Las mujeres de comunidades rurales e indígenas que se han visto obligadas a dejar sus lugares de origen por la inseguridad, viven en marginación, pobreza y carecen de servicios básicos, situación que se agrava por la falta de una política pública que les permita su reinserción social en los lugares de destino. Lo anterior se […]
Las mujeres de comunidades rurales e indígenas que se han visto obligadas a dejar sus lugares de origen por la inseguridad, viven en marginación, pobreza y carecen de servicios básicos, situación que se agrava por la falta de una política pública que les permita su reinserción social en los lugares de destino.
Lo anterior se documenta en el libro «Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana», elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y que se presentó ayer en el Senado.
La publicación da cuenta de cómo la inseguridad y la lucha de las autoridades contra los cárteles de las drogas, al mismo tiempo que generan un alto número de homicidios y otros delitos, derivan en desplazamiento forzado interno, fenómeno que afecta de manera desproporcionada a quienes habitan en comunidades indígenas y rurales, y tiene consecuencias diferentes para mujeres y hombres.
La doctora y autora de la investigación, Laura Gabriela Rubio Díaz-Leal, explicó que el desplazamiento interno en México existe desde la década del 60, pero se ha incrementado en los últimos años ante la escalada de violencia.
A nivel nacional se desconoce el número de personas desplazadas de manera forzada debido a la violencia, aunque la CMDPDH estima un mínimo de 281 mil personas.
«Lo que es más grave aún son los desplazamientos que no podemos registrar, porque se sabe de las personas que huyen juntas, por ejemplo 10 familias que huyen de la comunidad en conjunto, pero pensamos que el mayor número se encuentra en quienes huyen gota a gota: aquellos que huyen de la violencia sin avisar, o sin decirle a nadie y que por lo tanto es imposible de detectar», abundó.
Las personas desplazadas internas son las «más vulnerables entre las vulnerables», porque no sólo viven en una condición de marginación, sino que además están en un estado de indefensión, pues muchas aún viven en condiciones de inseguridad y no cuentan con la posibilidad de integrarse a las escuelas o al sector laboral, o de que sean resarcidos algunos de los daños que padecieron.
En declaraciones a Cimacnoticias, la especialista sostuvo que el desplazamiento forzado interno también se tiene que pensar desde la perspectiva de género, pues si bien la violencia tiene un impacto directo en los varones, las mujeres pierden a sus familiares y son quienes deben de hacer frente a una nueva condición de vida, a lo que se suma que al ser desplazadas internas son víctimas de violencia de género.
Esperanza Hernández, desplazada de Ocurahui, comunidad en la sierra de Sinaloa, y quien ahora es representante de las familias que junto con ella huyeron de la violencia en enero de 2012, compartió su experiencia durante la presentación del libro.
Contó que desde 2011 las familias de la comunidad vivían asoladas por ataques de grupos armados. «Por más de un año vivimos soportando la violencia para no salir y perder lo que habíamos logrado construir, pero la violencia iba en aumento y una de las tareas de las mujeres fue recoger los cadáveres», explicó.
«Estábamos enfermos de miedo de no saber a quién le iba a tocar (la muerte) al día siguiente; no dormíamos pensando en que podíamos ser la siguiente familia en ser atacada; en enero de 2012 amaneció muerta una familia entera y fue cuando decidimos salir de la comunidad», relató.
Esperanza narró que al salir de su pueblo las familias se dispersaron por diferentes municipios de Sinaloa, pero muchas no contaban con recursos suficientes o redes de apoyo y viven en condiciones de extrema pobreza, «incluso viviendo en casas de cartón».
Denunció que han realizado «toda clase de solicitudes, tanto a las autoridades de Sinaloa, como a dependencias federales», pero se encuentran sin ayuda desde que salieron del lugar. «No es sólo es la pérdida de nuestras tierras, es que nos arrebataron la seguridad que nos daba vivir en nuestras tierras y nuestras costumbres; vivimos con miedo y nadie nos escucha», reclamó.
Esperanza dijo a esta agencia que durante los años en que la comunidad resistió a la violencia, muchas de sus compañeras perdieron a sus esposos, hijos o padres, y se vieron obligadas a enfrentar una nueva condición de vida, ya que ahora son ellas quienes se emplean como trabajadoras del hogar, vendedoras o en empleos informales sin ninguna seguridad social.
Debido al trabajo de defensa de Derechos Humanos que Esperanza encabezó tras su salida de la comunidad, fue amenazada de muerte y se vio obligada a dejar el municipio de Sinaloa en el que había logrado establecerse, por lo que es «doblemente desplazada».
En ese sentido, pidió a las y los senadores presentes crear las leyes necesarias para definir el concepto de desplazamiento interno y generar políticas y programas necesarios, para atender a las personas afectadas y detener este fenómeno.
Al mismo tiempo, Esperanza Hernández exigió al gobierno de Sinaloa reconocer públicamente el fenómeno de desplazamiento interno, y formar una comisión especial para atender a las familias desplazadas.
También demandó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) apoye a las familias de Ocurahui que huyeron de la comunidad debido a la violencia.
A la presentación del libro no acudió algún senador o senadora de las comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Migratorios y de Igualdad de Género.