañías encargadas de este servicio de manera inmediata cortan el suministro del vital líquido. Pasando por encima del «derecho humano al agua, correspondiente a unos 50 o 100 litros por persona al día29.
Notas
1 Mészáros István. «Socialismo o barbarie. La alternativa al orden social del capital». Pasado y presente XXI, Ediciones de paradigmas y utopías. 2005.
2 Borón Atilio A. «América Latina en la geopolítica del imperialismo». UNAM, PPEL, CIICH, 2012. Pág. 275.
3 La Jornada. Martes 22-03-2016.
4 Saxe-Fernández (Editor). «Crisis e imperialismo». CEIICH, UNAM, 2012. Pág. 214.
5 Ibíd. Pág. 214.
6 www.soberania.org/Articulos/articulo_1124.htm
7 https://jenarovillamil.wordpress.com/…/america–latina-y-las-corporacione… «América Latina y las Corporaciones Globales: Entre Telenovelas y Mickey Mouse, la Concentración Mediática«. Por: Jenaro Villamil
Revista. Punto-com. Agosto, 2001.
8 Ibíd. John Saxe-Fernández. Pág. 217.
9 Ibíd. John Saxe-Fernández. Pp. 217-218.
10 Revista. El Cotidiano, UAM Azcapotzalco, año 27, número 173, mayo-junio 2012.
11 Ibíd.
12 Ibíd.
13 Proceso. Número 2049, 7 de febrero de 2016.
14 Acostas Alberto, Gudynas Eduardo, Houtart Francois, Macas Luis, Martínez Alier Joan, Ramírez Soler Hery, Siliprandi Emma. «Colonialismo del siglo XXI. Negocios extractivos y defensa del territorio en América Latina». Icaria editorial, 2011. Pág. 77.
15 Ibíd. John Saxe-Fernández. Pág. 219
16 Ibíd. Pp. 219-220.
17 Rebelión. «La sequía y el calentamiento climático empiezan a matar de hambre a América Central». Por: Marie-Pia Rieublanc, 19-02-2016.
18 Revista. Observer, con lo mejor de The New York Times Magazine. Número 37, 2008.
19 Ibíd.
20 www.noticiasdelarebelion.info/?p=7003
21 es.defensatarahumara.org/?p=251
22 Revista Proceso. Número 1968, 20 de julio de 2014.
23 Ibíd.
24 El Universal. 11-08-2014.
25 Revista Ciencia. Universidad Autónoma de Nuevo León. Año 17, número 67, mayo-junio 2014.
26 Proceso. Número 1968, 20 de julio de 2014.
27 La Jornada. Alfredo Jalife-Rahme, 21-02-2016.
28 Ibíd.
29 Ibíd.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.