«Con toda la fuerza del Estado», es decir, con la triada habitual de los poderes fácticos para mantener la dominación (los militares y policías, la ideología conservadora de las iglesias y los medios de comunicación), Felipe Calderón Hinojosa pretende sobreponer al país la continuidad del proyecto conservador de los más ricos, esto es, más privatizaciones, […]
«Con toda la fuerza del Estado», es decir, con la triada habitual de los poderes fácticos para mantener la dominación (los militares y policías, la ideología conservadora de las iglesias y los medios de comunicación), Felipe Calderón Hinojosa pretende sobreponer al país la continuidad del proyecto conservador de los más ricos, esto es, más privatizaciones, más ganancias particulares, más leyes a su favor, con saldos negativos para los pobres y marginados.
Con esta declaración de guerra dirigida, en principio, a los actuales movimientos sociales, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el movimiento civil postelectoral, la otra campaña zapatista y los disidentes del futuro gobierno, el presidente espurio, piedra angular del descomunal fraude electoral, levanta la máxima de «gobernar duro y blando cuando así sea necesario», plétora discursiva de los gobiernos ilegítimos que han quebrado la democracia como idea y como práctica cotidiana del aprender a gobernarse, como sucedió en el laboratorio de la represión en masa San Salvador Atenco.
Cuando se asume «la razón de Estado» se toma posición de «legítima defensa» en un nivel de confrontación a enemigos concretos, visibles e indeseados que «dislocan» el equilibrio de los poderes que dan cohesión y proceso al orden institucional; se dirige la suma de todas las magnitudes de fuerza, de los poderes instituidos permanentes (como ejército y policías) y transitorios (como juzgados), contra los hostiles al sistema; se echa mano de los mecanismos de control, contención y administración sociales como si se tratara de un guerra convencional o encubierta, de alta o baja intensidad o con la introducción de nuevas tácticas militares como la de choque y pavor.
Pero el proceso de este endurecimiento que hoy vivimos nítidamente viene de años atrás, incubándose en las cloacas del poder empresarial y en las ratoneras de los tecno-políticos subordinados a su idea metafísica de las «leyes de la oferta y la demanda» que repitieron mil veces hasta convertirla en programa. El dejar hacer, dejar pasar de los teóricos postmodernos necesitaba una base real, una reconfiguración del Estado, de su endurecimiento y de economía libre, es decir, un Estado de corte policial, garante de la propiedad privada, la productividad, la integración, la globalización y las buenas conciencias, eufemismos todos que encubren la expoliación popular.
Resultados de la atropellada construcción del Estado Policial que inició durante los ilegítimos seis años presidenciales de Carlos Salinas (1988-1994), son los llamados gabinetes de seguridad (nacional), la domesticación de los mandos medios y altos del ejército y las policías, la introducción de fuerzas especiales y de reacción inmediata, la práctica de la contrainsurgencia, la violencia ejercida desde varios niveles de gobierno, asesinatos, secuestros, torturas y violaciones sexuales, todo ello combinado con programas sociales clientelares y corporativos como el de Solidaridad.
El garrote fue más grande que la zanahoria, un método eficaz para la imposición del consenso social y así llevar adelante políticas económicas en «el mejor de los momentos históricos»: la entrada de México a la modernidad sin trabas ni grupos negativos, sin disfunción ni cánceres sociales, o con los antídotos necesarios para combatirlos.
En los siguientes seis años el transito hacia el endurecimiento de las instituciones fue trocando las nuevas contradicciones.
Ernesto Zedillo hizo la guerra a los zapatistas, fue el responsable de las masacres de Acteal, Chiapas, y el Charco, Guerrero, y se erigió como el artífice de la guerra de baja intensidad contra organizaciones político militares revolucionarias, a las cuales combatió ferozmente con la introducción de «programas sociales» y la inundación de recursos a zonas consideradas de «alta peligrosidad», buscando corromper a las poblaciones bases de apoyo de las organizaciones armadas y así buscar el aislamiento de lo que consideraban «destacamentos armados con baja capacidad militar», la vieja táctica contrainsurgente de «quitarle el agua al pez».
Coronó su estrategia con la detención de mil estudiantes de la UNAM al inaugurar la acción punitiva y terror de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Vicente Fox siguió con la misma tónica. Secuestró a los hermanos Cerezo Contreras y luego los hizo aparecer como detenidos por supuesta responsabilidad de hacer explotar artefactos artesanales frente a instalaciones bancarias, luego los confinó a cárceles de alta seguridad y declaró «la cero tolerancia» contra quienes consideró enemigos internos.
Dio luz verde a la represión contra el movimiento altermundista en Guadalajara, Jalisco, donde se ensayaron métodos de tortura y vejación sistemática contra activistas pacifistas, la represión psicológica contra mujeres que fueron aprehendidas y el encarcelamiento de jóvenes. Combatió al movimiento de San Salvador Atenco en dos periodos distintos en los cuales desplegó toda la fuerza del Estado buscando aislar el movimiento, sojuzgarlo y desaparecerlo.
En días recientes aplicó todo el cúmulo de ensayos previos para aplastar al movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Movilizó a militares, policías y grupos paramilitares con el fin de contener la resistencia y a la postre acabarla. El resultado todos los sabemos, Estado de excepción, detenidos, torturados, vejados y cientos de confiados a cárceles de alta seguridad.
El Estado Policial, entonces, develó su composición de clase como una relación en pugna, de lucha permanente. El Estado, como relación social de una clase hegemónica sobre otras, se fortaleció. Es el resultado de una acumulación de factores diversos que presionaron el nivel de cohesión de la hegemonía y el nivel de la lucha entre las diversas clases sociales y sectores de clase hasta resultar el nuevo tipo de organización estatal de corte contrainsurgente.
En este sentido, la actual afirmación y luego su toma de posesión en el campo militar de Felipe Calderón no se entienden de otra manera que la de llevar adelante la coerción y la coacción por todos los medios posibles, legales e ilegales, para mantener a quienes representa en el poder real; barrer a los opositores políticos y sociales y perpetuar el ciclo de violencia institucional en aras del trillado «orden y progreso» bajo el paraguas de la caracterización que hace la USAID de «Estados en crisis», donde el uso de la fuerza «se legitima».
Para la autorregulación del sistema es necesario mantener la dureza del poder de arriba hacia abajo y presionar, o soltar la presión según sea el caso, sobre el volumen de los descontentos sociales, ubicar discursivamente a un enemigo interno visible o no y movilizar las herramientas convencionales para aislarlo, desterrarlo del debate público, desarticularlo y si es necesario desaparecerlo o destruirlo. Así, se mantiene el ciclo indefinidamente en una contextura armoniosa para las clases dominantes y una viscosidad paralizante para el resto de la sociedad.
Toda la fuerza del Estado no es una idea, sino la forma que buscará el gobierno de la derecha con el fin de sellar la metamorfosis del sistema político mexicano. Dependerá de la sociedad organizada y del pueblo en lucha que esto no pase.