El enfrentamiento entre efectivos policiales y militares, el presunto atentado a la vida de un ministro, el traslado de armamento a unidades estratégicas y el estallido de una espiral de violencia generalizada estarían destinados a un golpe de Estado en Bolivia, según fuentes oficiales que denunciaron el «Plan TIPNIS»; aunque dirigentes del motín policial y […]
El enfrentamiento entre efectivos policiales y militares, el presunto atentado a la vida de un ministro, el traslado de armamento a unidades estratégicas y el estallido de una espiral de violencia generalizada estarían destinados a un golpe de Estado en Bolivia, según fuentes oficiales que denunciaron el «Plan TIPNIS»; aunque dirigentes del motín policial y de la marcha indígena responden que los golpistas están en el propio gobierno.
«La derecha está buscando muertos y, compañeros, no vamos a prestarnos a la derecha para que haya muertos. Entonces, para eso hermanas y hermanos vamos a defender este proceso, somos parte de este proceso y vamos a defender hasta las últimas consecuencias», aseveró en una concentración de trabajadores mineros, el Presidente Evo Morales Ayma.
De acuerdo a la interceptación de una presunta comunicación radial entre los policías movilizados realizada por la «inteligencia del gobierno», se habría convocado a preparar bombas molotov para atacar a efectivos del ejército, atentar contra la vida de un ministro y ejecutar el golpe.
«Los únicos golpistas están en el propio gobierno porque hay ministros y viceministros de derecha que antes estuvieron con los regímenes neoliberales aunque ahora se digan que son parte del proceso de cambio, nosotros estamos marchando por la defensa del territorio y la vida», respondió el presidente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas.
El motín policial que hoy ingresó en su quinto día de conflictividad demanda al gobierno mejoras salariales y la marcha indígena que arriba mañana a la sede de gobierno exige que no se construya una carretera por el corazón de un parque nacional.
«Los policías no somos golpistas, los golpistas son los militares y los ministros neoliberales. Lo único que estamos reclamando es una vida más digna, como dice el gobierno queremos vivir bien y no con salarios de hambre. Rechazamos de manera enfática esa acusación del gobierno porque sólo está utilizando una cortina de humo para no atender las necesidades vitales de los policías», dijo el representante de Seguridad Física de la Policía, Pascual Llanos.
Miles de policías de baja graduación -cabos, sargentos, suboficiales y clases- y, en algunos casos, policías de alto rango se amotinaron a lo largo y ancho del territorio nacional con demandas concretas: nivelación de sus salarios a los que perciben los efectivos de las Fuerzas Armadas (antes golpistas, hoy aliadas del oficialismo), una jubilación equivalente al 100 por ciento del último salario, la conformación de la Defensoría del Policía y la abrogación de una ley de régimen disciplinario que, entre algunos aspectos, sanciona drásticamente a los uniformados de bajo rango y prohíbe la conformación de sindicatos.
Los amotinados, luciendo su uniforme verde olivo, con el rostro cubierto y portando en algunos casos armamento, realizan inéditas movilizaciones en pleno corazón del centro político boliviano, así como en la mayoría de las instituciones que están controladas.
ENFRENTAMIENTOS
La convocatoria de grupos afines al gobierno para realizar movilizaciones y defender el proceso de cambio hasta el momento fracasó porque la respuesta fue muy pobre.
En su primer intento, representantes de movimientos sociales fueron desalojados por la fuerza de plaza Murillo (La Paz), donde se encuentra el Palacio de Gobierno, por los policías amotinados que, anunciaron que los únicos responsables de posibles víctimas serán las autoridades gubernamentales.
En los seis años de gobierno del proceso de cambio, nunca antes los representantes de movimientos sociales -afines al oficialismo- fueron echados a golpes, palos y gases de la plaza del poder político del país.
En las últimas horas, por cadenas de los medios de comunicación gubernamentales, diferentes dirigentes de los movimientos sociales convocaron a sus bases a defender al gobierno y al proceso de cambio, pero la respuesta aún es débil por la contundencia del motín policial.
«Les decimos a los diferentes sectores sociales que no nos provoquen porque este movimiento no es contra el gobierno sino sólo para defender los derechos de los policías de base. Si en los enfrentamientos se producen muertos y heridos será de exclusiva responsabilidad del gobierno y no de los policías que estamos reclamando pan para nuestros hijos», señaló la dirigente de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas.
«Nuestra marcha es pacífica además de sacrificada. No estamos financiados por la derecha ni por el oenegismo, no estamos manipulados por nadie, no portamos armas y no queremos enfrentarnos a nadie; sólo le queremos decir al gobierno que sea coherente con su discurso para defender la Madre Tierra y no construya una carretera por el núcleo de un parque nacional», dijo el principal dirigente indígena, Adolfo Chávez.
Fuentes oficialistas señalan que así como ocurrió con el presidente Fernando Lugo de Paraguay, los sectores movilizados estarían buscando un enfrentamiento en Bolivia para que se produzcan decesos, motivo que serviría para cuestionar la gestión de Evo Morales Ayma.
Para las próximas horas está programado el ingreso de miles de marchistas indígenas a la sede de gobierno, lo que según el gobierno podría derivar en mayores índices de conflictividad y sería parte del «Plan TIPNIS».
La marcha indígena fue iniciada el 27 de abril en Trinidad (Beni) y su avance tuvo grandes dificultades porque los propios sectores afines al gobierno impidieron su transitar en diferentes poblaciones. Los miles de marchistas se encuentran a poco más de 20 kilómetros de la sede de gobierno después de recorrer más de 600 kilómetros, en dos meses y su demanda principal está enfocada en la derogación de una ley de consulta posterior a la construcción de una carretera que pretende destruir un parque nacional.
La columna de marchistas está integrada por mujeres, niños, ancianos y hombres de la mayoría de las poblaciones indígenas del país.
DESOBEDIENCIA
La nueva Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 251 señala que la Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano.
La CPE agrega: «como institución no delibera ni participa en acción política partidaria», pero además que el Comandante General de la Policía debe ser general de la institución.
En el caso boliviano, el nuevo comandante policial es el coronel Víctor Maldonado quien no es egresado de la Academia Policial, sino que en su pasado se destacó por ser agente (tira o buzo, en el vocabulario popular).
El actual jefe policial que participó como Jefe de Inteligencia en la represión a la marcha indígena en la población de Chaparina fue formado en la Escuela Nacional de Detectives -entidad creada por el ex presidente de facto, Hugo Banzer Suárez- pilar del aparato represor de las dictaduras militares.
Esta designación anticonstitucional marcó el inicio de la protesta policial.
El vicepresidente Álvaro García Linera remarcó que «fuerzas oscuras» con fines golpistas impulsan el motín policial liderizados por oficiales expulsados de la institución y también por los que tienen militancia política.
«Fuerzas oscuras como ex candidatos de partidos políticos que no son policías, que han sido retirados de la Policía, entraron encapuchados a las unidades de las Policía levantando y distribuyendo armas», aseveró.
Reiteró la existencia del «Plan TIPNIS» para derrocar al Jefe del Estado Plurinacional.
Lo cierto es que hace cinco días la cadena de mando se rompió en la institución policial, existe caos porque entidades públicas y privadas, calles y avenidas, los ciudadanos, se encuentran desprotegidos. Los policías no solo portan armas ni tienen el rostro cubierto sino que saquearon oficinas de la entidad del orden y golpean a los que no apoyan sus demandas.
«Los indígenas del país rechazamos la existencia del Plan TIPNIS porque es una vil mentira del gobierno para no atender nuestras demandas y para tratar de deslegitimizar nuestra sacrificada marcha. El TIPNIS es un lugar sagrado, es un parque y territorio indígena y todos debemos respetarlo», dijo el dirigente Fernando Vargas.
Aunque varias organizaciones sociales cuestionan el motín policial, otras la respaldan; mientras tanto, la marcha indígena cuenta con el apoyo de una gran parte de la población…Lo cierto es que en esta difícil coyuntura que atraviesa Bolivia, el gobierno debería tener la capacidad de solucionar este conflicto -a la brevedad posible- evitando que el proceso de cambio se vaya desgastando aceleradamente…
Alex Contreras Baspineiro. Periodista y escritor boliviano.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.