Desde los primeros días del mes de octubre del año pasado se llevaron a cabo una serie de movilizaciones en distintos lugares del país para repudiar el crimen de Estado perpetrado contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero. La masacre y la desaparición forzada de aquél 26 de […]
Desde los primeros días del mes de octubre del año pasado se llevaron a cabo una serie de movilizaciones en distintos lugares del país para repudiar el crimen de Estado perpetrado contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero. La masacre y la desaparición forzada de aquél 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, despertó gran indignación y coraje por lo que se fueron sucediendo una serie de movilizaciones, mostrando diferentes formas de protesta social, para repudiar el crimen de Estado y exigir la presentación con vida de los normalistas detenidos-desaparecidos.
Hasta la fecha los estudiantes y el pueblo trabajador han mostrado su indignación y coraje por medio de distintas formas de protesta social: marchas masivas, bloqueos carreteros, tomas de casetas, mítines, brigadeos, paros en escuelas, pintas, expropiaciones de mercancías y bloqueos a supermercados. Ante la legítima protesta social, el Estado ha respondido activando su estructura represiva para contener algunas movilizaciones y criminalizar la protesta social, claro, siempre acompañado de campañas de estigmatización en los medios de comunicación. En ciertas movilizaciones realizadas en la ciudad de México y en Guerrero la provocación policial ha desembocado en enfrentamientos entre manifestantes y los cuerpos represivos del Estado.
Ante dicha situación la televisión, la radio y la prensa escrita han repetido una y otra vez que los enfrentamientos en las movilizaciones son causadas por grupos de «encapuchados», «pseudoestudiantes» y «vándalos» que, según ellos, «utilizan el pretexto de Ayotzinapa para llevar a cabo actos violentos«. Tal discurso pretende criminalizar la protesta social y preparar el terreno para que el Estado emprenda «legítimamente» el uso de la fuerza represiva en contra de las movilizaciones estudiantiles y populares.
El Estado ha venido diciendo que no va permitir que pequeños grupos emprendan acciones que atenten contra la «estabilidad del país» y que de ser necesario utilizará la fuerza, como ya ha comenzado a hacerlo. Es decir, el Estado va seguir recurriendo a la fuerza represiva para contener y desarticular la protesta social sin importar que la demanda más importante sea la presentación de los detenidos-desaparecidos, la libertad de los presos políticos o exigir mejores condiciones de vida.
Algunas organizaciones reformistas y oportunistas consideran que los enfrentamientos en las manifestaciones son empujadas por «infiltrados» y «violentos», por lo que asumen que con este tipo de acciones se «provoca» la represión y por ende la detención de los manifestantes lo cual, dicen, desgasta la movilización y la «distrae» de sus objetivos. Tal posición que pretende desmarcarse de ciertos métodos de lucha, termina por criminalizar y estigmatizar las distintas formas que puede presentar la protesta social. El sostener tal posición implica negar que la violencia proviene y la genera en primera instancia el Estado con la finalidad de reprimir, hostigar y contener el movimiento social.
Lo que tienen en común estos tres discursos (el del Estado, los medios de comunicación y las organizaciones reformistas) al decir que la violencia y los enfrentamientos en las movilizaciones son el resultado de «infiltrados», «vándalos» y «pseudoestudiantes» es que terminan por criminalizar ciertas formas de protesta social, además de tratar de plantear que existen movilizaciones «bien portadas» y movilizaciones «mal portadas», cuando en realidad lo que se manifiesta son distintas formas de descontento social. Por lo que es necesario considerar lo siguiente:
1) La indignación, la rabia y el enojo acumulado durante años por nuestro pueblo explotado y oprimido desemboca en distintas formas de protesta social , presentándose desde marchas con personas cargando velas hasta movilizaciones que reivindican y llevan a cabo la acción directa o realizando expropiaciones a supermercados, pasando por los bloqueos y tomas en todas sus modalidades. Lo cual nos enseña que existen diversas formas de expresar el descontento social y, estemos de acuerdo o no con ellas, no debemos de criminalizarlas.
2) La represión en las manifestaciones se debe al carácter represivo del Estado burgués. La violencia la genera y desata el Estado y no las formas de protesta social. La represión a las manifestaciones actuales tiene la intención de evitar la consolidación de los procesos organizativos y sembrar miedo en el pueblo que aún se encuentra indeciso de participar en la lucha.
3) Al deslegitimar la violencia en ciertas formas de protesta se termina haciendo eco al discurso del Estado, ya que la única violencia que se termina deslegitimizando y criminalizando es la que surge de la protesta social, como bien lo dice Adolfo Sánchez Vázquez: «se tiende a descalificar toda forma de violencia política, aunque en realidad la que se descalifica es una forma específica de ella: la violencia insurgente o revolucionaria«.
4) La infiltración en las movilizaciones es y ha sido una práctica constante del Estado, pero los infiltrados no siempre, ni por sí solos, desatan los enfrentamientos en las movilizaciones y tampoco son los únicos que emplean la violencia. Enfrentarse a los granaderos es una forma más de expresar el descontento social de personas que no son infiltradas -aunque en ocasiones se presente como un acto espontáneo o imprudente-.
5) Hay que tener claro que la violencia y el enfrentamiento con los cuerpos represivos del Estado no deben ser un fin en sí mismo. Creer que aventar una bomba molotov, y unas cuantas piedras de vez en cuando va a ayudar a elevar el nivel de conciencia de clase del movimiento es un error.
Todo lo anteriormente descrito nos lleva a la conclusión de que el pueblo recurre a distintas formas para expresar el descontento social, con las cuales podemos estar de acuerdo o no, pero eso no implica que tengamos que criminalizarlas. En todo caso, nuestra tarea como socialistas es que la protesta social desemboque en procesos permanentes de organización que puedan hacerle frente a la represión del Estado y que vislumbren la transformación socialista de la sociedad como solución para poner fin a todos los males que vivimos.
NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección DEBATE del No. 5 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 18 de enero de 2015.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.