Evo Morales, confiado en lo que llama la diplomacia de los pueblos y con la esperanza de transformar Bolivia mediante una titubeante Asamblea Constituyente, celebró este lunes su primer y complicado año de gobierno de perfil indigenista y de izquierda. Con la propuesta de crear una moneda común para la Comunidad Sudamericana de Naciones, Morales […]
Evo Morales, confiado en lo que llama la diplomacia de los pueblos y con la esperanza de transformar Bolivia mediante una titubeante Asamblea Constituyente, celebró este lunes su primer y complicado año de gobierno de perfil indigenista y de izquierda.
Con la propuesta de crear una moneda común para la Comunidad Sudamericana de Naciones, Morales comenzó a exponer su balance anual ante el Congreso legislativo mostrándose confiado en haber superado la crisis institucional afrontada con los enfrentamientos sociales en la central ciudad de Cochabamba y las amenazas en El Alto, la populosa ciudad contigua a La Paz.
En el espacio dedicado a su política externa, alentó también la unidad de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que integra de modo pleno, pese a que también pidió para su país igual estatus en el Mercado Común del Sur (Mercosur). Los dos bloques afrontar problemas en sus relaciones.
Se manifestó abierto a la cooperación entre los países de América Latina y depositó sus esperanzas en una «agenda sin exclusiones» ofrecida por Chile para acercarse al objetivo centenario de Bolivia de volver a tener una salida soberana al océano Pacífico, gracias a una relación amistosa con la presidenta socialista Michelle Bachelet.
Sin embargo, este perfil de buen vecino no le hizo cambiar al líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) su oposición a los tratados bilaterales de libre comercio impulsados por Estados Unidos y reiteró su demanda de un «comercio justo que resuelva los problemas económicos y sociales» de los países de la región
Para ello, al hacer el balance anual y exponer sus plantes de futuro ante el Congreso de Bolivia, volvió a alentar a sumarse al llamado Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), creado junto a los presidentes Fidel Castro, de Cuba, y Hugo Chávez, de Venezuela.
Morales, el primer presidente indígena en la historia de este país donde la mayoría de sus 9,6 millones de habitantes se reconocen de ese origen, se declaró otra vez indeclinable luchador contra la corrupción.
Detalló ante los legisladores los casos de funcionarios públicos tentados por el soborno y la discrecionalidad en sus actividades, tras lo cual reclamó de sus colaboradores una actitud de desprendimiento total para ejercer la tarea de servidores públicos.
Declaró, a la vez, su abierta lucha contra los jueces que obraron de manera flexible con ex gobernantes comprometidos con actos de corrupción en la venta de vehículos estatales a precios de «chatarra» y declaró el comienzo de una batalla contra los «corruptos de cuello blanco».
Su principal triunfo social presentado en cuatro horas y media de alocución ante agotados legisladores fue el programa de salud en cooperación con Cuba, que permitió atender a tres millones de personas, la cirugía gratuita en diversas especialidades a 4.664 y la operación de cataratas a 56.000, entre ellas ciudadanos peruanos y argentinos en puestos fronterizos instalados por La Paz.
Las acciones emprendidas por el presidente Morales en el terreno, «tienen un carácter político con un efecto social y económico, y probablemente esa estrategia se explique por la necesidad de consolidar el poder», dijo a IPS el profesor universitario e investigador Joaquín Saravia.
Con un discurso para «acabar con un modelo neoliberal y subastador», Morales aún confía en una transformación democrática y pacífica del «estado colonial», con la participación de todas las regiones en la Asamblea Constituyente inaugurada el 6 de agosto, aunque aún no aprobó su reglamento de debates.
«La Asamblea Constituyente sigue siendo la esperanza de las soluciones a profundos problemas sociales y económicos», expresó Morales quien aguarda de los constituyentes una nueva ley fundamental que recupere los recursos naturales para el Estado, elimine la exclusión que sufren los indígenas y construya un modelo de desarrollo alejado de las directivas de los países centrales.
Sin embargo, ese énfasis en temas indígenas es interpretado por el diputado Arturo Murillo, de la opositora Unidad Nacional, como una expresión de «odio y racismo» con los sectores que no comulgan con la «revolución democrática y cultural» del MAS.
Tras la renegociación de los contratos con 11 firmas petroleras transnacionales que su gobierno ha denominado «la nacionalización del gas», el mandatario ha expresado su disposición a nuevas estatizaciones de empresas que pasaron a manos privadas en 1996, usando esa vez el argumento del incumplimiento de contratos de inversión, aunque no mencionó específicamente los sectores.
En 1996, durante el primer gobierno del derechista Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), quien volvió a la presidencia en 2002 y fue derrocado al año siguiente por un levantamiento social, privatizó empresas de aeronavegación, ferroviarias, de telecomunicaciones, metalurgia, electricidad y toda la industria petrolera.
Hasta ahora, sólo el sector de hidrocarburos está retornando paulatinamente a control del Estado y el gobierno asegura que el primer resultado de esa medida permitió en 2006 aumentar los ingresos de 400 a 1.000 millones de dólares, con un superávit de seis por ciento del producto interno bruto (PIB), 36 años después de gestiones deficitarias.
Empero, el diputado Murillo comentó a IPS que a su juicio la buena salud de la economía señalada por el gobierno no es coherente con el anuncio de un incremento salarial para el sector público de cinco por ciento y reclamó, por tanto, duplicar ese porcentaje.
En su informe al Congreso, también Morales lamentó el proceso de desmantelamiento de la industria minera estatal, la ausencia de nuevos profesionales de la metalurgia y la disolución de instituciones de investigación y exploración de nuevos yacimientos.
En ese marco, expresó su decisión de recuperar la debilitada Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y eliminar el estado de semiesclavitud laboral en la extracción de minerales a cargo de cooperativas privadas.
A pesar de la fuerte resistencia de sectores empresariales del oriental departamento de Santa Cruz, ratificó la decisión de acabar con el «latifundio improductivo» mediante la confiscación de tierras empleadas para fines comerciales y entregarlas a campesinos pobres sin bienes de cultivos con el respaldo de una ley de reconducción comunitaria de reforma agraria.
En el terreno de los hidrocarburos, nacionalizados el 1 de mayo, reconoció que es difícil recuperar la capacidad financiera de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a la cual le asignó la misión de industrializar el gas natural, con una reserva de 48 trillones de pies cúbicos, la segunda más importante de América del Sur, después de Venezuela.
De igual modo, Morales se regocija de haber transferido 30 millones de dólares a la población escolar hasta los 10 años, a través de un bono anual equivalente a 25 dólares por alumno, en el marco del plan llamado «Juancito Pinto», y anticipa que los ingresos por la exportación de gas natural alcanzarán a 1.600 millones de dólares.
En la práctica, el gobierno ha realizado muchas tareas a diferencia de otras gestiones gubernamentales de escasa actividad, pero resta esperar para conocer los efectos posteriores, dijo a IPS el profesor Saravia.
Entre las metas ambiciosas de su gobierno, que finalizará en enero de 2011, está la erradicación de la pobreza extrema bajo un modelo comunitario sustentado en el lema de «vivir bien» en un ambiente de solidaridad, reciprocidad, en armonía con la «madre tierra y la defensa del medio ambiente como una forma de salvar a la humanidad».
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que el 67,7 por ciento de los bolivianos viven en la pobreza.
«Si no resolvemos el problema indígena no se podrá resolver el problema económico del país», dijo con un mensaje orientado a explicar que la «política comunitaria» respetará la propiedad privada.
Entre sus desafíos internacionales, Morales ratificó su campaña internacional por despenalizar la ancestral hoja de la coca y eliminarla de la lista de estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de buscar el reconocimiento de la medicina tradicional en la cual el vegetal cultivado en las zonas tropicales de Bolivia es un componente destacado.
En contraparte a las observaciones estadounidenses al crecimiento de los cultivos de coca y su transformación en sustancias prohibidas, el presidente boliviano puso de relieve la lucha contra el narcotráfico mediante la incautación de 14 toneladas de cocaína en 2006, frente a las 11 toneladas de 2005.
Defendió el carácter voluntario y pacífico de la erradicación de cultivos de coca con la reducción de 5.070 hectáreas el año pasado, superando en 70 hectáreas el volumen señalado por Washington como meta anual para evitar una condena.