El anuncio del “Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida” en el marco del llamado “Acuerdo de Reapertura Económica Segura” viene a confirmar lo mencionado tiempo atrás, el maquillaje es una característica de la administración actual gubernamental en el Estado.
Los cinco puntos que contiene dicho plan, solamente contemplan la reubicación de paraderos y pequeños cambios en la circulación vial en el primer cuadro de la ciudad, todo lo demás, no corresponde al orden del transporte, sino al acuerdo comercial entre gobierno y empresarios, lo que se ha presentado es bruma en un mar de oportunismo político.
La suntuosidad que reviste la propaganda gubernamental, queda desfigurada al notarse que lo que realmente se planea, es la expulsión de la clase trabajadora y los sectores populares en muchos sentidos del primer cuadro del centro histórico, y la generación de ganancias para los empresarios sobre todo de la industria turística, se pretende blanquear la mercancía para ser vendida. Decir que es una gran cambio en la movilidad es falso, la reubicación de paraderos responde a la urgencia por la remodelación que iniciará el 13 de septiembre para la atracción de capital a invertir, se arroja al proletaria aún más a las zonas aledañas que circunscriben el territorio necolonizado por la burguesía local, ya en otros momentos hemos mencionado como han ido implementado un plan de conquista sobre las zonas populares que va del norte al sur, acciones de segregación que generan nuevos focos de marginación y sobre exponen a los trabajadores y trabajadoras aunque juren hacer lo contrario.
La máxima dicha por el gobierno, refiere a la responsabilidad individual, pero nada dice de la responsabilidad social ni gubernamental; es el axioma predilecto del capitalismo puesto en marcha. La criminalización de los individuos está activa, se argumenta que son los proletarios los responsables únicos de su salud, pero nada se dice de medidas implementadas en los centros laborales por los patrones, nada se mencionada sobre el respeto de los derechos laborales y de salud de la población, mucho menos, nada se habla de la reforma integral que verdaderamente se necesita en el transporte público del Estado y no únicamente en el centro de la capital; esa reforma integral que se ha exigido popularmente desde hace años, incluye mejores condiciones laborales para todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas del transporte.
La moda que supone el término movilidad no refleja los aires de modernización que pretenden implantar al usarlo, el transporte público necesita una nueva lógica, romper el monopolio que lo controla y el maridaje entre empresarios y gobierno, además, la atracción de capital por la industria turística no puede ser el justificante de la segregación, más aún en plena pandemia durante la cual se ha discriminado a los usuarios culpándolos de los contagios, ocultando la responsabilidad del Estado y la flagrante desarticulación del sistema de salud que décadas atrás se realizó por los neoliberales.
El transporte público requiere una transformación radical; nuevas rutas, unidades, mejoras laborales, reducción de costos tasados con base a recorridos, una mirada ecológica y mucho más, requerimos un sistema integral de transporte. La modernización y el “progreso” no pueden seguir siendo excusas para la segregación, explotación y discriminación del proletariado y de los sectores populares.