El presidente del Perú, don Alan García, dijo que «tiene la impresión» de que Bolivia renunció a una salida al mar. Lo dice, sin dar importancia al texto de la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero pasado, que incluye, por primera vez en la historia constitucional, un capítulo sobre la reivindicación marítima […]
El presidente del Perú, don Alan García, dijo que «tiene la impresión» de que Bolivia renunció a una salida al mar. Lo dice, sin dar importancia al texto de la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero pasado, que incluye, por primera vez en la historia constitucional, un capítulo sobre la reivindicación marítima boliviana. Señala que se trata de un derecho irrenunciable e imprescriptible. Resulta lamentable como percepción del mandatario de una nación vecina y que, además, sabe que debe pronunciarse respecto al tema.
En realidad, la declaración del presidente peruano ya es una toma de posición. De hecho está diciendo que no accederá a ningún diálogo ni acuerdo, cuando sea necesario. La desafortunada afirmación fue en respuesta a una declaración del presidente Evo Morales en su discurso del 23 de marzo. Entonces dijo que esperaba que el diferendo sobre aguas territoriales que ventilan Perú y Chile en La Haya, no perjudique la reivindicación marítima boliviana. Un congresista peruano dijo que fue una referencia inoportuna del presidente boliviano. Según el personaje, debiéramos esperar que se resuelva el litigio para opinar posteriormente. Para entonces, nuestra única posibilidad sería el lamento. Es que, cualquiera sea el fallo de la Corte Internacional, a favor de una o de otra de las partes, se añadiría otro obstáculo a nuestra demanda marítima.
No es necesario explicarlo, pues la inadecuada expresión del presidente Alan García, ha confirmado los peores temores: el gobierno del Perú no está dispuesto a contribuir a una solución en el tema de la demanda marítima boliviana.
Es que, independientemente de lo que diga el presidente García, la política exterior del Perú se ha orientado, de forma reiterada, a la reclamación de los territorios que perdió en la guerra del Pacífico. Su demanda tuvo, en la época en que se firmaron los tratados de paz, una consistencia mayor que la de Bolivia. Fueron muchas las razones que provocaron esa inequidad tales como políticas de ordenamiento interno, dependencia de capitales chilenos, concreción de los ferrocarriles, etc. Todo esto porque, en el caso de Bolivia, perdimos todo nuestro litoral. Una diferencia sustancial con las pérdidas que tuvo el Perú.
Por esa razón, al gobierno peruano le fue dado, en aquel momento, la alternativa de mantener la atribución de consulta en el caso de que Chile llegase a algún acuerdo territorial con una tercera potencia que, por supuesto sólo puede ser Bolivia. Claramente, el Acuerdo Complementario del Tratado de Paz entre Chile y Perú, dice: «Los Gobiernos de Chile y del Perú no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán, sin ese requisito, construir, al través de ellos, nuevas líneas férreas internacionales».
Respecto a este tema, aunque en forma elusiva, éste y el anterior gobierno de Lima, han sostenido que no pondrán obstáculos a una solución favorable a Bolivia. Sin embargo, las declaraciones más frecuentes nos hacen comprender que no hay voluntad de apoyar, ni siquiera hacer viable una solución. Es una lástima, entendiendo que, la construcción de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) se basa, necesariamente, en la solución de los problemas centenarios que arrastramos los pueblos de este hemisferio, debido a la conformación inicial que nos sometió a la arbitraria división administrativa de la colonia española.
Sabemos que, algunos de los gobiernos de Sudamérica tienen otra visión y no están dispuestos a compartir la proyección que los pueblos se están dando en este tiempo. Aún consideran que, su ámbito de acción, está más allá de sus fronteras. Copian la doctrina retardataria de que, un país con suficiente capacidad bélica, adquiere el derecho de defender su seguridad nacional allí donde considere que se halle en peligro, sin importar la convivencia con los otros.
Sumarse a un proyecto de unidad con tal condicionamiento, puede verse como el propósito de hacer fracasar ese proyecto.