La situación social en Bolivia vuelve a quedarse preocupante para el gobierno del presidente Carlos Mesa. El lunes, según la prensa boliviana, las centrales obreras de El Alto iniciaron una movilización contra la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada por el Senado. Mesa ya accionó la policía y empezó un plan de inteligencia para se oponer […]
La situación social en Bolivia vuelve a quedarse preocupante para el gobierno del presidente Carlos Mesa. El lunes, según la prensa boliviana, las centrales obreras de El Alto iniciaron una movilización contra la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada por el Senado. Mesa ya accionó la policía y empezó un plan de inteligencia para se oponer a las protestas. La Central Obrera Regional de El Alto, gremiales, organizaciones campesinas, Universidad Pública de El Alto, Federación de Maestros de La paz y Central Obrera de Bolivia (COB) hicieron una marcha que culminó con una apropiación simbólica de la planta almacenadora de hidrocarburos en Senkata, sobre la carretera de La Paz a Oruro.
Los manifestantes luchan por la nacionalización de los hidrocarburos. El contenido de la ley aprobada por los senadores contempla el 18 por ciento de regalías y el 32 por ciento de impuestos no acreditables. Ellos quieren el 50 por ciento de regalías para el Estado boliviano.
Varios sindicatos también han hecho llegar al gobierno sus pliegos de peticiones en los que incorporan pedidos de aumento salarial en función de la canasta familiar básica. Luis Carlos Jemio, ministro de Hacienda dijo a la prensa que las restricciones del Presupuesto General de la Nación para esta gestión no permiten atender solicitudes de incrementos salariales de gran magnitud.
El plan de lucha de los movimientos sociales incluye el bloqueo de caminos y paros sindicales. Incluso con la posibilidad de una huelga general. Ayer, los campesinos, que se concentraron en El Alto realizaron una marcha de 12 kilómetros hasta el centro de La Paz para realizar un cabildo en la plaza San Francisco, a cinco cuadras del Palacio de Gobierno. «Nos sumaremos a todas las manifestaciones exigiendo la nacionalización de los hidrocarburos y que se atiendan nuestras 72 demandas que el Gobierno no ha respondido. Bloquearemos los caminos, porque solo así nos escuchan», anunció Felipe Quispe, dirigente máximo de la Federación Única de Campesinos.
La demanda de nacionalización de las petroleras surgió tras revelarse que los 72 contratos que firmaron con los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo Banzer (1997-2001) y Jorge Quiroga (2001-2002) no habían sido aprobados por el Congreso, como lo prescribe la Constitución.