Uno de los temas centrales en la visita reciente de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, son los avances en la operación de la reforma laboral mexicana, asunto central del T-MEC.
Habría que recordar que sus preocupaciones -y de los demócratas, su partido- son lo laboral y el cuidado del ecosistema. Los aspectos migratorios son encargos específicos del presidente Biden, y se abordarán más adelante.
Para estos efectos la vicepresidenta tuvo una reunión especial con un grupo de destacadas personalidades del mundo laboral tanto nacional como internacional, se informó sobre los avances en la instrumentación de la reforma laboral y las condiciones tan precarias de las mexicanas en el mercado laboral nacional. También son precarias y mucho allá en su país.
Participó en la reunión el representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México y Cuba, abordando lo relativo al trabajo digno y la situación internacional.
Sería ingenuo pensar que la única información con que cuenta la señora Harris sobre la situación del mercado laboral mexicano y de la niñez o mujeres procede de este intercambio de opiniones, en todo caso le permitió validar sus fuentes y a las personas participantes en dicha reunión.
Otro aspecto que se reforzó directa e indirectamente con esta visita es que tal como establece el Anexo 23 del TEC-MEC ahora es obligatorio reportar las violaciones a los derechos laborales de las y los trabajadores mexicanos y están sujetas a vigilancia, así como sanción.
En esta línea las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social (STyPS), reconocieron como válido el reporte de Estados Unidos por supuesta denegación de derechos contra los trabajadores de la empresa exportadora de autopartes Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas.
Desde que está en funciones el nuevo Tratado, es la segunda ocasión que la autoridad estadounidense pide al gobierno mexicano intervenir por violaciones a los compromisos en materia laboral. No se quiere reconocer a los trabajadores el derecho legítimo a formar su Sindicato y prescindir de un contrato de protección empresarial. Estos contratos de protección violan la actual Ley Federal del Trabajo.
La empresa no le permite a las y los trabajadores optar por una demanda legal y los transfiere en automático a un sindicato de protección, además por este motivo despidió a 600 trabajadores. La solicitud fue a petición de la Federación estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO por sus siglas en inglés), así como el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios de Movimiento 20/32 y Ciudadano Público.
En México los sindicatos patronales son el pan de cada día y la causa principal de la precarización, ya sea en materia de derechos laborales o salarial. Por fin hay indicios de un cambio que beneficia a la clase trabajadora.
La primera queja internacional en materia laboral también la realizó AFL-CIO por la negativa del sindicato “Miguel López Trujillo” de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de programar una nueva votación para legitimar el contrato colectivo en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.
En respuesta, la STyPS suspendió el proceso de votación al encontrar evidencias de “manipulación de boletas”, por lo que presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato; la autoridad laboral ordenó al sindicato que realizara una nueva votación dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.
En tanto que la Oficina del representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó a México una revisión del proceso de legitimación para determinar si se produjo una “denegación de derechos” laborales y sindicales de los trabajadores.
Así las cosas en el tema laboral con las nuevas condiciones del TEC-MEC y la también nueva administración del país vecino, México y su gobierno tienen ahí un gran reto, y la beben o la derraman.
A nombre de su gobierno Kamala Harris hizo entrega de 130 millones de pesos para fortalecer la cooperación laboral con México y en apoyo a la reforma laboral cuya instrumentación es muy costosa, política y económicamente. El interés en estos temas de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos no es una cuestión humanitaria, sino comercial y económica, de competencia.
No vengan
En relación al tema migratorio que también forma parte de “lo laboral”, la visita oficial a México fue precedida de una visita previa a Guatemala, donde la frase más fuerte y destacada es: NO VENGAN, y esto aplica para migrantes centroamericanos y mexicanos.
Quedó muy claro que México seguirá haciendo funciones de “país cadenero de Centroamérica”, como lo llamó Zepeda Patterson (Sin embargo 21/03/2021), es decir, cumplir con la función de cerrar los flujos migratorios procedentes de Centroamérica. Primero fueron con los aranceles, ahora son vacunas la moneda de cambio.
Para mucha de la población latina en Estados Unidos se frustran sus expectativas sobre mejorías para la población migrante provocadas por la llegada de un gobierno demócrata. Se le puede decir “no vengan” a turistas, pero jamás a migrantes porque no es un acto voluntario, sino obligado por sus circunstancias que bien pueden ser violencia, miseria o ambas.
Nunca fue sencillo migrar hacia Estados Unidos, pero en tiempos de pandemia es pavoroso en particular para niñez y mujeres, en esa diáspora hay familias completas tratando de escapar con condiciones de crisis humanitaria.
Durante la estancia de la vicepresidenta de Estados Unidos en México, la senadora Patricia Mercado Castro organizó en el Senado una conferencia (8/06/2021) sobre mujeres migrantes. Destaca la participación de la funcionaria del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
“Las mujeres que salen de sus países de origen buscando protección internacional son cada vez más jóvenes, viajan con sus familias, mientras que las condiciones de recepción en México son cada vez más inseguras e indignas. En 2020 se recibió un total de 41 mil 329 solicitudes de asilo, para mayo de 2021, ese número ya fue rebasado. Las mujeres provienen principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Haití”.
Por su relevancia a continuación algunas de las principales áreas que cuentan con una mayor urgencia para su atención en materia legislativa, en relación a las mujeres y el asilo y que Imumi ha detectado:
- Tener que enfrentar a la Guardia Nacional obliga a las personas migrantes a buscar rutas más violentas, clandestinas, que las colocan en peores situaciones de riesgo frente al crimen organizado. La Guardia Nacional no detecta personas con necesidades de protección porque su vida peligra en su país de origen. Se deben eliminar las facultades migratorias de la Guardia Nacional.
Situación que puede agravarse al aprobar la propuesta de militarizar la Guardia Nacional.
- La detención migratoria en México no cuenta con condiciones mínimas que puedan garantizarles sobrevivir sin pasar hambre, humillaciones, riesgos claros de enfermarse y hasta de perder seres queridos Se debe prohibir la detención de mujeres y sus familias con necesidades de protección internacional.
- Aun cuando la Ley de Migración fue publicada desde el 2011, hoy, las mujeres migrantes que tienen hijas e hijos en México encuentran prácticamente imposible registrarles si no presentan regular estancia en el país y otros documentos, dejando a esa niñez sin identidad y por lo tanto sin acceso a otros derechos como salud y educación. Se deben armonizar los Reglamentos y Códigos del Registro Civil.
- Las mujeres refugiadas en México necesitan apoyo para lograr su integración en su nuevo hogar, necesitan tener acceso a guarderías, a trabajos con prestaciones, a documentos que sean reconocidos como válidos para identificarse, a salud pública, educación gratuita, como el resto de la población. Debemos generar protocolos de integración efectivos y afirmaciones positivas para las refugiadas en México.
¿Qué opinan de estas propuestas la Secretaría de Relaciones Exteriores que ahora cuenta con un área de política migrante feminista?
Efectos del desempleo: Al no contar con un Seguro de Desempleo la población desempleada -8 de cada 10 son mujeres- recurre a los retiros parciales en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Éstos registraron un incremento anual de 12 por ciento en mayo, con 1,753.5 millones de pesos, informó la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).
El acumulado del recurso retirado al quinto mes del año en curso es de 8,617 millones de pesos, esto es 28.3 por ciento más que en el periodo enero-mayo del 2020.
Implica renunciar a un retiro o pensión de la trabajadora, para protección de su vejez.