Arrinconada por el movimiento popular, salpicada por un escandaloso como millonario hecho de corrupción, con un dirigente ‘cívico-golpista’ recluido en una cárcel por delitos electorales y con su plan de federalismo separatista haciendo aguas, la oposición neoliberal boliviana vive inmersa en la zozobra.
El masivo apoyo a la democracia de un millón de bolivianos reunidos en noviembre en La Paz, no pudo ser digerido por una oposición perdida en su propio laberinto y devorada por las oscuras aguas del tsunami que su progresiva merma de respaldo popular ha ocasionado.
Con la ‘presidenta’ autoproclamada, militares, policías y políticos golpistas en manos de la justicia, y el incitador de la quema del Tribunal Electoral de Potosí aprehendido, el sueño opositor de desarticular el movimiento popular se tornó en pesadilla.
En ese contexto adverso detonó el mayor caso de corruptela pública que se recuerde: un millonario robo a las arcas de la Alcaldía de Santa Cruz, administrada por políticos neoliberales, vinculados a una élite etnófoba, regionalista y separatista.
Y la posibilidad cierta de que las investigaciones impliquen en los ilícitos a miembros de la crema y nata de la elitista ‘institucionalidad cruceña’, que a capa y espada protege la oligarquía regional, puso en vilo a una élite poderosa e intocable.
En ese camino, el plan de federalizar Bolivia, lanzado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no tuvo mejor suerte. Por su carácter separatista y elitista ha sido rechazada allí donde el también jefe de la asonada golpista de 2019 intentó ‘socializarla’.
CORRUPTOS DE CUELLO BLANCO
Pues bien, ¿por qué este hecho de mega corrupción, que trasciende la Alcaldía cruceña, puso en vilo a los grupos de poder y cuya credibilidad está fuertemente cuestionada?
El 2 de diciembre, Valeria Rodríguez reveló que su ex esposo, Antonio Parada Vaca, ex director de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz, se benefició con 800 ‘ítems fantasmas’, contratos ficticios que causaron un millonario daño económico al Estado.
La nueva administración edil estimó en Bs 200 millones (28,7 millones de dólares) el daño económico perpetrado por una cáfila que contó con la complicidad de empleados de una entidad financiera para sustraer el botín de cajeros automáticos.
Según informó la Alcaldía cruceña, el visible cabecilla del millonario robo registró a su nombre en Derechos Reales, seis inmuebles, cada uno valuado en 500 mil dólares, y 18 vehículos. También anotó otras propiedades a nombre de sus parientes.
Además, transfirió a sus cuentas bancarias en Estados Unidos montos de entre 82 mil y 1.2 millones de dólares. La pregunta inevitable es: ¿cómo reunió esa millonaria suma, si como director de Recursos Humanos cobraba cada mes apenas Bs 12.000 (unos 1.724 dólares)?
Parada Vaca tendría que haber ahorrado el 100% de su sueldo durante 696 meses (58 años), sólo para reunir 1,2 millones de dólares.
Por si fuera poco, en su declaración jurada de 2008 declaró a la Contraloría del Estado que no poseía ningún bien a su nombre, pero en su declaración de 2014 expuso bienes por más de Bs 2.8 millones (unos 402 mil dólares). El origen ilícito de esos bienes salta a la vista.
DICTADURA MEDIÁTICA Y OLIGÁRQUICA
¿Cómo una élite oligárquica regional, conformada por terratenientes, industriales y políticos ultraconservadores ejercen un férreo control sobre las instituciones cruceñas?
En 2008, el periodista Grover Cardozo alertó que Santa Cruz ‘es víctima de un pacto de sangre de logias que controlan la región con la estrategia del miedo, que articulan un discurso en apariencia cruceñista, pero que esconde, de la manera más aviesa, oscuros intereses’ de una élite eurofílica, anglofílica, etnocéntrica, etnofóbica y apátrida.
Y la estrategia del miedo funciona. ‘Los sectores duros han logrado que la Unión Juvenil Cruceñista’, grupo paramilitar del comité cívico, ‘sea temida por una buena parte de la población’, escribió en aquel momento Cardozo. Esta realidad no ha cambiado en absoluto.
La lucha de los sectores sociales que se desmarcan del tutelaje inquisidor ‘cívico’ es invisibilizada por una prensa corporativa servil a los grupos de poder. ‘Da la impresión de que en Santa Cruz hay una sola consigna, una sola mirada y una sola línea política’.
VÍNCULOS INCESTUOSOS
En 2004, el presidente del etnófobo comité cívico y miembro de la élite logiera, a la sazón alcalde interino de Santa Cruz, Rómulo Calvo, dispuso la contratación de Parada Vaca a pedido de una concejala, su suegra. ‘Me dio una mano’, admitió el susodicho.
Para colmo, el régimen de facto de Jeanine Añez designó a Parada Vaca, en 2020, director de Recursos Humanos de la Caja Nacional de Salud. Por esto, las investigaciones se extendieron al ente gestor de seguridad social con sede en La Paz. Hay cuatro detenidos.
Sin embargo, con el gran poder económico que ostenta, los objetivos políticos que persigue y el control sobre las instituciones cruceñas que ejerce; sería ingenuo pensar que la rancia élite racista no intente torcer el rumbo de las investigaciones del Ministerio Público.
Ahora bien, conscientes de que su anticomunismo atrae simpatía hacia la civilización cristiana y desprecio contra el Estado laico y plurinacional, las logias sacraliza la propiedad privada, demoniza la propiedad estatal de los recursos naturales y estratifican a las personas por el color de su piel, su procedencia, su patrimonio…
Ese discurso etnófobo de la oligarquía terrateniente e industrial, cuyo núcleo duro está en Santa Cruz, provoca aversión, cuando no odio, hacia los habitantes ancestrales del territorio boliviano y el legítimo gobierno liderado por sectores sociales secularmente marginados.
CORRUPTELA NEOLIBERAL
Otro claro ejemplo de la endémica corruptela neoliberal es el caso que involucra al número dos del régimen golpista y tiránico de Jeanine Añez, Arturo Murillo, quien, recluido en un penal federal de Miami (Estados Unidos), espera que un juez dicte sentencia.
Registrado como el reo 02358-506, el otrora todopoderoso ministro de Gobierno, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión acusado de lavado de dinero (2,4 millones de dólares) y pago de sobornos con el sobreprecio en la compra de materiales antimotines a una empresa de propiedad de amigos suyos.
Por eso y más, el millonario desfalco de las arcas del municipio cruceño es sólo la punta del iceberg de un sistema de corrupción de alcance insospechado y enquistado en las más altas esferas de instituciones bajo un férreo control corporativo de los grupos de poder.
No por nada en 1998, durante los gobiernos neoliberales (1985 – 2005), Transparencia Internacional situó a Bolivia como el país campeón de la corrupción en América Latina y subcampeón en el mundo.
Así están las cosas, mientras la oposición no encuentra vías para salir del profundo pozo del descrédito en el que ha caído por sus acciones contrarias a los intereses de la patria.
Delfín Arias Vargas. Periodista boliviano. Licenciado en comunicación social y diplomado en educación superior e interculturalidad por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
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