El gobierno federal asumió la seguridad de Tierra Caliente, Michoacán, con un discurso grandilocuente que no repara en sus contradicciones, privilegia el uso de mayor violencia y más fuerza que la tan anunciada labor de inteligencia, acompañado de un gobernador que parece ser parte del problema y no de la solución, al decir de Estanislao […]
El gobierno federal asumió la seguridad de Tierra Caliente, Michoacán, con un discurso grandilocuente que no repara en sus contradicciones, privilegia el uso de mayor violencia y más fuerza que la tan anunciada labor de inteligencia, acompañado de un gobernador que parece ser parte del problema y no de la solución, al decir de Estanislao Beltrán, dirigente del Consejo General de Autodefensas y Comunitarios; y con Televisa y Joaquín López-Dóriga como voceros oficiosos para no variar.
Miguel Ángel Osorio firmó el Acuerdo Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán con Fausto Vallejo, quien desde el 15 de febrero de 2012 cobra como gobernador, fue sustituido en el cargo por razones de salud y ahora con menos pena que ensangrentada gloria tricolor, anuncia: «Despacharé de manera recurrente en el municipio de Apatzingán y en otras localidades de la Tierra Caliente». Los muy agraviados por bandas criminales sólo piden que ejerza el cargo o se haga a un lado, porque mucho ayuda el que no estorba, y más si Estanislao Beltrán señala a su gobierno como vinculado a los cárteles en disputa por las plazas.
Señalamiento que, por cierto, también formuló la senadora Luisa María Calderón, la hermana del fracasado guerrerista que decretó el Operativo Michoacán en diciembre de 2006, sin consultar a las autoridades locales, para hacer en primer lugar el trabajo sucio de la estrategia antinarcóticos de la Casa Blanca y el Pentágono, pero también para encumbrarse en la Presidencia con la venia de Washington, pero siempre carente de la legitimidad que sólo dan las urnas.
Alrededor de 250 millones de pesos para reforzar el programa de prevención del delito en el valle de Apatzingán y una parte de la sierra Occidental, el «emplazamiento» a los grupos de autodefensa a regresar a sus lugares de origen y reincorporarse a sus actividades cotidianas, el solemne compromiso de que se «aplicará la ley de manera rigurosa e indiscriminada» y «no habrá tolerancia para quien sea sorprendido armado sin autorización», también «reconstruir el tejido social» -sin que atinen a explicar cómo se hace-, el envío de más elementos federales, entre ellos 70 servidores públicos y 11 helicópteros de la Procuraduría General de la República, forman parte de lo que el Partido de la Revolución Democrática denominó enseguida «respuesta inercial a un fenómeno complejo».
Osorio Chong sostiene que «para derrotar a la delincuencia es necesario reconstruir el tejido social», porque Michoacán «vive las consecuencias del abandono (sic) y no basta el uso de la fuerza pública». Acaso tenga razón en subrayar, tímidamente, las profundas raíces socioeconómicas del problema michoacano, como también lo es en menor grado tamaulipeco, coahuilense y una larga lista de regiones que divulga el Departamento de Estado para que los estadunidenses no las visiten. Lo que desmiente que el conflicto fue acotado bajo esta administración, como discurseó Osorio y el inquilino principal de Los Pinos.
Particularidades aparte, si algo evidencia la imparable espiral de violencia michoacana es el fracaso de la estrategia de seguridad de mayor coordinación, ventanilla única para las agencias estadunidenses, más trabajo de inteligencia y menor despliegue mediático. Cierto que logró disminuir los homicidios dolosos, pero a costa de un pronunciado repunte del secuestro, justo porque no se combate en forma integral y desde sus redes financieras a los cárteles. Y los golpes parciales que reciben los obligan a replegarse en la venta de narcóticos ilícitos y ocuparse de otros giros delictivos que les reditúan más de la mitad de las ganancias.
Fuente original: www.forumenlinea.com