Encumbrado en el éxito de los programas sociales y acosado por una oposición que amenaza con imponer la autonomía de facto en cuatro de los nueve departamentos de Bolivia, el indígena Evo Morales cumplió el 22 de enero dos años de mandato, lapso que ninguno de sus tres predecesores alcanzó. El modelo de revolución democrática […]
Encumbrado en el éxito de los programas sociales y acosado por una oposición que amenaza con imponer la autonomía de facto en cuatro de los nueve departamentos de Bolivia, el indígena Evo Morales cumplió el 22 de enero dos años de mandato, lapso que ninguno de sus tres predecesores alcanzó.
El modelo de revolución democrática y cultural impulsado por Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) muestra fortaleza para rato, mientras enfrenta un variopinto movimiento afincado en las extensas tierras productivas de la zona oriental del país, ricas en petróleo, maderas y otros recursos naturales.
Morales, un líder de la etnia aymara respaldado desde el exterior por los presidentes Fidel Castro, de Cuba, y Hugo Chávez, de Venezuela, celebró el 22 de enero el segundo de los cinco año de gobierno, logrando así completar 10 meses más que el derechista Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado el 17 de octubre de 2003 por una rebelión social encabezada precisamente por indígenas y campesinos.
Carlos Mesa (2003-2005), quien por ser el vicepresidente reemplazó a Sánchez de Lozada, se mantuvo en el cargo sólo un año y siete meses. Su sucesor, el hasta ese momento presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez (2005), sólo ejerció la presidencia siete meses, hasta transferir las funciones a Morales, elegido directamente por 53 por ciento de votos el 18 de diciembre de 2005.
¿Cuánto ha cambiado el país desde entonces? Esta es la pregunta frecuente de los visitantes de Bolivia interesados en redescubrir el país más pobre de América del Sur, el cambio pregonado por el primer mandatario que en 26 años de democracia se animó a enfrentar el capital privado local y transnacional, aunque es criticado por mantener políticas económicas de pasados gobiernos derechistas.
Morales exhibe como logro central de estos dos años de mandato un cuadro en el cual se registran los 188 millones de dólares que percibió el país en 2001 por concepto sus ventas de gas natural y petróleo, comparados con el salto a los 2.000 millones de dólares en 2007 por el mismo concepto.
La renta petrolera representa así poco más de la quinta parte del producto interno bruto (PIB), estimado en 11.000 millones de dólares.
Para llegar a ese logro fue necesario renegociar los contratos de explotación de gas natural y petróleo, justo cuando el precio del crudo bordea los 100 dólares el barril, con 12 influyentes empresas transnacionales, entre ellas la brasileña Petrobrás, y otras de origen español, británico, estadounidense y argentino.
Este notable aumento de los ingresos fiscales, con los vecinos Brasil y Argentina necesitados de gas, no termina de contentar a algunos analistas de la izquierda que le recuerdan a Morales la demanda original, surgida de los movimientos sociales, de confiscar los yacimientos y echar a las compañías sin compensación alguna.
Pero el mandatario ha contenido eso reclamo de la izquierda más radical con los números generados por los ingresos petroleros y un programa social de ayuda a las personas de menores ingresos.
Por segundo año consecutivo, 1,4 millones de niños y niñas en edad escolar recibieron a fines de 2007 un bono anual de 26 dólares, como incentivo para continuar sus estudios, mientras a fines de enero comenzará el pago de una renta universal a la vejez también de 26 dólares, pero mensuales, para 676.000 personas mayores de 60 años.
Otro capítulo de los planes sociales implementados por el gobierno del MAS es la atención médica. Unas 100.000 personas fueron intervenidas quirúrgicamente desde 2006 por especialistas cubanos en afecciones a la vista.
En el terreno educativo, un centenar de asesores enviados también por La Habana enseñaron a leer y escribir a 600.000 personas en el marco del programa de alfabetización llamado «Yo, sí puedo», y se estima que hasta septiembre culminará su misión de eliminar el analfabetismo que afecta aún a unos 200.000 bolivianos y bolivianas.
Por segundo año, el PIB creció cuatro por ciento, mientras las cuentas fiscales registran un superávit de 2,2 por ciento, un resultado que se presenta por primera vez en 40 años, según el propio Morales.
Pero esas cifras aún no reflejan la esperada reforma de la política económica y continúa la espera por medidas concretas, expresó a IPS el director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Javier Gómez Aguilar.
Al margen de la modificación de los impuestos aplicados a las firmas transnacionales petroleras, la modificación de la ley de Reforma Agraria para expropiar tierras improductivas, no hubo una reforma de la política económica, argumentó el experto.
«Se muestra una continuidad de la política económica y está ausente una estrategia propia», agregó Gómez, quien observa una fuerte tendencia del gobierno por administrar temas de fuerte contenido ideológico aunque el resultado es su fragilidad en temas políticos.
En diciembre, y después de 16 meses, finalizaron las actuaciones de la Asamblea Constituyente con la aprobación de un proyecto de nueva Constitución de Bolivia, pero al mismo tiempo las prefecturas (gobierno departamentales) y las organizaciones denominadas comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija crearon sus propios estatutos autonómicos.
Mientras el texto salido de la Asamblea Constituyente, impulsado por el oficialismo y en ausencia de la oposición, crea un estado plurinacional y comunitario, los estatutos autonómicos desconocen este texto constitucional y buscan la independencia en la administración de sus ingresos, recursos naturales y modo de gobierno.
En medio de la celebración del segundo año de mandato del gobierno de izquierda, el presidente Morales dialogó con los prefectos de los nueve departamentos en busca de una salida política a las diferencias entre el gobierno y las regiones opositoras, y mantiene intacta su última carta para jugarla en un referendo popular si las conversaciones fracasan.
Morales y los nueve prefectos (gobernadores) someterán a consulta su popularidad y aquel que obtenga una votación menor a la que lo llevó a ejercer sus funciones, dejará el cargo. La fecha para el referendo aún no ha sido definida.
Mientras Gómez reclama una política económica propia, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Enrique García, explicó a IPS la inquietud de sus asociados por obtener el respaldo gubernamental a la promoción de las inversiones privadas nacionales y extranjeras.
García pone énfasis en los rubros productivos que contribuyen a la creación de fuentes de empleo permanente y relacionado con los mercados externos.
«El gobierno debería garantizar con seguridad jurídica a dichas inversiones para generar un clima de confianza en los inversionistas, con el fin de generar competitividad en las exportaciones de productos con valor agregado», comentó.
Gómez demanda respuestas adecuadas del gobierno a un «momento extraordinario» de la economía boliviana caracterizada por el crecimiento del PIB, un buen nivel de exportaciones, altos ingresos fiscales, balanza de pagos favorable por la reducción de la deuda externa y el aumento en las remesas extranjeras.