La dirigente social jujeña Milagro Sala fue ingresada el lunes 27 a la Clínica Los Lapachos, con un cuadro de trombosis.
Esto sucedió luego de que Sala concurriese a realizarse estudios de rutina debido a un dolor en su pierna izquierda. Desde ese momento, permanece internada en terapia intensiva con un diagnóstico de trombosis venosa profunda en su miembro inferior izquierdo. “Tras la intervención médica, Milagro se encuentra, actualmente, estable y sin complicaciones respiratorias”, informaron desde el equipo de abogados de defensa de Sala.
Las mismas fuentes advirtieron que “debido al peligro de que se produzca un desprendimiento de coágulos que derive en un taponamiento pulmonar, Sala debe permanecer internada sin movimiento alguno”. En el mejor de los casos, “la resolución de su situación médica tomará de tres a cinco meses y deberá permanecer anticoagulada de ocho a dieciocho meses”.
Milagro Sala se encuentra con prisión preventiva desde hace casi 7 años (número que triplica al máximo permitido por ley), por una causa por “tumulto” durante una protesta de la agrupación Tupac Amaru contra el gobernador radical Gerardo Morales.
En ese marco, el frágil cuadro de salud de Sala se complementa con hostigamiento policial, según denuncian desde el entorno de Sala. “Desde el momento de su internación, la policía local envió oficiales que permanecieron, en todo momento, al lado de Sala y le impidieron tener cualquier tipo de intimidad con su familia y con el personal médico”. Además, “los policías informan constantemente, por teléfono (suponemos que a sus superiores o medios de comunicación) acerca del estado de salud de Milagro y le realizan preguntas tanto al personal de la clínica como a los allegados a Sala”.
“Los oficiales policiales no se limitaron a aguardar en las puertas de terapia, sino que ingresaron y permanecen en el lugar, al lado de la cama en la que está la dirigente social”, denunciaron. En concreto, “una oficial estaba al lado de la cama en la que está la dirigente social, escribiendo todo lo que escuchaba y veía, sacando fotos y filmando, y comunicando por teléfono desde el estado de salud de Sala hasta con quién habla”.
Cabe recordar que, en las últimas semanas, el Ministerio Público de la Acusación expresó públicamente su intención de que Milagro Sala vuelva a la cárcel, sin importar lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y realizó varias presentaciones en este sentido.
Alberto Fernández visitó a Milagro Sala
Pasado el mediodía del miércoles 29, el mandatario argentino publicó en sus redes sociales un video donde sale tomándole la mano a la dirigente social jujeña. “Somos muchos los que te queremos y deseamos verte bien”, acompañó la historia en su perfil de Instagram.
Más temprano había subido un video a punto de despegar hacia la capital del norte del país. “Voy a visitar a Milagro, injustamente detenida, enferma, para acompañarla como lo hice siempre y también para que se muestre esta situación oprobiosa que la Corte sigue sin resolver”.
El mandatario argentino se sumó a las distintas muestras de apoyo, acompañamiento y deseos de recuperación que recibió Sala desde que se confirmó su internación. Se manifestaron varias organizaciones sociales, políticas, sindicales y de Derechos Humanos, como también el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres.
Milagro Sala, presa política
El Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Jujuy condenó a la dirigente social jujeña Milagro Sala a 13 años de prisión. La halló culpable de los delitos de asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado a pesar de que las querellas, impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial, y la Fiscalía no pudieron aportar pruebas fehacientes que acrediten la responsabilidad de la referente de la Tupac Amaru en esos hechos. Fue el cuarto juicio que afrontó desde su detención el 16 de enero de 2016.
Ni durante la instrucción ni a lo largo del juicio oral la Fiscalía logró acreditar los testimonios que inculpan a Sala por los delitos por los que fue juzgada y condenada. Entre ellas, la Fiscalía no logró señalar un marco temporal a los delitos de asociación ilícita ni de extorsión supuestamente cometidos por Sala. “No se puede saber, y menos ella puede defenderse, de hechos que no fueron precisados, algo que fue reconocido por el Ministerio Público en el debate y que constituye un conflicto procedimental”, explicó Matías Duarte, uno de sus defensores.
Milagro Sala había cumplido tres años de encierro bajo el régimen de prisión preventiva sin que pese sobre su persona condena firme alguna. El equipo jurídico que la representa solicitó, a pesar de esta sentencia condenatoria, que sea puesta en libertad.
«Es una persecución política inédita en democracia», dijo Gómez Alcorta, una de las abogadas de la presa política, y actual ministra de Mujeres, Género y Diversidad, tras la condena a 13 años de prisión.
La abogada aseguró que «ninguna de las tres juezas que condenaron a Milagro integran el Tribunal”. “Incluso una reprobó tres veces el examen”, añadió. “Para los diarios hoy Milagro Sala es una corrupta, pero nadie dice que la causa está plagada de irregularidades muy graves”, completó.
También recibieron seis años de prisión Mirta Aizama, Gladys Díaz y Mirta Rosa Guerrero (conocida como Shakira), tras ser encontradas culpables de integrar una asociación ilícita y cometer fraude a la administración pública. Es necesario señalar que las tres integrantes de la Organización Barrial Tupac Amaru se encontraban injustamente detenidas desde hacía dos años y nueve meses y habían denunciado de forma sistemática los tratos crueles e inhumanos que recibían en el Penal de Alto Comedero.
Graciela López, detenida en el Penal de Alto Comedero desde abril de 2016, recibió 8 años de prisión por fraude a la administración pública y asociación ilícita. En sus palabras finales Graciela remarcó: “esta causa es un mix de causas, es un combo, una ensalada y quiero expresar que soy absolutamente inocente al igual que mis compañeras. Nosotras hemos sido formadas como militantes en la crisis del 2001 y venimos luchando desde entonces por salud, educación y trabajo y hoy somos testigos de cómo están pulverizando a las organizaciones sociales”.
Raúl Noro, compañero de la Diputada del Parlasur, Milagro Sala, y quien se encuentra gravemente enfermo fue sentenciado a una pena de tres años de prisión en suspenso por supuesta participación como integrante de asociación ilícita. Javier Nieva, detenido en el Penal de Alto Comedero, recibió 8 años de prisión por fraude a la administración pública y asociación ilícita. Alberto Esteban Cardozo fue absuelto, al igual que en el juicio conocido como “La Balacera de Azopardo”, sentencia donde también fue absuelta Milagro Sala.
Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala aseguraron: “Estamos frente a procesamientos de hechos a medida donde hay una clara decisión de perseguir políticamente a la principal oposición política que existe en Jujuy. Es una causa armada para enjuiciar a líderes sociales, a los más humildes, a los indígenas y a las mujeres. Es sin dudas una causa que está atravesada por el odio político de Gerardo Morales aliado con los intereses económicos de la provincia. Seguiremos reclamando de forma irrenunciable la libertad de Milagro Sala y de todos los presos y presas políticas. Como lo dijimos el primer día: con presxs políticxs, no hay democracia”.
El ataque a los movimientos sociales tiene historia
La detención de Milagro Sala por la presunta comisión del delito de “asociación ilícita”, que en su momento mereció los pronunciamientos del Presidente del Parlasur, el ex Juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, el CELS, Amnistía Internacional, el presidente de la OEA y representantes del Parlamento Europeo, entre otros, por considerarlo un caso de violación a los Derechos Humanos y criminalización de la protesta social, fue aprovechado por los grandes medios y el gobierno de Mauricio Macri para poner en tela de juicio los emprendimientos productivos cooperativos vinculados a la Economía Popular.
Así, La Nación, entre otros, señalaba que: “El nuevo gobierno afronta el desafío de sanear un sistema de asistencialismo basado en la militancia política, que desvirtuó la sana figura de las cooperativas”.
Para continuar: “A través de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que alcanzan a más de 200.000 personas e insumen entre 15.000 y 20.000 millones de pesos anuales, se constituyeron, por decisión del gobierno saliente, seudo cooperativas de trabajo, siguiendo un modelo que ya había sido desarrollado en la provincia de Santa Cruz, a partir de un falso concepto de cooperativismo asociado a una dependencia permanente de la asistencia del Estado. Salvo escasas y honrosas excepciones, sus integrantes, que en la mayoría de los casos ni siquiera se conocen, cobran mensualmente un subsidio.
Los recursos para adquirir los materiales y las herramientas de las obras que, a través de esos programas, supuestamente debieron realizarse han sido dirigidos exclusivamente hacia municipios con afinidad política y en otros casos, de manera directa, a cooperativas con reconocida influencia partidaria en su administración.
En aquellos pocos casos en que las obras se concretaron, se las ha presentado como públicas, realizadas por el gobierno nacional, encubriendo bajo la pantalla de un programa social una real precarización laboral. No han sido los trabajadores quienes decidieron constituir la cooperativa, no fue el Estado el que decidió contratarlos; por el contrario, los subsidió para disminuir ficticiamente y disimular el índice de desocupación y, en el mejor de los casos, los utilizó para la realización de obras con contabilidades difíciles de conciliar, apelando incluso a la dudosa supervisión, en algunos casos, de universidades nacionales”.
El verdadero alcance de la Economía Popular
En Argentina el término “Economía popular” (EP) ha sido asociado al llamado sector informal y el de “Economía social” a la promoción de emprendimientos productivos asociativos de personas excluidas o pobres, supuestamente rehenes de punteros políticos y el carácter precario en sus condiciones laborales y sociales, cuando en realidad el uso de esta categoría es parte de una batalla para darles nombre y representación a hombres y mujeres cuyas vidas laborales han sido desvalorizadas moral, económica y socialmente. EP es una categoría política que altera los términos de esta desvalorización.
Se trata de un proceso que comenzó 25 años atrás, previo al kirchnerismo, causado por la crisis del neoliberalismo, el quiebre del Estado y el crecimiento de la desocupación que llevó a miles de trabajadores a buscar en emprendimientos asociativos un lugar de inclusión y hoy representa entre el 25/30% de la población económicamente activa.
Este proceso se vio fortalecido en la última década por una serie de políticas públicas impulsadas desde el Estado, en particular las cooperativas de trabajo. Es el caso del programa “Argentina Trabaja” que mantiene el sentido de reinsertar a los pobres en el mercado que los excluyó, aunque muchas veces, como destaca La Nación, precariamente y sin sostenibilidad.
No obstante, esos programas han sido extraordinariamente importantes en medio de una crisis brutal como la heredada en el 2003 y la imposibilidad del sistema para absorber toda la población que busca trabajo.
Las fábricas recuperadas y los emprendimientos productivos de las organizaciones de trabajadores desocupados, heredadas por el kirchnerismo, son otros buenos ejemplos donde el trabajo autónomo, en especial el asociativo, es el factor central.
La multiplicación de redes de economía social y solidaria atestigua que no se trata de algo pasajero. Cada vez más Universidades y ONG incorporan a su agenda aportar capacidades indispensables a la EP y la Economía Social y Solidaria se ha convertido en objeto de programas de investigación y formación de posgrado.
Las redes de software libre son formas de trabajo autogestionado que se han transformado en uno de los rubros más importantes de exportación ingresando más de U$S 3.000 millones al haber de nuestro comercio exterior. La red de productores del mercado de la Estepa en Río Negro o la de 55 ferias francas en Misiones establecen otro tipo de relaciones entre miles de consumidores y productores artesanales y de la economía familiar. La “economía del cuidado familiar” cuyo valor equivalente de mercado es de alrededor de un 15% del PBI, las cooperativas de vivienda, las redes de comercio justo, son parte de la economía social, ocultada por una visión que limita la economía mixta a solo dos sectores: el público y el de las empresas de capital privado.
Otro ejemplo son las actividades de reciclado y el uso de tierras urbanas para huertas familiares y comunitarias y el espacio público para la instalación de ferias populares.
Sin reconocer la EP es imposible entender cómo funciona el sistema económico, cómo pueden vivir las mayorías con salarios que no alcanzan para comprar lo que se necesita para vivir. En la EP no predomina el objetivo de la ganancia sino el de reproducir la vida de los trabajadores y sus familias.
La EP solidaria es un sector cultural y políticamente estratégico que apunta a fortalecer lazos sociales y el cuidado del medio ambiente, frente al neoliberalismo individualista que propugna el “sálvese quien pueda”. Para esto, entre otras cosas, requiere superar la estigmatización.
Otro aspecto de la batalla cultural, y tal vez el más peligroso desde el punto de vista de la economía tradicional, es que todo este proceso es posible sin necesidad de un patrón o un capitalista. Un buen ejemplo es la Red Textil Cooperativa, que nuclea a más de 70 cooperativas de todo el país, que intervino en talleres de la Ciudad de Buenos Aires que explotaban a trabajadores de la comunidad boliviana con trabajo esclavo y los incorporó a la autogestión, lo que les permitió desarrollarse como trabajadores libres con trabajo digno y dirigir su propia empresa. Donde fracasaron las instituciones del Estado que deberían regular y controlar estas actividades, triunfó la EP “Social y Solidaria”.
Lo que el sector de la EP necesita, no es la crítica parcial y sin fundamento de los grandes medios vinculados a los intereses de la economía capitalista que no solo provocó la crisis del 2001-2 y fue incapaz de resolverla, sino de políticas públicas como pueden ser una Ley de compra cooperativa, un porcentaje de obras públicas para las cooperativas, la legalización de la tenencia de tierras para los pequeños productores y la agricultura familiar, solucionar la propiedad de los bienes inmuebles y maquinarias de las empresas recuperadas, contra el veto a las leyes que las protegen, la creación de un fondo para el otorgamiento de créditos, etc.
Aunque debe incluir las políticas laborales y los programas redistributivos como la AUH, las “políticas sociales” son complementarias y no alternativas al trabajo autogestionado. Con recursos, la EP puede cubrir parte importante de la demanda de alimentos y textiles, construir barrios enteros, redes de infraestructura, sistemas de comercialización y transporte, etc., como ya lo ha demostrado.
Políticas activas que impliquen una revalorización social y monetaria de sus actividades mejorando los ingresos y remunerando trabajos todavía invisibilizados como el realizado en la economía familiar, casi exclusivamente por las mujeres.
El caso de la Túpac Amaru
“Los chicos collas estaban panza arriba tomando sol en la pileta. Hoy, están trabajando en la caña y el tabaco”
Milagro Sala en “Maldita Suerte” (FM La Patriada)
La organización construyó dos escuelas. Una fue bautizada Germán Abdala, lo otra, Olga Aredes. Los trabajadores terminaban sus estudios primarios o secundarios y obtenían títulos legales reconocidos por la provincia. Entre ambos colegios tenían 150 profesores, cuyos sueldos pagaba la organización. Los fines de semana los profesores realizaban trabajo voluntario en los barrios más humildes de Jujuy. A las escuelas asistían jóvenes y adultos de 17 años en adelante. Además del programa de estudios se dictaban tres materias obligatorias: Autoestima, Historia y cultura de Jujuy y de los pueblos originarios y Lucha del movimiento obrero. En dos centros de salud atendían 42 médicos y había farmacéuticos, bioquímicos, y enfermeros. Funcionaban una farmacia y un laboratorio. Además, adquirieron un tomógrafo y un mamógrafo.
En el barrio Túpac Amaru estaba el CEMIR (Centro Integral de Rehabilitación para personas discapacitadas) que fue construido en cuatro meses. Había una plaza con juegos adaptados. El edificio era gratuito y abierto a la comunidad. A él eran derivados pacientes de los hospitales provinciales. Había salas preparadas para diferentes discapacidades, un gimnasio acondicionado, pileta climatizada, una sala con Cámara Gesell para el uso de psicólogos y psicopedagogos. Había baños en distintas versiones y con variantes de protección, y salas con la acústica preparada para discapacidades auditivas. Compraron dos ambulancias de alta complejidad equipadas para el traslado y la atención de pacientes. La atención y los remedios eran gratuitos.
Se establecieron seis fábricas con fondos del ministerio de Desarrollo Social que empleaban a 600 ex desocupados. Todas ellas vendían su producción al público. En el barrio Túpac Amaru había una fábrica textil con 146 empleados. Hacían delantales blancos, acolchados y remeras por encargo. La Túpac Amaru creó una fábrica de bloques de construcción, con los que se ahorraban buena parte de los costos de las viviendas.
La Túpac Amaru trabajando como cooperativa de vivienda, construyó ―con dinero del Gobierno Nacional para cooperativas de vivienda― un barrio de 1.800 casas llamado «El Cantri de los Villeros» en el Alto Comedero, a 15 kilómetros de la capital provincial.
Todos los barrios tenían pileta de natación, cibercafé, telecabinas, minimercado y polideportivo con canchas de fútbol, básquet, hockey y rugby. A partir de 2003 recibieron planes para la construcción de viviendas de 54 m², con dos habitaciones, cocina comedor, baño y lavadero. Desde entonces llevaban levantadas 3.800 viviendas. Cada casa costaba $ 86.700 y daba empleo a cuatro personas ―contra $ 130.000 pesos y un empleo y medio cuando eran construidas por empresas comerciales―, porque producían ellos mismos los bloques de cemento y las carpinterías metálicas eran hechas en el taller metalúrgico. Las cooperativas de la Túpac Amaru construyeron 200 casas populares en seis meses, mientras que a las constructoras privadas les llevaba dos años o más.
La intendencia de San Salvador había empleado a otras 13 cooperativas municipales. También tienen cooperativas la Iglesia católica y otras ONG. Realizan, por ley provincial de Jujuy, el mantenimiento de los edificios públicos y escuelas como cooperativa social. La Túpac tenía 8 de esas cooperativas y se encargaba de la mayoría de los trabajos, los cuales siempre eran entregados a tiempo.
Entre lo que recaudaban por construir casas (130 millones de pesos), reparar edificios, coser delantales, fabricar bloques de ladrillos, un porcentaje de los planes y otros ingresos, los fondos de la Túpac rondaban los $ 200 millones al año.
Al cumplirse 2000 días de la detención de Milagro se realizó un acampe en Plaza de Mayo en oportunidad de conmemorarse la Semana de la Independencia el año pasado. Allí manifestó Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador nacional de la Túpac: “Creemos que nuestro Gobierno tiene que tener mucho más carácter y decisión para terminar con lo que fue una promesa de campaña y por la cual toda la militancia del Frente de Todos luchó durante el macrismo, que es poner fin a la persecución política a opositores y el lawfare”, explicó. “Vemos una actitud pasiva, casi neutral de nuestro Gobierno frente a las barbaridades que suceden en Jujuy, y eso nos motoriza a construir fuerza militante para que se resuelva. No podemos vivir en una Argentina donde una provincia está prácticamente feudalizada y sin Estado de derecho desde 2016. Se debe cumplir además lo dispuesto por el sistema interamericano, que señaló que Milagro es una presa arbitraria e ilegal, de hecho el propio presidente lo ha dicho en varias oportunidades. El Estado nacional tiene que hacer cesar inmediatamente una detención arbitraria, eso no puede naturalizarse cuando además tiene nombre y apellido: Gerardo Morales y el gobierno de Macri, que hicieron salvajadas persiguiendo a líderes populares, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner”, destacó el coordinador de la Túpac.
“La discusión en definitiva es quién tiene el poder político en la Argentina. Nosotros como parte del Frente de Todos hemos militado para que este gobierno llegue al poder, se termine la persecución política y los presos políticos sean liberados. Estamos discutiendo quién tiene más poder, si Morales con 150.000 votos o un presidente con el 48 %”, comparó.
“Amasando futuro”
“En Alto Comedero, que es un barrio enorme, uno se para en el templo de Kalasasaya y la vista se pierde en un horizonte donde se ven tantas viviendas que construyeron”, cuenta Marta Valle, realizadora del documental “Amasando futuro”.
“Kalasasaya es la reproducción de un templo Inca, con esculturas, relieves, algo precioso que me asombró muchísimo la primera vez que lo vi. Y cuando volví estaba destruido, vandalizado con odio. De la misma manera que fueron saqueadas las salas de primeros auxilios. Había gente que dormía en esos centros para defender que no se llevaran los tornos del odontólogo o los tomógrafos”.
Después de una primera visita en 2017, Valle volvió en 2018 y 2019 a Jujuy para rodar “Amasando futuro”. Junto con Martín Sabio y Romina Migueles, filmó también en territorios como Arrayanal, Chalicán y Parapeti, de los muchos en los que tiene presencia la Tupac Amaru. En esas idas y venidas pudo advertir los desafíos que iban enfrentando los integrantes de la organización conforme pasaba el tiempo y se multiplicaban las detenciones no solo de Milagro Sala, sino de muchos de sus compañeros y compañeras. “Por un lado había un sector desmoralizado y, por otro, un grupo fuerte, que seguía con todo, defendiendo los espacios y los logros”, cuenta la directora y añade que en último tiempo se han inaugurado nuevos merenderos.
Valle que integra el Comité Por la Libertad de Milagro Sala de Lomas de Zamora, organizó un viaje a Jujuy en febrero de 2017 para visitar a Milagro. “Conocimos a Milagro en el penal de Alto Comedero. Luego fuimos a recorrer las obras, casi todas las que luego registramos en la película”. La cineasta quedó impactada por lo que vio: “Me sentí muy conmocionada por la magnitud y por los destinatarios que eran los más pobres, los más vulnerables de Jujuy”.
Marta Valle registró en su documental “Amasando futuro” muchos testimonios, incluyendo los de la propia Milagro Sala. “Nuestra preocupación era mostrar que Milagro está presa por todo lo que hizo. Por lo que construyó, por lo que dio, por todo eso que logró junto a las mujeres, en las escuelas, en los barrios. Es por eso que ella está detenida. Con la detención de Milagro quieren dar un ejemplo de lo que pasa si levantás la cabeza. A quien se anima a organizarse con los pobres para que vivan mejor, les pasa esto”, dice la realizadora acerca del film que tendrá su estreno el 7 de julio a las 19:30 en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, CABA.
Fuentes: https://www.tiempoar.com.ar, Agencia FARCO, La Nación, Tiempo Argentino
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