La persistencia de un Parlamento casi ingobernable, ayudado por la ineficacia oficial en algunos sectores y los riesgos de nepotismo, des-tallan la imagen del gobierno de los movimientos sociales y ensombrecen las previsiones del presidente Morales para el 2009. Las concesiones a los latifundistas, la redoblada ofensiva mediática de derecha y el incierto apoyo de Obama, además de los efectos de la crisis económica mundial, no parece que vayan a ser contrarrestados sólo con una «mejor gestión» y el recobro de iniciativas gubernamentales.
Pese a las zancadillas, el presidente Evo Morales intenta mejorar su gestión y combatir los brotes de corrupción y nepotismo a fin de profundizar las transformaciones impulsadas por el MAS en los últimos tres años, entre las que el mandatario destaca el fin del analfabetismo y una nueva derrota de la derecha.
Pero sus planes de recobrar la iniciativa frente a los arrebatos de la oposición y la tímida crítica interna, parecen tropezar con los resultados posiblemente modestos de un «sí» saturado de volver a las urnas después del voto ratificatorio de hace apenas cuatro meses, y los riesgos de una reelección presidencial no tan contundente como esperan los estrategas de Palacio Quemado.
Por una parte, los sondeos oficiales divulgados por el aparato gubernamental dan un 64 % de aprobación al nuevo texto constitucional pactado con la derecha el 21 de octubre pasado, porcentaje que puede bajar no sólo por los niveles de abstencionismo entre un electorado cansado de consultas, sino por los votos en contra y los nulos o en blanco, que podrían sumar cifras sorpresivas para el entorno palaciego, y por las consecuencias de la capitulación con la derecha, que logró preservar varios privilegios de los terratenientes en la propuesta de la nueva Constitución Política del Estado, a ser votada este 25 de enero.
En todo caso, las previsiones admitidas en círculos oficiales no confirman o superan aún el 67 % obtenido por Morales en agosto pasado, cuando fue ratificado en su mandato.
Por otro lado, la derecha apunta su baterías a desgastar la imagen del gobierno -inflando los errores de gestión y el descrédito provocado de ministros clave- a fin de restar votos a la reelección del Presidente, de manera que la reproducción del gobierno (pero no del poder) sea tan tenue que dé pie para que la reacción articule una suma significativa de los «no» a la continuidad del gobierno de los movimientos sociales.
Allegados al Presidente atribuyen a los colaboradores en La Paz del expulsado ex embajador Philip Goldberg, el diseño y ejecución de una estrategia para revertir la derrota de la oposición, socavando dos pilares: la nacionalización del petróleo con el desabastecimiento de carburantes y la honestidad de la administración, además de exacerbar la condición atea del régimen y sus tensiones con la prensa reaccionaria.
Al concluir el tercer año de gestión, el propio Morales ha señalado que uno de sus errores fue no priorizar la inversión petrolera desde el primer día de su gobierno. Tras suyo, el Superintendente de Hidrocarburos, el ministro del sector y YPFB, impotentes ante las largas colas exigiendo diesel, sólo atinan a echarle la culpa a los militares por no controlar el contrabando de combustibles y a los narcotraficantes, por usar más gasolina para fabricar droga.
De paso, el Presidente ha anunciado que no aumentará la renta Dignidad como prometió a rentistas y jubilados, debido al descenso constante del precio del petróleo.
*OTRAS TORPEZAS QUE AYUDAN*
Ante un panorama no del todo prometedor para las expectativas del MAS 2009, surgen como coadyuvantes de la oposición, criolla y externa (ambas articuladas y concurrentes en los medios de la reacción), varias fallas de gestión, todavía comprensibles en un gobierno nuevo, frente a la mayoría de administraciones conservadoras en casi dos siglos de vida republicana, pero que pesan por los riesgos de corrupción y brotes de nepotismo detectados en filas allegadas a algunos ministros.
El Presidente reveló al comenzar la campaña por el «sí» que «algunos dirigentes del MAS en vez de desarrollar nuevas propuestas, en vez de innovar programas o políticas, sólo están detrás de pegas».
Morales llegó a pedir «ayuda» para controlarlos. «Yo mismo tengo miedo proponer nombres. A veces necesitamos un compañero para la Superintendencia, después se sabe su colita, de donde viene o empieza a aprovecharse y corromperse», ejemplificó.
Morales afirmó que los requisitos para ocupar un cargo son conciencia social, compromiso político, y ser profesionales, pero también un acendrado compromiso político. Sin embargo cuestionó algunas de sus propias designaciones: «¿Qué clase de autoridades son?», para exigir de inmediato: «Que se vayan fuera, y que entre nueva gente».
«Alguien tiene que ayudarme a controlar. Si ese alguien es solamente personas y no movimientos sociales, ahí podemos fracasar», señaló enigmáticamente.
De forma paralela, al concluir el 2008 arreciaron los cuestionamientos de la derecha a la probidad de su ministro de la Presidencia, denunciado a su vez por otro de sus allegados, en un festín de declaraciones que llenaron la boca de sus adversarios.
*EVO VS. MORALES*
En una versión registrada por *La Razón*, Morales aseguró que una vez aprobada la nueva CPE, los latifundistas tendrán que devolver «sus» tierras excedentarias, sea por la vía de la nueva CPE, que prevé un mínimo de entre 5.000 o 10.00 has. (por definirse con el Referéndum), o por el sistema de saneamiento de tierras.
Pero su ministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Romero, no tardó en explicar que el propio texto concordado por el MAS con la derecha establece, en su artículo 399, que la devolución no es retroactiva, aunque sí puede darse a través de trámites de «saneamiento», entendido como el «perfeccionamiento» de la propiedad agropecuaria.
La anécdota refleja, en parte, las dificultades para «socializar» la campaña por el «sí» y «visibilizar», según gustan en llamar los tecnócratas de uno y otro bando, los beneficios del texto sacramentado por la derecha.
Romero tuvo que matizar incluso un ejemplo propuesto por el Presidente: «Digamos que aquí tenemos un camba, el compañero Isaac Avalos (líder de los campesinos), que tiene 100 mil hectáreas. Si se aprueba 5.000 hectáreas, Isaac tiene que devolver 95 mil para la gente que no tiene tierra», sentenció Morales, aunque su ministro aclaró que la tenencia de propiedad de 5 o 10 mil hectáreas es «a futuro».
«Lo que es retroactivo es el saneamiento de tierras para los predios que no cumplen con la Función Económica Social (FES)», dijo Romero, precisando al diario paceño: «la nueva superficie es para las tierras que se doten después de la aprobación de la nueva Constitución. Eso no es retroactivo, lo que sí es retroactivo es el saneamiento».
En la Bolivia actual, oficialmente no se conoce de propiedades que superen las 10.000 hectáreas cultivadas o que incumplan la FES. «De acuerdo con la revisión que hemos hecho con el Instituto Nacional de Reforma Agraria, no hay esos casos; tampoco los predios que más FES pueden cumplir apenas sobrepasan 10 mil hectáreas»
El texto constitucional sujeto a votación establece que «los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la ley, se reconocen y respetan los derechos de la posesión y propiedad agraria de acuerdo a ley».
Pero, clavado en sus talones, el Presidente insiste en que «la revolución agraria tiene que acabar con el latifundio improductivo». Y agrega: «si no acabamos con el latifundio ¿de qué revolución podemos hablar?».
Esos mismos temas darán tela que cortar a la hora en que se intente tomar la hacienda del ciudadano norteamericano Ronald Din Larsen, uno de los grandes terratenientes del Chaco boliviano.
*¿SEÑALES PARA OBAMA?*
La persistencia de un Parlamento casi ingobernable por los arrebatos de la oposición en proceso de recomponerse y la redoblada ofensiva mediática de derecha, además del incierto apoyo del presidente electo Obama y los efectos de la crisis económica mundial, forman parte también del panorama que enfrentará Morales el 2009.
Mientras el oficialismo se cuece en su propia salsa, la derecha sobreviviente, sin cabeza destacada pero con una hilera de aspirantes de por medio, prosigue su rearticulación en torno al «no» sumando en su camiseta algunos nombres, incluidos unos cuantos de extracción indígena para darle al Presidente una cuña de su propio madero.
Frente a las figuras harto utilizadas de Felipe Quispe, Victor Hugo Cárdenas, Tomasa Yarhui o la prefecta Sabina Cuellar, resuenan por estos días los nombres de Alejo Véliz, un ex candidato izquierdista que luego colaboró con el ex prefecto Manfred Reyes Villa, de otro indígena «neoliberal» Marcial Fabricano y del ex sindicalista campesino Rufo Calle.
Veliz ya convocó tanto a evangelistas como católicos a prepararse «a morir», si es que no luchan contra el proyecto constitucional masista, mientras otras figuras como el ex presidente Carlos Mesa intentan tomar la delantera postulando su candidatura en caso del que el «sí» triunfe, lo que permitirá las elecciones generales previstas para diciembre próximo.
El empresario Samuel Doria Medina, jefe de la Unidad Nacional, cuyos diputados muestran mayor reciedumbre contra los colaboradores del Presidente, ha advertido también que «el proceso de cambio está en crisis» y «muchas de las promesas electorales no se han cumplido». «A tres años de gobierno, no hay cocaína cero y debemos preguntarnos si los bolivianos estamos más unidos».
El primer objetivo de la presunta estrategia del ex embajador Goldberg y sus colaboradores, es, revela por su parte el semanario *La Epoca*, que la nueva Constitución sea aprobada por un porcentaje no mayor al 55 por ciento, con lo que se habrá afectado la legitimidad de su contenido.
«Para eso, el consejero político de la embajada estadounidense continúa haciendo esfuerzos por unificar a la oposición en torno a la campaña del «no» que los prefectos y cívicos han convocado. La posición del jefe de Podemos, Tuto Quiroga -quien apuesta a construir la imagen del político que viabilizó los acuerdos del 20 de octubre, en contraposición a la línea de bloqueo que mantuvo contra la Asamblea Constituyente-, no es compartida por la embajada estadounidense», agrega el semanario que menciona otros dos objetivos:
Generar un ambiente «totalitario» y de «agresión» a los medios de comunicación, y presentar al gobierno como «extremadamente complaciente con el narcotráfico y el aumento de los cultivos de coca», pese al llamado internacional del Presidente a «regionalizar» el combate contra los empresarios de la droga.
Este análisis sostiene también que la puesta en marcha del plan coincide con la maduración de una crisis económica mundial sin precedentes y que será presentada, para los efectos en Bolivia, como resultado del fracaso del proyecto gubernamental, según se comienza a apreciar en algunos artículos difundidos por la industria mediática de la derecha.
Lo cierto es que una de las cartas del gobierno para neutralizar la eventual conspiración, es lograr el contacto directo entre el presidente Morales y su colega Barack Obama, en abril, durante La Cumbre de las Américas, en Trinidad y Tobago, que reunirá los jefes de Estado de los 34 países miembros de la OEA y se celebrará cuatro meses después de que el nuevo mandatario de Estados Unidos haya asumido su cargo en la Casa Blanca.
«Pero Obama tiene otras preocupaciones, mucho más grandes que al diminuta política boliviana» dijo una fuente diplomática en La Paz, al asegurar que el mandatario norteamericano no respondió hasta ahora a las cartas de felicitación que le enviaron cuatro presidentes: los de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua; y que los principales jerarcas de la Secretaría de Estado para el Hemisferio son amigos del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
«Un descongelamiento de las relaciones -afectadas por la mutua expulsión de sus embajadores a consecuencia de la polaridad ideológica-, implica que Bolivia tiene que dar señales de que quiere mejorarlas y una de ellas sería el retorno de la DEA: hasta Chávez tiene en Caracas una representación de este organismo antidrogas de EEUU», dijo la fuente.
Para adobar la salsa, otras fuentes diplomáticas dijeron estar enteradas de que tampoco el Presidente tiene un vicepresidenciable seguro para las elecciones de diciembre próximo, tras haber descartado al vicepresidente Alvaro García y al presidente de YPFB, Santos Ramírez, quedando como los «más potables» el canciller, David Choquehuanca, una candidata no masista, y uno de los actuales alcaldes aliados del gobierno.
Así, los problemas se complican por la acción de los llamados Movimientos Sociales al no saberse si éstos tienen derecho a cuotas de poder en el aparato estatal y si unos MS tienen más derechos que otros, comenta el ex ministro de Morales, Andrés Soliz.
«¿Qué hacer cuando aparecen nuevos MS que también exigen privilegios? ¿Qué hacer cuando funcionarios, que invocan la representación de MS, resultan implicados en contrabando o narcotráfico? ¿Qué hacer cuando burócratas abusivos reclutan, a nombre de MS movilizados, a desocupados callejeros para disolver manifestaciones opositoras?»
Para el Presidente, sin embargo, los temas de fondo no han sido destacados por sus adversarios, sobre todo la consolidación de las «transformaciones profundas» y la vocación democrática de las mayorías.
«Vemos que el boliviano es un pueblo democrático que busca el respeto al Estado de derecho, un pueblo que respeta a autoridades legalmente constituidas, pero que además busca transformaciones profundas en democracia, a través del voto». Para Morales, la revolución democrática está totalmente garantizada, aunque falta acelerar la aplicación de la nueva CPE, lo que también implica otro desafío.