Gobierno congela precio de carburantes por 60 días para evitar que emerja la convulsión social, pero no convence a transportistas y vecinos que masifican las protestas. La COB llama a la movilización y los campesinos, que reclaman por tierra y la libertad de su dirigente, levantan también la bandera de la nacionalización del gas La […]
Gobierno congela precio de carburantes por 60 días para evitar que emerja la convulsión social, pero no convence a transportistas y vecinos que masifican las protestas. La COB llama a la movilización y los campesinos, que reclaman por tierra y la libertad de su dirigente, levantan también la bandera de la nacionalización del gas
La Paz, agosto 23, 2004.- El deficitario Estado boliviano otorgará una millonaria subvención a las petroleras extranjeras para que no aumenten el precio de los carburantes que extraen del territorio nacional y que comercializan en el mercado interno.
«Se hace un sacrificio gigantesco por cuanto el Tesoro General de la Nación se está comiendo sus recursos», dijo el presidente Carlos Mesa, a poco de anunciar la promulgación de un decreto que congelará el precio local de los hidrocarburos por un plazo máximo de 60 días, con el que intenta desactivar la protesta social.
Según este decreto, que entraría en vigencia en las próximas horas, los carburantes serán comercializados al público en general a un promedio equivalente de 27 dólares el barril de petróleo, a pesar de que la cotización internacional alcanza a casi 50 dólares.
Esta diferencia será entregada por el Estado a las petroleras extranjeras, las que de acuerdo a la legislación vigente tienen la potestad de vender los hidrocarburos extraídos de los propios campos bolivianos al precio internacional o como si éstos fueran importados desde Kuwait o Arabia Saudita.
Estas Petroleras, entre las que se cuentan a Repsol, Petrobras, British Petrolem, Total, Exxon, Panamerican, Vintage y otras, tienen uno de los costos de producción más bajos del mundo y pagan ínfimos niveles de tributación, pero acumulan millonarias ganancias extraordinarias cada vez que sube el crudo a nivel internacional.
«Es una subvención brutal», aseguró Mesa, que se vio obligado a tomar esta medida ante la presión cruzada de las petroleras que no aceptan ceder ni un centavo en las millonarias ganancias que representa el alza de la cotización internacional, así como de la población civil que ya no acepta pagar más por los carburantes.
El costo de la millonaria subvención no ha sido cuantificado oficialmente, aunque funcionarios de nivel medio del Ministerio de Hacienda aseguraron que «significará un fuerte boquete en las finanzas públicas».
Las fuentes explicaron que esta nueva subvención presionará fuertemente sobre el nivel del déficit fiscal, aunque confían en controlar esta peligrosa variable económica, siempre y cuando la subvención no se prolongue por mucho tiempo y que continúe, además, la política oficial de «sacrificar» la inversión pública y recortar y/o posponer proyectos que tienen financiamiento externo. Oficialmente se confía en que hasta fines de año el déficit fiscal no supere el equivalente al 6,1% de Producto Interno Bruto (PIB).
Hace una semana, Hacienda y el propio presidente Mesa habían descartado el congelamiento interno de precios de los carburantes y una mayor subvención hacia las petroleras, dada la aguda anemia fiscal que padecen las finanzas públicas. Sin embargo, las protestas de vecinos y transportistas y la amenaza de nuevas movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y de otras organizaciones sociales empujaron a las autoridades a «sacrificar» las finanzas y la inversión pública y así evitar una nueva convulsión social.
Mesa teme, además, que el creciente malestar social por el continuo aumento de los carburantes se traduzca en un militante apoyo de la población hacia la convocatoria de la COB para nacionalizar el gas y el petróleo, dejando de lado su proyecto de ley que en lo esencial busca viabilizar las millonarias exportaciones transnacionales de gas a los mercados de Argentina, Estados Unidos y México.
Este proyecto de ley, que según Mesa resume los resultados del referéndum del 18 de julio, ha sido bloqueado en el Congreso, donde cuestionan esta interpretación legal y se niegan a aprobarla, sin discusión ni debate. Esta confrontación ha llevado al Presidente a ejercer un virtual «chantaje» sobre el Congreso, al que amenazó con no promulgarle ninguna de sus leyes, si éste no aprobaba sin alteraciones su proyecto de ley.
En este clima de crisis política, la emisión del decreto de congelamiento de los carburantes busca además que los sectores sociales y vecinales no tercien en la lucha y tampoco vayan en contra del proyecto de Mesa y de las petroleras extranjeras.
Según los dirigentes de la COB, la privatización y enajenación de los recursos naturales a favor de las petroleras extranjeras ha ocasionado que Bolivia pierda el control de sus riquezas, que obtenga mínimos ingresos por tributación y que sus ciudadanos paguen los hidrocarburos como si éstos fueran importados y no producidos en su territorio. «Las petroleras transnacionales están saqueando Bolivia, en complicidad con los gobiernos neoliberales», dijo el líder de la COB, Jaime Solares, quien convocó otra vez a la población a luchar por la nacionalización del gas y el petróleo y contra el alza de los carburantes.
Uno de los sectores que ya realizó acciones de protesta fue el de los transportistas de La Paz, El Alto y Oruro, que exigen el congelamiento de precios por lo menos durante un año, lo que no es aceptado por las autoridades. Hoy, el dirigente de los choferes de La Paz, Franklin Durán, dijo que los transportistas no aceptan un congelamiento por 60 días y anunció una huelga indefinida para los próximos días. Hasta ahora son más de un centenar de dirigentes de choferes que han instalado cuatro piquetes de huelga de hambre en La Paz y El Alto, donde hoy marcharon varios miles de transportistas en una gran manifestación antigubernamental. Para las próximas horas se aguarda el ingreso a la huelga de hambre de los dirigentes de los choferes de Cochabamba, Sucre y Potosí.
Otros que ya han iniciado acciones son los campesinos del Movimiento Sin Tierra (MST), que realizan huelgas de hambre y marchan hacia La Paz enarbolando las banderas de la tierra y de la nacionalización del gas. El principal dirigente del MST, Angel Durán, aseguró que este miércoles miles de marchistas de todo el país llegarán a la sede de gobierno para exigir la libertad del dirigente Gabriel Pinto y el congelamiento del precio de los hidrocarburos.