El monto corresponde a una serie de multas por un total de $35 mil millones, que las concesionarias debían pagarle a los usuarios por fallas en el servicio. Gracias a la «ayudita» del Estado, las empresas podrán invertir $7 mil millones (del total) en futuras obras en un lapso de 5 años, en vez de […]
El monto corresponde a una serie de multas por un total de $35 mil millones, que las concesionarias debían pagarle a los usuarios por fallas en el servicio. Gracias a la «ayudita» del Estado, las empresas podrán invertir $7 mil millones (del total) en futuras obras en un lapso de 5 años, en vez de devolver el dinero.
En el mes de mayo el Gobierno nacional definió el traspaso del control y la regulación de la distribución eléctrica, a cargo de Edenor y Edesur de la jurisdicción federal a las de la Ciudad y provincia de Buenos Aires. En ese momento, desde La Izquierda Diario, denunciamos que dicho pacto incluía la bochornosa condonación de una suma de $ 7 mil millones que las empresas debían pagarle a sus clientes por fallas en el servicio.
Al Estado no se le ocurrió mejor idea que establecer que ese monto, en vez de volver a la población que cada vez paga tarifas más caras por un servicio peor, sea «invertido» en obras y mantenimiento. Y lo hizo para cumplir con una de las exigencias del FMI de reducir el déficit, para lo cual eliminó el gasto en tarifa social que corría a cargo de Nación.
Esta maniobra del Estado beneficia claramente a dos de las privatizadas que más han ganado en los últimos tiempos de la mano de los tarifazos, y perjudica a la inmensa mayoría de la población que tiene que sufrir pésimos servicios, tarifas cada vez más impagables y que ahora ni siquiera tendrá el derecho a exigir que las empresas los compensen por los daños sufridos.
Si bien la condonación de la millonaria deuda fue decretada hace más de un mes y medio, en la mañana de este martes tuvo un alto impacto mediático por dos razones: en primer lugar, porque se conoció la noticia de que tanto el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, como el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade, fueron denunciados penalmente por el diputado nacional Rodolfo Tailhade; y en segundo lugar, porque el país entero viene de sufrir un apagón histórico al que luego se sumó uno en La Plata que duró una semana en algunas zonas y que causaron innumerables.
Una desigualdad que tiene responsables
De un lado, ganancias millonarias para los «dueños de la energía» como Marcelo Mindlin (Pampa Energía/Transener/Edenor) y Nicolas Caputo (Edesur / Central Puerto); del otro, servicios públicos inaccesibles y deficientes para las amplias mayorías que quedan así expuestas a enfermedades y muertes, como el caso de Valentino, de apenas 5 años, a quien Edesur le cortó la luz porque su mamá no pudo pagar una factura de $60.000.
Y en el medio un Estado que no duda en elegir de qué lado estar. En un sistema, como el capitalismo, en el que los servicios esenciales no constituyen un derecho, sino un negocio millonario sólo para unos pocos.
La población tiene que destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de los servicios, se estima que con los gastos de transporte, el gasto total en servicios representa un 30 % del ingreso de los hogares. Según un informe de Economía Política para la Argentina (EPPA), en junio de este año, los gastos en pago de los servicios de energía representan un 18,3 % del salario mínimo.
Hace unos días, Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna reveló la existencia de otra «ayudita» del Gobierno nacional a Edenor y Edesur: un acuerdo, con fecha 10 de mayo de ese año, en el que el Estado «reconoce una deuda con ambas empresas de entre 40 y 100.000 millones de pesos por el congelamiento de tarifas durante el gobierno anterior».
Un lector desprevenido podría preguntarse: ¿durante el kirchnerismo, estas y otras privatizadas perdieron plata como para que el Estado las tenga que recompensar ahora?
Claro que no. Prueba de ello es que entre los años 2004 y 2015 el Estado desembolsó 162 mil millones de dólares en subsidios, que como demuestra el apagón no fueron destinados a mantener y mejorar el servicio. Las gestiones kirchneristas además mantuvieron intacto el esquema privatizador.
A los servicios públicos, el Estado y los capitalistas lo convirtieron en un negocio. Y sus consecuencias las padece la población con tarifazos y apagones. Por esa razón, sin cuestionar las privatizaciones no hay salida de fondo.
Solo una medida de fondo, como la nacionalización y reestatización sin pago de las empresas privatizadas bajo control, administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios populares puede revertir la situación actual de millones de familias acechadas por la pobreza energética. ¿Por qué? Porque es una medida pensada desde una lógica totalmente opuesta a la de los capitalistas cuyo único objetivo es obtener ganancias.
Esa es la propuesta de la izquierda, invertir las prioridades porque primero tienen que estar las necesidades de la población, no cumplir con los compromisos del FMI. Hay que anular los tarifazos y nacionalizar todo el sistema energético bajo administración obrera y popular.