En este artículo de FRAGUA hablaremos sobre la producción de gas licuado de petróleo (LP).
COMO TRABAJADORES no sólo nos enfrentamos a las peores condiciones laborales. El raquítico salario ni siquiera nos permite solventar los gastos más básicos, como renta, luz, agua, internet o el gas. Sin embargo, ¿por qué estos servicios son tan caros?
Primero, debemos entender que los datos estimados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) señalan que actualmente existen cerca de 6,300 concesiones gaseras en nuestro país. Esto significa que esta área de la industria se ha vuelto un monopolio, es decir, un acaparamiento de unas cuantas empresas que a sus anchas regulan el mercado del gas. Lo anterior es visible cuando observamos que 60% de la producción total se encuentra en su poder. Si consideramos a otros grupos medianos el aumento es del 90% del control de la producción.
Los nombres de estas empresas son Zeta Gas, Tomza, Gas Uribe, Vela Gas, Gas Nieto, Global Gas y Soni Gas. Esto es importante, teniendo en consideración que la producción se estima en aproximadamente 750,000 toneladas, de las cuales 60% corresponde al consumo doméstico (450,000 toneladas), 15% a la industria, (112,500 toneladas), otro 15% comercios y servicios, y el restante 10% (75,000 toneladas) a transporte.
Y pese a que la cotización de precios se basa en parámetros internacionales, eso no es un impedimento para que haya irregularidad en los precios y para que, en distintas partes del país, los precios sean sumamente arbitrarios, oscilando entre precios bajos y más caros; pero, ¿es posible evitar esto?
Ante estas condiciones, el gobierno federal bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tomado la iniciativa de crear la empresa paraestatal Gas Bienestar, que se desprende de Petróleos Mexicanos (Pemex) y busca ofrecer servicios de producción, almacenamiento y distribución de gas al pueblo con precios más razonables. Como es una costumbre, los empresarios y los medios no han cesado de tachar esta iniciativa de obsoleta o completamente absurda.
Las opiniones giran en que crear una nueva filial es sólo aumentar el “elefante blanco” de Pemex, aumentando el gasto del erario e impide la competencia entre los distribuidores privados, pero eso puede ser falsamente desmentido si consideramos lo que mencionamos, que los privados han aumentado precios a su conveniencia. Resulta ser más peligroso regular y “estatizar” –como lo llaman algunos comunicadores– que seguir permitiendo los abusos y los atropellos contra el pueblo trabajador.
Ahora, tomemos un caso para ejemplificar esto que venimos diciendo. Un suceso similar ocurrió en Bolivia, donde desde 1980 se había establecido la privatización de la rama petrolera y de hidrocarburos incluyendo la producción gasera, todo esto con la ayuda de los funcionarios presidenciales en turno, más la presión de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, todo para el “magnífico” resultado de la concentración de este sector en sólo cuatro productores trasnacionales.
Esto conllevó una respuesta de los pobladores bolivianos quienes comenzaron una organización y resistencia en contra de las empresas que tenían ganancias elevadas y que se traducían en el deterioro y precarización del pueblo. Como resultado de las llamadas “guerras del gas”, fueron asesinados 67 bolivianos y hubo más de 400 heridos. Es hasta la llegada de Evo Morales a la presidencia, en 2006, y después de 3 meses en el cargo, que se decreta la nacionalización de los hidrocarburos y se dicta que la empresa paraestatal tenga el control de exploración, explotación y distribución. Con este ejercicio el Estado boliviano logró controlar y establecer precios adecuados a las necesidades. Claro, oposiciones, intentos de saboteo y amenazas no faltaron por parte de los privados y las organizaciones internacionales.
Ahora, regresemos a nuestro país. Si bien las medidas de AMLO intentan ser un freno ante el arribo despiadado de los particulares, resulta muy limitante, si consideramos la producción concentrada en pocas manos de empresas privadas, ¿Qué podemos aprender de la experiencia boliviana? 1) que un pueblo organizado y que alza su voz puede comenzar a despertar y buscar sus propias alternativas y 2) que, si un gobierno que se declara popular y dice velar por la integridad, primero de los pobres debe verdaderamente tener la mano firme y no temer a la nacionalización.
El neoliberalismo significó en nuestro país la entrega de ramas de la industria a la burguesía monopolista trasnacional, lo cual los hizo sumamente ricos mientras que el pueblo se tiene que “tronar los dedos” para sacar los gastos. Hoy, si se quiere sepultar esa política económica, no puede ser sólo de palabra, debe verse en los hechos y regresarle al pueblo lo que le fue arrebatado. Nosotros, como Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), hemos abordado en nuestro Programa que deben nacionalizarse las empresas que hoy están en manos privadas, sólo así y luchando por el socialismo alcanzaremos la soberanía, la integridad y la vida digna que nos merecemos.
¡Contra el despojo, la represión y la explotación; resistencia, organización y lucha por el socialismo!
NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección de Análisis del No. 68 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), agosto, 2021.